Este es el Programa Electoral de Euskal Herria Bildu para la legislatura 2024-2028. Un programa electoral puede ser una recopilación de desiderátums que lo único que buscan es ganar votos y que después de las elecciones quedan colgados en una página web, o, por el contrario, puede servir para dar a conocer los compromisos que se adquieren ante la ciudadanía. Este programa es de ese segundo tipo: una hoja de ruta para la actuación durante los próximos cuatro años en el Parlamento o, en el caso de tener responsabilidades de gobierno, en el Ejecutivo de la CAPV.
Queremos revertir la comprensible desconfianza que provoca la política convencional. Hacer lo que decimos y decir lo que hacemos. Entre otros muchos factores, eso también nos diferencia. En ese sentido, no tengáis ninguna duda de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para materializar las propuestas que hemos recogido en estas páginas.
Para elaborar este programa electoral hemos realizado un profundo diagnóstico de la última década. Es hora de hacer balance y trasladarle a la ciudadanía, con total sinceridad, nuestra visión sobre lo que ha dado de sí. Luego será la gente la que tendrá que decidir, en las próximas elecciones, si ha llegado la hora del cambio, pero la lectura que hacemos en EH Bildu nos lleva a pensar que sí.
En lo que se puede llamar la era de Iñigo Urkullu (las tres últimas legislaturas) hemos conocido un gobierno del PNV en solitario, en la primera legislatura, y un gobierno de coalición PNV-PSE, en las dos últimas. No queremos hacer una lectura catastrofista. Porque no es cierto que los problemas que tiene este país sean principalmente culpa del Gobierno Vasco, del mismo modo que los éxitos de este pueblo no se le pueden atribuir a él. Euskal Herria se enfrenta a los mismos retos y las mismas crisis que otros muchos países occidentales: crisis demográfica, climática, migratoria, aumento de las desigualdades sociales… Y, además, tiene los retos propios de los pueblos pequeños y sin Estado, como son los relacionados con el idioma, la identidad y la transmisión cultural, entre otros.
En el pasado este pueblo ha sabido afrontar los retos que se le presentaban y ha logrado sobrevivir superando situaciones difíciles gracias a su instinto comunitario y a sus formas de organizarse. Y, reconozcámoslo, para resultar exitosos muchos de esos procesos han necesitado el impulso y la ayuda del liderazgo público.
También en el futuro, la fórmula indispensable para dar pasos hacia el bienestar y hacia una sociedad cohesionada y moderna tiene que ser una combinación del impulso popular y el apoyo institucional, para lo cual es imprescindible contar con un liderazgo público sólido y ambicioso y, cómo no, abrir espacios de cooperación y valentía para avanzar.
Eso es precisamente lo que hemos echado en falta: un liderazgo más compartido y cooperativo, un liderazgo que ejecute políticas valientes y ambiciosas, que aproveche la experiencia y el conocimiento de la ciudadanía, de las empresas, de las asociaciones, de las y los profesionales que integran la administración pública y de los sindicatos que les representan y que ponga el talento colectivo al servicio de la mejora de este país. No han sido esos los ingredientes de la marca de los mandatos de Urkullu.
Al contrario, hemos tenido un gobierno que ha utilizado fórmulas obsoletas para dar respuesta a los retos a los que se ha enfrentado esta parte del país: dejar hacer, mantener por mera inercia el funcionamiento de la administración, hacer oídos sordos a las demandas sociales, plegarse ante lobbies con fuertes intereses privados (determinadas patronales, algunos bancos y sectores energéticos…), aplicar políticas de laissez faire laissez passer en muchos ámbitos, debilitando progresivamente el sector público, contrayéndolo, haciéndolo más ineficiente y obsoleto. Aunque inicialmente esa actitud política ha incidido en la escala macro, al final ha acabado incidiendo en la calidad de los servicios públicos, en las familias y en las personas.
Este país no va por buen camino, también se ha quedado atrás en materias en las que ha tenido liderazgo. Este momento nos ha traído nuevos retos. Sin embargo, esos nuevos retos exigen nuevas soluciones, y necesitamos nuevos liderazgos y nuevas mayorías que las propongan y ejecuten, que revitalicen las políticas que se han aplicado en las tres últimas legislaturas. En ese contexto, estamos viendo que el gobierno actual y, en concreto, la alianza estática entre PSE y PNV carece de capacidad para responder a los retos a los que se enfrenta este país.
Necesitamos políticas progresistas, y ambición de conseguir más herramientas jurídicas, soberanas, para poder ejecutarlas. Las dos fuerzas que integran el actual gobierno de coalición se neutralizan mutuamente, y la negativa a colaborar con las fuerzas de la oposición, el hecho de que mediante una estrecha mayoría se excluya de las políticas públicas a representantes de amplios sectores de la ciudadanía ha empobrecido enormemente muchos de los proyectos que se han llevado adelante.
En general, estas son las principales conclusiones que podemos extraer:
En cuanto a la actividad legislativa, la duodécima legislatura (2020-2024) ha sido la legislatura de las leyes.
Evolución de los presupuestos en la etapa del lehendakari Urkullu (2012-2024).
Sabemos que los presupuestos son finitos. Sin embargo, hemos pasado de un presupuesto de 10.000 millones de euros a uno de 15.000 millones. Si bien los recursos económicos han aumentado considerablemente, ello no ha tenido el reflejo suficiente para dar pasos estructurales en los retos estratégicos más importantes a día de hoy. Nuestras discrepancias en cuanto a la organización del presupuesto, la elección de prioridades y el reparto de las subvenciones son evidentes. En la ejecución y el control de estos presupuestos también se observan carencias evidentes.
La evolución de los presupuestos en las tres últimas legislaturas ha estado muy condicionada por las crisis que hemos vivido en los últimos años.
La primera legislatura de Urkullu estuvo muy condicionada por los efectos de la crisis financiera que comenzó en 2008. Por un lado, la crisis económica tuvo un gran impacto en la sociedad: creció el paro, se produjo un gran aumento de los desahucios por dificultades para pagar las hipotecas, las empresas tenían grandes dificultades para conseguir financiación… Por otro lado, la propia crisis hacía que la recaudación tributaria no llegara a las cantidades previstas. Tampoco podemos olvidar que la normativa fiscal europea, que luego el Gobierno del Estado aplicaba de la misma manera a todas las Comunidades, limitaban mucho las posibilidades de gasto de las instituciones.
La segunda legislatura estuvo marcada por la resolución de las discrepancias habidas durante largos años con el Estado en torno al Concierto Económico y al Cupo. También se produjo una reactivación de la economía, y todo ello ensanchó las posibilidades de las políticas presupuestarias. Así mismo, en esa segunda legislatura en la Comisión Mixta del Concierto Económico se consiguieron por primera vez, con el Gobierno de Sánchez, normas fiscales diferenciadas para la CAPV, es decir, tener unos límites de endeudamiento y déficit propios, y no los mismos que el resto de comunidades.
En cuanto a la tercera legislatura, al principio estuvo condicionada por la crisis de la COVID, y luego por la guerra de Ucrania y la posterior crisis de la inflación. En esa legislatura también se acordaron, en la Comisión Mixta del Concierto Económico, las concertaciones de nuevos impuestos, así como la participación en el gravamen temporal energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que ha generado nuevos ingresos.
Pero el aumento de recursos públicos, nada más y nada menos que en 5000 millones de euros, no ha supuesto una reorientación de las políticas prioritarias de este país: no se ha aprovechado para reducir las brechas sociales, avanzar en la transición ecosocial a la velocidad necesaria, promover políticas para las familias, fortalecer el tejido industrial, robustecer la producción cultural vasca, mejorar el sistema sanitario vasco o enfrentarse al reto demográfico.
En este recorrido es muy importante revisar la política de la recaudación de impuestos, así como los debates en torno a la política fiscal, que aún continúan. De hecho, todavía está por hacerse la reforma fiscal que la economía y la sociedad necesitan. En estos años, la recaudación de impuestos, al igual que la economía, ha experimentado fluctuaciones. Así, en los años de crisis profunda el impacto en los ingresos del Gobierno ha sido notorio, y cuando la economía ha mejorado eso también se ha notado directamente en la recaudación.
En cuanto a las normas fiscales, cabe destacar que en esta última legislatura el Gobierno Vasco ha optado por un estricto cumplimiento de las mismas. Aunque desde Europa se ha difuminado la obligatoriedad de las normas fiscales, el Gobierno no ha utilizado en su totalidad la posibilidad de endeudamiento para impulsar políticas públicas tan necesarias para hacer frente a los problemas de la inflación. En lugar de ello, los ingresos extraordinarios que le han proporcionado las grandes recaudaciones de impuestos se han destinado principalmente a reducir el endeudamiento. En estos años en los que la crisis ha golpeado con fuerza, el Gobierno ha perdido la oportunidad de reforzar aún más los servicios públicos, porque ha gastado por debajo de sus posibilidades.
Así, si bien en estas tres legislaturas ha habido años con un resultado presupuestario negativo, cabe destacar que el remanente disponible ha pasado de cerca de 200 millones en 2013 a cerca de 1.400 millones en 2022, habiéndose perdido por el camino muchas de las apuestas y necesidades del sector público que las crisis producidas en ese periodo exigían.
A la hora de analizar el recorrido de los presupuestos se pueden subrayar diferentes cuestiones, pero, teniendo como eje el bienestar social, es fundamental analizar el recorrido de la Sanidad y la Educación.
En 2013, el presupuesto del Departamento de Sanidad suponía casi el 35% de los Presupuestos Generales de la CAV; en 2017 –ya en la segunda legislatura– el porcentaje bajó a un 32%; en la tercera legislatura, cuando ya teníamos aquí la crisis de la COVID, fue del 33,6% en 2021, y en el último presupuesto de Urkullu, este año, es del 32,5% sobre el total del presupuesto.
En cuanto al Departamento de Educación, su peso en los Presupuestos Generales era del 25% en 2013, descendió al 23% en 2017 y, ya en la tercera legislatura, volvió a rondar el 25% en 2021 y este año ha vuelto a situarse por debajo de ese porcentaje, no superando el 24,5%.
Teniendo en cuenta la importancia que tanto el Departamento de Sanidad como el de Educación tienen en los presupuestos, esos datos demuestran que su peso relativo no ha aumentado en las tres legislaturas de Urkullu, a pesar de que la sociedad demanda cada vez más mejoras en esas áreas. Los presupuestos de ambos departamentos han crecido, así como la inversión, porque los propios Presupuestos Generales han crecido, pero eso no ha supuesto que Sanidad y Educación hayan adquirido más peso; es decir, no se han apreciado cambios en las prioridades del Gobierno.
Si analizamos los presupuestos por capítulos, en 2013 se destinaron 452 millones de euros a inversiones reales, representando el 4,7% del presupuesto total gastado. En 2022 esa cantidad bajó a 182 millones (el 1,34% del presupuesto total gastado), aunque en un principio el Gobierno preveía invertir 378 millones. Este año prevé una inversión superior a los 542 millones, un 3,6% del presupuesto total. Sabiendo que los Presupuestos Generales han aumentado en más de 5.000 millones entre 2013 y 2024, llama la atención que el capítulo de inversiones reales solo haya aumentado en 100 millones, a pesar de que durante estos años el Gobierno ha subrayado una y otra vez las inversiones.
Podemos concluir diciendo que durante estos 12 años en los que las crisis han estado presentes los presupuestos, si bien han incluido medidas puntuales, han sido continuistas, no se han percibido cambios profundos, a pesar de que las necesidades de la sociedad vasca se han profundizado y renovado. Por desgracia, todavía queda mucho camino por recorrer para afrontar los importantes retos que ya tenemos aquí y los que están por venir.
Empleo público
En cuanto al empleo público, en Euskal Herria queda mucho por avanzar. De hecho, en comparación con la media de la Unión Europea o de la OCDE, tenemos déficit. El peso del empleo público en la CAV es del 17,1%, frente al 18,6% de la OCDE, y nos encontramos muy lejos de países como Noruega, Suecia o Dinamarca, que superan la tasa del 28%.
La creación de empleo público debería ser un eje importante de las estrategias de empleo de los gobiernos, no sólo por el impacto positivo que la calidad del empleo tiene en esas personas, sino por el impacto que la calidad de los servicios públicos tiene en la sociedad. Entre las trabajadoras y trabajadores del sector público predominan los problemas estructurales. En la medida en que repercuten directamente no solo en la calidad del empleo público sino también en la calidad de los servicios públicos, esos problemas exigen una intervención urgente.
En este momento la administración autonómica cuenta con una plantilla de 100.000 personas. La escandalosa tasa de temporalidad (4 de cada 10 contratos son temporales), los problemas de relevo generacional provocados por la tasa de reposición impuesta en su día por el Gobierno de Rajoy, los retrasos y prórrogas en las OPEs, el abuso de las jornadas parciales, los puestos no codificados, los puestos públicos que se han privatizado mediante subcontratación…, todo ello demuestra que ha existido una estrategia evidente para debilitar el empleo público, con la finalidad de reducir los costes públicos e inflar el sector privado.
Europa ha ordenado reducir la tasa de temporalidad de la plantilla hasta el 8%, tasa de la que el Gobierno Vasco está muy lejos, ya que su tasa de temporalidad es la más alta de Europa y tres veces más alta que la del sector privado.
Las convocatorias públicas que está preparando el Gobierno no reducirán de forma significativa esa tasa. De hecho, la previsión es reducir la tasa de temporalidad, que actualmente está en el 44%, sólo en una cuarta parte. El retraso y la demora que ha habido en esta materia es injustificable, y lo es más aún la falta de respuesta habida tras la resolución dictada por los tribunales de justicia europeos.
La lentitud que está mostrando el Gobierno en los procesos de estabilización también repercute directamente en que no se aseguren los relevos generacionales. La sustitución de las jubilaciones en plazas estables por puestos temporales y la falta de planificación que ha habido durante años ha repercutido especialmente en Osakidetza, y también en la evolución negativa de ese servicio público.
Por otro lado, muchos puestos de trabajo estructurales están subcontratados, en lugar de contratarse directamente. Así ocurre en Educación (cocinas…), en los servicios de emergencia de Osakidetza, etc. Es necesario plantear una adecuada detección y reversión de esos puestos de trabajo, para ir relegando la fórmula de la subcontratación.
Un sector público de calidad necesita unas condiciones laborales adecuadas, estabilidad y poca movilidad, convocatorias públicas transparentes y adecuadas…, pero se han detectado carencias en muchos ámbitos, lo cual ha hecho que, a menudo, el sector público no sea atractivo para el trabajo y, por otro lado, ha repercutido en la calidad del servicio público.
Ante todo ello, hay una serie de tareas que es preciso abordar con urgencia: procesos de consolidación; identificación y reversión de los puestos estructurales privatizados; y revisión y adecuación de todas las listas de puestos de trabajo de las y los funcionarios.
ESTATUS POLÍTICO
Los consensos alcanzados en la legislatura 2016-2020 no han tenido continuidad en la última legislatura. Con el nuevo estatus político metido en un cajón, ha sido la legislatura del desarrollo del Estatuto de Gernika, aunque en el terreno del traspaso de competencias el resultado también ha sido pobre.
Hemos tenido una legislatura y un Gobierno carentes de ambición nacional y que han desdeñado la mayoría cualificada existente en el Parlamento para alcanzar consensos y profundizar en soberanía. En el Estado español se escucha con más fuerza que nunca la idea del Estado plurinacional, la necesidad del reconocimiento nacional y del derecho de la ciudadanía a decidir, las hojas de ruta para acordar estatus políticos y negociar con el Gobierno español, la ventana de oportunidad de Madrid…, y, mientras tanto, hemos visto claramente todos los límites del autogobierno que tenemos hoy en día: sentencias contra el euskera, intervención del Tribunal Constitucional…
Hasta ahora, el Gobierno autonómico se ha centrado únicamente en el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Casi cinco décadas después. Como si el desarrollo de un texto legal caduco e incapaz de responder a las necesidades actuales nos proporcionara herramientas adecuadas.
Traspaso de competencias en la última legislatura
Las competencias que se han traspasado son las siguientes:
Todavía quedan 28 transferencias pendientes:
Sin duda, un balance pobre para garantizar el bienestar de la ciudadanía o para avanzar en instrumentos jurídicos y políticos que nos permitan no solo sobrevivir sino también avanzar como pueblo. Además de los consensos a favor de los instrumentos políticos y jurídicos que necesita este país y de un sistema de garantías para ellos, es totalmente necesario dar continuidad al acuerdo por un nuevo Estatus político que se alcanzó en el Parlamento y retomar esos trabajos, actuando como pueblo para que las y los ciudadanos vascos llevemos ese estatus político a una negociación bilateral. Nos comprometemos a reactivar los trabajos en los tres primeros meses desde la constitución del Parlamento.
El programa por capítulos
Este programa electoral se divide en 9 capítulos:
No obstante, el carácter transversal de muchas políticas que planteamos hace que algunas propuestas estén diseminadas a lo largo de diferentes capítulos. Así, las politicas feministas, las relativas a la transición eco-social, a la salud o al euskera, por ejemplo, se ven reflejadas a lo largo de todo el programa. Por ello os invitamos a la lectura completa del mismo para obtener una mirada amplia de la ambición de país que recogen las siguientes propuestas. Esperamos que os resulte interesante.
Euskal Herria Bildu.
INTRODUCCIÓN
El mundo está cambiando a gran velocidad. Si la crisis de 2008 desbarató de un golpe la quimera de la prosperidad neoliberal global, durante los últimos años se han acelerado de manera sustancial los problemas que se han ido acumulando y sus consecuencias. Ya sean las consecuencias de la pandemia, sea el tensionamiento de la cadena de suministro, sea el acaparamiento de los recursos básicos, sea la crisis energética o la alimentaria, sean la tensión geopolítica y los vientos de guerra que arrecian, o sea la crisis ecológica generalizada, estamos inmersos en una época de profundos cambios, en la que reina la incertidumbre. Al fin y al cabo, en este mundo que se está convirtiendo en multipolar y conflictivo, la soberanía se está convirtiendo a su vez en una cuestión estratégica.
Cualquier pueblo que quiera gobernarse a sí mismo precisa tener como objetivo lograr la mayor soberanía formal posible, el máximo nivel de competencia. Pero, además, la soberanía material constituye también un componente imprescindible en diversos ámbitos estratégicos que resultan básicos para garantizar condiciones de vida dignas y, en ese sentido, nos urge prepararnos de cara al futuro. No hemos adaptado nuestros sistemas alimentarios o energéticos, la industria y, en general, el tejido productivo, el proceso de digitalización o el sistema fiscal o financiero al inestable contexto en el que vivimos. Esa situación nos ha hecho vulnerables para navegar en aguas revueltas.
En este contexto histórico, adquiere especial importancia el concepto de soberanía estratégica: tener la mayor autosuficiencia posible en los procesos socioeconómicos básicos a fin de ganar resiliencia ante los fenómenos globales. Euskal Herria debe realizar una reflexión estratégica urgente: cómo avanzar en la soberanía alimentaria alejándose de la influencia decisiva de los mercados internacionales y lograr una alimentación de cercanía saludable; cómo empezar a revertir la tremenda dependencia que tenemos actualmente respecto a las fuentes energéticas externas y contaminantes, cómo desarrollar una estrategia digital soberana ahora que nuestras vidas se han digitalizado en gran medida, cómo arraigar el tejido industrial en nuestro territorio y, en general, todo nuestro desarrollo económico, y cómo transformar ese tejido para que se adapte a un nuevo paradigma económico, cómo organizar nuestro sistema fiscal y financiero, garantizando la cohesión social y los servicios públicos de calidad para distribuir la riqueza o financiar con suficiencia las transformaciones que se deben realizar.
Pasar de una economía lineal propulsada por combustibles fósiles a un nuevo modelo de economía digitalizada y circular que funcionará con fuentes energéticas renovables supone la transformación del modelo económico, una transformación sin precedentes y llena de riesgos, pero que ofrece también grandes oportunidades que tenemos que acertar a aprovechar. Generar la energía necesaria para nuestra actividad socioeconómica resulta fundamental para avanzar en soberanía estratégica y, a su vez, apostar por una industria orientada a recuperar materias primas críticas es una opción para mejorar la posición estratégica que tenemos en el contexto europeo.
No disponemos de todas las herramientas que serían necesarias para que se pueda realizar una intervención integral y coherente, y es imprescindible trabajar con el objetivo de hacernos con esas herramientas, así como también es imprescindible poner toda la capacidad e inteligencia colectiva en beneficio de la transformación que debe darse.
En este capítulo pondremos especial atención a la energía, a la alimentación, a la industria y el tejido productivo, a la digitalización, y al sistema fiscal y financiero. En la medida en que se trata de soberanías estratégicas, resulta fundamental mantener y ampliar la soberanía material en todas esas áreas si queremos garantizar la resiliencia de nuestro pueblo.
En la Comunidad Autonómica Vasca empleamos mucha energía para llevar a cabo nuestras actividades económicas y sociales, superando las medias tanto del Estado como de la Unión Europea, y doblando las medias mundiales. Las principales fuentes energéticas son el petróleo y el gas fósil, donde destacan dos características principales. Por un lado, la mayor parte de la emisión de gases de efecto invernadero de la CAV que provocan la emergencia climática proviene de la combustión de recursos fósiles. Concretamente el 86 %. Por otro lado, todos los recursos fósiles empleados en nuestro territorio son importados, algo que condiciona completamente la soberanía energética, siendo nuestra dependencia energética del exterior superior al 90 %. Aunque el principal factor de esa dependencia sea la importación de recursos fósiles, hay que tener en cuenta que una gran parte de la electricidad que consumimos proviene del exterior (el 67 % en 2023). La electricidad lograda por energías renovables locales ha supuesto en torno al 10 % del consumo eléctrico. Y de cara al consumo energético total, las energías renovables locales no satisfacen más que un 8 % de las necesidades energéticas.
Analizando la dependencia energética del exterior, hay que subrayar varias cuestiones. Obtener energía, sea cuál sea la fuente, tiene un impacto ecológico. En la medida que la mayor parte de la energía consumida proviene del exterior, el impacto asociado a su generación está externalizado. El transporte de energía tiene también un impacto ecológico, y tampoco estamos interiorizándolo. Además, no tenemos ningún control sobre las condiciones que rodean a la energía generada en el exterior, y no participamos en la riqueza vinculada a esa generación, sean puestos de trabajo, impuestos, etc.
Por si ello fuera poco, cada vez son más evidentes los riesgos y las consecuencias de la dependencia energética. Nuestro balance de importaciones y exportaciones ha estado a expensas de las enormes variaciones de precios de los últimos años, y la factura energética abonada ha llegado a superar el listón del 10 % del Producto Interior Bruto. El encarecimiento de la energía, los tensionamientos habidos en la cadena de suministros, las inestabilidades políticas y los síntomas de agotamiento de los recursos fósiles tienen la capacidad de poner en jaque toda nuestra actividad social y económica, tal y como mostró la crisis energética de 2022 de manera clara.
Así las cosas, podríamos decir que la dependencia energética exterior es una de las principales vulnerabilidades estratégicas que tenemos como pueblo y que urge revertir. Nuestras viviendas, servicios, industria, transporte, agricultura, etc. necesitan suministros energéticos estables y asequibles, y la manera más efectiva para garantizarlo a medio plazo es reducir el consumo energético y el despliegue de energías renovables locales.
Ha habido diversos avances durante estos últimos años. Se han dado pasos en eficacia y ahorro, y el consumo se ha reducido sensiblemente. Por otro lado, el autoconsumo tanto individual como compartido, las comunidades energéticas o las cooperativas han realizado su aportación, pero esos avances, aun siendo cualitativamente fundamentales, tienen limitaciones cuantitativas. Por ello, para que se pueda lograr una mayor soberanía energética, tenemos que explorar todas las tecnologías renovables a diferentes escalas. En esa transición, debemos fomentar la democratización de la energía, con el fin de que el ámbito energético esté bajo el mayor control público y comunitario posible.
Dado que el ámbito de la energía se desarrolla tanto en el capítulo de soberanías estratégicas como en el de la transición ecosocial, las propuestas programáticas se han divido entre los dos apartados. En este apartado, enumeraremos las medidas básicas para aumentar el nivel de soberanía energética.
COMPROMISOS PARA 2028
La tarea fundamental de la agricultura, la ganadería y la pesca es proporcionar alimentos saludables y de calidad, y garantizar el suministro de la población en condiciones sostenibles. Por lo tanto, cualquier estrategia, objetivo o meta que se defina debería tener en cuenta ese principio fundamental como razón de ser de esta actividad.
Con todo, los actuales sistemas de alimentos agrícolas, impulsados por la lógica industrial de la economía de escala, la intensificación, la especialización y uniformización no garantizan la seguridad de los alimentos ni la adecuada nutrición de la gente.
El sector está en decadencia desde hace tiempo; condiciones de vida y trabajo que no son dignas, dependencia respecto a las industrias y los mercados, falta de relevo… Un baserritarra, sin subvención, cobra de media 5 €/hora y con subvención, 7 €/hora. El nivel de renta de los baserritarras es un 49 % más bajo que la renta media vasca.
Además, cada vez se dispone de menos tierra para usos agrícolas. El año 1990 había 255.385 hectáreas, en 2009, 190.385, y en 2020, 180.196, pero el tamaño de las explotaciones ha aumentado un 38,4 % desde 2009 a 2020. La tierra se distribuye cada vez entre menos manos.
Eso ha conllevado una considerable reducción del número de personas agricultoras durante las últimas décadas. En las tres últimas se ha vaciado un tercio de los caseríos. En la actualidad únicamente un 4 % de las personas titulares tiene menos de 35 años. En consecuencia, se producen cada vez menos alimentos y el sector agrícola vasco está lejos de producir lo suficiente como para alimentar a la población.
En 2022 consumimos 42 kilos de carne, 22,9 kilos de pescado, 9,7 litros de aceite de oliva, 55,7 kilos de verdura fresca y 94,7 kilos de fruta por habitante de la CAE.
Haciendo una comparación entre los alimentos que se producen y se consumen en Hego Euskal Herria, los datos no son malos, aunque existan marcadas diferencias entre los distintos tipos de alimentos. El nivel de autoabastecimiento de la leche en la CAE es del 91 %. Tomando como referencia el huevo, la miel, la carne, la verdura, la fruta fresca, los frutos secos, la legumbre, la patata, el arroz y el aceite de oliva, la CAE tendría la capacidad de producir el 25 % de lo que precisa, pero dado que Nafarroa tiene excedentes, en Hego Euskal Herria tendríamos capacidad de lograr una producción del 105%.
Los datos, sin embargo, no muestran el nivel de la soberanía alimentaria, sino el potencial de alimentación, ya que en la práctica no hay relación entre la producción interna y el consumo. Porque un 90 % de los alimentos que se consumen en Euskal Herria viene del exterior. En la Comunidad Autónoma Vasca se reciben 842 millones de euros por las exportaciones, pero, a su vez, se gastan 786 millones de euros en importaciones.
Euskal Herria necesita tener capacidad decisoria sobre las políticas de alimentos agrícolas. Para conformar un modelo agroecológico hacia la soberanía alimentaria, es imprescindible impulsar la transformación de un sistema alimentario que tenga como eje los alimentos locales y la sostenibilidad.
EHBILDU quiere situar la alimentación en el centro de las políticas públicas, organizando medidas de diversas escalas de la mano de las y los agricultores, ganaderos y arrantzales, con el objetivo de ir acercándonos a la soberanía alimentaria. Queremos sistemas de alimentación locales basados en las necesidades de las y los baserritarras y las personas consumidoras, mediante la agroecología y la pesca selectiva, garantizando una vida y unas condiciones laborales dignas a las y los baserritarras y a las y los arrantzales, y ofreciendo alimentos saludables a las personas consumidoras de manera cercana. Porque la soberanía alimentaria no puede entenderse únicamente como la capacidad de producir más. Se debe tener en cuenta cómo se producen los alimentos y las consecuencias de esa producción, desde una perspectiva de izquierdas, para alimentar y cuidar a la tierra, a las plantas, a los animales y a las personas de manera saludable. Porque fomentar la soberanía alimentaria es una alternativa transformadora. Dado que la alimentación se trata también en el apartado correspondiente a la transición ecológica, aquí se especifican los compromisos para incrementar la soberanía alimentaria.
COMPROMISOS PARA 2028
1 POLÍTICA INDUSTRIAL EMPRENDEDORA; Que construya desde el liderazgo público un modelo industrial vasco sostenible, social y avanzado.
En los últimos años, ha habido una falta de comprensión del contexto económico. No se ha sabido leer adecuadamente el momento económico en el que nos encontrábamos, y esto ha llevado a decisiones cuestionables. La política industrial llevada a cabo por el Gobierno autonómico ha perdido impulso y se guía por la inercia, con un claro carácter liberal y reactivo. Se ha apostado por grandes infraestructuras sin un análisis exhaustivo de su impacto social y económico. Desde la década de los años 90 no han vuelto a plantearse proyectos de inversión estratégica, y los que en su día se promovieron han perdido arraigo en el territorio. Si no se ponen en marcha políticas industriales de renovado impulso y liderazgo público que impliquen y alineen al tejido productivo y a la red de ciencia y tecnología en esfuerzos ambiciosos de transformación, al cabo de una generación correremos el riesgo de acabar entre las naciones en declive con un futuro de dificultades.
En este contexto, las administraciones públicas deben reconsiderar sus prioridades, reorientar sus políticas y asignar recursos de manera estratégica en el fomento y consolidación de un tejido productivo, con arraigo y compromiso con el territorio, de alto valor añadido, que sea consciente de su responsabilidad social en establecer condiciones de trabajo y salariales dignos que permitan a las trabajadoras edificar proyectos vitales y en la sostenibilidad ambiental.
El análisis sobre la situación de la economía vasca no es catastrófico. Pero nos preocupa que un análisis autocomplaciente impida analizar con detenimiento lo que está ocurriendo en el hipocentro del terreno económico vasco. En la comparación del tejido productivo de la CAV con las regiones europeas, cabe destacar los siguientes elementos de preocupación:
Mientras tanto se ha continuado insistiendo en un modelo de desarrollo caduco y basado en sendas inversiones en cemento y asfalto. Fruto de ello es que la CAV dispone de una de las proporciones más altas de autovías y autopistas en Europa occidental. Así, se sitúa en la parte alta del ranking de regiones en cuanto a número de kilómetros de autovías y autopistas por superficie (posición 17ª) y en proporción de autovías sobre kms de carretera (posición 8ª). Un 12,86% de nuestras carreteras son autovías, frente a una media europea occidental de 1,99%. Este desequilibrio en cuanto a las inversiones públicas, conlleva su consiguiente coste de oportunidad. Un reequilibrio de la inversión y presupuesto público en favor de la innovación o de una política industrial proactiva, hubiera mejorado la posición estratégica de nuestro territorio y del tejido productivo, o las infraestructuras sociales.
La situación laboral ronda técnicamente el pleno empleo, pero los mercados laborales se enfrentan a otros problemas, como la precariedad, la temporalidad y la calidad del empleo; el hecho de que la posesión de un puesto de trabajo no evita el riesgo de pobreza; la debilidad a la hora de ofrecer trayectorias de estabilidad y promoción que permitan construir proyectos de vida a la juventud; los problemas de relevo por falta de trabajadores… Además, se está produciendo una pérdida de talento, ya las personas jóvenes cualificadas que emigran superan a los que llegan, y en comparación con el resto de las autonomías del Estado estamos en la mitad baja.Paralelamente, la gran apuesta de la política industrial, la llamada ‘Industria 4.0.’ presenta resultados moderados, ya que el grado de inserción de las tecnologías asociadas a la ‘Industria 4.0’ muestran significativas debilidades e insuficiencias. Así, las tecnologías más sofisticadas, el Big Data, la fabricación aditiva, la simulación y la robótica han tenido acceso en el 29-21 % de las empresas. En cambio, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los cibersistemas físicos y los gemelos digitales tan sólo en el 15-8 % de las empresas.
Por otra parte, recientemente hemos asistido a la pérdida de arraigo de empresas vinculadas al sector tecnológico y de las TIC que en su día fueron grandes apuestas impulsadas desde la administración. Ejemplos amargos son las empresas Euskaltel, que tras su privatización a finalizado en manos de una multinacional extranjera, del mismo modo que empresas como Gamesa, Ibermatica, Informática Euskadi o Bilbomática han acabado en manos extranjeras. Mientras tanto, se ha producido un evidente debilitamiento de los instrumentos financieros que actúan sobre el tejido productivo, principalmente Kutxabank, que ha disminuido su función de promoción y arraigo vendiendo sus participaciones en la propiedad de empresas como Euskaltel, Ibermática, NH Hoteles… Además, la sociedad pública «Finkatze Kapitala Finkatuz, SA», con un capital insuficiente de 307 millones de euros, muestra una intervención modesta, utilizando tan solo el 34 % de su capital en tres empresas.
La situación de la economía vasca occidental es claramente de desplazamiento. Si no se reacciona sin demora, en el horizonte de una generación corremos el riesgo de entrar en fase de decadencia. El Gobierno autonómico debe reinventarse en esta materia, dejar de lado la inercia y la visión liberal, acomodaticia y reactiva, y cuando menos, aprovechar los nuevos vientos que soplan en países occidentales en favor de una política industrial con “un papel más activo en la economía” y que realice “un esfuerzo activo en direccionar la estructura productiva”.
La nueva política industrial debe afrontar, cuando menos, los siguientes tres retos que afectan al tejido productivo:
El papel de la administración pública no se puede limitar a elaborar sus apuestas estratégicas en base a intereses particulares de empresas ineficientemente seleccionadas con criterios cuestionables, ni a acompañar de forma acrítica al sector privado en sus apuestas estratégicas, ni a participar en ecosistemas de emprendimiento en el que los fondos públicos no tienen un retorno acorde al riesgo asumido, ni a otorgar subvenciones para impulsar la I+D sin una estrategia de innovación clara. Mucho menos poner en marcha proyectos estratégicos para terminar vendiéndoselos al mejor postor a un precio de saldo. Las administraciones publicas tienen que coliderar las grandes apuestas de futuro que direccionen la transformación de nuestro tejido económico e industrial.
La capacidad para afrontar los retos está condicionada, entre otras, por la fortaleza de los instrumentos, capacidades y competencias que disponga la administración, pero también por la gobernanza e implicaciones desde los espacios empresariales, institucionales y sociales. Se requiere asumir competencias claves en materia de regulación económica, tal y como se recoge en el acuerdo de bases para un nuevo estatus político. Se requiere un sistema de colaboración público-privada equilibrado, responsable, transparente, de justa reciprocidad, con criterios de selección objetivos y con igualdad de oportunidades. La colaboración público-privada debe estar dinamizada por el sector público, quien aglutina y conforma la visión y la misión y quien aporta ayudas de distinto tipo, y se debe requerir un retorno equitativo al sector privado en términos de corresponsabilidad por el territorio.
Es importante que las instituciones públicas recuperen la ambición y la visión estratégica y se adapte a las políticas industriales del siglo XXI.
COMPROMISOS PARA 2028
COMERCIO
El impulso del comercio local, dada su dimensión económica y social, será una prioridad para el Gobierno y, para ello, se multiplicarán los recursos destinados a esa área, a fin de dar un salto cualitativo en las políticas de fomento, defensa y mejora del sector, con la finalidad de chocar a corto plazo con el planteamiento, así como con las medidas estructurales de cara al futuro. Gracias al comercio de cercanía, los pueblos y las ciudades están vivos, se crean redes que favorecen las relaciones sociales, se genera buen ambiente y seguridad, ofrece la posibilidad de adquirir de manera universal productos básicos, impide el uso del coche privado y posibilita ciudades más agradables. Defenderlo tiene que ser una apuesta estratégica.
TURISMO
Los cambios sociológicos, el boom de los vuelos low cost y la irrupción de nuevas modalidades de alojamiento han provocado una gran expansión del turismo. Eso ha provocado un fenómeno de masificación sin precedentes, y el modo de vida de la población de las áreas más perjudicadas ha empezado a cambiar drásticamente. Pueblos y barrios en los que el precio del alquiler se encarece y las tiendas para las personas residentes desaparecen para convertirse en negocios orientados al turismo; lugares de ocio tradicional colapsados; pérdida de identidad… los riesgos y daños de la sobreexplotación turística son innegables.
La pandemia congeló la actividad turística, pero ese hecho no fue aprovechado para repensar el modelo. El Gobierno PNV-PSE ha continuado fomentando activamente un modelo de crecimiento turístico cuantitativo, y a consecuencia de ello, se ha acentuado la grave situación de algunas áreas hasta tornarse insoportable. Hace algunos años el PNV y el PSE hablaban de turismofobia para descalificar las críticas contra el crecimiento incontrolado del turismo. Como consecuencia de su errónea actitud, la excesiva presión turística es uno de los principales problemas actuales en muchas ciudades y pueblos vascos.
Las políticas de gestión del sector turístico de la CAE deben estar orientadas a generar un turismo sostenible que no degrade las zonas naturales y las áreas urbanas, identificando áreas tensionadas y, al mismo tiempo, posibilitando la creación de actividad económica de la manera más descentralizada y desestacionalizada posible, incluyendo en la oferta turística áreas y realidades que en la actualidad son periféricas, todo ello tomando como eje principal la oferta de la identidad vasca y el respeto de los derechos laborales como condición imprescindible.
TRABAJO AUTÓNOMO
Las personas trabajadoras autónomas son parte importante de la economía, con diversos problemas complejos. Se trata de un sector atomizado y heterogéneo, y, por lo tanto, presenta dificultades para organizar demandas compartidas y para presionar con el objetivo de entrar en la agenda política. Pero los problemas están ahí: además de los relacionados con cada subsector (comercio, peluquerías, hostelería…), son habituales los problemas generados con las bajas y el abandono de la actividad, la presión burocrática, las bajas pensiones… Se deben fomentar estructuras asociativas que darán voz al mundo del trabajo autónomo, y organizar foros, para solucionar problemas.
1. Fortalecimiento de estructuras asociativas y creación de la Mesa Vasca del Trabajo Autónomo.
El Gobierno Vasco deberá mejorar la ayuda económica y de otro tipo que les concede a las asociaciones de trabajo autónomo, a fin de mejorar a su vez la organización del sector. Es indispensable que las asociaciones, junto con las personas representantes de la sociedad y las instituciones, compartan un espacio permanente de reflexión, estudio y realización de propuestas para mejorar el sector, que tomaría forma en la Mesa Vasca del Trabajo Autónomo.
La era de la digitalización y la inteligencia artificial: construyendo estructuras digitales de Estado.
Vivimos en un mundo y en una Euskal Herria cada vez más digitalizada. Vivimos en una sociedad digital. Cada día, casi a cada momento, dependemos de dispositivos y servicios digitales. Hasta hace poco, hemos solido tomar como referencia el entorno rural, el urbano o el industrial al clasificar nuestros paisajes y nuestro espacio socioeconómico. Actualmente, cualquiera que sea el espacio en el que nos hallemos, vivimos en un entorno digital y el entorno digital vive en nosotros. La tecnología atraviesa nuestras sociedades y nuestros ámbitos de vida.
A finales del siglo XX decíamos que la revolución digital había traído la era de la información. Según avanza el siglo XXI, puede decirse de manera más firme aún que el proceso de digitalización ha traído el cambio radical de los hábitos de vida, y que esa sacudida ha afectado a casi todos los aspectos de nuestro modo de vida de manera muy evidente y masiva. Es más, las tendencias que vivimos en el mundo global y que han sido reforzadas por el neoliberalismo (individualismo, fragmentación del consumo, debilitamiento de los sistemas tradicionales de mediación) apura y acelera esos hábitos; la sensación de que el modo de vida es acelerado, apresurado y sin respiro alguno es ya generalizada.
Asimismo, las tecnologías disruptivas claves en el proceso de digitalización (inteligencia artificial, tecnologías cuánticas…) y la disputa por las materias primas para poder desarrollarlas se han convertido en una cuestión geopolítica, y la propia Comisión Europea se ha dado cuenta de la debilidad estratégica del ecosistema científico-tecnológico, económico e industrial de Europa.
La digitalización, por lo tanto, es un proceso de transformación global y transversal. Una transformación de carácter global y transversal demanda un tratamiento del mismo tipo. Hay que desarrollar y desplegar una estrategia digital independiente, que será indefectiblemente nueva, dinámica y actualizada continuamente. Esa estrategia digital, en nuestro caso, debe contar con valores y mecanismos propios y debe ayudarnos a desarrollar estructuras digitales de Estado. En el empleo, la automatización ya ha reemplazado tareas rutinarias y repetitivas y, producto de la inteligencia artificial, será indispensable que las personas trabajadoras en general entren en un proceso integral de adaptación digital y que se promuevan las aplicaciones que incrementen las capacidades de las personas trabajadoras.
Desde el punto de vista de la gobernanza y a nivel económico, social y cultural, el reto tecnológico es global, y, al mismo tiempo, demanda una estrategia digital local que sitúe a la ciudadanía en el centro, que tenga la soberanía tecnológica en el horizonte.
Porque la soberanía tecnológica se construye, y ofrece el empoderamiento digital individual y colectivo. Asimismo, debemos apostar fuerte y sin reparos en torno a las infraestructuras que nos son necesarias; promocionaremos redes populares comunitarias de fibra óptica, abriendo posibilidades a las telecomunicaciones, los centros de datos, las telecomunicaciones locales y a las cooperativas de datos. Las infraestructuras tecnológicas son el principal pilar para el desarrollo digital y en los países más avanzados el control sobre esas infraestructuras es público, y su planificación, desarrollo y despliegue se efectúa con medios públicos.
En este ámbito hay factores que resultan preocupantes y son demostrativos de la falta de esfuerzo por acometer la transformación digital como pueblo con voz e infraestructura propia, por ejemplo:
COMPROMISOS PARA 2028
Para mantener y ampliar las soberanías estratégicas que se han desarrollado en las áreas de la energía, la alimentación, la industria, el comercio, la digitalización, etc., es indispensable contar con un sistema tanto fiscal como financiero que sea los más soberano posible. Porque mantener la soberanía en todas esas áreas, incrementarla y hacerse con nuevos ámbitos, resulta fundamental si queremos garantizar la resiliencia de nuestro pueblo. Y todo ello tiene relación directa con la fiscalidad. Por un lado, porque es indispensable lograr una soberanía fiscal mayor que la que tenemos hoy y porque tenemos que ir más allá de aquello que nos ofrece el Concierto Económico. Pero por otra, y en la misma medida, porque una reforma fiscal sólida que logre recursos públicos suficientes también se ha convertido en indispensable para que se puedan llevar a cabo los programas, servicios e inversiones de futuro de intervención pública que serán necesarios en todos los ámbitos que hemos mencionado anteriormente. Es ahí donde se sitúan las propuestas concretas que citaremos a continuación.
Por otra parte, resulta necesario trabajar para crear un sistema de finanzas público vasco, a fin de que se pueda destinar el ahorro a las necesidades sociales y a la inversión productiva, lejos de prácticas especulativas.
Aunque las desigualdades sociales son cada vez mayores, los sistemas fiscales en vigor no están ni diseñados ni gestionados para enfrentarse a esa evolución que nos lleva a una dualidad creciente. Esa característica también puede comprobarse en nuestros sistemas fiscales: durante las últimas décadas se han convertido cada vez en más regresivos, mientras que la exigencia impositiva sobre las grandes riquezas y las rentas de capital ha ido aliviándose, orientando la carga impositiva a rentas de trabajo y a los impuestos indirectos.
La recaudación fiscal de la CAE fue superior a 17.130 millones en 2022, distribuida de la siguiente manera: 51,28 % impuestos indirectos y 48,51 % directos; se impone la tributación indirecta, una de las características más destacadas de la regresividad fiscal. Además, el 40,4 % de esa recaudación es producto del IVA y un 37,9 % del IRPF, rentas que afectan principalmente a las personas trabajadoras. Y en el IRPF la descompensación entre las rentas de trabajo es muy grave. Fijándonos en los datos de 2020, el 85,6 % de todas las rentas que se declaran en el impuesto de la renta se obtuvo de las rentas de trabajo, dejando de manifiesto el grave desequilibrio sobre los ingresos de las personas trabajadoras.
El impuesto de sociedades, a su vez, realiza una aportación muy pequeña a la recaudación fiscal. En 2022 su aportación no llegó al 1,2 % del PIB. Siendo la media de la UE-27 un 2,9 %, es obvio hasta qué punto resulta urgente revisar completamente el diseño y la aplicación de ese impuesto.
La presión fiscal es el indicador que muestra la importancia que tienen los ingresos tributarios en la economía. En comparación con los países del entorno, nuestro nivel es muy bajo, y eso nos deja un gran margen para fortalecer el sistema impositivo e incrementar la capacidad de la recaudación fiscal. Los datos son esclarecedores: la presión fiscal se situó en torno al 33 % en el año 2021 en la CAE, cuando la media de la UE-27 fue del 41 %. La diferencia entre los dos datos es superior a 7 puntos (que supondría más de 5.000 millones en la recaudación fiscal de la CAE).
La escasa tributación sobre la riqueza hace más ricos a los ricos. El patrimonio de las dos primeras personas vascas que aparecen en la lista Forbes de grandes fortunas se ha multiplicado por 2,4 de media en los últimos 10 años.
Por otra parte, es preocupante el nivel que ha alcanzado el fraude fiscal, ya que cuestiona el principio de igualdad y la propia legitimidad del sistema. En este campo, el estudio más completo que se ha realizado en la CAE data de 2016, y según se recoge en él se estimó una pérdida de al menos 2.300 millones al año, por no ingresar los correspondientes impuestos (y otros 1.400 millones que corresponderían a las cotizaciones sociales).
Otra característica que debemos señalar son los límites que tenemos en la soberanía fiscal. No disponemos de todas las herramientas que serían necesarias para que se pueda aplicar una política fiscal integral: La competencia de la Seguridad Social es del Estado y, por lo tanto, no tenemos poder para influir sobre las cotizaciones sociales; y por otra parte, aunque el Concierto Económico nos reconoce un nivel importante respecto a la competencia fiscal, existen a su vez algunas limitaciones importantes, sobre todo en la tributación indirecta, en el desarrollo normativo y la inspección de las grandes sociedades o en la fiscalidad internacional.
Por último, queremos recordar que en la CAE las competencias fiscales corresponden a los Territorios Históricos, aunque la mayor parte del gasto público lo asumen el Gobierno Vasco y las instituciones comunes del marco de la CAE. Aun siendo esas las condiciones, las personas responsables y las instituciones del marco de la CAE pueden asumir el liderazgo para impulsar reformas fiscales y fomentar desarrollos compartidos entre los cuatro niveles institucionales implicados.
COMPROMISOS PARA 2028
INTRODUCCIÓN GENERAL
El nivel de bienestar de la ciudadanía está estrechamente relacionado con el grado de desarrollo de las políticas públicas y de los servicios públicos. La existencia de servicios públicos sólidos es la garantía del bienestar de un país y de una comunidad y, con ello, de la cohesión social en el presente y en el futuro. Es más, tanto unas potentes políticas públicas como unos servicios públicos referenciales son la mejor garantía de un reparto equitativo de la riqueza y la vía más segura para abordar nuestros retos como sociedad. Una base importante en tiempos de incertidumbre, ahora que la preocupación por el futuro y el encarecimiento de la vida amenazan el día a día de la mayoría y sus proyectos vitales.
Para alcanzar el nivel de desarrollo adecuado, sin embargo, además de un diagnóstico riguroso, hacen falta capacidad, voluntad y valentía, así como una mirada a medio-largo plazo que recoja las pulsiones ciudadanas y las convierta en iniciativa pública. Es necesario tanto tomar decisiones firmes como tener un modelo claro. Y mirando con rigor, vemos que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no estamos donde deberíamos. No hemos aprovechado la última década para dar el salto que necesitamos en las políticas públicas. La actuación del Gobierno se ha encadenado a la inercia, evidenciando falta de previsión, dejadez, interés cortoplacista y una pobre gestión. La paradigmática decadencia de Osakidetza, la falta de desarrollo del derecho a la vivienda o los datos especialmente negativos en lo relativo a la emancipación de la juventud son consecuencias evidentes de decisiones erróneas. Y hay otras.
Para garantizar el bienestar y proteger el día a día de la ciudadanía y sus proyectos vitales, tenemos que dar un salto en el desarrollo de las políticas públicas. Hay que demostrar valentía y liderazgo, activando la inteligencia colectiva que conforma una sociedad civil plural y diseñando con ella una hoja de ruta compartida. Y debemos reivindicar la necesidad de soberanía, de tener en nuestras manos todos los instrumentos para dar forma a las políticas públicas que queremos poner en marcha y que necesita este país, tanto para fortalecer y transformar los servicios públicos como para adelantarnos al futuro.
Haciendo un análisis por sectores, para reforzar Osakidetza y adaptarla a los nuevos tiempos, debemos enfocar el cambio de modelo desde un diagnóstico compartido sobre la magnitud del problema, priorizando reforzar la Atención Primaria, reducir las Listas de Espera, cambiar el Modelo de Contratación, revertir la tendencia a la privatización y acabar con unas tasas de temporalidad que son inaceptables.
Con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la vivienda, pretendemos desarrollar tanto la Ley de Vivienda de 2015 como nuevos instrumentos, limitando el precio de los alquileres en el mercado privado, ampliando notablemente el parque público de alquiler, movilizando viviendas vacías o poniendo coto a los alquileres de temporada.
Queremos introducir en las decisiones políticas las necesidades y la mirada de la juventud de forma integral, posibilitando su emancipación y aumentando su capacidad de decisión. Pondremos en vigor medidas de choque para la vivienda y el empleo y una Ley para posibilitar la Justicia Intergeneracional.
En tiempos de transformación del empleo, vamos a optar decididamente por el empleo de calidad, oponiéndonos a la precarización que condiciona profundamente las condiciones de vida y los proyectos vitales. El salario mínimo de 1.400 euros, la jornada laboral de 32 horas sin reducción salarial, el refuerzo integral de la salud laboral y la inspección de trabajo, la lucha firme contra la brecha salarial y la firma del Pacto por el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social son nuestros compromisos más destacados.
En el ámbito de los cuidados es necesario dar un salto, y nos comprometemos a ello para articular una nueva institucionalización, crear espacios de diálogo y cooperación –sobre todo con el movimiento feminista–, acabar con las desigualdades interterritoriales o de renta en las políticas de cuidados o mejorar sustancialmente las condiciones laborales en esta área, entre otras cuestiones.
El reto demográfico requiere rediseñar nuestras políticas públicas para garantizar las condiciones sociales y económicas necesarias para que las decisiones y las opciones sobre la reproducción y la crianza sean realmente libres. En este camino, urge un nuevo sistema universal de prestaciones familiares para, por ejemplo, poner en marcha una prestación universal de 200 euros por la crianza de hijos e hijas hasta, al menos, los 18 años. En cuanto al transporte, proponemos que sea gratuito hasta los 12 años de edad.
En políticas de protección social, cuando arrecia el encarecimiento de la vida, tomaremos medidas para garantizar condiciones de vida dignas y asegurar el poder adquisitivo reforzando la Renta de Garantía de Ingresos, convirtiendo las Ayudas de Emergencia Social en un derecho subjetivo o redimensionando los Servicios Sociales de Base.
Por último, en sintonía con el movimiento de pensionistas, asumiremos el compromiso de que todas las pensiones alcancen al menos los 1.080 euros, así como la tramitación de oficio de la Renta de Garantía de Ingresos para que todas las personas pensionistas que lo necesiten reciban ese complemento. Todo ello sin olvidar el traspaso del Régimen Económico de la Seguridad Social, hito importante en la construcción del sistema propio soberano que tenemos por objetivo.
DIAGNÓSTICO
Osakidetza se ha convertido en un gran problema. Así lo confirma el Sociómetro num. 82 publicado por el Gobierno vasco en febrero de 2024: la Sanidad es la segunda gran preocupación para la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Datos al margen, el declive de Osakidetza es indiscutible, es paradigmático, la prueba principal del agotamiento de un modelo de gestión. Atención Primaria, Listas de Espera, Puntos de Atención Continuada (PAC), privatizaciones… Hay muchos indicios, demasiados, que están pidiendo un cambio de rumbo.
Si bien la pandemia ha tenido incidencia en esta situación, solo eso no explica el deterioro actual, el descontento actual. En absoluto. Los problemas que tiene Osakidetza vienen de lejos y en gran medida son consecuencia de la mala gestión de los últimos años. Han sido evidentes la falta de planificación, la incapacidad de anticipar el futuro, la errónea política de contratación y un modelo de gobernanza vertical.
Por ejemplo, en Atención Primaria, a consecuencia de la precariedad derivada de la política de contratación, se han roto la longitudinalidad y la referencialidad de la atención entre profesionales sanitarios y ciudadanía. Muchas personas ya no tienen a su médico o médica como era antes; no se conocen. Y eso, según la evidencia científica, tiene consecuencias en la salud y la mortalidad de la población.
Aunque se están convocando Ofertas Públicas de Empleo (OPE), se están haciendo tarde y mal, forzadas por las advertencias y sentencias emitidas desde Europa y por la Ley 20/2021 aprobada en Madrid, que pretende reducir la temporalidad. Pero con las medidas adoptadas no se conseguirá en absoluto reducir la temporalidad al 8%. Además, el Departamento de Salud está aprovechando el proceso de estabilización para destruir puestos de trabajo, tal y como se ha puesto de manifiesto en la Mesa Sectorial. De no cambiar las cosas, se prevé que para finales de 2025 se puedan destruir hasta 3.600 empleos.
Por no hablar de las jubilaciones que se están produciendo. Ante un reto que era muy evidente, no se ha hecho ninguna planificación ni se ha tomado ninguna medida para afrontar el relevo generacional. Por ejemplo, la previsión es que entre 2023 y 2025 se jubilen 1.391 médicos y médicas, 913 enfermeras y enfermeros y 63 profesionales de Salud Pública. Y ante eso no hay ninguna estrategia en Osakidetza.
También el modelo de gobernanza ha sido deficiente. Los numerosos, variados y múltiples problemas que solo en esta última legislatura se le han acumulado al Departamento de Salud son consecuencia de su funcionamiento vertical. Así lo atestiguan los ceses y dimisiones de la dirección de la OSI de Donostia, el conflicto de Cirugía Cardiaca en Basurto, las obras de la OSI Bidasoa o los conflictos en torno a los Puntos de Atención Continuada (PAC), por poner algunos ejemplos significativos. El convenio de 2009 de Osakidetza sigue pendiente de renovación y la Mesa Sectorial no ha sido un espacio de cooperación y negociación con los sindicatos, sino de mera información. Tampoco hay herramientas para incorporar la visión y la aportación tanto de las personas usuarias como de las y los pacientes. No es de extrañar, por tanto, que en la legislatura 2020-2024 haya habido numerosas movilizaciones y huelgas en defensa del Sistema Público de Salud, convocadas tanto por los sindicatos con representación en Osakidetza como por diversas plataformas ciudadanas.
Por otro lado, el Gobierno ha construido un Sistema Público de Salud centrado en la enfermedad y apenas se ha hecho un esfuerzo por construir un sistema basado en la promoción de la salud, los cuidados y el empoderamiento en salud. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud tiene establecido el marco y la estrategia para integrar las políticas sanitarias en todas las políticas, hasta ahora el Gobierno de Lakua no ha hecho un esfuerzo especial en esa dirección. Asimismo, entre las prioridades del Departamento de Salud, tanto Salud Pública como Salud Mental, Sociosanitaria, Adicciones y Emergencias han quedado en un segundo plano, dando prioridad a los hospitales.
Urge, pues, un cambio de rumbo. A partir de un diagnóstico compartido sobre la situación de Osakidetza, identificando bien los problemas, es necesario proponer nuevas soluciones que se pongan en marcha desde un nuevo modelo de gobernanza. Un cambio de modelo para reforzar y adecuar Osakidetza y el Sistema Público de Salud a los nuevos tiempos.
En este sentido, a continuación presentamos un conjunto de propuestas que contemplan una serie de medidas y prioridades. Todas ellas aparecen recogidas en el extenso y profundo Programa de Gobierno que EH Bildu ha elaborado en relación al Sistema Público de Salud y que, desde nuestro punto de vista, ofrece respuestas adecuadas a los problemas y retos existentes en estos momentos. Por consiguiente, recomendamos a quienes tengan interés en el tema que lo lean detenidamente en la siguiente dirección: (poner enlace)
COMPROMISOS PARA EL AÑO 2028
2.4. Reorganización de las altas hospitalarias que necesiten ambulancia para que el paciente sepa exactamente la hora a la que va a poder acudir a su domicilio.
2.5. Plan de publificación de la OSI Emergentziak y todos los recursos concertados que moviliza.
2.6. Auditoría de todos los contratos existentes en cada OSI, en el Departamento de Sanidad y Servicios Centrales de Osakidetza para proceder a la publificación de algunos servicios.
2.7. Creación en Osakidetza de una subdirección para integrar la perspectiva de género en la atención sanitaria, los itinerarios y la investigación.
2.8. En cada OSI se realizará un trabajo para identificar y desarrollar medidas para la correcta atención desde la OSI a la ciudadanía en toda su diversidad.
2.9. Garantía de la atención sanitaria de las residencias de personas mayores, y de las residencias y pisos tutelados de personas con dependencia y discapacidad.
2.10. Ampliación del programa PADI. Inclusión en el programa del tramo 0-6 años y de la población mayor de 65 años. Incremento de la cartera de servicios en función de la renta, garantizando una cobertura integral a rentas menores del salario mínimo interprofesional y a la ciudadanía con necesidades especiales.
2.11. Oferta de formación gratuita, permanente y estable para profesionales de la sanidad que no sepan euskera.
4.6. Se trabajará para conseguir las competencias en la formación de residentes de todas las especialidades sanitarias, para poder diseñar nuestro propio modelo y reforzar nuestro sistema público de salud.
4.7. Mientras no recuperemos la competencia en la formación, compromiso de negociar y crear un espacio de colaboración con el Gobierno Español para impulsar medidas como la desaparición de la nota de corte en los exámenes para acceder a la formación especializada.
DIAGNÓSTICO
Teniendo en cuenta el problema que tenemos actualmente con la vivienda, podríamos decir que nos encontramos ante una situación de auténtica emergencia. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de los problemas que existen en la sociedad para acceder a una vivienda digna: personas con bajos ingresos y muchas que se encuentran en situación de vulnerabilidad no tienen capacidad de mantener su vivienda o son desahuciadas por la imposibilidad de pagar el alquiler; las dificultades estructurales de la juventud para emanciparse; muchas familias que tienen que destinar una parte excesiva de sus ingresos a hacer frente a los costes de la vivienda; ámbitos en los que está aumentando la segregación socioeconómica. No es de extrañar, por tanto, que la vivienda sea en estos momentos una de las principales preocupaciones de la gente, si no la principal.
El derecho a una vivienda digna y adecuada está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que su ejercicio es una obligación. Y aquí, aunque este derecho está reconocido en la Ley de Vivienda, no está garantizado que toda persona tenga acceso a una vivienda digna y adecuada, y menos todavía a un precio asequible.
La opción del alquiler como vía de acceso a la vivienda ha cobrado gran importancia, y actualmente hay 130.688 viviendas de alquiler en la Comunidad Autónoma Vasca. No obstante, los precios de los alquileres se han encarecido desproporcionadamente en los últimos años, una situación especialmente grave para la juventud, cuyos proyectos vitales quedan totalmente condicionados por esos abusivos precios del alquiler. Además, la presencia de fondos buitre en la CAV se hace cada vez más patente y afecta a un número creciente de personas.
¿Qué ha hecho el Gobierno ante esta situación?
La vivienda es una herramienta imprescindible para la transformación social. En efecto, una política de vivienda justa y transformadora puede responder a los retos que tenemos por delante: el problema de la emancipación, la crisis de los cuidados, la segregación y exclusión social… Además, más allá de la vivienda en propiedad, que sea posible vivir de alquiler es un objetivo que debe situarse en el centro de la política de vivienda. Y es que poder desarrollar todo un proyecto de vida en alquiler incluye opciones transformadoras, entre ellas en materia de emancipación y autonomía, sin tener que hipotecarse de por vida. Aunque han querido convertir el derecho a la vivienda en una fuente de negocio, en tanto en cuanto es un derecho fundamental, ponemos en el centro la necesidad de impulsar políticas de vivienda adecuadas que tengan como objetivo la cohesión social.
COMPROMISOS PARA EL AÑO 2028
DIAGNÓSTICO
Es evidente que en los últimos años los problemas que sufre la juventud se está acentuando y acelerando. Problemas de emancipación, condiciones laborales precarias, falta de viviendas dignas y asequibles, modelos de ocio desfasados, encarecimiento de los estudios y, en general, ausencia de políticas de juventud eficaces y valientes. Todo esto incide en la vida cotidiana de las y los jóvenes y es un obstáculo para el desarrollo de proyectos de vida independientes y sostenibles.
Así mismo, podemos decir que el malestar se ha generalizado. El futuro da más miedo que esperanza y se ha extendido la incapacidad para afrontar el incierto día a día. Nos faltan herramientas y recursos (económicos, emocionales u otros). Así las cosas, los problemas de salud mental, la ansiedad y la depresión han aumentado considerablemente entre las personas jóvenes.
Pero este hecho no puede concebirse aisladamente, sino como consecuencia directa de la realidad a la que nos referimos. Porque las políticas neoliberales y las recetas de siempre condenan a la juventud a un presente y a un futuro precarios. Además de anular el protagonismo y la capacidad de decisión sobre nuestras vidas, en la actualidad se siguen tomando decisiones al margen de nuestros deseos y necesidades. Ante ello, es urgente impulsar un modelo de participación activa de la juventud y adoptar medidas concretas para transformar de raíz la situación y se produzcan cambios a medio y largo plazo.
En este sentido, desde EH Bildu hacemos una apuesta clara: poniendo en el centro las aspiraciones y necesidades de la juventud de Euskal Herria, hay que proponer y poner en marcha con carácter permanente las políticas públicas necesarias para garantizar un presente y un futuro dignos. Introduciremos de modo integral la mirada de las y los jóvenes en la toma de decisiones públicas y en la ejecución de las políticas, incrementando su capacidad de decisión. Nuestra actuación será una lucha por un presente y un futuro dignos.
COMPROMISOS PARA EL AÑO 2028
DIAGNÓSTICO
Hace tiempo que los datos del desempleo dejaron de ser un indicador riguroso, tanto del mercado laboral como de las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores. Hoy, desde el gobierno, se hacen valoraciones autocomplacientes sobre los datos cuantitativos del empleo, datos estadísticos que reflejan solo una parte de la situación real y que contribuyen a invisibilizar la precariedad que se está cronificando. Esto, además, incide directamente en la preocupante e inaceptable siniestralidad laboral, la consecuencia más dramática de la precariedad del empleo y de las carencias del modelo de salud y seguridad laboral que tenemos en vigor.
A día de hoy, muchos empleos no garantizan ingresos suficientes para desarrollar una vida digna, problema que se agudizada en un contexto de fuerte incremento de la carestía de la vida.
Por lo tanto, el objetivo primordial de la iniciativa pública debe ser el fomento del empleo de calidad, basado en unas condiciones laborales justas, sin exclusión ni discriminación, que permita una distribución justa y equitativa de la riqueza; que reduzca el impacto ambiental y se sitúe en la senda de la transición ecológica; y promueva el reparto justo entre mujeres y hombres del empleo y los trabajos de sostenimiento de la vida.
En esa línea, a través de las políticas públicas, también resulta imprescindible dar pasos hacia otro modelo socio-económico, una economía basada en la cooperación colectiva y que reconozca al capital un carácter instrumental, cuyo objetivo sea la mejora de las condiciones de vida de la sociedad y la satisfacción sostenible de las necesidades de la comunidad.
No podemos olvidar que el mundo del empleo está inmerso en un profundo cambio a través de la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización. El control de este cambio es imprescindible para llevar a cabo una transición ordenada a favor de los sectores populares, lejos de las estrategias que se han seguido hasta ahora y que han posibilitado que estos avances tecnológicos se utilicen al servicio del capitalismo neoliberal salvaje para aumentar la precariedad a cuenta de los beneficios de unos pocos.
Para todo ello necesitamos un Acuerdo de país por el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social, para hacer posible tomar aquí las decisiones que en atención a nuestra realidad socioeconómica requieren los nuevos retos de futuro.
COMPROMISOS PARA EL AÑO 2028
DIAGNÓSTICO
15 años después de la aprobación de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, el diagnóstico sobre el Sistema Vasco de Servicios Sociales no puede ser más desalentador.
Además de no haberse cumplido el objetivo de contar con el Sistema de Servicios Sociales previsto en la Ley, los desequilibrios y desigualdades interterritoriales e intraterritoriales y, en consecuencia, las interpersonales, en vez de reducirse, se han acentuado en la última década. Hace tiempo que el Gobierno vasco renunció a las competencias que le otorga la ley, de manera que las respuestas de cada territorio histórico y municipio en materia de cuidados son muy diferentes e incluso contradictorias en algunos casos (por ejemplo, en Araba la atención residencial de responsabilidad pública tiene la mitad de cobertura que en Gipuzkoa). Por lo tanto, en lo que se refiere al derecho reconocido de acceso a los Servicios Sociales, no se cumple el principio de igualdad de oportunidades y, por ello, el de la CAV es un Sistema de Servicios Sociales que discrimina a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos en función de su lugar de residencia.
Por otro lado, las políticas de privatización atraviesan el Sistema de Servicios Sociales que se ha extendido durante la última década. Los datos son muy clarificadores en este sentido: en el caso de los centros residenciales para personas mayores, por ejemplo, en las últimas décadas se han abierto 280 centros, de los cuales sólo 80 son de titularidad pública. El despliegue del Sistema Vasco de Servicios Sociales se ha basado en la privatización.
Además, en los últimos años, la respuesta institucional a la delegación de los trabajos de cuidados ha sido una fórmula extrema de mercantilización: el cheque servicio. Debido a la reducción de la cobertura de la red pública, son cada vez más (especialmente en Araba y Bizkaia) las personas que acuden al Sistema Vasco de Servicios Sociales en busca de cuidados y atención y reciben como respuesta un cheque servicio.
Por otro lado, aunque se indique lo contrario, tal y como ocurre en los países mediterráneos, nuestro régimen sigue poniendo a la familia en el centro de la responsabilidad de los cuidados. En los últimos años apenas se han desarrollado las estructuras públicas en ese ámbito, se ha reducido la respuesta pública y se han incrementado las listas de espera (en la CAV cada vez son más las personas que fallecen esperando un servicio que tenían reconocido). La realidad es que las personas/familias tienen que adaptarse «como pueden» cuando tienen necesidades de cuidados y (las que pueden) se ven obligadas a recurrir a servicios privados. Los cuidados son los únicos servicios públicos que se cobran (copago) y sólo quienes disponen de renta suficiente pueden garantizar la atención necesaria, con un coste económico elevado. Los cuidados se han convertido por esta vía en fuente de desigualdades sociales y de género y, en esta situación, miles de mujeres asumen esas tareas de forma eficaz pero invisible en las propias familias o en el empleo doméstico. Así, esa labor tiene consecuencias muy diversas en las vidas de quienes la realizan: empezando por sacrificar su propio cuidado en el presente hasta la penalización y dependencia económica en el futuro por el desempeño de un trabajo no remunerado.
Además, la mercantilización de estas tareas se está sosteniendo económica y socialmente a costa de la tremenda precariedad laboral de miles de mujeres. Las necesidades de cuidados se están resolviendo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a través de la (semi) explotación de miles de mujeres en instituciones y hogares. Los cuidados son un valor público, pero hoy en día las consecuencias que conlleva su ejercicio son individuales y no debemos aceptar que siga siendo así.
A la hora de hacer el diagnóstico de la situación, mención aparte merecen los centros residenciales para personas mayores. En estos momentos, y tras las durísimas vivencias que se han dado en estas residencias durante la crisis del Covid-19, no existe en la CAV un modelo renovado de atención residencial para personas mayores. En 2019 se inició la actualización de la normativa vigente desde hace más de 20 años, pero aún no se ha completado. Las trágicas consecuencias generadas por la crisis del Covid-19 en estas residencias tampoco han sido suficientes para transitar hacia un modelo que cuide mejor, ni para dar un cierto impulso al espacio socio-sanitario.
Es evidente que el Sistema Vasco de Servicios Sociales y, en general, los sistemas ordinarios de cuidados han sufrido un deterioro sin que las instituciones públicas hayan dado la respuesta necesaria. A consecuencia de ello, la actual atención a los cuidados es deficiente, inadecuada y precaria y no es elegida libremente. 15 años después de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, la vía gradual para institucionalizar el derecho universal a los cuidados prevista en la misma para la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ha sido un absoluto fracaso.
En este contexto, colectivizar y dignificar los cuidados es uno de los principales retos que tenemos de cara al futuro. La organización de los cuidados tal y como la conocemos hoy en día no es sostenible. El desequilibrio demográfico derivado del envejecimiento de la población ha intensificado las necesidades en ese ámbito y las acentuará aún más en el futuro. Ahora que estamos inmersos en una profunda crisis de los cuidados y que el Movimiento Feminista ha interpelado a las instituciones públicas para la construcción de un Sistema de Cuidados Público y Comunitario, una de nuestras mayores necesidades como país es la creación de instituciones que reconozcan los cuidados como un bien universal necesario, saquen esas tareas del ámbito familiar y creen estructuras que asuman esa responsabilidad, para lo cual será imprescindible una profunda transformación del Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Por todo ello, EH Bildu ve necesario dar un salto, por un lado, para articular una nueva institucionalización de un Sistema Público de Cuidados Dignos y Universales; por otro, para promover una profunda transformación de los servicios sociales y, por último, para valorar, reconocer y compensar los cuidados.
COMPROMISOS PARA EL AÑO 2028
El principal objetivo para los siguientes cuatro años será poner en marcha una nueva institucionalización que garantice el derecho a los cuidados dignos y universales.
11. Puesta en marcha del órgano de evaluación de los Servicios Sociales
12. Constituir y regular un órgano participativo y transparente de participación efectiva de las personas usuarias de los Servicios Sociales y de sus familiares
DIAGNÓSTICO
El envejecimiento demográfico se ha situado en los últimos años en el centro del debate público. El éxito en la democratización de la longevidad y la reducción de las tasas de natalidad, relacionada en gran medida con la precariedad laboral y residencial, han transformado la estructura de nuestra pirámide poblacional. Lejos de las lecturas apocalípticas y de las respuestas natalistas que hacen a las mujeres culpables del «problema» y quieren utilizar sus cuerpos y sus vidas, en EH Bildu creemos que esta revolución reproductiva nos sitúa ante una serie de retos a los que se enfrenta nuestro país y que tienen más relación con el buen vivir que con las tasas de natalidad.
Los planes y pactos interinstitucionales de apoyo a las familias impulsados por el Gobierno han fracasado claramente. A pesar de la creciente importancia de las políticas de familia en el contexto europeo, las de la CAV presentan déficits evidentes. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el gasto público en esta materia apenas llega a un tercio del gasto medio del Producto Interior Bruto que realizan los países de nuestro entorno.
A pesar de que en los últimos tres o cuatro años se ha producido algún avance tibio, las políticas vascas de familia se han caracterizado por la insuficiente financiación y la ausencia de medidas importantes que tengan un impacto real en las familias. Si en algo destaca el sistema de protección social de nuestro país es en la débil e inadecuada orientación del conjunto de las políticas de protección a las familias. Además, al conjunto de prestaciones destinadas le falta visión socioeconómica y, en consecuencia, aumentan las desigualdades de género y excluyen a las personas más vulnerables, entre otras cosas, por la forma de pago.
Los últimos datos de pobreza ponen de manifiesto la debilidad de las políticas de protección a las familias: la pobreza infantil aumenta, la pobreza se concentra en las familias con hijos e hijas, aquí la pobreza se hereda y el hecho de tener hijos o hijas es un factor de riesgo de pobreza.
Así, las familias –las mujeres– han visto acrecentadas las labores de cuidados, en algunos casos hasta límites insostenibles y sin ninguna medida de apoyo.
Las políticas de natalismo que pretendan forzar un aumento de la fecundidad, lejos de dar solución al «problema», provocarán una mayor tasa de dependencia y, en consecuencia, una mayor necesidad de cuidados. Dada la debilidad de nuestro régimen de bienestar, existe un grave riesgo de consolidación de la familiarización (abandono del mercado de trabajo); es decir, de perpetuar la dependencia de las mujeres con respecto a los hombres para alcanzar el bienestar.
A juicio de EH Bildu, el reto que tenemos por delante exige una profunda transformación social. Hay que rediseñar nuestras políticas públicas para garantizar las condiciones sociales y económicas necesarias con el objetivo de que las decisiones y oportunidades sobre la reproducción y la crianza sean realmente libres. E igualmente libres de la violencia simbólica que impone a las mujeres la responsabilidad única de la reproducción.
En este sentido, y en concreto en lo que se refiere a las políticas de familia, debe prevalecer otra concepción o paradigma de las políticas sociales, la de la inversión social.
Siguiendo las experiencias de éxito de otros países europeos, hay que reconocer la importancia de las prestaciones económicas en la reducción de la pobreza infantil y, en general, en la compensación de los costes de crianza de los hijos e hijas y tomarlas como punto de partida del diseño de las políticas familiares. Por ello, las medidas destinadas a la extensión y normalización de estas prestaciones resultan imprescindibles. Es necesario, por lo tanto, rediseñar íntegramente las ayudas directas que actualmente reciben las familias vascas, las formas de pago de las mismas, las prestaciones de garantía de ingresos y las deducciones fiscales. El objetivo principal sería que las prestaciones protejan sólidamente tanto a las cada vez más diversas familias como a las vulnerables, garanticen las posibilidades de bienestar de cada miembro de las familias y las sitúen en una lógica de igualdad.
Junto a ello, resulta fundamental la universalidad progresiva, entendiendo que las estrategias más exitosas para combatir la pobreza infantil están basadas en políticas dirigidas a mejorar el bienestar de todos los niños y niñas.
COMPROMISOS PARA 2028
DIAGNÓSTICO
El encarecimiento de la vida y una incertidumbre cada vez mayor se han convertido en preocupaciones principales de la gente. La ciudadanía sufre en su día a día la carestía de los alimentos y de la energía, así como un encarecimiento de la vivienda que no cesa. En general, las que son necesidades básicas para una vida digna se han encarecido considerablemente, la ciudadanía ha perdido poder adquisitivo y, con ello, se han acentuado las tendencias a la precariedad, la vulnerabilidad y el empobrecimiento que ya venían de antes. Un fenómeno que ha afectado muy especialmente a las mujeres.
Junto con esa incertidumbre en el acceso a los recursos necesarios para vivir, se están extendiendo las situaciones de precariedad y vulnerabilidad. Todo ello conlleva la imposibilidad de abordar el proyecto de vida que se desea, así como la dificultad o imposibilidad de hacer frente a situaciones imprevistas, lo cual obliga a vivir día a día sin reservas ni proyección a futuro. Nunca ha habido tanta gente que no pueda prever su futuro.
Cuando no hay capacidad de reacción ni se toman decisiones políticas ante situaciones de esta envergadura, las vidas se precarizan fácilmente. Prueba de ello son los últimos datos de pobreza. Según el INE, en la CAV ha subido hasta el 9% el porcentaje de personas con graves carencias materiales y sociales; el 9,3% de la población declaró en 2023 que llegaba a final de mes con grandes dificultades y el 37,1% negaba tener capacidad para afrontar imprevistos.
Aunque es determinante tener garantizado el derecho a recibir prestaciones y tener acceso a los servicios públicos para asegurar unas condiciones de vida dignas y el poder adquisitivo, la respuesta que se ha dado desde la política institucional no se ha situado en esa dirección. La ciudadanía ha perdido poder adquisitivo, tanto en las prestaciones como en los salarios y las pensiones, y apenas se han tomado medidas al respecto. No se ha invertido adecuadamente en servicios públicos y el proceso de privatización en nombre de la colaboración público-privada no cesa. Y en cuanto a las prestaciones destinadas a la protección social, a pesar de que su objetivo es hacer llevadera la situación, son pocas, están mal organizadas y, además, se ha limitado la inversión dedicada a reducir la pobreza –la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es el principal ejemplo de ello–.
Así, el encarecimiento de la vida se ha convertido en una crisis que acelera el proceso de precarización y empobrecimiento. Además, esas políticas públicas aumentan gravemente la familiarización del régimen de protección y, en consecuencia, acrecientan el predominio de los hombres sobre las mujeres.
Transformar las políticas de protección social se hace así imprescindible para revertir la situación que estamos viviendo y garantizar vidas dignas, autonomía material e integración plena. En este sentido, por un lado, si el empleo ha dejado de ser garantía de pleno bienestar, la protección de las personas no puede girar en torno a ello; por otro lado, frente a la teoría de la justicia social basada en la Igualdad de Oportunidades, debemos pasar a una teoría de justicia social basada en la Igualdad de Posiciones. Y, por último, dado que la plena integración de las personas en la sociedad tiene un carácter multidimensional y no se limita solo a la parte económica, el trabajo social debe alcanzar una nueva centralidad para acceder plenamente a condiciones que son indispensables para la integración, como la ciudadanía política (derechos y participación política), la ciudadanía social (educación, vivienda, servicios sociales y salud) y las relaciones sociales.
COMPROMISOS PARA EL AÑO 2028
Igualdad de Posiciones
DIAGNÓSTICO
Uno de los pilares fundamentales del sistema de protección social es, sin duda, el sistema de pensiones. Las pensiones están estrechamente unidas a las condiciones y la calidad de vida que vamos a tener ante situaciones de necesidad como la enfermedad, discapacidad, viudedad, así como en la jubilación. Por eso, nuestra elección es a favor de un sistema público de seguridad social fuerte que garantice unas condiciones de vida dignas. Y eso, a día de hoy, no está garantizado. En absoluto.
En el contexto de las diferentes crisis, las pensiones públicas han estado en el punto de mira, con el objetivo de erosionar unos sistemas públicos de pensiones que han sufrido duras reformas y recortes. En nombre de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, han sembrado el miedo y la incertidumbre para convencernos de que los recortes son inevitables.
Estas reformas han tenido graves consecuencias en las condiciones de vida de las personas pensionistas vascos, sobre todo en la de las mujeres pensionistas. La brecha de las pensiones entre mujeres y hombres es enorme, mucho mayor que la brecha salarial. Después de décadas sosteniendo la vida sin reconocimiento económico, social ni político, son las mujeres las que sufren las pensiones más bajas y por tanto la mayor precariedad de sus condiciones de vida.
De las personas pensionistas que perciben el complemento de RGI, dos de cada tres son mujeres. Por lo tanto, en el centro del debate de las pensiones hay que situar también la importancia que damos al sostenimiento de la vida, al reconocimiento, la reparación y la compensación de estas mujeres.
Las deficiencias del actual sistema y la necesidad de hacer frente a las reformas han activado un movimiento vasco de pensionistas organizado que, con determinación y de forma permanente, es protagonista de movilizaciones que han conseguido que el tema entre con fuerza en la agenda política.
Uniéndonos a sus reivindicaciones, es urgente articular políticamente las demandas expresadas en la calle y adoptar medidas valientes en torno a las pensiones, junto al movimiento de pensionistas, y la mayoría social y sindical. En este sentido, es imprescindible superar el debate interesadamente centrado en la sostenibilidad del sistema de pensiones y traer la sostenibilidad de la vida al centro del debate.
Debemos por tanto ir dando pasos para avanzar hacia la consecución de un sistema vasco de pensiones que garantice vidas dignas. Mientras tanto, es prioritario la exigencia del cumplimiento competencial que hoy nos corresponde para acceder a la gestión económica de la Seguridad Social y, también, con los recursos y herramientas de los ya que disponemos, desde la vía marcada por la Carta Social Europea, asumir y desarrollar los compromisos necesarios para dignificar las pensiones actuales.
COMPROMISOS PARA EL AÑO 2028
INTRODUCCIÓN
Cada año, a través de la Organización Meteorológica Mundial, se publica el informe The State of The Climate («el estado del clima») El último informe, publicado en octubre de 2023, ahonda en la preocupación por la situación de emergencia climática, alineado con diferentes entidades científicas. Según su consejo redactor, nos encontramos en un terreno inexplorado hasta la fecha en el ámbito del clima, y reconocen tener miedo. La comunidad científica ha advertido constantemente sobre un futuro marcado por las condiciones climáticas extremas a consecuencia de las perjudiciales emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la actividad humana. Según dicen, se nos ha acabado el tiempo: estamos presenciando la manifestación de esas predicciones y ya están teniendo lugar graves escenas de sufrimiento causadas por el cambio climático. Es posible que pronto seamos testigos del fracaso de los objetivos del Acuerdo de París, pero es de vital importancia evitar cada décima del calentamiento global.
Aunque se trata de un asunto de vida o muerte, la crisis climática no es el único desafío ecológico fundamental que se nos presenta. Se ha superado la capacidad de carga del planeta en seis de los nueve límites ecológicos planetarios: las emisiones de CO2, la pérdida de biodiversidad, la aparición de nuevos contaminantes, el ciclo del agua dulce, etc. Es decir, que en términos ecológicos nos encontramos en una época de crisis generalizada y, para revertir la situación, tenemos que poner en marcha transformaciones profundas en todo nuestro sistema social y productivo.
Hace mucho tiempo que la huella ecológica media de las y los ciudadanos vascos también superó la capacidad de carga del planeta. Desde el punto de vista de los materiales y la energía que utilizamos, el estudio del metabolismo socio-económico material de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa pone de manifiesto varias cuestiones. Nuestra actividad consiste en transformar y comercializar materias primas provenientes principalmente del exterior utilizando mucha energía no renovable, añadiéndoles valor, pero generando numerosos residuos y emisiones perjudiciales en el proceso. Si toda la población mundial consumiera tantos recursos materiales y energéticos como nosotros y nosotras, necesitaríamos casi tres planetas y, obviamente, solo tenemos uno. Este nivel insostenible de consumo conlleva dos injusticias. Por un lado, la brecha norte-sur, por la que consumimos en el norte global lo que no se consume en los países del sur. Por otro lado, la brecha generacional, mediante la cual las generaciones actuales estamos derrochando los recursos que corresponden a las siguientes, hipotecando sus condiciones de vida. Las brechas de género o de clase también condicionan la huella ecológica.
Debemos ponernos frente al espejo y repensar toda nuestra actividad. Aunque con un nivel diferenciado en cuanto a la responsabilidad, toda la sociedad está interpelada, por lo que nos encontramos ante un reto que exige premura y compromiso colectivo. Tenemos que transformar nuestra actividad socio-productiva insostenible, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el horizonte, para volver a situar nuestra actividad dentro de los límites ecológicos, garantizando unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía. En eso consiste en último término la transformación o transición ecosocial.
Para llevar a cabo este proceso irreversible atendiendo a las necesidades ecológicas y sociales, ha llegado la hora de cuestionar una lógica sistémica que no aspira más que al crecimiento y la acumulación y nos toca enfrentarnos a grandes preguntas. ¿Qué políticas públicas necesitamos en estos tiempos de crisis ecológica generalizada? ¿Cómo entendemos el desarrollo y el bienestar del futuro? ¿Qué modelo energético queremos? ¿Cómo nos alimentaremos? ¿Cómo nos desplazaremos? ¿Cómo organizaremos nuestro territorio para combinar la transformación productiva que tenemos que efectuar con el cuidado del medioambiente y la biodiversidad? ¿Cómo haremos todo esto manteniendo la cohesión y la justicia social? ¿Cómo someteremos el interés lucrativo en beneficio del interés social?
Tenemos que reflexionar conjuntamente. Por eso, además de las medidas desplegadas en este programa, resulta fundamental habilitar los debates que tienen que darse con urgencia, ya que todos los extremos que pone sobre la mesa el reto ecosocial exigen la activación de toda la inteligencia colectiva de este país. Debemos poner en marcha procesos deliberativos mediante la gobernanza cooperativa, activando procesos tanto a nivel autonómico como comarcal. EH Bildu, además de las numerosas propuestas planteadas en los últimos años en el ámbito institucional, ha presentado dos propuestas principales para dar paso al debate ecosocial. Por un lado, la Estrategia Energética para la transición ecológica y, por otro, bajo el lema «EH2040; una propuesta para la transformación ecosocial», la presentación de los veinte vectores principales para desarrollar políticas públicas de transformación ecosocial.
No tenemos todas las respuestas, pero sí la identificación de las áreas que es imprescindible transformar para llevar a cabo la transición, y es evidente que necesitamos cambios profundos en un amplio abanico de políticas públicas, desde la educación hasta el sistema financiero y fiscal, desde la política industrial hasta las políticas agrarias, revisando la vivienda, el transporte, el turismo y muchas otras políticas con una mirada ecosocial. En el ámbito de la energía, tenemos que dejar atrás las fuentes de energía fósiles e impulsar las renovables, fortalecer el sector energético público y democratizar la energía, al tiempo que se reduce la dependencia energética exterior. A la hora de enfrentarnos a las dependencias estratégicas del exterior, además de la energía, también tenemos que reparar urgentemente en la alimentación. En este ámbito, la contratación pública ecológica debe jugar un papel destacado, también para promover las necesarias relocalizaciones. Así mismo, es hora de revisar toda la inversión pública, y la prioridad de las infraestructuras, al igual que la de la industria, tiene que estar condicionada por su aportación a la descarbonización. Nos corresponde impulsar una nueva distribución más justa del trabajo y el empleo, promoviendo actividades y empleos que impulsen una economía más circular. También incorporar nuevos indicadores de riqueza y bienestar, pues el producto interior bruto no integra la variable de la crisis ecológica. Sin olvidar la necesidad de transformar los hábitos de consumo, promoviendo la ecologización de todos los ámbitos de nuestra vida, teniendo en cuenta que la transformación ecosocial representa una transformación cultural profunda.
En definitiva, las políticas de transformación ecosocial, al igual que las políticas feministas, son completamente transversales. En todo el programa hemos incluido diferentes políticas y medidas sectoriales con perspectiva ecosocial, tanto en la industria como en el empleo, la digitalización, la política de vivienda, etc. En cualquier caso, en este apartado se incluyen medidas específicas sobre energía, medio ambiente, biodiversidad, planificación territorial, infraestructura, transporte y alimentación, así como las relacionadas con el sector primario.
DIAGNOSTICO
Para enfrentarnos de manera eficaz al cambio climático, necesitamos una transformación completa del sistema energético, ya que más del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la CAV provienen de la quema de combustibles fósiles, derivadas sobre todo del petróleo y del gas fósil. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa dependemos notablemente de los combustibles fósiles, tanto para mantener en marcha nuestro tejido productivo como para llevar a cabo la mayoría de las actividades de nuestro modo de vida actual. Según los últimos datos, el 84 % del consumo energético proviene de fuentes fósiles.
Para hacer frente a la emergencia climática, tenemos que llevar a cabo una transición energética basada en cuatro pilares: consumir menos energía, ir dejando atrás los combustibles fósiles, promover una amplia y rápida difusión de las energías renovables y democratizar el ámbito energético, que en la actualidad se encuentra bajo el control de pocas manos.
En la última legislatura apenas se ha avanzado en la transición energética. Se mantiene el consumo de energías fósiles tras superar los altibajos de la pandemia, mientras que las energías renovables no se han extendido, salvo los modestos avances en autoconsumo. Se han anunciado proyectos renovables a diferentes escalas, pero no se han materializado en toda la legislatura. Este proceso de implementación de las renovables, además, está resultando tumultuoso y desordenado, entre otros motivos porque el Gobierno no ha aprobado el Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables que exigía la Ley de Sostenibilidad Energética.
En el ámbito energético, la principal característica de la próxima legislatura debería ser el desarrollo de la Ley 1/2024, de Transición Energética y Cambio Climático, que establece las bases y herramientas para una transición energética justa y democrática. Para llevar a cabo la transición energética, se tendrán que poner en marcha tanto procesos deliberativos comarcales como las asambleas climáticas que prevé la ley, impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas (entre otros, mediante cesiones de espacio público), materializar lo antes posible los planes de desinversión pública de activos fósiles, impulsar iniciativas de mejora del medio ambiente a través del canon a las renovables e implicar tanto a las administraciones públicas como a las personas y las empresas locales en los proyectos de renovables de diversa escala.
En definitiva, tenemos que dar pasos firmes hacia un futuro renovable y con menos consumo. A tal fin, debemos fomentar cambios en todos los sectores y en todos los ámbitos de nuestra vida, así como influir en los hábitos de movilidad, producción y consumo. En este subapartado se concretan las medidas del ámbito energético relacionadas con la transición ecosocial, pero, dado que la energía está incluida en el apartado de las soberanías estratégicas, las propuestas energéticas a tal efecto ya se han expuesto con anterioridad.
COMPROMISOS PARA 2028
Diagnóstico
La biodiversidad es valiosa y no solo por sí misma, sino también porque constituye la base del funcionamiento de los ecosistemas y, por lo tanto, la base de nuestra salud y de nuestra prosperidad.
La desaparición de una especie altera el equilibrio natural, amenaza el funcionamiento de todo el ecosistema y tarde o temprano afecta a nuestra calidad de vida y a nuestra economía, de una u otra manera. Los estudios muestran que, cuanto más diverso es un ecosistema, más estable y menos frágil es.
Por lo tanto, conservar la biodiversidad y detener su pérdida representa uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad.
Estas son las principales presiones que producen la pérdida o el deterioro del patrimonio natural de la CAV y de sus servicios ecosistémicos: la artificialización/urbanización del suelo, actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras inadecuadas, la alteración de las condiciones naturales, la contaminación, el cambio climático y las especies exóticas invasoras.
También cabe mencionar la importancia del sector primario en la conservación del medio natural, ya que gran parte de la superficie de la CAV (81 %) está relacionada con el sector agrícola y forestal. Por eso, la cooperación con el sector primario es imprescindible para la conservación del patrimonio natural.
Por otra parte, la preservación de los ecosistemas obtiene en los espacios naturales protegidos no basta para evitar la pérdida de biodiversidad y mejorar la situación. Necesitamos restaurar los ecosistemas también fuera de las áreas protegidas. Sobre todo, aquellos con mayor capacidad de absorber carbono, como los bosques complejos, los humedales y las turberas.
El 75 % de los hábitats de interés comunitario de la CAV se encuentran en un mal estado de conservación debido a su retroceso, división o degradación. Los hábitats que se encuentran en peor estado son los costeros y los forestales. También los humedales y las turberas están en mal estado.
No se dispone de suficiente información sobre el estado de conservación de las especies. Esta escasez de información es especialmente notable en el caso de los hongos, los líquenes, la flora no vascular y los invertebrados.
En el Catálogo de Especies Amenazadas de Euskadi figuran 202 especies en las dos categorías de riesgo más elevado (87 «en peligro de extinción» y 115 «vulnerables»).
COMPROMISOS PARA 2028
DIAGNÓSTICO
Desde las Directrices de Ordenación del Territorio de 1997, el modelo de ordenación territorial de la Comunidad Autónoma Vasca es la denominada “Euskal Hiria”, en la que se ordena “el sistema polinuclear vasco de capitales”, basado en la concentración en las capitales, con un fuerte refuerzo de la conexión entre las mismas y, en menor medida, entre las cabeceras de las áreas funcionales.
Exceptuando los parques naturales y la reserva de la biosfera, el territorio se contempla como un obstáculo a superar mediante ingeniería e ingentes cantidades de dinero, construyendo infraestructuras que se anuncian como necesarias, pero terminan a menudo generando más problemas de los que resuelven, como en el caso de las infraestructuras viarias, a través de las cuáles se ha ido induciendo cada vez más tráfico.
Las infraestructuras urbanas y relacionales de la ordenación territorial actual están desarrolladas a finales del siglo XX, concebidas en un periodo de energía relativamente barata, en el que la sociedad no era capaz de prever lo que supondría el desarrollo tecnológico y el acceso universal a internet. Siguen siendo fruto de este enfoque: la nueva red ferroviaria, la red de autovías, el Guggenheim Urdaibai, la autopista subfluvial de Lamiako, la macro-plataforma logística de Lezo-Gaintxurizketa, la llamada Supersur, etc.
Estamos en situación de emergencia climática, declarada por el Gobierno y el Parlamento desde el 2019. En un contexto de emergencia climática y de crisis energética, la reconexión con el territorio y la proximidad deben ser los principios que rijan la integración entre la ordenación del territorio y la movilidad. No podemos continuar como hasta ahora, pensando que el territorio no tiene límites y que lo único importante es que el PIB crezca continuamente a cualquier precio a través de la acumulación de grandes infraestructuras.
Para una planificación basada en la proximidad, necesitamos urgentemente políticas descentralizadoras que entiendan la comarca como unidad de referencia para la ordenación territorial, y que tengan en cuenta estas dos dimensiones: por un lado, las conexiones entre el hogar y el trabajo, estudio, compras y servicios públicos; y, por otro lado, lo relacionado con el metabolismo territorial: alimentación, agua y energía.
En un contexto socioeconómico incierto, que exige examinar más que nunca cada euro invertido en obras públicas, hay que acabar con la era de las irracionales obras faraónicas. Son menos necesarios que nunca los edificios e infraestructuras que tienen mayores costes de construcción y mantenimiento que los beneficios que ofrecen. Se debe terminar con el despilfarro en hormigón y asfalto. En la era de la comunicación digitalizada, la tendencia debe ser que se muevan los datos, y no tanto las personas y las mercancías.
El crecimiento ilimitado ha sido también norma para el urbanismo, que se ha centrado en el diseño de nuevas edificaciones residenciales. El referente debe ser un urbanismo habitable y saludable. El medio ambiente, la calidad de vida y la comunidad serán ejes centrales de la planificación de los espacios públicos y edificaciones para la convivencia.
Décadas de intervención sobre el territorio con lógicas equivocadas nos dejan una situación preocupante que se puede medir con diversos indicadores.
De los Estados occidentales de Europa, teniendo en cuenta las características de las redes de carreteras de las 206 regiones, la CAPV es la 17ª región con un mayor número de autovías por cada 1.000 km2. De media, en Europa occidental hay 16 km de autovías por cada 1.000 km2. En la CAPV, 77km/1.000 km². Por delante solo se encuentran regiones urbanas con mayor densidad y menor superficie como Viena, Hamburgo, Berlín o Róterdam.
En la CAPV, el 12,86% del total de la red viaria es autopista, siendo la proporción media el 1,99%. Esto nos sitúa en octavo lugar en el ranking de regiones. En los últimos años, se ha invertido sistemáticamente más en carreteras que en investigación y desarrollo. Las inversiones realizadas en la red de Alta Velocidad sumadas a las nuevas líneas proyectadas y las entradas a las capitales rondan los 10.000 millones de euros.
En la CAPV se registran 1.006.202 viviendas y los planes urbanísticos de los municipios tienen previsto construir otras 177.989. Se prevé un incremento del 17,68 % en las viviendas existentes, cuando en los últimos 8 años ha habido un incremento de población del 2,6 %, y la pirámide de población presenta un envejecimiento cada vez mayor de la sociedad.
COMPROMISOS PARA 2028
DIAGNÓSTICO
El sistema alimentario globalizado que ha predominado en las últimas décadas conlleva numerosos problemas medioambientales y está produciendo injusticias sociales en todo el mundo. Los plaguicidas y fertilizantes compuestos de nitrógeno están causando impactos sin precedentes en la vida de las plantas y los insectos. La pérdida de diversidad que producen pone en peligro la variedad de los servicios medioambientales, incluida la polinización de numerosos cultivos alimentarios, lo que amenaza las producciones futuras. Asimismo, son preocupantes la acumulación de animales que se da en la ganadería, el uso excesivo de medicamentos y, por supuesto, los procesos químicos empleados en la transformación para comercializar alimentos cada vez más esterilizados e inertes.
El sistema alimentario predominante, desde la producción hasta el consumo, produce efectos negativos que no se reflejan en el coste de los alimentos, lo que genera la necesidad de absorber esos altos costes mediante producciones intensivas subvencionadas por el sector público con ayudas de la Unión Europea, atendiendo a los impactos en la salud y tratando de mantener cierto equilibro en los ecosistemas.
Hace tiempo que las consecuencias han llegado también a Euskal Herria. En la «modernización» del sector agrícola, se han ido dejando de lado las granjas, la agricultura y la pesca sostenibles, la gestión comunal del monte, la diversificación y las relaciones de proximidad, al tiempo que se han impulsado la industrialización y la especialización de la producción desde la Unión Europea, Madrid y las instituciones de Euskal Herria.
Las consecuencias de este modelo son notables en el sistema alimentario vasco: precios bajos para las productoras y los productores, la pérdida de puestos de trabajo del ámbito rural, el vaciamiento del entorno rural, la falta de relevo generacional, la pérdida de hábitos de consumo saludables y el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados, así como la concentración de subvenciones en explotaciones industriales e intensivas en inversiones. En cambio, solo el 5 % es agricultura ecológica, una cifra alejada del 25 % establecido por Europa como objetivo para 2030.
La agricultura, la ganadería y la pesca son responsables del 3 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Euskadi. Aunque esta cifra ha disminuido notablemente en los últimos años, hay que analizar los datos con mucha atención, puesto que la mayoría de los alimentos que consumimos provienen del exterior, de modo que la huella ecológica y climática de nuestra alimentación se encuentra externalizada.
La superficie artificializada se ha duplicado en las últimas tres décadas: de 37.500 hectáreas en 1990 a 79.300 hectáreas en 2018. Al mismo tiempo, los bosques y áreas naturales han aumentado de manera patente, lo que ha causado una gran reducción de las tierras agrícolas. En el año 1990 eran 255.385 hectáreas; en 2009, 190.385; y en 2020, 180.196. Sin embargo, el tamaño de las explotaciones ha aumentado en un 38,4 % de 2009 a 2020. La tierra cada vez se reparte entre menos personas.
En la silvicultura también predomina el modelo intensivo. Las administraciones vascas han fomentado el monocultivo durante años. El modelo intensivo de gestión forestal ha causado erosión, pérdida de biodiversidad, pérdida de caudales y un aumento del riesgo de inundación y de incendios, entre otros. Dos tercios (66,6 %) de nuestros bosques se consideran de baja integridad en relación con el ecosistema, sobre todo en la vertiente cantábrica (82,5 %). El 96 % de las plantaciones arbóreas son coníferas y eucaliptos: 196.043 ha.
Pero la producción de alimentos y la sostenibilidad son dos caras de la misma moneda. La transición ecológica exige la adhesión activa de toda la sociedad y las políticas públicas deben impulsar la adhesión de todos los agentes de la cadena de la alimentación y la madera a la transición agroecológica. Porque, cuando se añade a la agricultura el cuidado en diversos ámbitos, se da un salto hacia la agroecología. Porque, cuando las maneras de trabajar en la agricultura, la ganadería y la transformación, así como el tratamiento y los procesos empleados se basan en otros valores, la dimensión socioeconómica adquiere una gran importancia, diferenciando la agroecología de la producción ecológica.
Hay que tomar decisiones ante el cambio climático y, en ese sentido, situar la agroecología como un norte lejano en la transición ecológica es una apuesta firme. EHBILDU quiere impulsar nuevas iniciativas que acerquen el campo a la ciudad, con una visión a largo plazo y con medidas correctoras, trabajando sobre el modelo agrícola: estableciendo medidas para fomentar una distribución más justa de los recursos naturales y económicos, dirigiendo medidas, proyectos y dinámicas a quienes quieren caminar hacia la agroecología y fortalecer la producción agroecológica actual, poniendo en marcha mataderos locales y centros de transformación públicos y colectivos, reactivando los mercados semanales, promoviendo variedades de semillas y razas de ganado locales, impulsando los circuitos cortos, elaborando normas de sostenibilidad en las marcas de producción local, protegiendo las marcas de producción transfronterizas y un largo etcétera. Todo ello forma parte de la solución y la respuesta. Como última observación, cabe destacar que en este programa tanto la alimentación como la actividad del sector primario se analizan desde un punto de vista doble: por un lado, el de la transición ecosocial, que se trata aquí, y, por otro, el de la soberanía energética. El diagnóstico y las medidas correspondientes a este último punto de vista se han tratado en el primer apartado.
COMPROMISOS PARA 2028
DIAGNÓSTICO
La educación es un derecho tanto individual como colectivo de toda la ciudadanía de Euskal Herria. Por eso, nuestro objetivo es desarrollar un sistema educativo público soberano que esté al servicio del desarrollo integral tanto de la ciudadanía de Euskal Herria como del desarrollo colectivo de la propia Euskal Herria: euskaldún, coeducativo, basado en las pedagogías feministas, inclusivo, participativo, laico, democrático, comunitario y público.
Le educación debe ser una herramienta para construir una Euskal Herria culta y emprendedora compuesta por una sociedad debidamente educada. Así las cosas, indefectiblemente, deberemos plasmar políticas para lograr la soberanía plena también en educación. Entendemos la educación como una herramienta para educar personas libres, críticas, empoderadas, solidarias, euskaldunes plurilingües y felices, como un proceso que se da desde el nacimiento hasta la muerte.
Además, entendiendo la educación como una herramienta que situará a las personas en el centro, remarcamos la necesidad de una educación para el cuidado. Esto nos resultará válido también tanto para la supervivencia y el desarrollo de Euskal Herria como para su estructuración social, económica, cultural y lingüística.
Hace tiempo que llevamos señalando que este pueblo necesita acuerdos y pactos de estado, porque no estamos bien. Muchos de los indicadores de desarrollo de Euskal Herria nos dan motivos para la preocupación, como, por ejemplo, que en 2021 la venta de libros en euskera bajó un 10 % y que no hay explicación comercial para ello, es decir, ese descenso es resultado de un contexto: el sistema de producción cultural vasca se está debilitando. Ciñéndonos a la educación o al sistema de conocimiento, sabedores de la situación, y haciendo una prospección de cara a los próximos años, será necesario llevar a cabo una transformación disruptiva a fin de que el sistema educativo, que presenta signos evidentes de agotamiento, no colapse.
Hay tres megafactores que atravesarán de arriba abajo el sistema de conocimiento durante los próximos años y traerán consigo una situación francamente compleja: el descenso de la tasa de natalidad (se prevé la perdida de un tercio del alumnado en los próximos diez años), el aumento de las migraciones (que puede acrecentar la segregación y conlleva el riesgo de ruptura social) y la llegada de la digitalización, que provocará grandes cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay motivos suficientes para acometer una gran transformación del sistema. Una transformación así requiere un nuevo suelo legitimador, y el diseño de nuevas herramientas y estrategias. Vamos tarde, y las anteriores tres legislaturas han sido años perdidos a la hora de diseñar nuevas herramientas y estrategias.
Creemos que es el momento de abrir una nueva fase. Es lo que requieren los factores con los que nos manejamos, los que hemos citado. Prolongar el statu quo actual no es una opción. Hemos solido señalar que es el momento de institucionalizar y lanzar la hipótesis de la confluencia. Es decir, el momento de coger las mejores características de cada tradición educativa presente en Euskal Herria y empezar a crear algo nuevo, para poder dar un salto en calidad educativa, equidad y euskaldunización; también en la CAE.
Para eso tenemos que trabajar, indefectiblemente, tres puntos cardinales; el primero, el desarrollo de los centros escolares autogestionados; el segundo, un proceso de enseñanza y aprendizaje que nos llevará a crear hablantes euskaldunes plurilingües; y el tercero, enfrentarnos a la segregación por clase y origen.
En la última legislatura ha visto la luz la nueva ley de educación de la CAE derivada del acuerdo educativo de la CAE. Es sabido que esa ley no ha contado con el aval político de EHBildu. Con todo, el proceso que ha durado tres años nos ha dejado suficientes enseñanzas para definir acertadamente los retos que debemos afrontar en adelante. Es el momento de subsanar las lagunas y carencias de esta ley insuficiente que está en vigor, y de emplear los asideros que nos ha dejado.
Un marco normativo, con todo, no resolverá los problemas que tenemos en el sistema educativo. Nos enfrentamos a un reto complejo y, por lo tanto, nos resultarán imprescindibles los procesos complejos y la cooperación entre muchos implicados. Tenemos que activar todas las capacidades que como pueblo tenemos a nuestro alcance.
COMPROMISOS PARA EL 2028
1.7 Garantizar la equidad del sistema: impulsaremos la descentralización que evite la no-regularización, apostando por los centros escolares autogestionados, e impulsando también la vía que propicie dar un salto en equidad y calidad. Esto añade nuevas responsabilidades a las que el Departamento de Educación tenía hasta ahora. Para ello también regularemos de manera exhaustiva los programas contrato y su utilización para que se empleen de manera prioritaria con la finalidad de garantizar la equidad.
1.8 Evaluación del sistema: pondremos en marcha una nueva perspectiva para evaluar de manera integral todo el sistema, al objeto de posibilitar la experimentación y la innovación continua que de ella deriva. Será el ‘Instituto Vasco de Evaluación, Investigación y Prospectiva del Sistema Educativo’ el que se encargue de marcar las pautas para ello, en cooperación con el ‘Instituto para el aprendizaje del euskera y de las lenguas’ y con el ‘Consejo Escolar de Euskadi’.
1.9 Confluencia: pondremos en marcha vías de estudio de las posibilidades de confluencia entre centros escolares. Para ello, abriremos la posibilidad de experimentar a escala local creando el marco normativo necesario. Con todo ello, fomentaremos y acompañaremos los procesos cooperativos que le resulten necesarios.
1.10 Cooperación vasca: crearemos redes que hagan posible la cooperación entre proyectos educativos, centros escolares o barrios y localidades del resto de territorios de Euskal Herria.
3.6 Impulsar la interculturalidad como línea transversal y formar al alumnado en ello.
3.7 Ampliar la red de los centros escolares que participan en el programa ‘Hedatzen’.
3.8 Crear oficinas de escolarización en los municipios.
3.9 Fomentar proyectos de innovación educativa, con el objetivo de atraer a ellos niveles también bajos de ISEC.
3.10 Impulsar planes diferenciados para la formación y empoderamiento de las familias.
3.11 Establecer equipos interdisciplinares, incluyendo en ellos trabajadoras y trabajadores sociales.
3.12 Garantizar servicios sanitarios básicos en los centros escolares en los que predomina la pobreza y la exclusión: dentista, alimentación o hábitos saludables.
3.13 Adaptar el protocolo para mejorar la comunicación y la relación que las familias con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y, sobre todo, con Necesidades Educativas Especiales tienen con centros escolares y Berritzegunes, para que el centro escolar sea un espacio inclusivo.
3.14 Crear una guía que defina todo el recorrido de escolarización regulado del alumnado con NEE, para que todas las familias lo tengan disponible.
3.15 Garantizar recursos que respondan a todas las manifestaciones de discapacidad a lo largo de todo el recorrido educativo (especialista de apoyo educativo, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionales, logopeda, intérprete del lenguaje de signos, trabajador o trabajadora social, PPRL…)
3.16 Renovar el estatuto del profesorado.
3.17 Reconocer su naturaleza educadora a sectores que no son profesorado, y estabilizar al personal de limpieza y de cocina.
3.18 Acometer la reflexión en torno a la adaptación de los estudios de profesorado a los nuevos tiempos y diseñar una plantificación estratégica en la Escuelas de Magisterio / Facultades de Educación.
3.19 Completar el nuevo modelo de OPE con el sector.
3.20 Adaptar la normativa para realizar sustituciones.
3.21 Acordar la hoja de ruta para equiparar la edad de jubilación y las condiciones de todos los cuerpos de la enseñanza.
3.22 Crear una red de buenas prácticas educativas.
3.23 Adaptar las normativas en vigor para que el alumnado de Trebiñu puede acceder a sus estudios en las mismas condiciones que el de la CAE, y tenerlo en cuenta en las normativas que se tengan que adaptar. Por ejemplo, en las becas universitarias.
3.24 Garantizar recursos humanos y materiales suficientes para dar respuesta de manera digna y adecuada a las exigencias del alumnado con necesidades educativas especiales, contratando para ello de urgencia cuantas personas profesionales sean necesarios y adaptando los entornos escolares.
3.25 Realizar un diagnóstico compartido en torno a la situación, la realidad y las nuevas exigencias de las necesidades educativas especiales.
3.26 Renovar el Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales.
3.27 Reconocer la etapa 0-6 años y recuperar el ciclo 0-3 años:
– Renovar el Consorcio Haurreskolak.
– Crear nuevas plazas en el Consorcio Haurreskolak en las áreas necesarias, prioritariamente en Bilbo y Donostia.
– Garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles municipales.
3.28 Readaptar la oferta con las medidas acordadas con los agentes del área para adaptar la educación para adultos a los nuevos tiempos.
3.29 Lograr un acuerdo duradero con el sector para que cada curso el transporte escolar esté garantizado.
4.6 Realizar el diagnóstico del ordenamiento de espacios en todos los centros escolares utilizando la herramienta POEMS.
4.7 Garantizar a los centros escolares la posibilidad de cambiar su ordenamiento.
4.8 Contratar personas expertas de cara la renovación de los espacios en los Berritzegunes.
4.9 Liberar a personas profesionales que harán labor de puente para redirigir el ordenamiento educativo de los espacios en los centros escolares.
5.7 Elaborar un protocolo contra la LGBT+fobia
5.8 Impulsar políticas educativas positivas que se reflejarán en el currículum básico, en favor del reconocimiento, el respeto, la diversidad (funcional, ideológica, sexual, identitaria…) y la convivencia.
5.9 Crear un programa para convertir los espacios exteriores de los centros escolares en espacios libres, educativos y coeducativos.
11.5 Diseñar la implementación de los Certificados Laborales en las dinámicas diarias de la formación reglada, para que aquellas personas que las requieran puedan participar diseñando los procesos de enseñanza-aprendizaje Ad-hoc.
11.6 Puesta en marcha de proyectos basados en I+D+I en cooperación pequeñas y medianas empresas sobre la base del desarrollo local.
11.7 Facilitar el relevo generacional en distintas profesiones, mayoritariamente autónomo, poniendo en contacto a profesionales con alumnos de FP.
11.8 Puesta en marcha de un servicio diferenciado de ayudas al alumnado con necesidades educativas especiales en la Formación Profesional.
11.9 Reforzar la Formación Profesional Inicial para integrarla en igualdad de condiciones en el sistema.
11.10 Instaurar la figura de la personal profesional orientadora (Laboral y psicopedagógico) en todos los centros de FP.
11.11 Diseñar un plan específico para facilitar y apoyar el acceso a los estudios de FP a jóvenes en riesgo de exclusión social, desplazado y emigrante.
11.12 Facilitar el acceso y la dotación de recursos digitales para llevar a cabo una formación profesional de calidad a personas privadas de libertad.
11.13 Diseñar e implementar un ambicioso, y real, plan de internacionalización de la nueva FP cooperativa basado en proyectos de innovación e investigación aplicada.
11.14 Establecer una estrategia para llegar a acuerdos de cooperación entre centros de FP de Euskal Herria.
11.15 Establecer una estrategia para que el alumnado de toda Euskal Herria pueda estudiar en la red de FP de la CAPV en euskera, creando un sistema de becas para el pago de los gastos de manutención y transporte.
12.6 Renovación del sistema de becas y recuperación de lo perdido.
12.7 Poner los medios para parar las reformas y decretos que fomentan la mercantilización de la universidad e impulsar el debate entre la comunidad universitaria.
12.8 Crear un foro específico para dar pasos en el camino de la Agencia de Acreditación propia.
12.9 Impulsar el acuerdo intersectorial en el camino hacia un profesorado propio.
12.10 Crear un servicio específico de formación, asesoramiento y financiación para situarse en la dirección del currículo y evaluación propia definida por las Escuelas de Magisterio/Facultades de Educación.
12.11 Reforzar las políticas a favor del uso académico del euskera.
12.12 Impulsar y apoyar la Universidad on-line en euskera. Compromiso de puesta en marcha de la Universidad Integral on-line en la presente legislatura.
12.13 Compromiso de incrementar la oferta formativa on-line a lo largo de la vida en euskera en el Sistema Universitario Vasco.
12.14 Reconocimiento y promoción de UEU – Udako Euskal Unibertsitatea.
12.15 Colaborar en el desarrollo del Centro Asociado GOI.EUS (Colegio Online Superior).
12.16 Creación del Instituto Vasco de la Sociedad del Conocimiento.
– Situar el ámbito de definición de la investigación en Euskal Herria.
– Situar la investigación al servicio de las necesidades de Euskal Herria.
12.17 Garantizar el pago íntegro de los salarios debidos a los doctorandos desde la aprobación del EPIPF.
12.18 Aumentar el presupuesto destinado a investigación pública.
12.19 Compromiso de dignificar, mejorar e integrar en el convenio laboral las condiciones laborales de los investigadores doctorandos.
12.20 Acabar con la precariedad en la UPV/EHU y garantizar oportunidades para desarrollar carreras de investigación dignas.
12.21 Impulsar la movilidad internacional del alumnado, especial- mente a través del programa Erasmus+.
12.22 Compromiso de equilibrar la ratio PAS/PIA de la UPV/EHU.
12.23 Ampliar la red Aquitania, Euskadi, Nafarroa y promover la línea de actuación de normalización del euskera y fomento de proyectos cooperativos.
12.24 Dar pasos para garantizar el derecho del alumnado preso a estudiar en la UPV/EHU.
12.25 Modificar el Decreto 41/2008 sobre retribuciones del profesorado y del personal investigador de la Universidad del País Vaco para mejorar y actualizar las retribuciones y las condiciones de trabajo.
12.26 Compromiso para afrontar el empeoramiento y la precarización que ha sufrido la situación del profesorado sustituto a consecuencia de la ley orgánica LOSU y dignificación del mismo.
12.27 Compromiso para reconocer y crear nuevas enseñanzas profesionales superiores de artes circenses.
Según las enseñanzas de Pepe Mújica, la mejor respuesta individual que podemos ofrecer ante la época que nos ha tocado vivir es darle un propósito a la vida. Mújica defiende que es pobre quien carece de comunidad, y que necesitamos una causa más allá de nosotros mismos para darle sentido a la vida. Por consiguiente, la respuesta colectiva puede ser hacer de esta causa más allá de nosotras una causa colectiva. En el caso de Euskal Herria, consiste en recuperar nuestro proyecto nacional.
En esta época de desafección, donde las consecuencias de la globalización afectan directamente a nuestra realidad, lengua, cultura y naturaleza vulnerable, donde los flujos migratorios no dejan de cambiar o aumentar, la identidad comunitaria es el sentimiento de formar parte de una comunidad solidaria y abierta y, por tanto, la base principal sobre la que fortalecer la cohesión social. En nuestro caso, se trata del proyecto nacional vasco.
¿Y qué significa recuperar nuestro proyecto nacional? ¿Qué significa eso aquí y ahora? ¿Qué significa fortalecer nuestra identidad comunitaria en este 2024 y en esta Euskal Herria? ¿Qué es el nuevo proyecto vasco? Estas preguntas fundamentales hay que plantearlas de manera compartida, abierta y positiva.
Para todo esto, en palabras de Joxean Artze, debemos beber de la vieja fuente, beber el agua nueva, el agua que siempre es nueva, de la fuente que siempre es vieja. En otras palabras, debemos potenciar una identidad comunitaria abierta y contemporánea, sin olvidar quiénes somos y aceptando las nuevas realidades, puesto que las circunstancias sociales y políticas del siglo XXI y las características del mundo que viene hacen necesario recorrer un camino compartido, impulsando dinámicas cooperativas eficaces y capaces de desbloquear la capacidad comunitaria que tenemos como país.
Por este motivo, en este replanteamiento colectivo, será imprescindible activar los procesos populares en ámbitos estratégicos, como, por ejemplo, para insuflar vida al euskera y avanzar en políticas lingüísticas; reavivar un ecosistema cultural común; estructurar un sistema nacional de comunicaciones; detallar políticas internacionales; ser un país de acogida; expandir la marca Euskal Herria Basque Country con características propias, etcétera.
El proceso de euskaldunización se encuentra en un punto muerto. Hace años que lo confirman tanto la actividad cultural vasca como las personas expertas de distintos sectores. Debido a una serie de factores, el proceso de euskaldunización no es el ideal: la debilitación de los arnasgunes o lugares donde se puede respirar la vida en euskera, la pérdida de referentes culturales, el declive de la televisión, la fragmentación del consumo y el estancamiento de la curva de uso, entre otros.
Serán vitales las políticas públicas fuertes, con un rumbo claro y dirigidas a contrarrestar la situación, acompañadas de proyectos compartidos del ámbito de la actividad cultural vasca y otros sectores implicados, especialmente en cuatro pilares fundamentales: educación, medios de comunicación, ocio infantil y juvenil y mundo laboral.
La única manera de plantearse un posible avance cualitativo en el proceso de euskaldunización es desde el trabajo conjunto y el consenso de diversos agentes. El proceso de euskaldunización necesita un ecosistema de cooperación nunca visto hasta ahora.
El Gobierno Vasco no ha estado a la altura del reto. En consecuencia, se han desperdiciado las tres últimas legislaturas. En estas circunstancias, son evidentes las dificultades para garantizar los derechos lingüísticos de todas las personas y avanzar en la universalización del euskera. Son representativas de ello las leyes promulgadas los últimos años, donde la coherencia respecto a los criterios lingüísticos brilla por su ausencia.
Para ser más exactas, las leyes modificadas no se han adaptado a los nuevos tiempos para integrar las políticas lingüísticas; entre otras, la ley de las personas consumidoras, la de la función pública, la del empleo público, la de educación, la de la actividad física y el deporte.
EH Bildu ha propuesto estas dos últimas legislaturas una ley para garantizar el derecho al conocimiento del euskera, que han rechazado tanto PNV como PSE. Además, resulta preocupante la terquedad de los partidos que han sostenido los últimos gobiernos para negarse a alcanzar consensos a este respecto. Pongamos por caso la Agenda Estratégica del Euskera 2021-2024 que el Gobierno Vasco llevó a debate al Parlamento Vasco, o la actitud que han mantenido en cuanto a las aportaciones de EH Bildu dirigidas a reformar el decreto de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco.
También nos parece grave, en un momento en el que son necesarios los consensos para avanzar en firme, no haber llegado a acuerdos institucionales en distintos ámbitos laborales; por ejemplo, en el ámbito sociosanitario, Osakidetza, los cuidados, el ámbito socioeconómico, el entorno digital, los euskaltegis, el ámbito audiovisual, el ocio, etcétera.
COMPROMISOS PARA 2028
La cultura es un aspecto estratégico para nosotras, pues, como expone la filósofa Marina Garcés, hace posible la expresión autónoma a través de la cual una sociedad puede pensarse a sí misma, y su relación con todo lo que la rodea. Nuestro deber es posibilitarla y proteger a los agentes y las personas que trabajan en este ámbito. La cultura no es un producto que deba estar a la venta, ni tampoco un patrimonio que defender a toda costa; se trata de una actividad viva, plural y conflictiva, y la ciudadanía nos valemos de ella para darle sentido al mundo que compartimos y en el que nos implicamos. Por esta razón, la relación entre la política y la cultura debe abrir caminos para hacer posible otra experiencia común. Además, en un pueblo sin estado como Euskal Herria, dependiente de múltiples sometimientos, la importancia de este aspecto es mayúscula para la construcción de un país más soberano y, por lo tanto, más justo, digno y libre. En cambio, la política ha marginado por completo la cultura y la ha utilizado como mero decorado. Sin embargo, en el marco de un proyecto político puede y debe ser totalmente estratégica.
Sin cultura, habría un único pueblo homogeneo. Viviríamos en distintos lugares, pero las personas no seríamos diferentes entre nosotras. El afán de homogeneización que se encuentra en la base del capitalismo provoca la desaparición de la diversidad cultural. Y fortalecemos este principio cada vez que le damos la espalda a nuestra cultura, que rechazamos la protección que necesita y que tratamos de manera irresponsable a las personas y profesionales creadoras. La cultura tiene una influencia sensible en la normalización lingüística y no se valora lo suficiente. En la mayoría de las ocasiones, esta influencia en la cohesión y autoestima de un pueblo pasa desapercibida.
Somos seres colectivos y la cultura forja lazos que nos conectan. Cuando protegemos una cultura robusta, se fortalecen la solidaridad, la empatía y el respeto mutuos. Pero este aspecto es bidireccional, puesto que respetar a las culturas de las personas de otros orígenes que viven en nuestro territorio y dejar paso a las expresiones artísticas y culturales pueden ser claves para la convivencia y la inclusión y, al mismo tiempo, también les abre las puertas a la cultura y la lengua vascas. El acceso a la cultura es un derecho de toda persona ciudadana y debería garantizarse como tal, replanteando y reforzando las ciudadanías vascas y haciendo de ellas un lugar de cohesión. Además, en tanto vacuna contra la alienación, fomentar la cultura provocaría en gran medida que la sociedad fuera más crítica e independiente.
La política cultural actual debe estar protagonizada por una sociedad diversa y formada por agentes de todo tipo, sujetos de la cultura colectiva. Necesitamos una cultura compartida, una política que prestigie la creación, que cree puestos de trabajo y que ayude a conservar los ya existentes, que integre la viveza en los procesos creativos y productivos mediante una cultura propia de producción. Una cultura entendida como proceso de gestación de la comunidad que respete la diversidad propia, clave para fortalecer y revivir la cultura vasca y el euskera, abierta al intercambio, con cabida para todos los estratos, edades, géneros… En resumen, una política cultural que aúne la gobernanza democrática de la gestión cultural y el desarrollo de iniciativas autogestionadas.
Por lo tanto, tenemos por delante todo un reto ante esta realidad que tanto ha cambiado y, aunque el gobierno de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ha dado pasos en la XII Legislatura al redactar y aprobar otro Plan Estratégico de Cultura 2028, sigue planteando la misma política cultural que hace una década. Así lo demuestran los presupuestos del Departamento de Cultura, que se repiten año tras año sin ningún tipo de cambio de rumbo, sin novedades y sin apuestas claras. Un ejemplo más del modelo caduco de gobierno.
La madurez y el alto nivel de quienes trabajan en el mundo de la cultura no se corresponden con las condiciones laborales y la situación que sufren. Salvo excepciones, el sector soporta malas condiciones y se encuentra en una situación muy vulnerable, especialmente los proyectos culturales en euskera y quienes los emprenden. Este debe ser uno de los aspectos más importantes que se desarrollen junto con el objetivo principal. Una acción sin precedentes y un plan de inversiones audaz, el desarrollo del Estatuto Vasco de las Personas Artistas, Creadoras y Profesionales de la Cultura, exprimiendo al máximo las herramientas y competencias de las que disponemos, reforzando las expresiones culturales fundamentales y defendiendo con ahínco que suponen la base del ecosistema, en contraposición al modelo cultural basado en megaproyectos y macroeventos, que se mide en términos monetarios y cuyo objetivo principal consiste en atraer turismo.
COMPROMISOS PARA 2028
El sector audiovisual resulta estratégico desde el punto de vista de la economía, la cohesión social y especialmente la lengua y la cultura de un país. En los últimos 15 años, con la revolución digital, Internet, las redes sociales y la llegada de las plataformas de streaming, los medios audiovisuales han multiplicado el peso que tienen en nuestras vidas. Sin embargo, junto con esta diversificación de oferta y recursos, también ha disminuido el peso relativo del euskera en las pantallas.
El repentino ascenso de la digitalización y el uso generalizado de los smartphones han provocado que el sistema de comunicaciones vasco se debilite de manera sensible en los últimos 10-15 años. En la actualidad, las personas jóvenes vascas les dan la espalda a los medios de comunicación tradicionales arraigados en el país para sumergirse en prácticas comunicativas de la red global. Además, el espacio comunicativo vasco se está disolviendo en el de España. El 70 % de las personas entre 14 y 19 años no consume medios de comunicación tradicionales asentados en Euskal Herria. ¿Quién les hablará de Euskal Herria? ¿Cómo se socializarán las nuevas generaciones respecto a la cultura, la lengua o la política o el sistema de valores en esas condiciones? No hay ninguna política dirigida a estructurar un sistema nacional de comunicaciones.
A pesar de saber que, según los últimos datos, son varios los factores que se encuentran tras los indicios de que la calidad del euskera y el uso en la calle han bajado o se han resentido, creemos que las dificultades para que los medios audiovisuales en euskera se adapten a la nueva época digital tienen mucho que ver con la cuestión. En los últimos tiempos se han publicado numerosos estudios sociolingüísticos que defienden esta tesis.
Además, aparte de ser un aspecto fundamental para la normalización de la lengua, debemos tener en cuenta que también están en juego los derechos de las personas. La ley de la CAV 10/1982, básica de normalización del uso del euskera, recoge en su capítulo III, al igual que la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales de 1992, en sus artículos 11 y 12, el derecho de la ciudadanía a acceder a medios audiovisuales en nuestra lengua y la responsabilidad de las instituciones para que se cumpla.
COMPROMISOS PARA 2028
En el diagnóstico de nuestro programa electoral de 2020 defendíamos que la situación mundial había cambiado de manera ostentosa desde la década de los 90 y que las funciones de las instituciones conocidas hasta entonces estaban cambiando, y que ello tenía un gran impacto en pueblos sin estado como el nuestro. Hoy nos encontramos a las puertas de un nuevo equilibrio entre relaciones de poder, con la aparición de distintos actores y la proliferación de conflictos. Los cambios producidos estos últimos cuatro años, además de confirmar nuestras previsiones, nos han traído nuevos escenarios imprevisibles: el abandono del alto el fuego del Frente Polisario y el regreso a la guerra contra Marruecos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, la apología explícita de la guerra en distintos estados europeos; y, mientras tanto, el ataque genocida de Israel contra el pueblo palestino ante la complicidad y la impotencia de la comunidad internacional. Y qué decir de la política que lleva a cabo Turquía en Kurdistán, del ascenso del autoritarismo que se está dando en la propia Europa, o de la crisis del proyecto europeo.
En este escenario tan complejo, si pretendemos que nuestro pueblo sea soberano, es evidente que tenemos que entablar relaciones por todo el mundo y darnos a conocer. Si queremos tomar el lugar que nos corresponde en el mundo, sin olvidar nuestros intereses y lo limitado de nuestra capacidad, también debemos representar el papel que nos toca. En los últimos años el Gobierno Vasco no ha respondido a este desafío. No ha llevado a cabo una política exterior adaptada a nuestras necesidades y dirigida a reconocer nuestra nación.
Deberemos reforzar las relaciones con otros países que quieren ser soberanos, al igual que Euskal Herria, y las instituciones vascas deberán tener relaciones permanentes con las instituciones de dichos países, al tiempo que nos aseguramos de que nuestra proyección exterior se aborda de acuerdo con las ideas y valores que nos definen. Carecemos de una marca común para visibilizar nuestro país en el plano internacional y desde las instituciones tampoco hay un consenso acerca de este planteamiento. En vez de reforzar la marca Basque Country (sin entrar a valorar su idoneidad), hay instituciones que fundan marcas propias y que no se amparan bajo éste paraguas.
A este respecto, la diáspora vasca realiza un trabajo excepcional para conservar la identidad y la cultura vascas y para darlas a conocer al mundo. Debemos admitir la capacidad de la diáspora vasca como agente en este proceso de internacionalización y reforzarla para que pueda llevar a cabo dicha labor, para lo cual deberemos aprobar la ley que se merece.
Con el fin de encarar estos retos, deberemos aumentar la importancia y los recursos que asigna el Gobierno Vasco a la acción exterior y fortalecer la estructuración institucional para presentarnos como país ante otros estados.
– Fundar la Eurozona Vasca y hacer uso de las opciones para avanzar como nación, con el fin de fortalecer las relaciones con la Comunidad de aglomeración del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Definiremos la estrategia vasca para la cooperación internacional.
– Profundizar en las labores a favor de la oficialidad de la selección vasca, entablar conversaciones con el CSD estatal para que los equipos vascos puedan competir oficialmente. Reactivaremos y actualizaremos el proyecto para estructurar el Marco de Competición Oficial de Euskal Herria.
– Avanzaremos en la creación de la Nación Digital Vasca, entablando relaciones permanentes y continuas entre la CAV, Nafarroa y la Comunidad de aglomeración del País Vasco mediante el refuerzo de la cohesión territorial y la identidad nacional. Para ello, se fomentará la cooperación interterritorial, extendiendo el uso del euskera. También se fortalecerán en este sentido las relaciones con las distintas diásporas vascas repartidas por el mundo.
Ante el cumplimiento del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es preciso remarcar que todos los Estados deben respetar y proteger todos los derechos de todas las personas, en la medida en que se trata de una obligación jurídica. Los poderes públicos están obligados de manera imperativa a respetar y garantizar la dignidad e integridad de las personas sin discriminaciones. Desde EHBildu tenemos claro que la legislación internacional de los derechos humanos y el conjunto de valores que de ella se desprende constituyen una sólida base. Pero la incertidumbre y la falta de eficacia ante las graves amenazas que estamos padeciendo en la actualidad a escala mundial son tremendas. La crisis de este sistema es evidente.
Hay más de 100 conflictos armados activos a lo largo y ancho del mundo. Los genocidios aterrorizan nuestra conciencia. Las continuas ejecuciones, las desapariciones forzosas, la tortura y otras graves vulneraciones de los derechos humanos se multiplican por todo el planeta. En nuestro caso, también hemos padecido profundas y amplias vulneraciones de los derechos por motivación política en el pasado. En la actualidad, la violación de esos principios está tomando cada vez más un sesgo social y económico.
No se trata únicamente de la vulneración de derechos civiles y políticos, que tal vez sean los más significativos y evidentes, se están violando también sin reparo derechos sociales, económicos y culturales, bloque al que últimamente se le añaden los medioambientales. En ese sentido, el capitalismo salvaje que practican las corporaciones multinacionales vulnera los derechos de manera brutal, aquí y allá. Es preciso crear un Observatorio al respecto, para conocer su verdadera magnitud, y para proponer e implementar respuestas adecuadas.
Los derechos de los individuos tienen un valor completo, “sin realizar ningún tipo de distinción por color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier tipo de origen o cualquier otra característica”, conforme a la Declaración Universal. En nuestro país también la imposibilidad de ejercer los derechos humanos o sus vulneraciones directas crean un grupo de ciudadanos y ciudadanas de segundo nivel por su origen, raza, orientación sexual o identidad, o por su perfil socioeconómico. Las faltas, discursos y delitos de odio que se están convirtiendo en habituales en nuestra actual generación tienen a las desigualdades sociales como punto de referencia.
Mediante la pedagogía y la educación, reforzando la solidaridad y la diversidad, es preciso enfrentarse a los actos de odio, empoderando a nuestra comunidad dentro de un esquema de tolerancia “0”.
No podemos olvidar los derechos colectivos. Conjugamos el derecho que se tiene a su propia cultura, lengua, identidad, personalidad y a la autodeterminación de los pueblos, recogida literalmente en los tratados internacionales, mediante el derecho a decidir en Euskal Herria. Hay que tomar la iniciativa para llevarlo a la práctica, para que logremos aquí un amplio consenso, para que lo que se decida se respete a ojos del mundo.
La Declaración de los Derechos Universales es importante: establece también todo un sistema para ejercer en la práctica derechos y libertades, y para sustanciar su defensa ante las vulneraciones, de diferentes niveles: universal, internacional, regional, local. Y últimamente su crisis es más evidente que nunca. Nosotros, desde nuestra pequeñez, tenemos que reforzar el sistema de protección de los derechos humanos a fin de superar la incertidumbre reinante, para que las herramientas de protección sean eficaces. Queda mucho por hacer. El compromiso de EHBildu consiste en fomentar los valores de los derechos humanos en lo cotidiano, exigírselos a todos los poderes públicos y defender a todas las personas en todo el mundo de las continuas amenazas.
En ese sentido, los poderes públicos tienen una ineludible obligación para que se respeten los derechos humanos y las libertades democráticas. Garantizar a toda la ciudadanía la seguridad y ofrecer una convivencia pacífica como sociedad son factores que deben basarse en el respeto de los derechos individuales y colectivos. Facilitar el acceso a la justicia, disponer a tiempo procedimientos adecuados y resoluciones, asegurar la defensa de los abogados y la representación de los procuradores, dotar de recursos para que cada persona se exprese en su lengua, aumentar los medios para las prácticas de las pruebas… Todo ello conllevará que se revierta el bajo nivel de confianza existente entre la ciudadanía respecto al sistema de justicia (es la Administración peor valorada en el Sociómetro), y serán sobre todo pasos importantes en la regeneración y modernización del sistema de justicia. Siendo conscientes que la CAE tiene competenciaa limitadas en ese campo, hay mucho por hacer.
El traspaso de la competencia del sistema penitenciario ofrece también una magnífica ocasión para desarrollar otra política penal, en la que se optará por la aplicación de otro tipo de medidas ante el castigo penal y se implementarán políticas a la altura de las sociedades más avanzadas en los casos en los que ese castigo penal se cumpla, basadas en la reinserción de las personas, y se establecerán el diagnóstico y las medidas sobre las causas del encarcelamiento, verdaderas políticas preventivas y posteriores seguimientos individualizados. Se revisarán las estructuras, los programas y las políticas más progresistas que ofrece la legislación penitenciaria, y los avances que deben darse en el área de personal constituirán el eje de la actuación.
La profundización de la figura y de las atribuciones del Ararteko traerá consigo a su vez que se incremente el control sobre el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades democráticas, y será un paso más hacia la consecución de una sociedad más democrática.
DIAGNÓSTICO
La sociedad vasca, como cualquier otra sociedad moderna de Europa occidental, enfrenta múltiples retos y preocupaciones desde la perspectiva de la seguridad. Una perspectiva subjetiva, una percepción que varía de una persona o colectivo a otro.
Además del abordaje clásico represivo-punitivo (que busca la prevención y, si esta no es posible, la persecución del delito) y la seguridad como garantía de derechos EHBildu quiere trabajar una tercera vertiente de la seguridad como cuidado comunitario, para reforzar las relaciones sociales y la solidaridad colectiva ante hechos que agreden la seguridad.
Por lo general, conductas que afectan a la convivencia entroncan con aspectos relacionados con la exclusión social, pobreza, adiciones, problemas de salud mental… entre otros. Las medidas reactivas-represivas puras se han revelado ineficaces para la consecución de la seguridad, por el contrario, incidir en las causas antes expuestas es un valor seguro para alcanzar el fin propuesto. La seguridad, en su conjunto, debe ser configurado como un poliedro en la que las diferentes caras representen áreas de conocimiento sociales que puedan incidir en la seguridad individual como colectiva. En este sentido, policías (Udaltzaingoa y Ertzaintza), profesionales de la salud, bienestar social, educación, igualdad, urbanismo, judicatura, fiscalía, técnicos de criminólogía… deben coordinarse tanto en mesas locales como a nivel de la CAV para proponer soluciones inmediatas y a medio y largo plazo.
Por lo tanto, entendemos la seguridad es una preocupación ciudadana, un derecho y un servicio público que se debe prestar desde la vocación y la profesionalidad. Desde la proximidad y la especialización. Un servicio que se ofrece desde diferentes agencias que deben abordar sus funciones de forma racional y coordinada. Una actuación pública, como todas, con recursos limitados que hay que reformular para su eficacia y sostenibilidad. Un servicio que debe enfrentar diversos problemas que tenemos en nuestra sociedad: ciberseguridad, delitos de odio, violencia contra la mujer, violencia contra personas menores de edad, delitos medioambientales, nuevas formas de criminalidad en el contexto internacional… Debemos ofrecer nuevas respuestas ante nuevos retos.
Y, por supuesto, EHBildu quiere equilibrar seguridad con garantía del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Queremos transformar las cosas en este ámbito. Todos los derechos para todos los vascos en toda Euskal Herria, ese es nuestro lema. No podemos caer en el fatalismo, hemos puesto toda nuestra determinación para alcanzar ese objetivo y transformar el modelo de seguridad.
En nuestra labor de oposición nos hemos bregado en el análisis y crítica del modelo de seguridad que se ha impuesto en las últimas décadas. Se han analizado los casos de desproporción e ineficacia, en muchos casos por falta de previsión y antelación, por delegación y dejación de funciones de dirección política y, en muchos casos, abierta mala gestión del Departamento de Seguridad. La vulneración de derechos de manifestación y huelga, la aplicación abusiva de la Ley Mordaza, así como graves incidentes de desproporción y arbitrariedad jalonan los últimos años. No es menos importante expresiones agresivas, euskarófobas e incluso abiertamente de extrema derecha por parte de algunos agentes. No podemos dejar de mencionar la protesta corporativa asindical secundada ampliamente en la Ertzaintza, que ha evidenciado actitudes y formas que si bien contenidas, ya se intuían dentro del cuerpo.
Por otra parte, la falta de transparencia por parte del Departamento ha sido una constante. El secretismo, la censura de la información como medida para preservar la eficacia policial ha configurado el acceder a protocolos e instrucciones misión imposible. La opacidad afecta a derechos de la ciudadanía, que desconoce los límites con que se presta el servicio policial. Mientras información reservada de atestados e investigaciones sensibles es continuamente filtrada a ciertos medios de comunicación, realizar un control institucional externo eficaz (como es el parlamentario) es una carrera de obstáculos.
En otro sentido, vemos que prevalece la voluntad del Departamento de extender el modelo de la Ertzaintza a las policías locales o a los servicios de emergencias o bomberos. La capacidad de la Academia de Policia y Emergencias de Arkaute no solo para atender las necesidades formativas de todos ellos, sino para realizar los procesos de selección está dando amplias muestras de agotamiento. Con métodos como el “sociograma” para evaluar a aspirantes desde un bisel político-social y con las OPEs conjuntas, Arkaute no responde al objetivo realizar la selección de personal desde la igualdad de oportunidades y para obtener una policía reflejo de la sociedad a la que debe servir.
Ante dichas disfunciones, hemos querido enfrentar un debate en profundidad para una policía euskaldun, moderna, civil, de proximidad, eficaz, transparente… Un debate que, si bien se ha desarrollado con total naturalidad en sede parlamentaria en Cataluña o, por ejemplo, en torno al Pacto de Seguridad en Bilbao, se niega en el Parlamento. Una oportunidad perdida.
COMPROMISOS PARA 2028
DIAGNOSTICO
A la sombra de la pandemia y de la pospandemia, hemos sido testigos de varias actuaciones en el poder judicial. Prueba de ello son las resoluciones contra los acuerdos tomados en la emergencia sanitaria o las graves resoluciones del poder judicial contra los derechos lingüísticos de los euskaldunes. En nuestro caso concreto, además, no disponemos de todas las herramientas que precisaríamos para responder de manera adecuada a este importante servicio público. Porque no tenemos la competencia para desarrollar nuestra legislación en todas las áreas –pese a que en la ponencia de autogobierno nuestras propuestas se han encaminado a exigirlo– y, a consecuencia de ello, tampoco para ejecutar nuestro sistema de justicia con la finalidad de que se hagan cumplir las leyes. Porque, de hecho, estamos subordinados a la justicia española.
La competencia que prevé el Estatuto se limita a organizar la Administración de Justicia. Nos encontramos con graves problemas estructurales de organización para que diversos servicios funcionen de manera adecuada.
Se ha dado un paso importante en la vía de la equiparación del personal de Justicia a las condiciones de las y los trabajadores de la Administración vasca (cuerpos de Tramitación Procesal, Gestión y Auxilio Judicial) como consecuencia de la firma del IV Acuerdo de Equiparación. Su lado malo ha sido que el personal del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) no ha logrado condiciones adecuadas de igual manera, y menos aún si se compara con el nivel del personal médico de Osakidetza.
Por otra parte, la parálisis de la justicia ha sido evidente. La pandemia ha dejado en evidencia las debilidades y limitaciones de la Administración de Justicia. Deberíamos citar entre ellas al euskera y a la garantía de los derechos lingüísticos. En realidad, es prácticamente imposible expresarse en euskera en la justicia. Por eso, es necesario llevar a cabo “proyectos piloto” en varios juzgados para que se pueda realizar un proceso judicial completo. Del mismo modo, también aparecen problemas evidentes en el campo de la digitalización. Porque el proceso de modernización de la justicia ha puesto sobre la mesa diferentes problemas, y durante los últimos años han destacado en ese sentido los obstáculos del ámbito digitalizado para que se pueda proceder en euskera.
Resulta imprescindible profundizar en el cambio de modelo en el área de la Justicia Juvenil. Porque además de garantizar los derechos básicos de la infancia y adolescencia, se deben garantizar también tanto la relación y como el vínculo de todas y todos los trabajadores que participan en el proceso de profundización de su desarrollo y de superación adecuada de su malestar, con el propósito de modificar el modelo de intervención. Ampliando y fortaleciendo para ello los modelos educativo y pedagógico. Considerando la importancia que tiene la estructura y el entorno, remarcamos la importancia de realizar un profundo estudio sobre las estructuras existentes en el área de la Justicia Juvenil, a fin de construir entornos que tengan una influencia positiva. Asimismo, es también imprescindible mejorar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores que ejercen en la Justicia Juvenil y estabilizar los empleos.
Nos encontramos con graves problemas para organizar una Administración de Justicia propia –falta de competencias– pero también con la incapacidad absoluta por parte del Departamento de Justicia para enfrentarse a los desafíos y problemas: carencias existentes en los juzgados de violencia contra la mujer, dificultad para desarrollar el expediente digital, imposibilidad de ofrecer el servicio en euskera, dejadez de algunos servicios, Instituto Vasco de Medicina Legal…
Además de limitar la formación en euskera, las plazas perfiladas no pueden sacarse a una OPE, porque el Ministerio de Justicia lo prohíbe. Por lo tanto, únicamente puede completarse mediante un concurso específico. Hay que hacer fuerza para cambiar la normativa de manera que posibilite completar esas plazas mediante oposición.
COMPROMISOS PARA 2028
Hacia un poder judicial vasco
DIAGNOSTICO
Sobre un diagnóstico concreto referente al modelo penitenciario, EHBildu diseñó un sistema alternativo completo sobre la política penal y penitenciaria, especificando diversas medidas, un sistema vinculado a una sociedad moderna y solidaria, que se preocupa por las personas encarceladas, que respeta los derechos de las personas presas, que da importancia a la integridad física, a la salud, al desarrollo personal y a las necesidades psicosociales, y, cómo no, que responde de manera prioritaria al derecho a reinsertarse en la sociedad de la mejor y más rápida manera posible. Esas medidas no se han implementado totalmente.
La competencia penitenciaria de las cárceles vascas está tomando tierra aún, es su segundo año de gestión. EHBildu ha tenido una actitud facilitadora con la implementación de esta competencia, sobre todo ante los ataques provenientes de los lobbies internos y de la extrema derecha. De todos modos, uno de los mayores problemas del ámbito penitenciario es la garantía de los derechos básicos, puesto que a lo largo de estos últimos años, desgraciadamente, hemos tenido constancia de varias muertes. Manifestamos la necesidad de profundizar en la importancia de tomar garantías y medidas para evitarlo.
En el contexto de la llegada de la transferencia de la competencia penitenciaria, EHBildu ha realizado un gran trabajo para que se materialice y se gestione adecuadamente. La actitud propositiva y favorable se materializó mediante nuestra actitud en favor de la Ley 3/2021 de 30 de septiembre de creación de la agencia Aukerak, porque considerábamos necesaria una herramienta así para gestionar la vida interna del centro penitenciario. El establecimiento de esta competencia ha conocido diversos obstáculos, que hay que superar hoy en día. Aun yendo en la buena dirección y disponiendo de todas las herramientas, ahora hay que dar pasos adelante porque se necesita una política penitenciaria diferente, alternativa y más humana. Esa es nuestra apuesta.
COMPROMISOS PARA 2028
Respecto a la competencia de centros penitenciarios, hay que enfrentarse a un modelo de gestión alternativa, que conlleva lo siguiente:
DIAGNOSTICO
La sociedad vasca tiene derecho a que se establezca un marco de verdad y justicia sobre las gravísimas vulneraciones de derechos humanos vividas en el pasado, marco sobre el que construir la convivencia. No se puede negar que se ha recorrido un largo camino, pero la observancia y garantía de los derechos a la reparación a todas las víctimas por igual no ha dado respuesta adecuadamente a sus necesidades.
Asimismo, el fin de la política de dispersión que se venía aplicando a las personas presas por motivación política ha tocado fin, afortunadamente. Algo que hay que poner en relación con la adopción de la competencia de penitenciario, lo cual ha supuesto que las Juntas de Tratamiento tengan una valoración más sopesada sobre la actitud y evolución de las personas presas. Aun así, el manteniendo de la legislación excepcional que se les aplica obliga a que sea el Juzgado de Vigilancia penitenciaria central de la Audiencia Nacional quien sigue realizando una lectura muy restrictiva de cara a acceder a la libertad.
Hay que impulsar un escenario en el que, basándose en la dignidad propia de todo ser humano, no se vulnere ninguno de los derechos humanos y libertades fundamentales. Hay que reforzar las bases democráticas para garantizar que no se vuelvan a producir vulneraciones.
La sociedad vasca tiene derecho a disfrutar un futuro de convivencia democrática y normalización política. Desde el respeto a la pluralidad, es necesario construir un marco político que permita defender democráticamente todas las ideas y proyectos políticos y desarrollarlos en libertad, removiendo todos los obstáculos que lo impidan.
Desde nuestro punto de vista, no se puede seccionar el conflicto que ha vivido este pueblo desde el golpe de Estado de 1936, la guerra y la dictadura hasta nuestros días. Así, EHBildu impulsó una ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo que, en un primer momento se encontró con la negativa del PNV-PSE. También rechazó la proposición de ley para la Memoria Histórica que nos trasladó a través de una ILP la Plataforma contra los Crímenes del Franquismo, la voz más autorizada en la memoria histórica. Sin embargo, una vez traída su propio proyecto de ley se ha podido llegar un acuerdo que cristalizó en la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática que, contó el voto favorable de EHBildu al acoger mejoras en torno a la verdad (creación de una Comisión de investigación) y la justicia (asumiendo recursos para tramitar querellas ante tribunales).
También estamos conociendo avances en la aplicación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Estas víctimas del Estado están viendo como son analizados sus casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas y como se van resolviendo sus expedientes de reconocimiento y reparación. Se han resuelto ya un total de 334 casos (187 en seguimiento del anterior decreto 107/2021 y otros 35 eb el año 2021, 46 en el 2022 y 66 en el 2023). Hay que mencionar que según informes de campo de expertos estamos hablando de más de 5.000 casos en Araba, Bizkaia y GIpuzkoa.
No se puede negar el avance, si bien el ritmo es desesperante y además estas víctimas se tienen que contentar con un reconocimiento admnistrativo no avalado por la justicia penal. Hubo torturados y ejecutados, no hay torturadores ni ejecutores. La Comisión de Valoración nos está trayendo recomendaciones sobre las que proponen reabrir el texto de la ley para incluir mejoras en el reconocimiento, reparación e indemnización a estas víctimas del Estado.
Si bien podemos considerar que el debate público en torno a lo que se ha venido a llamar la “batalla del relato” está desescalando, todavía hay un interés por generar tensión y nuevos agravios, más que para consensuar buenas prácticas de resolución, iniciativas compartidas y concitar sinergias.
En el marco de la desmilitarización, la reivindicación de una mayoría parlamentaria había sido hasta ahora la “retirada” de las Fuerzas de Seguridad Españolas. En la actual legislatura, el acuerdo entre PNV y PSE ha conllevado rebajar esa reivindicación, exigiendo que las fuerzas españolas “se adapten a su marco competencial”. Lamentablemente, hemos visto que el Gobierno Vasco ni siquiera tiene capacidad suficiente de hacer cumplir dicha demanda.
COMPROMISOS PARA 2028
Los instrumentos de monitoreo de la administración pública son imprescindibles. Pero una diversidad descontrolada de mecanismos de control y transparencia puede conllevar rebajar la intensidad y eficacia de dichos mecanismos. La oficina del Ararteko cuenta con experiencia y estructura para enfrentar esta misión de vigilancia de la actuación de las Instituciones públicas. Cómo no, tiene margen de mejora, entre otras cosas porque la “Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la Institución del Ararteko va a contar con 40 años dentro de poco.
Hemos evaluado en profundidad los ámbitos en que merecería la pena modernizar el mandato parlamentario que enviamos a esta Institución. Estar dotado de herramientas imperativas para que las instituciones que se resisten a la fiscalización respondan correctamente y en plazo; ampliar la vigilancia de actuaciones que afectan a derechos humanos a grandes corporaciones u organismos del ámbito privado; mejora de sus funciones de investigación y acceso a documentación; asumir capacidades tales como las que ofrece el Mecanismo de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas; facultad de presentar “amicus curiae” ante tribunales; ofrecer a las partes mecanismos de mediación y justicia restaurativa para resolver conflictos; interponer quejas ante organismos de “soft law” como los de Naciones Unidas…
El propio Ararteko manifestó que realizaría una propuesta para reformar su ley, que depositaría en los grupos parlamentarios. EHBildu, muestra su compromiso de analizar el texto que nos proponga y, sobre su diagnóstico y reflexiones, enfrentar la regeneración y modernización de esta importante institución de monitoreo.
INTRODUCCIÓN
La administración pública debe ser un instrumento eficaz para responder a las necesidades de la ciudadanía. Tener un sector público robusto es imprescindible para llevar a cabo políticas públicas transformadoras. Frente al deseo de representar el sector público como obstáculo que muestran las fuerzas de derechas y las teorías del neoliberalismo, desde la izquierda nos corresponde reivindicar la indispensabilidad del sector público.
Las fuerzas de derechas sostienen la idea de que el sector privado es más eficiente mientras desmantelan servicios públicos robustos que protegerán a toda la ciudadanía y ponen el dinero público en beneficio de intereses privados, la mayoría de las veces obedeciendo a dichos intereses, vaciando la administración mediante criterios de subcontratación o de distribución del dinero público y a menudo fomentando que se limite a desempeñar una labor de intermediaria.
Ante esta situación, existe un deber político de defender el sector público. Pero esto no puede limitarnos a defender fervientemente lo que tenemos en la actualidad. Quienes consideramos que un sector público robusto es una herramienta para proteger los intereses de la mayor parte de la ciudadanía no podemos caer en la autocomplacencia, sino que debemos enfrentarnos a las carencias actuales, poner de manifiesto la necesidad de modernizar la administración pública y adquirir el compromiso firme de transformarla. El sector público puede ser eficiente, operativo y más moderno, implementar procesos de digitalización, mostrar la capacidad de organizarse de manera flexible según las necesidades de cada momento y formar parte del proceso constante de transformación, así como garantizar los derechos de la plantilla y prestar los servicios a la ciudadanía de manera equilibrada.
Hay que reconocer que la administración, que constituye la organización del sector público, no responde a la velocidad en la que vive la sociedad hoy en día. El sector público ha quedado obsoleto ante ese mundo al que pretende servir. La sociedad está cambiando rápidamente: las nuevas necesidades personales, los nuevos retos de civilización, la digitalización… La derecha a menudo utiliza todo este déficit del sector público para decidir a favor de la privatización.
Sin embargo, no han alcanzado su objetivo político, pues en la sociedad existe un amplio consenso sobre la necesidad de los servicios públicos. Todas y todos necesitamos en algún momento de nuestra vida una educación de calidad, seguridad, atención médica, infraestructuras, facilidades para nuestras empresas, políticas para garantizar la calidad del trabajo, el fomento de la vivienda pública… Pero existe una gran diferencia en la confianza que genera dentro de la ciudadanía la oferta de estos servicios por parte de la administración. Son diversos los factores que pueden explicar este punto.
Por un lado, la propia calidad de los servicios. La falta de personal médico de atención primaria, las frecuencias y las rutas del transporte, las listas de espera para una operación quirúrgica, las infraestructuras obsoletas de los colegios públicos… Es una constatación que la opinión de que se ha dado un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos está muy extendida. Los procesos de privatización también han influido negativamente en la calidad de los servicios públicos, aunque se hayan llevado a cabo con supuestos criterios económicos y de flexibilidad.
Por otro lado, la manera de actuar de la propia administración también genera desconfianza hacia los servicios públicos, en gran medida en relación con la eficacia y la velocidad de la administración. Son ejemplos de ello la lentitud de la administración de justicia, la espera para recibir la renta básica, todas las gestiones burocráticas que tiene que realizar una creadora o creador cultural para recibir una subvención… Los procedimientos garantistas no deberían producir daños colaterales en la rapidez como lo hacen en la actualidad. Es urgente la necesidad de una administración eficiente y más moderna.
Por último, existe una gran desconfianza hacia los cargos públicos que se ocupan del dinero público y la política. Además de desprestigiar la política, se trata de algo que ha heredado todo el sector público y a lo que hay que poner fin. La manera de prestigiar el sector público para la ciudadanía consiste en acabar con la red clientelar, igualar el acceso a la administración pública para toda la ciudadanía tomando como única base los criterios objetivos, controlar el uso adecuado del dinero público y actuar con una mayor transparencia hacia la ciudadanía. Porque no solo hay que pedir a la ciudadanía, sino que también hay que ofrecerle sinceridad, eficiencia y calidad.
En definitiva, necesitamos una administración pública más moderna y más eficiente que sea estricta con el dinero público y transparente con los cargos públicos.
En los próximos cuatro años actuaremos en cuatro líneas principales para prestigiar la administración pública:
– Auditoría profunda de la administración pública.
– Digitalización de la administración.
– Empleo público.
– Transparencia y lucha contra la corrupción.
– Nuevas políticas de contratación pública y subvenciones.
Lo primero que haremos será encargar una auditoría profunda de la organización y la plantilla actuales de la administración. Teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la ley de la función pública y el resto del marco jurídico, la transformación de la administración pública supondrá cambios estructurales, pero también habrá que dimensionarla. Cuestionar la necesidad de tantas sociedades públicas, revisar la subcontratación y el personal adscrito a cada departamento, recuperar ciertos servicios privatizados, amortizar los puestos que se tengan que amortizar… Hay que elaborar una hoja de ruta para hacer que la administración pública sea más eficiente.
DIAGNÓSTICO
Es imprescindible adaptar la ciudadanía, todas las actividades económicas y la propia administración pública a los nuevos escenarios que trae la transformación digital. La administración pública no se puede quedar atrás despreciando los beneficios de las tecnologías digitales, sino que debe hacer frente a las novedades tecnológicas que nos llegan. Es más, no solo tiene que adaptarse a la nueva situación, sino también desempeñar un papel de tractora y emprendedora y utilizar las potencialidades de la transformación digital y la inteligencia artificial para lograr un gobierno y una administración pública accesibles, cercanos, inteligentes y eficaces.
Asimismo, la transformación digital tiene que darnos la oportunidad de reinventar y mejorar los procesos dentro de los servicios públicos de la administración; ni qué decir tiene, siempre en beneficio de la atención y el servicio a la ciudadanía.
Aunque la colaboración entre el sector público y el privado es fundamental para aprovechar al máximo las oportunidades de la transformación digital y abordar los desafíos con eficacia, resulta imprescindible que el sector público asuma el liderazgo de la transformación digital y la materialice en cooperación con todos los agentes. Tenemos que efectuar la transformación digital que vamos a vivir desde el liderazgo del sector público, de modo que sea éste el que le dé el impulso y centre la transformación digital en el bienestar de la ciudadanía. Asumiendo el liderazgo de la transformación digital, el objetivo será que los beneficios lleguen a toda la ciudadanía, sin dejar a nadie de lado, con el fin de construir una sociedad justa y cohesionada.
El objetivo de la administración pública digital tiene que ser mejorar la vida de la ciudadanía a través de las tecnologías digitales: reduciendo la burocracia, facilitando las tramitaciones, aumentando la eficiencia de los procesos, optimizando los recursos y garantizando un acceso universal y accesible a los servicios digitales. Creando entornos digitales empoderadores. No existen las personas discapacitadas, sino solo entornos que empoderan o discapacitan. También tenemos que utilizar la digitalización para este objetivo.
La administración digital que impulsaremos con ese fin se centrará en las siguientes estrategias:
Hasta la fecha, ha quedado de manifiesto la falta de liderazgo en el ámbito público y son varios los factores que reflejan el escaso desarrollo del gobierno digital y de la administración pública digital:
COMPROMISOS PARA 2028
DIAGNOSTICO
La situación del empleo público, con especial mención a las inaceptables tasas de eventualidad a las que se ha llegado en todas las administraciones públicas de la CAPV no son fruto de la casualidad, sino fruto de decisiones políticas concretas. Consecuencia de una política de empleo público que se ha aplicado durante décadas. Quizás consecuencia de la decisión que buscaba un sistema público más delgado, más flexible, más dependiente y más privatizado. O la consecuencia de una planificación errónea. O la decisión de no haber querido desarrollar un modelo propio, y asumir el modelo que desde Madrid viene impuesto. O la incapacidad de dar respuesta a los retos y problemas que la administración pública presenta mediante la negociación. O todos los factores juntos.
Las protestas de los sindicatos y de los colectivos de las personas trabajadoras afectadas, junto a las resoluciones judiciales tanto en el ámbito europeo como estatal, han obligado a las administraciones públicas vascas a poner en marcha procesos de consolidación y estabilidad del empleo público temporal e interino.
Estos procesos debieran de reducir las tasas de temporalidad en las plantillas de las administraciones públicas vascas por debajo del 8% como se fija desde Europa.
Se trata de garantizar el principio básico de que solo los empleos realmente temporales deben de cubrirse con contratación temporal, y no como se ha hecho hasta ahora, utilizar la contratación temporal para cubrir puestos de trabajo estructurales. Para ello los servicios públicos deben de ser prestados por plantillas suficientemente dimensionadas en atención a las cargas de trabajo y que además deben de ser prestados mediante empleo estable. Estamos hablando de servicios tan importantes como Osakidetza, Lanbide, Osalan, Educación….
Los servicios públicos de calidad que merece la ciudadanía deben ser prestados mediante empleo de calidad y suficiente en atención a las cargas de trabajo. Para ello es necesario salir de la inercia de décadas, replantearse los sistemas de oposición y contratación en las administraciones públicas, para garantizar su acceso democrático y transparente, no solo para bajar la temporalidad a una tasa por debajo del 8%, sino para evitar también que la situación pueda volver a reproducirse en el futuro.
La administración pública vasca debe de ser ejemplar cuando actúa como empleadora, pero hasta la fecha ha sido modelo precisamente de lo contrario, ejemplo de lo que no debe de hacerse. Prueba de ello también es la falta de control de las condiciones laborales y las graves infracciones en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales que se han dado en obras públicas importantes (TAV, metro de Donostia, San Mames…).
La tendencia que durante décadas ha generado el gobierno hacia la subcontratación y externalización de servicios públicos, unido a la falta de control de dichas contrataciones, ha llevado a delegar en la empresa privada la responsabilidad política de importantes servicios públicos como comedores escolares o ambulancias, entre otros, con las consecuencias que estamos viendo.
La externalización de servicios públicos mediante su subcontratación y privatización ha sido también utilizada por el gobierno para desentenderse de los conflictos laborales en los sectores subcontratados, por considerar que las condiciones en que se prestan esos servicios públicos, incluido la calidad de los mismos dejan de ser responsabilidad de la administración pública.
Por ello, después de décadas, resulta necesario salir de la inercia y analizar de forma crítica el modelo de prestación de servicios públicos hoy vigente.
También es necesario una planificación que permita una transferencia equilibrada del conocimiento y experiencia del capital humano existente hasta la fecha ante el importante relevo generacional que se va a dar en los próximos 10 años.
COMPROMISOS PARA EL 2028
En la última legislatura, la Ley de Transparencia ha quedado en el aire, presentada en el último momento y sin tramitar. Es la tercera legislatura consecutiva (legislaturas X, XI y XII) en la que ocurre lo mismo. En esta última se ha eliminado todo el apartado de participación y también se han observado retrocesos en los contenidos del proyecto de ley presentado, pese a haber introducido varias propuestas planteadas por EHBildu, con el claro objetivo político de desarrollar numerosos detalles mediante decretos y, en consecuencia, que baste con la sola aprobación del gobierno.
Por ejemplo, en la ley se incluye un apartado para el control de los grupos de interés, pero mucho más limitado que la propuesta de ley elaborada por EH Bildu hace unos meses. Asimismo, se propone la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia, pero con muchas menos competencias y capacidad de actuación que la propuesta para crear la Oficina por las Buenas Prácticas y contra la Corrupción que ha presentado EH Bildu en las dos últimas legislaturas.
Se debe abrir a la ciudadanía la actuación de las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca, profundizando en la información, el conocimiento y la proximidad y materializando medidas concretas para evitar y hacer frente a las malas prácticas. Esto exige una mayor ambición que la mostrada hasta ahora.
COMPROMISOS PARA 2028
Se necesita principalmente una batería de leyes con el firme objetivo de controlar, evitar y prevenir muchas prácticas no reguladas que se dan en la actualidad:
La crisis política pone en entredicho las democracias representativas occidentales. Vivimos tiempos de agotamiento de la política convencional. Resulta primordial activar nuevas formas de liderazgo capaces de articular fórmulas de cooperación entre agentes de la sociedad civil e instituciones, e impulsar nuevas institucionalidades de carácter comunitario. A este respecto, se debe subrayar que cooperar no es lo mismo que colaborar. Cooperar supone construir espacios de interrelación no jerárquicos, acercarse a los niveles superiores en la escala de la participación política. El contexto histórico requiere de un avance cualitativo en democracia participativa e innovación social. Para ello, es necesario crear nuevas estructuras permanentes que se inserten en el sistema institucional existente y actúen como mecanismos independientes del gobierno y del parlamento.
Y en esta labor las mujeres deben ocupar el lugar que les corresponde. Más allá de la presencia de las mujeres en la primera línea de la política, incorporar la perspectiva feminista en las políticas públicas requiere de una institucionalidad efectiva tanto en los tres poderes públicos como en la profundización democrática que se pretenda mediante el empoderamiento ciudadano.
Creemos firmemente que el modelo de gobernanza debe ser feminista y que debe ponerse el foco en la actividad interna de las instituciones; es decir, en la propia estructura. Las formas de hacer son tan importantes como lo que se hace. Es un proceso de democratización en general, otra mirada para definir prioridades; un cambio en los procedimientos de actuación y de trabajo que debería incidir en la transformación de las estructuras de toma de decisiones y de los sistemas de creencias.
Creemos, además, que estos procesos democratizadores pueden legitimar las instituciones en un momento en el que prevalece una visión negativa de las mismas. Profundizar en la democracia representativa impulsa la participación y el empoderamiento de la ciudadanía. Pero, además, abre el camino a la construcción de responsabilidades y decisiones compartidas en la relación —tan mencionada últimamente— entre lo público y lo comunitario. Tampoco debemos olvidar que participa más quien puede que quien quiere. Los tiempos dedicados a las distintas actividades cotidianas no se reparten por igual según el genéro, el estatus migratorio o el poder adquisitivo de las personas. Por tanto, si queremos que en la política institucional participe toda la ciudadanía debemos revisar y transformar las viejas políticas que perduran hoy en día, implantando mecanismos para mejorar las condiciones materiales de vida de todas las personas.
Tal como hemos señalado, nos enfrentamos a retos inaplazables para el planeta y para nuestro pueblo, y para responder a ellos es necesario reunir todo el conocimiento colectivo y comunitario y alcanzar unos acuerdos básicos que permitan avanzar a nuestro país. Así, planteamos propuestas concretas que trascienden los modelos de participación y organización de las actuales instituciones:
DIAGNÓSTICO
Todas las generaciones deberían poder ejercer sus derechos y tener las mismas oportunidades de intervención en la esfera pública. Sin embargo, en la actualidad las generaciones más jóvenes y las adultas no tienen el mismo protagonismo en el ámbito público. Ello, más allá de las diferencias, condiciona el rumbo y la agenda de las políticas públicas. El hecho de que muchas de las decisiones políticas estén tan desvinculadas de algunas generaciones incide negativamente en la sociedad, hasta el punto de generar una sensación de falta de representatividad. Por tanto, es necesario desarrollar propuestas que aporten en este sentido y tengan como objetivo la justicia intergeneracional.
Y es que, si atendemos a la realidad de los últimos años, la emergencia climática y la crisis ecosocial han puesto de manifiesto que la brecha generacional se da también en términos ecologistas, dado el especial interés de las generaciones más jóvenes por la adopción de decisiones más tajantes a favor de la transición ecosocial. Existe la idea generalizada de que no tenemos un planeta B donde vivir, que las decisiones adoptadas por las generaciones dominantes (actuales y anteriores) hacen peligrar la vida en el planeta y que serán las generaciones más jóvenes y las que aún no han nacido las que sufrirán sus consecuencias. Es decir, la juventud actual y las generaciones futuras dependen de unas decisiones y políticas en las que no han podido intervenir.
En este sentido, insistimos en la necesidad de implementar otros mecanismos y herramientas que garanticen la justicia intergeneracional ante las múltiples crisis estructurales que vivimos en la actualidad. Elaborando mecanismos basados en el bienestar de las generaciones presentes y futuras, con el fin de garantizar una vida futura sostenible en nuestro territorio. Las decisiones que se tomen o no se tomen en los próximos años tendrán un impacto decisivo en nuestro bienestar y en el de las generaciones futuras. Por ello, desarrollaremos una propuesta basada en tres elementos:
COMPROMISOS PARA EL 2028
Aprobar una ley de bienestar de las generaciones presentes y futuras
Objeto de la Ley: integrar la idea de justicia intergeneracional en el ámbito de la transición ecosocial y el bienestar. Para ello, sobre la base del derecho de toda persona a vivir en un territorio sostenible y habitable, así como de los deberes que ello implica, establecer mecanismos adecuados para hacer efectivo el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, partiendo de esta visión estratégica de futuro, se garantizará y controlará el cumplimiento de todos los objetivos recogidos en las decisiones y políticas públicas puestas en marcha. Para ello se constituirá un sujeto que tendrá como función velar por el cumplimiento de ese cometido: la comisión para la defensa de las generaciones futuras.
En la actualidad existen pocas posibilidades de participación ciudadana en las decisiones públicas y políticas institucionales. Cuando hablamos de modelo cooperativo de gobernanza hablamos de revisar el diseño del proceso de toma de decisiones. Tan importante como la decisión en sí es la forma en la que se toma, ya que el proceso incide directamente en la decisión. Por ello, debemos poner el foco en el protagonismo de la ciudadanía en general en ese proceso. En este sentido, ni el Parlamento ni el Gobierno Vasco han desarrollado herramientas eficaces para la capacitación y actuación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones.
En general, dejamos en manos del poder legislativo y ejecutivo la responsabilidad de diseñar el procedimiento de toma de decisiones. Sin embargo, durante las últimas décadas se ha ido diluyendo la labor del poder legislativo en beneficio del ejecutivo, lo que ha implicado un traslado del centro de decisión del poder legislativo al ejecutivo. Ello tiene unas consecuencias evidentes, ya que la representación real de la ciudadanía reside en el poder legislativo y los y las parlamentarias de la Cámara Vasca son elegidas directamente.
Hoy por hoy son los partidos políticos los que ejercen esa representación. El Parlamento, por ejemplo, cuenta con mecanismos de participación ciudadana, como las comparecencias en comisiones o la posibilidad de la ciudadanía de presentar leyes a través de la figura de la Iniciativa Legislativa Popular. Sin embargo, cabe destacar que las cuatro iniciativas presentadas en el Parlamento Vasco en las dos últimas legislaturas han sido rechazadas por los partidos que conforman el Gobierno.
Así pues, el poder ejecutivo y legislativo deben sintonizar su labor con las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía, estableciendo para ello nuevos mecanismos y herramientas. Pero además de acercar el Gobierno y Parlamento a la ciudadanía, es necesario compartir las decisiones y aumentar la capacidad de influir en estos procesos, para lo cual nos corresponde poner en marcha dinámicas innovadoras con capacidad de desarrollar la participación directa de la ciudadanía y marcar la agenda política. Así, apostamos por implementar las herramientas adecuadas para construir lo que denominamos cuarto poder: el poder de la ciudadanía.
Es necesario abrir espacios de participación activa para la sociedad y poner en marcha distintas experiencias para ampliar la forma de entender la democracia y profundizar en las libertades y derechos de todas las personas, a la vez que hacemos efectivos nuestros deberes como ciudadanía. Dado que la responsabilidad de las decisiones políticas públicas no debe recaer en manos de unos pocos, es importante empezar a aplicar instrumentos que permitan ampliar la capacidad de deliberación y decisión, como fundamento de la transformación que queremos impulsar colectivamente.
COMPROMISOS PARA EL 2028
El proceso democratizador del que hablamos lleva implícita una reflexión sobre la forma de entender el sujeto político: QUIÉN ocupa el sujeto protagónico y PARA QUIÉN legisla. Se trata de relegar al sujeto dominante y homogéneo que ha sido el eje dominante de las sociedades contemporáneas y poner en el centro a aquellas personas que no han sido reconocidas como sujeto político y han sido consideradas como personas de segunda o tercera.
Al hablar de nuevo modelo de gobernanza hablamos de poner en marcha una transversalidad radical en las instituciones. Hablamos, entre otras cosas, de la presencia de la perspectiva feminista y antirracista en todas las acciones, ámbitos y programas, así como del impulso de procesos de empoderamiento de mujeres, personas racializadas, LGBTI o personas con discapacidades. Ello implica un cambio de enfoque que sitúa el problema, no en esas personas, sino en el propio sistema. Ya no pueden ser considerados «temas de mujeres».
Tenemos claro que el reconocimiento de los múltiples sujetos políticos y su protagonismo en las políticas públicas requieren liderazgos y direcciones específicas que garanticen la participación de los colectivos aun excluidos y trabajen a favor de sus necesidades específicas. Para que la transversalidad no sea un simple lema para hacer creer que algo se está haciendo, será necesario impulsar estas políticas desde direcciones específicas. La legislatura pasada, por ejemplo, ha sido una clara muestra de ello, en lo que respecta a las Políticas de Igualdad. El gobierno PNV-PSE creó un departamento que supuestamente fomentaría Políticas de Igualdad junto con Justicia y Políticas Sociales, desligando Emakunde de Lehendakaritza. Ello supuso dos pérdidas notables: por un lado, la salida de Emakunde de Lehendakaritza implicó una pérdida de su capacidad para fomentar la transversalidad; por otro, quedó relegada a mero adorno de un Departamento, sin una dirección específica ni recursos.
Así, queremos expresar nuestro compromiso claro para promover una transversalidad real y dotada de recursos y liderazgo político.
Como llevan señalando desde hace tiempo tanto el movimiento feminista como distintas expertas, la actual situación de desigualdad y discriminación es producto de una situación sistémica. Ello nos lleva a tratar distintos aspectos en las políticas que planteamos que, como hemos señalado, pasan por la transversalidad, pero también por el fomento de políticas concretas. Las mujeres, especialmente las más vulnerables, viven las consecuencias de una grave crisis estructural ante la amenaza del avance del neoliberalismo capitalista: consecuencias de la precarización de la vida en general, discriminación laboral, carga de cuidados no remunerados, violencia machista, pérdida de capacidad de decisión sobre nuestras vidas y territorios, etc.
La vida es vulnerable e interdependiente, y su cuidado y politización debe ser nuestra prioridad. Aunque en el apartado dedicado a las políticas sociales y de cuidados se analiza el tema más en profundidad y se realizan propuestas concretas, creemos necesario citarlo también aquí. El nuestro es un sistema familiarista, que deja en manos de las familias, y dentro de ellas sobre todo de las mujeres, toda la responsabilidad del cuidado. La Huelga Feminista General y el trabajo político e institucional llevado a cabo durante los últimos años han puesto de manifiesto que los sectores feminizados y precarizados son fundamentales para sostener la vida, pero que no se valoran ni apoyan lo suficiente. Queremos destacar, además, que todo esto es consecuencia de una mercantilización salvaje y que no se puede hacer negocio con el derecho al cuidado, básico para nuestras vidas. Tras la Huelga Feminista General, de nuevo, el Movimiento Feminista de Euskal Herria, la mayoría sindical, las asociaciones ligadas al cuidado, las empleadas de hogar y las asociaciones de familiares de personas usuarias hicieron un llamamiento a los gobiernos de la CAV y CFN a trabajar desde una visión de país y conjuntamente en la creación de una mesa y un acuerdo para abordar las múltiples crisis del cuidado. Y, una vez más, ambos gobiernos han rehusado la propuesta y no han estado a la altura del nivel político-institucional que exige este país. Desde EH BILDU nos sumamos al llamamiento y a la necesidad de un amplio acuerdo de país y, aunque ya estamos dando pasos en ese sentido en los municipios en los que gobernamos, creemos necesario dar una respuesta también desde el gobierno de la CAV.
Tal y como se señala desde Talaia Feminista, el encarecimiento de la vida en el contexto del proceso de precarización y empobrecimiento en el que estamos inmersas agrava aún más la situación de las personas en general y de las mujeres en particular. Además de disponer de menos recursos materiales, la responsabilidad de hacer frente a las múltiples crisis recae en las mujeres y ello relega aún más a diversos colectivos como las trabajadoras del sistema de cuidados, víctimas de violencias machistas, baserritarras, presas, mujeres migrantes, lesbianas y trans.
Para finalizar, queremos destacar que desde que existen registros sobre violencia de género (2003) 118 mujeres y 12 personas menores de edad han sido asesinadas en Euskal Herria. En 2023 fueron asesinadas tres mujeres en la CAV, una en cada territorio (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), en unas muertes que lamentablemente resultaron paradigmáticas. Estas dejan en evidencia que aún queda mucho por hacer en lo que a conciencia feminista se refiere, ya que una vez más hemos escuchado discursos que sitúan la responsabilidad sobre las mujeres o de actuaciones inadecuadas que cuestionan la solidez de los protocolos. En contraposición a ello, también hemos conocido realidades que consideran la violencia machista, no como una cuestión meramente individual, sino como un problema colectivo, que han impulsado la cooperación entre el movimiento feminista, el movimiento popular en general y las instituciones, y que han puesto en marcha procesos de reparación sólidos y efectivos. Nos han demostrado que se puede hacer, y partiendo de esas experiencias queremos dar pasos para poner en marcha procesos transformadores.
COMPROMISOS PARA EL 2028:
EH BILDU considera el feminismo como un principio transversal de su proyecto político. El feminismo debe ocupar un lugar visible en todas nuestras propuestas, a la vez que debemos seguir dando pasos en una transición hacia una actuación política feminista integral. Por ello, mediante una estrategia dual, presentamos este apartado específico sobre feminismos, a la vez que nos comprometemos a incorporar una visión feminista e interseccional a las distintas medidas recogidas en el conjunto del programa electoral, que tendrán en cuenta las necesidades de los colectivos más vulnerables o desfavorecidos de la sociedad, tales como lesbianas, jóvenes, personas migrantes, personas con discapacidad, etc.
– Presentación del Observatorio contra las violencias machistas que analice, registre y visibilice todas las manifestaciones de la violencia de género y proponga distintos enfoques para combatirlas. Se crearán medios para abordar específicamente la Violencia Digital, Violencia Institucional y Violencia Vicaria.
– Presentación del Plan Estratégico para la reparación de víctimas de violencias machistas, en coordinación con otras instituciones, asociaciones de mujeres supervivientes y expertas feministas. Bajo los principios de indemnización, garantía de no repetición, reparación integral, satisfacción y difusión de la verdad.
– Presentación de una propuesta estratégica para abordar los cambios judiciales necesarios que garantice una atención justa e igualitaria y que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres, así como la no revictimización o culpabilización, la adecuada protección y atención de las personas menores a cargo, etc.
– Activación de recursos y espacios necesarios para el empoderamiento individual y colectivo de mujeres de todas las edades, garantizando especialmente la autodefensa feminista a través de las Casas de las Mujeres y escuelas de empoderamiento.
– Identificación e impulso de medidas contra la discriminación y la violencia que siguen sufriendo las mujeres en el ámbito festivo y/o de ocio.
DIAGNÓSTICO
Los derechos de las lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, asexuales, queer o con otras identidades sexo-genéricas son también derechos humanos. La visibilidad de las personas LGBT+ y la lucha en favor de sus derechos se ha consolidado durante estos últimos años, junto con el impulso de la lucha feminista. Sin embargo, las personas disidentes del sistema cisheteropatriarcal, como las personas LGBT+, corren claro riesgo de sufrir una vulnerabilidad mayor.
Más allá de los discursos políticamente correctos, no ha habido avances significativos en las políticas públicas del Gobierno Vasco. En general, los organismos públicos de la CAE han impulsado políticas descoordinadas y totalmente insuficientes, creando servicios sin objetivos claros y carentes de recursos, postergando la consolidación tanto de un sistema institucional, como de la perspectiva política y las normativas que son necesarias para las políticas LGBT+.
Además, las denuncias contra agresiones LGBT+fóbicas han aumentado considerablemente. Estas denuncias son cada vez más numerosas, producto del trabajo de concienciación y de acompañamiento a las víctimas llevadas a cabo por diversos movimientos y asociaciones. En este contexto, y más que nunca, es absolutamente necesario visibilizar las realidades y necesidades a las que se debe dar respuesta dentro de las siglas LGBT+.
Además, el sistema, amparándose en lemas engañosos, lleva años intentando utilizar las identidades de las personas LGBT+ con meros objetivos económicos. En Euskal Herria también somos testigos del turismo gayfriendly, de los macro eventos, de las campañas normativas de postal… Son iniciativas que buscan el mero beneficio económico al amparo del respeto y la defensa de la diversidad, que buscan hacer visible la homosexualidad, pero sobre todo visibilizando y utilizando para ello hombres blancos, gais, de mediana edad, de gran capacidad económica, sin pluma…
En EHBildu, la diversidad sexo-genérica forma una única área junto al feminismo: así, asumimos que el patriarcado, mediante el sistema sexo-genérico y la norma heterosexual, somete y segrega a las personas disidentes sexo-genéricas. Aquellas personas que no responden a uno de los dos sexos, a los roles que se les asignan o al comportamiento sexual que se toma por norma son marginadas y castigadas. Son manifestaciones discriminatorias que tienen un mismo origen, y necesitan un acercamiento diverso basado en un ámbito de análisis común.
COMPROMISOS PARA 2028
– Integrar políticas LGBT+ en las residencias de personas mayores.
– Respecto al empleo, se promoverá el plan LGBT+ y el protocolo contra las agresiones que deberán tener las empresas tanto públicas como privadas de más de 50 personas trabajadoras.
Euskal Herria es una tierra que alberga diferentes orígenes y culturas, y esta realidad multicultural conlleva numerosos cambios sociales. Los desplazamientos forzosos que se están provocando en los países de la periferia meridional como consecuencia del capitalismo globalizado nos llevan a validar como derecho aquel derecho que toda persona tiene para el libre tránsito, así como a proclamar el derecho que toda persona tiene a vivir de manera digna en su lugar de origen.
Debemos plasmar estas políticas con una perspectiva interseccional, destacando, entre otros factores, la opresión múltiple que padecen las mujeres. Además, el Pueblo Gitano sigue padeciendo aún el antigitanismo estructural que dificulta la convivencia intercultural. Por eso, nos corresponde evidenciar la realidad, la cultura y las características propias del Pueblo Gitano, dar respuesta a sus necesidades sociales (empleo, salud, vivienda, educación, euskera, etc.) y denunciar cualquier tipo de antigitanismo o discriminación.
Ese contexto nos hace comprender que la migración es también uno de los retos más importantes a los que se tienen que enfrentar las sociedades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Desde EHBildu creemos que nos corresponde actuar desde una perspectiva propia, concediéndole la prioridad y la importancia que requiere, puesto que de ello dependerá articular la cohesión social, la normalización lingüística o la convivencia entre culturas que son necesarias para construir una país más justo, democrático e igualitario.
Queremos ser un país de acogida, opuesto al racismo y solidario. Nuestro sistema debe garantizar la ciudadanía plena a todas las personas que viven en el territorio, teniendo en cuenta que la diversidad cultural debe desarrollarse desde un punto de vista integral. Por eso, creemos que debemos acometer este reto desde políticas de acogida, de convivencia, de denuncia y de sensibilización. Para ello, resulta fundamental que nos conozcamos, entendamos y reconozcamos. Porque la clave reside en la convivencia entre políticas, en la que el euskera será un medio de comunicación para esa convivencia, cohesión e integración social.
Las legislaciones del Estado español, sin embargo, son un obstáculo para desarrollar una política propia respecto a la migración y a la diversidad cultural, y las políticas racistas en vigor nos limitan las posibilidades de garantizar todos los derechos a todas las personas. A eso hay que añadir que a una gran parte de la ciudadanía se le niega el derecho a ejercer el voto y el derecho a recibirlo. Es necesario tomar medidas para corregir esa situación, porque todas las personas que viven en el territorio deben tener derecho a elegir y ser elegidas.
Para que tanto el asociacionismo de personas de diferente origen presente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como el protagonismo que se les debe dar a los agentes antirracistas sean parte activa de la convivencia entre culturas.
COMPROMISOS PARA 2028
– Impulsar un observatorio contra los delitos de odio. Será una referencia para denunciar los delitos de odio que recoja, para realizar programas formativos específicos sobre la diversidad cultural y las migraciones, y para crear programas de sensibilización sobre la importancia de la diversidad cultural, entre otros factores.
2. Medidas para una acogida integral:
– Crear e implementar una Ley de Acogida Integral, a fin de garantizar que el procedimiento de acogida se realiza de manera coordinada y desde una perspectiva integral, incorporando una perspectiva feminista interseccional.
– Acceso universal y gratuito para las personas adultas en la enseñanza del euskera para todas las personas que vivan en el territorio, cualquiera que sea su origen.
– Garantizar los servicios públicos de la Administración a todas las personas que viven en el territorio, sin tener en cuenta ni su origen ni su situación administrativa: servicios sociales, educación, servicios sanitarios, servicios culturales, de búsqueda de empleo.
– Reforzar el asesoramiento y el servicio gratuito de atención legal y sociocultural, a fin de cooperar con la red de acogida dirigida a todas las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestro territorio o que están en situación de tránsito.
– Proporcionar los medios y los recursos necesarios para ofrecer una atención adecuada a las y los niños, adolescentes y jóvenes que carecen de referentes adultos, para garantizar su derecho de protección.
3. Medidas para fomentar la convivencia entre culturas:
– Diseñar e implantar programas de participación comunitaria, a diferentes niveles, al objeto de desarrollar dinámicas de participación sociopolítica en torno a la diversidad cultural y la convivencia, apoyando y fomentando, entre otros factores, dinámicas festivas. Se fomentará a su vez el empoderamiento y la cooperación entre asociaciones, y se reforzarán instrumentos de participación de la ciudadanía.
– Programas de ayuda para el regreso voluntario, para las personas que así lo deseen, sobre todo para las que están en situación de mayor dificultad económica, para que puedan regresar de manera digna. Se garantizará la seguridad física, material, legal y jurídica de las personas que quieran regresar.
4- Medidas para una ciudadanía plena:
– Aplicación del domicilio real reconocido mediante el empadronamiento.
– Realizar un estudio para conocer el número de personas que están en situación administrativa irregular e impulsar un plan de acción integral dirigido a ellas. En ese sentido, solicitamos al Gobierno del Estado que regularice de manera urgente, amplia y extraordinaria a las personas que están en situación administrativa irregular.
– Medidas para garantizar un acceso normalizado a programas de igualdad específicos a las mujeres migrantes y a las mujeres de diferentes orígenes culturales.
– Impulsar estrategias y planes para lograr la inclusión del Pueblo Gitano, por ejemplo, con programas de sensibilización basados en el antigitanismo dirigidos a la sociedad, con medidas para impulsar la participación política y social de la comunidad gitana, y con iniciativas que reduzcan las desigualdades que les afectan.
Según los datos del Observatorio Político Social Ikusmira, en la CAE hay 138.662 personas (en 2020) que viven en situación de discapacidad. Es decir, un 6,3 % de la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Las dificultades son evidentes en áreas fundamentales para llevar una vida independiente para las personas con discapacidad, por ejemplo:
En la CAE, los elementos que resultan imprescindibles para desarrollar las bases del modelo para la vida independiente apenas han sido desarrollados y, en este sentido, son muy evidentes las diferencias entre territorios: hay diferencias en lo que respecta al servicio a domicilio. Por ejemplo, la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) ha correspondido a modelos territoriales específicos y, así, en Araba y en Bizkaia se les niegan esas prestaciones a personas con discapacidad.
Así las cosas, el compromiso de EHBildu consiste en reconocer y plasmar políticas públicas para que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y puedan también ejercer su derecho de vivir en comunidad.
Así, en cooperación con las asociaciones de personas con discapacidad, todas las políticas públicas se orientarán a crear las condiciones precisas para la vida independiente y la inclusión, y a facilitar procesos de desinstitucionalización. Y se diseñarán y pondrán en marcha orientaciones, recursos, alternativas, opciones, intervenciones y prestaciones que faciliten el proceso de realización del modo de vida independiente.
Así, desde las políticas públicas se establecerán las bases para que las personas con incapacidad puedan realizar un modo de vida independiente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y eso hace imprescindible avanzar en opciones, condiciones, alternativas y recursos. En este sentido, se fomentarán políticas públicas orientadas a garantizar una vivienda digna, adecuada y accesible, asistentes personales, servicios y ayudas, y recursos económicos suficientes.
En este sentido, no se puede olvidar que la participación dinámica en la vida de la comunidad conlleva garantizar condiciones de accesibilidad en muchas áreas y, concretamente, en el campo de los medios de transporte. En consecuencia, nuestro compromiso inmediato estará también orientado a la accesibilidad.
Por último, una vida independiente conlleva tener capacidad de decisión sobre la propia existencia de una misma, y para ello resulta fundamental el proceso de formación, que comienza en etapas tempranas, desde el mismo nacimiento, y que perdura como aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se fomentarán también políticas públicas para garantizar el derecho a la educación inclusiva, a fin de que se asegure que las personas con alguna discapacidad reciben una respuesta adecuada en todas las etapas del sistema educativo.
COMPROMISOS PARA 2028
La Ley 2/2024 de infancia y adolescencia ha provocado un cambio de paradigma en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, dado que hemos pasado de una situación en la que las niñas, niños y adolescentes eran un sujeto pasivo que se debía proteger a otra en la que son un sujeto activo, y se sitúa el interés superior de las personas menores en el centro de las políticas públicas. Esta nueva legislación se basa en la Convención sobre los Derechos de la Infancia, y eso reconoce que las personas menores de edad son titulares de derechos, y no únicamente sujetos que merecen protección. Partiendo de esa perspectiva, considera a las niñas y niños y adolescentes como sujetos participantes, y les otorga mayor protagonismo no solo dentro de la familia sino también en la comunidad de la que son miembros respecto a la función que cumplen en ella. En último término, los reconoce como sujetos legitimados para participar de manera dinámica en la construcción de la sociedad, sobre todo en los temas que más les afectan y se incluyen en las políticas públicas que atañen a estos derechos de los que son titulares.
Por lo tanto, tenemos que adaptar todas nuestras políticas públicas y propuestas a este paradigma. No porque la ley así lo diga, sino porque entendemos que deben tener un papel protagonista si estamos pensando en hacer política para el 99 %. Y ese factor, nos debe llevar a cambiar el modo de entender y plasmar la participación, la comunicación, como los propios derechos.
Los proyectos de “Pueblos educadores” que en varios ayuntamientos ya están en marcha se pueden tomar como un ejemplo que pueden establecer un hito, dado que reconocen la cultura infantil que contempla el juego y la creatividad como herramienta propia para aprender y desarrollarse, y que de todo ello se ofrece a niños y niñas la capacidad de participar y decidir realmente. Mediante el ocio educador y euskaldún y poniendo la diversidad y la paridad en el centro, se cuida el entorno natural y cultural, reforzando la red comunitaria y el auzolan o trabajo comunitario. La iniciativa de los pueblos educadores puede ser nuestro propio modelo dentro del movimiento de la “Ciudad de los niños y niñas” surgido en Italia, aunque éste último abarque un ámbito más amplio. Tomando como base las reflexiones de su creador Francesco Tonucci, hasta ahora hemos diseñado la ciudad y la política pública desde la perspectiva que ofrece la altura media de 1´74 metros, pero por debajo de esa medida, la ciudad, este mundo, se ve con otros ojos. Por eso, estamos hablando de ofrecer a esos ojos un espacio dentro de nuestras políticas públicas, de reconocer su naturaleza de sujeto. Un pueblo de niños y niñas, es un pueblo más inclusivo, un pueblo para la vida.
COMPROMISOS PARA 2028
Al igual que en el conjunto de Euskal Herria, también en esta parte del país tenemos una desventaja estratégica para hacer frente a los problemas cotidianos: a Euskal Herria se le niega el derecho a la soberanía.
Euskal Herria vive un momento histórico, y una de las razones de ello es que en los próximos meses y años la “cuestión territorial” va a tener un protagonismo especial tanto en el Estado español como en el Estado francés.
En cuanto al Estado español, cada vez es más evidente que en los próximos cuatro años el impulso para un Gobierno “progresista” será necesariamente plurinacional. Y, por lo tanto, está claro que será indispensable debatir sobre los problemas nacionales que existen en este Estado y hablar de una solución democrática para ellos.
Podemos tener una oportunidad histórica para dar pasos en el reconocimiento nacional de Euskal Herria y conquistar un futuro basado en el respeto de los derechos que nos corresponden. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Es el momento de actuar con ambición.
En el pasado se han puesto sobre la mesa propuestas de todo tipo, porque este debate no es nuevo en nuestro país. Lo último fue el amplio acuerdo sobre Bases y Principios para un nuevo Estatus político alcanzado en la legislatura 2016-2020 con los votos de EH Bildu, Elkarrekin-Podemos y PNV.
De las enseñanzas que nos han dejado todos los debates y propuestas que ha habido hasta ahora extraemos las siguientes conclusiones:
EUSKAL HERRIA TIENE QUE ACTUAR COMO PUEBLO.
Aunque sea partiendo de la situación actual, nuestro pueblo tiene que iniciar este debate desde una perspectiva nacional. Evidentemente, hay que tener en cuenta los diferentes ámbitos administrativos que nos dividen.
Pero el debate sobre nuestro futuro nacional y social lo tiene que fijar el debate soberano que hay que hacer en toda Euskal Herria. Decimos debate soberano porque al menos eso no nos lo pueden arrebatar. Como ciudadanía soberana, tenemos que desarrollar un debate soberano a lo largo y ancho de Euskal Herria.
ACUERDO DE PAÍS
El objetivo es recoger las aportaciones de un espectro lo más amplio posible de partidos políticos y organizaciones políticas, sindicales, académicas y sociales y llegar a un debate y un acuerdo en torno a las que puedan recabar el consenso más amplio.
Antes de iniciar cualquier negociación con el Estado, ese acuerdo tiene que ser ratificado en territorio vasco.
Por lo tanto, dicho claramente, nuestra propuesta es actuar como Pueblo, y no como partido. Creemos que, por responsabilidad y por eficacia, primero tenemos que acordar un proyecto de país que cuente con el apoyo popular, para luego negociarlo con el Estado.
NEGOCIAR COMO PUEBLO
Las instituciones actuales (en Nafarroa Garaia y en la CAV) tienen que desempeñar un papel fundamental en ese debate, teniendo claro que por el momento son ellas, junto con los ayuntamientos y las diputaciones forales, las instituciones que representan la voluntad democrática de la ciudadanía vasca. Hablamos de un debate que deberá desarrollarse también en el respeto de las instituciones actuales y bajo el liderazgo de las mismas.
COMPROMISOS PARA 2028
– Eso exige necesariamente la concreción de procedimientos claros para el ejercicio del derecho a decidir.
