La modernización de la Administración es una de las grandes tareas políticas que tenemos por delante. Porque la Administración necesita sin duda una profunda transformación. Porque queremos que el sector público juegue un papel de liderazgo en la transformación social y especialmente en el desarrollo económico. Para ello es necesario redefinir el papel del sector público en el ámbito económico. Hoy, tal y como se ha confirmado en el debate sobre el impuesto a las compañías energéticas, todavía sigue predominando un enfoque parcial según el cual el sector público es un agente que quita o reparte riqueza, pero que no puede ser innovador, generador de riqueza y que asume riesgos. Este enfoque está perjudicando la posibilidad de dar forma a un modelo de colaboración público-privada dinámica e interesante.

El sector público debe generar una dirección para el cambio tecnológico e invertir en ello. En lugar de hacer esfuerzos concretos para identificar y elegir a los ganadores, proyectar un rumbo para el desarrollo económico y tecnológico abre un abanico de oportunidades. Eso requiere que el sector público cree una red de agentes dispuestos a aprovechar esta oportunidad a través de una colaboración público-privada equilibrada y responsable. En este sentido, el papel de los gobiernos debe ser proactivo, creando una estrategia industrial moderna que fomente el sector privado y dé soluciones a retos inmediatos y a largo plazo. El dilema no es cómo recuperar la producción y el consumo en la fase recesiva del ciclo económico, es decir, el estado keynesiano que corrige los fallos del mercado, sino una política de innovación liderada por misiones en las que instituciones y empresas serán generadoras activas de mercado. En resumen, cómo se relacionan instituciones públicas y privadas, compartiendo riesgos pero también beneficios.

Para que esto sea posible necesitamos, entre otras cosas, una administración capacitada y eficaz, y para ello hay que modernizar la Administración. Veo cuatro patas, como mínimo, en esa modernización:

1. Garantizar las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores públicos.
2. Formación continua y capacitación de las y los empleados públicos: definición del acceso a la Administración y redefinición de los mecanismos de rendición de cuentas. En definitiva, asegurar el control democrático del funcionamiento de la Administración.
3. La digitalización de la Administración, que debe agilizar su funcionamiento burocrático y propiciar el desarrollo del llamado buen gobierno: transparencia, participación política.
4. Regeneración democrática: El modelo de institucionalización desarrollado durante los últimos años y su aparato burocrático ha creado una amplia red clientelar en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Es evidente la existencia de un sistema de retroalimentación entre ayuntamientos, diputaciones forales, Gobierno, otras fundaciones y agencias de las administraciones, instituciones y empresas. Esta realidad, desde una perspectiva democrática, es absolutamente deplorable.

A través de esta retroalimentación público-privada, en lugar de priorizar las necesidades y deseos de la ciudadanía, a menudo se ha hecho política en los tres herrialdes para promover los intereses de determinadas empresas: en función de eso se ha invertido o desinvertido, se ha comprado o vendido, se ha establecido, en definitiva, un determinado modelo de política. La red clientelar que se ha alimentado en paralelo a las administraciones ha influido directamente en el desarrollo de las capacidades de nuestras instituciones, se ha premiado siempre a empresas similares, a menudo rechazando mejores oportunidades. Esta cultura burocrática endogámica de los últimos cuarenta años ha evidenciado notables sentidos de decadencia en los últimos tiempos, hasta el punto de que la cuestión de las redes clientelares ha emergido como asunto importante a tratar en la próxima legislatura. Y es que ese funcionamiento se ha demostrado cada vez más ineficiente, tiene una visión estratégica pésima, no tiene pasión por la innovación y recibe poco talento. Esa red debe ser desmontada para tener una administración pública eficaz, estratégica y adecuada.