Un análisis sintético del proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco lleva a constatar tres cuestiones fundamentales:

1. Hay mucha distancia entre la actual retórica del Gobierno y el margen real de actuación que permiten las cuentas. En 2025 entran en vigor las reglas fiscales y los fondos europeos tienden a desaparecer. Se recurre a la deuda (53 % mayor que el año pasado) para sostener el nivel de gasto del año pasado. En términos financieros, este es un presupuesto continuista, sin margen real para los saltos políticos que se anuncian, incluso con niveles de inversión inferiores a los de años anteriores a pesar de que se activa el fondo Finkatuz.

2. Y eso que, probablemente, descansan sobre una previsión de ingresos excesivamente optimista que no se ajusta al momento económico:

• Más allá del dinero devuelto a los mutualistas, no se ha cumplido la previsión de la recaudación para el año 2024 ni en el caso del IVA ni en el caso del impuesto de sociedades en Araba. Con estos datos no parece que haya suficiente base para sostener la previsión de ingresos que se hace para 2025 con la que se diseñan estos presupuestos.
• Además, el Gobierno dibuja un cuadro macroeconómico preocupante: La zona euro no despega (por no decir que se estanca), debilidad crónica de Alemania (a la que se añade una crisis política), victoria de Trump en EEUU con el consiguiente reforzamiento del proteccionismo. Ya hay suficientes signos para decir que entramos en un momento económico muy complicado para Europa.
• Desaceleración de la inflación que elimina la “sobre-recaudación” de los últimos años. Hemos vivido una situación anómala desde el punto de vista de la recaudación (poco desempleo y mucha inflación), una excepción coyuntural.

En este contexto, creemos firmemente que ha llegado la hora de abordar una reforma fiscal en profundidad, de la dimensión de la de 2007 pero en dirección opuesta, de lo contrario será imposible sostener los servicios públicos a futuro y menos acometer los saltos políticos que se anuncian.

3. Continuismo en muchos de los ámbitos: pocas ideas nuevas. Si no se aumentan los ingresos queda reordenar el gasto para redirigirlo. Tampoco en este sentido se ven novedades importantes. Hay excepciones como la inversión en ciencia, innovación y universidades y la apuesta por el autoconsumo en el ámbito energético, por ejemplo.

A este respecto, quiero volver a poner en valor la propuesta que hizo EH Bildu para abordar los presupuestos de las principales instituciones de los tres territorios de forma global. Con este enfoque creemos tocar una primera tecla importante de cara a buscar la eficiencia y la eficacia que se requiere en las políticas públicas en este contexto histórico. Ya que, como es evidente, tenemos mucho margen de mejora a la hora de maximizar nuestras capacidades institucionales, tarea que trasciende por mucho la desburocratización del sistema institucional que anuncia el Lehendakari. Esta es la lógica principal de la propuesta que hemos realizado.

Segunda propuesta, segunda tecla

El martes pasado celebramos una primera reunión con el consejero D’Anjou en la que pusimos encima de la mesa una segunda propuesta centrada ya en el presupuesto del Gobierno Vasco. Una propuesta que a nuestro entender pulsa una segunda tecla necesaria en este momento: la necesidad de empezar a caminar una senda postneoliberal; aquí, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que es donde mejores condiciones sociopolíticas existen en el país.

Hemos saludado públicamente la retórica planteada por este Gobierno en sus primeros compases. Digamos (a riesgo de pecar de ingenuos) que, implícitamente, los partidos del Gobierno y EH Bildu convenimos en que las políticas neoliberales han fracasado. En nuestra opinión, falta por explicitar la raíz del análisis del momento económico que vivimos: estamos ante el fracaso del neoliberalismo.

A la crisis económica-financiera de 2008 se le respondió con la intensificación de las recetas neoliberales: primacía absoluta del mercado dando por bueno el mito de su autorregulación, austeridad expansiva, financiarización de la economía. Estas políticas, además de traer un enorme sufrimiento social, han abundado en cuestiones que actualmente motivan una crisis sistémica y la ruptura del contrato social: vaciamiento del poder de los estados en favor de las oligarquías, crisis ecológica-climática y aumento de las desigualdades sociales. Trump es el síntoma de un modelo económico que ya no es capaz de ofrecer bienestar, seguridad y progreso a amplias capas sociales, socavando con ello la propia estabilidad de las democracias liberales.

El informe Dragui es (también) un llamamiento casi a la desesperada: en un momento de crisis existencial de la Unión Europea no existe consenso para la implementación de lo que plantea dicho informe (ni Alemania ni los países llamados frugales están de acuerdo con la orientación que plantea Dragui): un plan Marshall (para el caso de la CAPV se cuantifica en 5.000 millones de euros: un presupuesto 20 % mayor que el actual). Muy al contrario, la situación en la Unión Europea hoy es que los fondos Next Generation se desvanecen y entran en vigor las reglas fiscales.

Parece que las esperanzas de este Gobierno se depositan en gran parte en una reacción a escala comunitaria similar a la que plantea Dragui. Evidentemente, dada la dimensión de nuestro país, la transformación socioproductiva que se necesita requiere de una fuerte reacción a nivel continental. Eso no tiene discusión. Sin embargo, mientras nada de eso sucede nos encontramos en una situación de estancamiento; y, hoy, no avanzar es retroceder. Es en esta situación cuando toca abordar el diseño de los primeros presupuestos del Gobierno Vasco. ¿Qué hacer, por lo tanto? Desde nuestro punto de vista, empezar a tejer un contrato social postneoliberal: atacar las causas que están erosionando la pérdida de sentido comunitario, lo cual consiste en buena medida en revertir las consecuencias sociales del neoliberalismo.

En ese sentido, la distribución desigual de la renta es junto a la degradación de los servicios públicos el factor fundamental a corregir: La brecha de género se mantiene exactamente en los mismos términos en los últimos 21 años según datos de Eustat; En solo dos décadas, las rentas de trabajo han pasado de suponer un 66,8 % de la renta total al 58,3 %. El hecho de que la riqueza se desvincule de los rendimientos del trabajo y tenga más que ver con las inversiones de quien ya tiene un capital es una mala noticia para el conjunto de la sociedad; También se está produciendo un desplazamiento de la renta hacia franjas de edad más avanzada, los y las jóvenes participan cada vez menos de la renta total.

Si no se revierte la tendencia en la distribución de la renta los esfuerzos presupuestarios por garantizar los servicios públicos no tendrán un efecto suficiente en la cohesión social: Necesitamos una nueva distribución de rentas como suelo material para poder afrontar las grandes transformaciones socioeconómicas que requiere el momento actual. Básicamente, se trata de empezar a corregir las consecuencias sociales de las políticas neoliberales en cuanto a la distribución de la renta.

Para ello, los principales ámbitos de actuación son el mercado inmobiliario, el mercado laboral, los cuidados y la redistribución a través de la fiscalidad. Desde nuestro punto de vista, 2025 debe ser el año en el que se aborden las siguientes reformas políticas:

• Poner en marcha una política de vivienda pública proactiva.
• Establecer un Salario Mínimo Interprofesional.
• Eliminar el ánimo de lucro de la prestación de los cuidados.
• Poner las bases de una fiscalidad postneoliberal.

El martes hicimos llegar al consejero D’Anjou una propuesta con medidas concretas y factibles en cada uno de los cuatro ámbitos y emplazamos al Gobierno a una negociación para conseguir el apoyo de EH Bildu a las cuentas de 2025.

En esta ocasión, quiero extenderme en contextualizar la propuesta relativa a la vivienda:

La actual política de vivienda considera al mercado el principal proveedor de vivienda para que después el sector público trate de corregir los fallos del mismo mediante deducciones fiscales, prestaciones y avales a la compra. Esta es una política que se ha demostrado fracasada.

Hoy en día, se destinan 150 millones de euros a las prestaciones (Bizigune: 41M, Gazte-lagun: 25M, Prestación Económica para la Vivienda: 30M, Emantzipa: 53M) y alrededor de 300 millones a las deducciones por compra. En total, el montante que se destina a prestaciones y deducciones por compra ronda los 450 millones de euros. Como referencia, el presupuesto total del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana es de 446 millones. La cuantía destinada a prestaciones y deducciones se ha incrementado notablemente en los últimos años mientras el problema de la vivienda no ha hecho más que agravarse.

La política de vivienda es un claro ejemplo del fracaso del neoliberalismo y, el mercado inmobiliario, el de un mercado fuera de control. Urge pasar a una política de vivienda eminentemente pública con instrumentos de intervención capaces de regular los precios. Una política de vivienda que tome por referencia los países europeos más avanzados. Hoy disponemos de suficientes herramientas y seguridad jurídica para empezar a andar este camino, y esta es, precisamente, una de las propuestas que ponemos encima de la mesa: una política de vivienda pública proactiva valiéndonos del margen superior de la legislación actual.

Frente a esta alternativa hay quien pone el foco exclusivamente en fomentar la oferta y mantiene la esperanza ciega en que el problema puede tener solución sin modificar la política de vivienda en términos estructurales. Conviene levantar la mirada y analizar lo que está sucediendo en el contexto europeo: La nueva inversión en construcción de viviendas prácticamente ha alcanzado ya, en la UE-27, el nivel existente en la burbuja inmobiliaria. La construcción (con diferencias entre países) se ha recuperado y, aún así, los precios de la vivienda no dejan de subir. Los factores son diversos, y complejos, pero el uso de la vivienda como activo de inversión está jugando un papel clave. Aumentar la oferta sin alterar las reglas de juego no hará más que empeorar la situación actual.

Toca ser radicalmente realistas y poner en marcha políticas públicas suficientes, suficientes para afrontar los retos sociales que tenemos en frente y empezar a tejer un contrato social postneoliberal.