Prologar libros se ha convertido en una tarea bastante habitual para mí. Cada vez más personas me honran con esta petición. Pienso a menudo que tiene más que ver con razones de biología política que de aportación intelectual. Se lo agradezco de igual manera.
No obstante, a diferencia de otros prólogos, éste no es para el libro de un compañero venerable, para unas memorias o una obra de referencia, sino para el primer manifiesto político de un militante joven. Su protagonista, además de camarada, es un amigo por el que tengo una profunda admiración. Por eso, éste es un prólogo muy especial para mí. Pello Otxandiano es todavía una persona poco conocida para la mayoría de la sociedad vasca, pero quienes hemos militado con él sabemos el valor que tiene, lo buen compañero que es, la potencia de su pensamiento y la firmeza de sus convicciones.
En unos tiempos históricos en donde las incertidumbres y las inseguridades forman parte de nuestro paisaje vital y político, la perspectiva de Otxandiano produce de entrada una sensación de seguridad y tranquilidad que se agradece. Como se puede ver, adelanto que no seré objetivo a la hora de valorar su aportación. Este prólogo no es la tradicional glosa, es más bien una apuesta política, una invitación a conocer el pensamiento de nuestro compañero y candidato a lehendakari de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Ciertamente no es habitual –al menos en estas latitudes geográficas– que un candidato plasme sus reflexiones en forma de libro antes de una campaña electoral. Habrá sin duda, quien prefiera el regate corto, el tuit más imaginativo o el insulto más zafio como herramientas para el debate político. En cambio, la izquierda soberanista trata en todo momento de elevar el nivel de ese debate, de serenarlo, de hacerlo popular sin renunciar a su complejidad. Me alegra comprobar que este estilo se transmite de generación en generación.
Y no es una cuestión solo estética. Creo que refleja la honestidad y el sentido de la responsabilidad histórica que tenemos para con nuestra vieja nación vasca. Pello no solo recoge este estilo, sino que lo mejora, le aporta un talento particular. Nos habla en representación de una nueva generación que ha dado el paso de comprometerse con un futuro de igualdad y libertad para nuestro pueblo. Esa nueva generación plantea nuevas preguntas y nuevas soluciones a los grandes retos que tiene la vieja Euskal Herria.
Nuestro pueblo, nación, país, sociedad… lo que nosotras llamamos aberria, que algunos se obstinan en negar, nos ofrece constantemente una visión del mundo propia y plural, junto con unas ambiciones colectivas sostenidas en el tiempo. El pensamiento de Otxandiano es un buen ejemplo de esas ambiciones.
También refleja una tradición de luchas y compromisos, tanto vascos como internacionales. En procesos como el nuestro, que tienen una naturaleza de liberación nacional y social, es importante comprobar que nuevas generaciones recogen el testigo para seguir haciendo camino. Y que encuentran diferentes sendas por las que transitar en busca de nuestras utopías renovadas.
Este libro ofrece un diagnóstico de presente que enlaza con un análisis sobre los retos que vamos a tener que encarar en el futuro. En el texto de Pello vemos el equilibrio entre la conciencia de la dimensión colosal de nuestros retos, por un lado, y la seguridad y tranquilidad con que se transmiten las posibles soluciones, por otro. Ese equilibrio me parece una señal del talento que atesora Otxandiano.
Esa labor de prospección sobre nuestro futuro, de previsión razonada de los retos y de aportación consistente sobre las estrategias más eficaces para hacerles frente, es sin duda el ingrediente principal de estas reflexiones. Pello nos habla del presente y nos señala los problemas estructurales a los que tendremos que hacer frente en un próximo futuro. Como señala, son tareas que no podemos ni delegar ni retrasar.
Frente a la inercia, a la decadencia, a los de siempre haciendo lo de siempre, Otxandiano plantea el reto de hacer un planteamiento diferente que abra la vía a resultados diferentes. Una nueva generación nos pone frente a un espejo para hacer un diagnóstico de nuestros problemas, que en gran medida son responsabilidad nuestra. Son los temas en los que no hemos atinado, o que ni siquiera hemos acertado a ver. Partiendo de ahí, queremos desarrollar un debate popular e intelectualmente sólido y solvente. Debemos hablar en serio de nuestros servicios públicos, de los cuidados, de la equidad de género y del respeto a la diversidad, de la igualdad entre nuestra ciudadanía, de la emancipación de nuestros jóvenes… Todo ello, en el marco de una Euskal Herria que garantice una comunidad cohesionada, soberana e igualitaria.
Evidentemente, el acercamiento razonado sobre el presente y el futuro de nuestro pueblo obliga también a reflexionar y a presentar propuestas en torno a la manera de entender la gobernanza, las políticas de alianzas o la relación entre el trabajo institucional y la necesaria participación popular en el camino de construir una Euskal Herria más sostenible, más justa y más libre.
No se trata de hacer un recetario de soluciones, se trata de avistar cuáles pueden ser las propuestas más justas y eficaces, y trazar un camino que pueda ser compartido con todas aquellas fuerzas políticas, sindicales y populares que aspiran a seguir haciendo un país que se rija por el principio de todos los derechos para todas las personas.
Esa es la tarea apasionante que nos proponen Pello Otxandiano y EH Bildu para esta coyuntura histórica. Porque, sin duda, necesitamos tomar decisiones hoy para asegurar que en el futuro las nuevas generaciones puedan tener garantizados todos sus derechos nacionales y sociales en una República Vasca de iguales.
Pasarán las elecciones, y luego vendrán otras, que también pasarán. Mientras tanto, el pensamiento desplegado en este libro seguirá teniendo vigencia. Porque las reflexiones que aquí se plantean tienen carácter estratégico y son necesarias para hacer frente con una sonrisa y una buena dosis de compromiso militante a las tareas de construcción de una patria vasca para todos, desde el Ebro hasta el Adur. Un país que tenga como ambición constitucional la garantía de todos y cada uno de los derechos de todas las personas que viven y trabajan en Euskal Herria.
Eskerrik asko, Pello. ¡Y al tajo!
Arnaldo Otegi Mondragon
La sensación que predomina al analizar la situación política general es que las cosas se están acelerando. Acontecimientos globales de importancia histórica se solapan en una secuencia vertiginosa. Las guerras imperialistas, la emergencia climática, el agotamiento de los recursos energéticos baratos, el auge de la extrema derecha o la crisis de un sistema económico regido por la especulación parecieran indicar el ocaso de una civilización, o cuando menos el fin de una era de la globalización capitalista. Tiempos que requieren de análisis sosegados, lejos de la inmediatez de la política actual.
Con la crisis financiera de 2008 cayó el mito de la autorregulación del mercado, y la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un Estado social fuerte que proteja a su ciudadanía cuando la economía colapsa. Por otra parte, la vulnerabilidad mostrada por las cadenas de suministro que alimentan la economía mundial está dando lugar a una cierta regionalización que parece dividir el mundo en grandes bloques económicos claramente diferenciados que buscan reducir la dependencia mutua. Efectivamente, estamos ante un contexto que marca el fin de una era de la globalización. Éste es un momento en el que el neoliberalismo ha perdido su capacidad de regeneración, de impulso irradiador y de articulación de esperanzas; se mantiene por la fuerza de la inercia, en constante crisis.
La inflación es, precisamente, una de las manifestaciones económicas de esa crisis. En contra de lo que apuntan los relatos oficiales, la carestía de la vida no es producto exclusivo de la ruptura de cadenas de suministro por motivo del parón pandémico o la subida de precios de los productos energéticos resultado de las guerras, sino que es consecuencia, fundamentalmente, de una economía de casino, un sistema económico despiadado basado, en palabras de David Harvey, en la acumulación por desposesión.
Las fuerzas que empujan la inflación debilitan el poder del Estado. Entre ellas destaca el poder de las grandes corporaciones. Dominan el mercado hasta el punto de que les ha permitido defender y, en muchos casos, ampliar sus enormes beneficios (basta repasar las ganancias récord de las energéticas y la banca) empujando los precios al alza. Otra de las grandes fuerzas que socava el poder público es la financiarización de las relaciones económicas. Los grandes fondos de capital tienen músculo suficiente para entrar en cualquier mercado, ya sea el de la vivienda o el del aceite de oliva, acaparar una parte del mismo suficiente como para fijar los precios y obtener beneficios extraordinarios.
En esta nueva coyuntura, Europa se encuentra en una posición difícil, sin autonomía estratégica, tratando de buscar su lugar entre los dos grandes bloques que disputan la hegemonía económica y cultural, EEUU y China, y bajo la amenaza creciente de la extrema derecha, que se está aprovechando del descontento social derivado de la disfuncionalidad de la economía capitalista a la hora de mantener los estándares de bienestar alcanzados en la fase previa a la crisis financiera de 2008. Y todo esto está ocurriendo en un contexto marcado por la emergencia ecológica, cuya manifestación más grave, el cambio climático, es una amenaza que a medio-largo plazo tiene el potencial de llevar la economía mundial al colapso y provocar así el fin de la civilización moderna tal y como la conocemos hoy en día.
En esta situación tan débil, en Europa emerge una disputa en torno a la orientación de la política económica a seguir. Por una parte, están quienes abogan por volver a la senda de la austeridad. La política monetaria actual, presentada como una herramienta para hacer frente a la inflación, es un ingrediente más en ese sentido. Por otra, están quienes denuncian que las reglas fiscales dirigidas a la contención del déficit y la deuda pública no traen más que sufrimiento social, y que no es posible una reconversión del tejido productivo motivado por la transición ecológica y digital con dichas políticas. Voces tan poco sospechosas como la de Paul Krugman o Joseph Stiglitz, que en 2008 defendieron tomar la senda de la austeridad, se sitúan en este segundo grupo a la luz de la experiencia de los últimos años.
¿Hasta qué punto se puede seguir afrontando la situación que vivimos sin un profundo cambio de enfoque en la política económica? Desde la irrupción de la pandemia se han implementado medidas de choque que pretendían aliviar la situación de los sectores más vulnerables, considerando un escenario provisional y la vuelta a la normalidad en poco tiempo. Afrontar las consecuencias de las diversas turbulencias económicas exige ahora redoblar el esfuerzo social por proteger a las familias y a la pequeña-mediana empresa. Hay que hacerlo, por supuesto, pero no es suficiente, y es imposible sostenerlo en el tiempo sin una transformación de nuestras estructuras sociales.
Debemos asumir que no estamos frente a un periodo de excepcionalidad, sino que nos hemos adentrado en una época histórica marcada, precisamente, por convulsiones económicas derivadas de un cambio en los patrones que han regido la última etapa de la globalización capitalista; la excepcionalidad se ha convertido en regla. Estamos, pues, ante una bifurcación doble: distribución de la riqueza versus empobrecimiento de la sociedad; transformación de la matriz energética y los modos de producción y consumo versus colapso económico y ecológico. Lo cual exige diseñar actuaciones estructurales más allá de medidas de corte paliativo.
La prospectiva nos dice que se van a producir más cambios y de mayor envergadura en los siguientes veinte años que en los últimos cien. Y es que se dice que, estamos en una era de cambios, pero los cambios son de tal magnitud y se están produciendo a tal velocidad que se puede decir que estamos ante un cambio de era. Debemos preparar el futuro, lo cual pasa por concebir un proyecto de país bien fundamentado que nos permita afrontar los retos colosales que tenemos delante. Un proyecto de país cimentado sobre el convencimiento de que, sin negar que la dimensión de los problemas que asolan el conjunto de la humanidad exceden absolutamente de nuestro alcance, podemos y debemos afirmar con rotundidad que, todos y cada uno de los retos a los que nos enfrentamos exigen soluciones propias acordes a la realidad y dimensión de nuestro país.
¿Cuál es la situación de nuestro proceso de construcción nacional y social en esta época histórica de grandes cambios? El análisis estructural de los principales indicadores de igualdad, bienestar y desarrollo nos lleva a la conclusión de que estamos estancados, sin retroceder ni avanzar, lo que en algunos casos lleva a la decadencia. Nuestro país no avanza en la medida que exige el momento ni tanto como exigen los retos de la época. Esto es algo cada vez más evidente.
El mundo en general y Europa en particular, se han sumergido en un periodo histórico de cambios profundos. Y nosotros vivimos de rentas pasadas, estamos gestionando inercias y carecemos de la suficiente visión estratégica y de liderazgo transformador para abordar los enormes retos que nos presenta este momento histórico. Por ello, sin una reacción proporcionada al momento en que vivimos, corremos el riesgo de perder gran parte de lo conseguido, de retroceder en los índices de igualdad y desarrollo, igualándonos a las regiones europeas menos dinámicas.
La botella pierde agua
Cuatro elementos de análisis nos son suficientes para concluir que, efectivamente, el tiempo corre en contra nuestra:
(i) La pirámide demográfica proyectada para el final de esta década, sencillamente, pone en cuestión todas nuestras estructuras de bienestar, así como el mercado laboral y el sistema educativo, además de acentuar sobremanera la crisis de los cuidados. Estamos ante una nueva realidad sociodemográfica.
(ii) La irrupción de la digitalización y el uso generalizado de los smartphones, ha producido un debilitamiento muy acusado del sistema comunicativo vasco en los últimos 10-15 años. Hoy los y las jóvenes vascas están desertando de los medios de comunicación tradicionales con arraigo en el país para sumergirse en prácticas comunicativas de la red global. Además, el espacio comunicativo vasco se está diluyendo en el español: el 70 % de los jóvenes de entre 14-19 años no consume ningún medio de comunicación tradicional con sede en Euskal Herria. ¿Quién les hablará sobre Euskal Herria? ¿Cómo se socializarán las nuevas generaciones a nivel cultural, lingüístico, político o en cuanto a sistema de valores en estas condiciones? No existe política alguna dirigida a articular un sistema comunicativo nacional.
(iii) A lo largo de los últimos años hemos asistido a una progresiva pérdida de capacidad de decisión sobre nuestro tejido industrial como consecuencia de la entrada de fondos de inversión y la falta de relevo en empresas familiares. Estamos perdiendo el arraigo de importantes empresas tractoras. Como bien apunta el informe Zedarriak de 2022, «se está produciendo una creciente venta de Pymes vascas (…). Desde la salida de la crisis de los 90 no se han realizado nuevas apuestas industriales estratégicas en Euskadi». Estando de acuerdo con parte del diagnóstico que realiza dicho informe, discrepamos sustancialmente con las soluciones que plantea.
(iv) La rotonda autonomista en la que nos encontramos, que sigue reduciendo y/o condicionando nuestra capacidad para abordar los retos de este cambio de era, nos interpela a dar saltos cualitativos en términos de autogobierno y blindaje del mismo con el fin de hacer de la soberanía una herramienta eficaz para responder a las dimensiones sociales y culturales del proyecto nacional vasco.
Se ha gestionado la inercia
En los últimos años nos hemos dejado arrastrar por la corriente de la globalización neoliberal, de un modo patente desde la crisis económico-financiera de 2008. Hemos surfeado sobre la ola de la globalización neoliberal y cuando la ola ha llegado a la orilla nos hemos visto sin estructuras sociales necesarias para dar respuestas creativas a esta época de gran complejidad.
En los ámbitos elementales de la política económica se han promovido modelos que van en contra de cualquier lógica de desarrollo humano sostenible: la apuesta por el gas en detrimento del desarrollo de las energías renovables, el fomento de las grandes infraestructuras sin una rentabilidad social probada, la falta de una política industrial activa que ha dejado gran parte de nuestro tejido industrial en manos del capital extranjero, la transformación acrítica de las cajas de ahorro en bancos, el debilitamiento de los servicios públicos (por ejemplo, el sistema sanitario) y dejar vía libre a la privatización, la falta de una política pública de vivienda que nos ha llevado a una de las tasas de emancipación más bajas de Europa, la puesta en marcha de una incineradora hipotecando por 30 años la gestión de los residuos urbanos en plena emergencia climática, la lamentable gestión de los residuos industriales que afloró en Zaldibar, etc.
Queremos recordar el caso Euskaltel como ejemplo paradigmático de una política económica errónea desde el punto de vista de construcción de país: hemos renunciado a la infraestructura pública de banda ancha (pagada entre todos) y se la hemos «regalado» a una empresa que, a su vez, se la ha vendido a unos fondos de inversión. Sobre esta infraestructura pública estratégica ya no tenemos ningún tipo de control público ni social: ha sido una nefasta operación económica al inicio de la revolución digital, una clara muestra de la falta de visión estratégica que ha imperado en las instituciones vascas en los últimos años y también de la influencia de la ideología neoliberal. La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco fue muy elocuente: «Nuestra tarea es poner en marcha nuevos sectores, no vivimos en un país comunista. El Gobierno Vasco no debe ser propietario de Euskaltel.”
La falta de un proyecto nacional sólido, la falta de ambición colectiva, los discursos paralizantes y los análisis comparativos autocomplacientes que neutralizan nuestras capacidades y posibilidades como pueblo, en definitiva, la falta de liderazgo público, han supuesto una ralentización de nuestras capacidades comunitarias. Consecuentemente, podríamos decir que se nos ha difuminado el sentido comunitario que fue el núcleo del proceso de transformación que se inició en la segunda mitad del siglo XX, quedando en el camino las respuestas a las preguntas fundamentales que pusieron en marcha estos procesos de construcción nacional: ¿Cuál es la función social de la radio televisión vasca? ¿Qué modelo de universidad queremos? ¿Qué es lo que Euskal Herria debe proyectar al mundo? ¿Qué política cultural necesitamos? ¿Qué tipo de sector tecnológico podríamos organizar? ¿Qué debemos hacer con las Entidades de Previsión Social Voluntaria? ¿Cómo se deben integrar y canalizar las aportaciones del sindicalismo vasco en el desarrollo del modelo socioeconómico?
Sin una sólida visión de país y sometido a inercias, nuestro potencial comunitario se ha ido diluyendo. En muchas organizaciones de diverso tipo falta visión política. En algunos casos, es el momento de plantear las preguntas más básicas, de romper con las inercias y recuperar la ambición de afrontar los retos sociales y económicos basándonos en nuestra idiosincrasia y en nuestras capacidades comunitarias.
No se ha sabido preparar el futuro
Euskal Herria cuenta con diversos factores de vulnerabilidad en este contexto histórico de cambio de era. Hoy, al inicio de 2024, estamos en situación de bloqueo en lo que corresponde a la transición energética: se ha perdido una década para diseñar una estrategia de transición y, en consecuencia, no disponemos de un Plan Territorial Sectorial (PTS) para ordenar el despliegue de las energías renovables en el territorio. Mientras tanto, ya se está tramitando más potencia renovable de la que el nuevo PTS pretende ordenar para los siguientes 20 años. La situación con respecto a un proceso tan crítico como es la transición energética es de bloqueo. Evidentemente, no se ha sabido preparar el futuro.
Mientras tanto, una persona tan influyente como Josu Jon Imaz, actual Consejero Delegado de Repsol, quien ejerce de lobby y condiciona las actuaciones de los gobiernos (se puede decir, por ejemplo, que la estrategia del hidrógeno del Gobierno Vasco está hecho a imagen y semejanza de los intereses corporativos de Petronor), manifiesta una opinión contraria al marco europeo para la descarbonización y se desdice de las consideraciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU en torno a la urgencia de disminuir drásticamente las emisiones de CO2.
Por otra parte, tampoco disponemos de una estrategia de país ante el creciente riesgo de una crisis alimentaria global. Más del 90 % de los y las baserritarras están en edad avanzada y, en las condiciones actuales, no existe relevo. Faltan médicos en Osakidetza y no se ha sabido adecuar los servicios sociales a la nueva realidad demográfica y la crisis de los cuidados. La Ertzaintza está infiltrada por elementos de la extrema derecha y el sistema educativo se encuentra gravemente tensionado por la bajada de la natalidad, la segregación escolar y el impacto de la digitalización.
Es evidente que en los últimos años (muy claramente desde que estallara la crisis económica-financiera de 2008) no se ha sabido analizar con detenimiento los fenómenos globales y las tendencias que se estaban produciendo en el hipocentro del terreno socioeconómico vasco; y que no ha habido músculo estratégico para anticipar escenarios ni capacidad de liderazgo para posicionar a este país ante los retos de futuro.
El clientelismo se ha vuelto endémico
Ha pasado de ser una opinión generalizada a manifestarse como una evidencia: El modelo de institucionalización del PNV y su aparato burocrático cuenta con una amplia red clientelar en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La punta del iceberg la constituye el caso De Miguel; pero como todo iceberg, éste va creciendo en anchura y profundidad. Es evidente que los ayuntamientos, las diputaciones forales y el Gobierno Vasco, así como otras fundaciones y agencias de las administraciones, tienen un sistema de retroalimentación institucional y empresarial. Esta realidad es absolutamente deplorable desde el punto de vista democrático.
Algunos representantes han encadenado cargos públicos, uno tras otro, aprovechándose durante años de sus poderes y recursos, para luego trasladarse a las empresas amigas que han alimentado como recompensa a los trabajos realizados. Se podrían citar cientos de ejemplos de estos últimos años. Ello ha generado un ecosistema contaminado y ha incrementado la influencia de las estructuras de poder.
A través de esta retroalimentación público-privada, en lugar de priorizar las necesidades y deseos de la ciudadanía, la política, a menudo, se ha dedicado a promover los intereses de determinadas empresas en los tres territorios: se ha invertido o desinvertido, se ha comprado o vendido o, en definitiva, se ha establecido un determinado modelo de política en base a dichos intereses. La red clientelar que se ha alimentado en paralelo a las administraciones ha tenido un impacto directo en el desarrollo de las capacidades de nuestras organizaciones, premiando siempre empresas similares y rechazando, en muchas ocasiones, mejores oportunidades. Esta cultura burocrática endogámica de los últimos cuarenta años ha mostrado en los últimos tiempos notables signos de degradación clientelar, hasta el punto de aflorar como tema que requiere ser parte de la agenda política en la próxima legislatura.
Es tiempo de reaccionar a gran escala, es momento de revitalizar la dinámica de construcción nacional y social contemporánea; y para ello, es necesaria una regeneración política. Al igual que ocurre con los dispositivos electrónicos, el sistema operativo se nos ha quedado obsoleto a la hora de utilizar las aplicaciones que necesitamos en este siglo XXI. Hay que actualizar el sistema operativo vasco. No se trata de un cambio de imagen, ni algo que pueda plantearse como un simple relevo generacional, sino de un proceso que debe conducir a una renovación política a fondo.
Una intuición estratégica
A la hora de pensar en la regeneración política, la intuición estratégica que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX sigue vigente en este contexto de salto de la modernización: el proceso de construcción nacional no puede basarse únicamente en la acción del sistema institucional, sino que necesita del impulso de agentes comunitarios diversos.
Euskal Herria, en el siglo XX, en plena modernización (con la industrialización, el proceso de urbanización, el cambio de modos de vida y la transformación demográfica), mantuvo su tradición comunitaria, sin delegar todo su esfuerzo de construcción comunitaria en manos de las instituciones. A partir de esa intuición fuimos capaces de iniciar el proceso de construcción nacional moderno, de poner en marcha fructíferos procesos comunitarios y de construir un sistema de bienestar eficaz. Este país no se puede entender sin tener en cuenta las enormes dosis de militancia y de compromiso comunitario y autogestionado volcadas en el ámbito de la educación, en el sistema de comunicación, en la cultura, en el mundo del euskera y en la puesta en marcha de cooperativas laborales de trabajo asociado, por ejemplo.
En no pocas ocasiones, las distintas tradiciones políticas vascas caemos en la absurda tentación de pretender disputar el mérito de lo que, de forma colectiva y desde una clara visión comunitaria emancipadora, este país ha sido capaz de construir en las últimas décadas. Es hora de abandonar cualquier atisbo de disputa partidista en torno al pasado reciente de nuestro país. Es de justicia reconocer que dicho proceso de transformación fue una labor colectiva llevada a cabo mediante liderazgos diversos, en el que las distintas tradiciones políticas de este país tuvimos un protagonismo compartido. Este pueblo ha llegado vivo al siglo XXI por medio de un proceso de construcción nacional pivotado tanto en el sistema institucional como en la auto-organización comunitaria y la movilización colectiva. Es hora de rentabilizar el pasado en términos de país para proyectarlo al futuro.
Ahora que el término populismo se ha traido al discurso político, igualando la derecha y la izquierda, conviene reivindicar el valor político de la movilización colectiva y de la protesta, y darse cuenta de que también forma parte de nuestro acervo comunitario. La democracia no es una situación estática. Es un proceso, estamos democratizando o desdemocratizando en todo momento, cada día. Nosotros apostaremos siempre por la democratización: un acceso a la ciudadanía cada vez más generalizada, más amplia e igualitaria; una actividad institucional cada vez más a disposición de la ciudadanía –y no a las órdenes de los grandes intereses económicos– y unos derechos ciudadanos cada vez más protegidos frente a la posible arbitrariedad institucional. Ese proceso es conflictivo por definición y no puede ser de otro modo. Pensar lo contrario sería una negación de la política o, al menos, menospreciar la protesta colectiva y reivindicar una política meramente liberal-tecnocrática. La clave es que en las diversas acciones políticas prevalezca la visión de país, la visión sistémica. Cuando esto ha ocurrido es cuando este pueblo ha demostrado su potencial transformador.
Estamos inmersos en un nuevo proceso acelerado de modernización que no sabemos a dónde nos lleva, pero nuestro sentido comunitario nos sigue guiando: el sector público, más allá de su función regulatoria y redistributiva, debe desempeñar un papel emprendedor, debe intervenir de forma proactiva tanto en la economía, como en cualquier ámbito de la organización social, dando sentido y dirección a la transformación; y este liderazgo se debe caracterizar por su capacidad de conectar personas, proyectos e instituciones, por su valentía para experimentar, por su ambición de impulsar transformaciones disruptivas y por su afán de fomentar el asociacionismo y el auzolan.
En un contexto de incertidumbre como el que vivimos, el fortalecimiento comunitario de Euskal Herria será la principal garantía de nuestro bienestar, lo que exige nuevas institucionalidades que contribuyan a generar liderazgos compartidos y a tejer una sociedad altamente capacitada. Entre la administración y la ciudadanía, nosotros vemos un pueblo, un pueblo en permanente reconstrucción, y creemos en la potencialidad que ese esfuerzo de construcción tiene para la transformación social. Eso es lo que llamamos modelo vasco, ese es nuestro sistema operativo.
Desde la ambición comunitaria que ha caracterizado a este país a lo largo de la historia, debemos afrontar esta etapa desde un modelo de pensamiento y actuación propio, siempre en función de nuestras capacidades territoriales y sociales. Debemos fundamentar la transformación social y económica que requiere este momento histórico en la escala vasca, reforzando los lazos comunitarios para protegernos de dinámicas incontroladas. Defendemos una transformación social y económica vasca soberana, sin fronteras que debiliten nuestras capacidades. Basándonos en esta intuición estratégica, dos viejas preguntas exigen respuestas actualizadas.
Respuestas actualizadas a viejas preguntas
(i) ¿Cómo garantizar la igualdad social (equidad, justicia social)? ¿Cómo crear y repartir riqueza con ese fin? ¿Y qué políticas sociales para acabar con las desigualdades (clase, procedencia, sexo-género)? La pregunta es antigua, pero el contexto, nuevo: las políticas económicas neoliberales y sus consecuencias, la nueva realidad sociodemográfica (con grandes flujos migratorios de por medio) y la crisis de cuidados. Sin igualdad no hay cohesión social, condición indispensable para tejer una comunidad: sin cohesión social no hay comunidad (pueblo, nación). Todos los derechos para todos las personas: ese es el primer principio rector.
En la organización social fordista el trabajo ha sido, en gran medida, un medio para llegar a la vida adulta y ha provisto de ciudadanía a la persona. En las condiciones actuales, sin embargo, el trabajo, en muchos casos, no asegura la autonomía de las personas. A ello cabe añadir que, en la sociedad postfordista, el neoliberalismo ha construido una subjetividad individual centrada en valores como el autocontrol, la capacidad de gestión o el espíritu de emprendimiento: se ha puesto sobre las espaldas del individuo la responsabilidad de organizar su propia vida. Todo ello está provocando un cambio en los patrones culturales con respecto al trabajo, desplazando, entre otras cosas, la centralidad del trabajo en nuestras vidas. Estos cambios culturales ya están siendo notables en las empresas de Euskal Herria.
(ii) ¿Cómo recrear nuestra identidad nacional? ¿Cómo reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad? Esta también es una vieja pregunta (cómo perdurar como pueblo) pero que requiere respuestas actualizadas, ya que el contexto ha cambiado radicalmente. Cómo recrear nuestra identidad nacional en este nuevo mundo en el que el trabajo ha mutado (fin de la sociedad fordista) y la digitalización nos atraviesa, la cual ha supuesto un mayor peso de los sistemas de mediación globales, con capacidad de fragmentar el consumo y que han hecho disminuir las relaciones presenciales.
En este frágil modelo de sociedad, afectada por el individualismo y la fragmentación social, no responderemos con solidez a los retos sociales de la época sin un fuerte sentido de comunidad. ¿Para qué vivir más allá de uno o una misma? ¿Por qué comprometerse con la sociedad sin una proyección colectiva de futuro optimista? De hecho, el ser parte de una comunidad, además de derechos, establece obligaciones respecto a los miembros de la comunidad: mismas obligaciones para todas las personas, ese es el segundo principio rector.
En cuanto a la fragilidad social, queremos hacer hincapié en la soledad. Estamos más conectados que nunca gracias a los teléfonos móviles y las redes sociales, hiperconectados digitalmente, pero físicamente más aislados que nunca. Cada vez es más la gente que se siente sola, gente de todas las edades. Situaciones como la incertidumbre vital o la ecoansiedad son difíciles de gestionar en soledad, hasta el punto de generar graves consecuencias psicosociales. La soledad es una realidad social que hay que politizar. Según las enseñanzas de Pepe Mujica, somos seres gregarios, el pobre es el que no tiene comunidad; necesitamos una causa que vaya más allá de nosotras para dar sentido a la vida y que nos sirva de apoyo para poder levantarnos cuando nos caemos: tener un propósito en la vida es uno de los caminos para combatir la depresión, la mayor pandemia del siglo XXI.
Estas dos antiguas preguntas pueden resumirse básicamente de la siguiente manera: cómo construir comunidad de abajo hacia arriba, de forma democrática, basándose en derechos y obligaciones, bajo el doble principio rector todos los derechos y las mismas obligaciones para todas las personas. Y de es manera, cómo ofrecer a la ciudadanía un orden que ofrezca seguridad en este tiempo de incertidumbre. Sin respuestas adecuadas a estas dos viejas preguntas no conseguiremos una regeneración política efectiva.
Como hemos dicho, la regeneración política no es un mero cambio de cara ni un simple relevo generacional. La regeneración es una renovación política de fondo, una revitalización del proceso de construcción nacional y social del siglo XXI, que visualizamos como un proceso de tres vértices: nuevas soluciones, nuevas mayorías y nuevos liderazgos.
Así como las viejas preguntas requieren respuestas actualizadas, las nuevas preguntas (nuevos retos sociales) exigen nuevas respuestas: nuevas soluciones. Pero para ello es necesario fijar un nuevo rumbo.
El paradigma económico basado en el libre mercado y apoyado sobre el dogma incuestionable del crecimiento exponencial ha generado las mayores desigualdades sociales de los últimos 200 años y ha chocado contra los límites biofísicos del planeta. Asistimos a un momento de la historia de la humanidad sin precedentes: la crisis climática amenaza con destruir las condiciones materiales que hacen posible la vida en el planeta, y la crisis energética derivada del fin de la abundancia de los recursos energéticos intensivos baratos nos abocan a un escenario geopolítico inestable que entraña graves riesgos. Se vislumbra una crisis de acumulación, y las grandes corporaciones, a pesar de tener una posición favorable, apuestan por la guerra como salida a la actual coyuntura. El cuestionamiento del discurso dominante, la necesidad de disciplinar a la población, la pérdida de peso geopolítico de occidente y la necesidad de acaparar recursos y explotar otros países está haciendo que la salida militar tome mayor fuerza.
Ante este momento crucial en la historia de la humanidad, urge construir una poderosa narrativa de país como mínimo común denominador entre quienes reconocemos a Euskal Herria como sujeto político dueño del derecho a decidir. Una narrativa que dibuje un suelo común, que articule una manera de situarnos en este tiempo histórico con una clara perspectiva emancipadora y que establezca el contorno de un debate político autocentrado. Esa narrativa debe incluir una base mínima con respecto a nuestro pasado más reciente que rentabilice en términos de país un ciclo de construcción nacional que ha pivotado sobre estrategias divergentes. Debería incluir, a su vez, una mirada preclara y un diagnóstico riguroso sobre el presente, y también una visión emancipadora del futuro que plantee una conceptualización compartida, al menos, de las siguientes cuestiones: el paradigma de desarrollo, el rol del sector público, el modelo de gobernanza y la dialéctica con el Estado.
Hoy un ejercicio de realismo, responsabilidad y eficacia política exige (i) aceptar que necesitamos un cambio de rumbo; (ii) que ese rumbo debe de ser acordado y guiado de manera cooperativa por el conjunto de nuestra sociedad, de sus agentes sociales, económicos, académicos, políticos y culturales; y (iii) que la activación de la potencialidad y fuerza transformadora de la propia sociedad vasca es la única garantía de éxito. El feminismo, la defensa y el cuidado del medioambiente y una profunda noción de la justicia social, junto a una identidad comunitaria bien arraigada en su cultura y territorio, son los vectores fuerza que han de guiar el modelo vasco de afrontar este momento histórico. Siempre sobre el doble principio rector todos los derechos y las mismas obligaciones para todas las personas.
Un nuevo paradigma de desarrollo
Según la economista británica Kate Raworth, hace falta una mentalidad radicalmente nueva para afrontar los retos sociales y económicos del siglo XXI, un cambio de rumbo. La última versión del plan Euskadi Next presentado por el Gobierno Vasco recoge acertadamente la visión de Kate Raworth. En su introducción se puede leer lo siguiente: «Kate Raworth destaca la necesidad de abandonar la fijación por el PIB, principal responsable de la confusión entre crecimiento y progreso, y trabajar por un objetivo más ambicioso representado en su famosa rosquilla, y que se puede resumir en un fundamento social de bienestar que no debería faltar a nadie y un techo ecológico de presión planetaria que no deberíamos superar. Entre esos dos límites se encuentra el espacio de progreso, el espacio de seguridad».
A nadie se le escapa que la transición a la neutralidad climática no significa la mera sustitución de los recursos fósiles por fuentes de energía renovables. Sencillamente porque es físicamente imposible. Estamos, por lo tanto, obligados a realizar un esfuerzo ímprobo en políticas de eficiencia energética a la vez que transformamos los modos de producción y consumo hacia formas de progreso social sostenibles. La transición hacia la neutralidad climática implica la reducción de la dimensión material de la economía hasta situarla dentro de los límites biofísicos del planeta. En ese sentido es hora, efectivamente, de abandonar el PIB como indicador central para medir el progreso.
Ya que el indicador de crecimiento económico que mide las variaciones del PIB es un débil reflejo del bienestar de una sociedad: evita por completo la cuestión de su contenido cualitativo; contabiliza como contribución positiva todo aquello que tiene un valor agregado en la economía de un país, incluyendo los gastos que sirven esencialmente para reparar los estragos provocados por las actividades humanas de producción o de consumo (contaminación, agotamiento de los recursos naturales, accidentes); no están valorizados por el mercado y por ende incluidos en el PIB numerosas actividades y recursos que contribuyen al bienestar (todas las actividades no remuneradas, por ejemplo); es indiferente a la distribución de la riqueza así creada, al costo medioambiental, a la flexibilidad del trabajo en la mayoría de los sectores de producción, etc.
La teoría está clara, ahora falta una praxis coherente. Para ello, se requiere de un giro copernicano en muchas políticas públicas y una reevaluación de las inversiones en curso, ya que nos adentramos en una coyuntura económica de escasez donde las necesidades de inversión y gasto público para acometer las diversas transiciones y adecuar nuestras estructuras sociales a la nueva era van a ser muy elevadas. Esta situación debe forzar a las administraciones públicas a repensar las prioridades de actuación y la asignación de recursos sobre los principios del desarrollo humano sostenible, con un planteamiento agresivo: aplicar las teorías del presupuesto base cero para ver qué es lo que realmente aporta valor al bienestar social y focalizar allí la asignación de recursos para realizar la gestión más eficaz y eficiente en un entorno de escasez.
Es hora, por lo tanto, de reevaluar desde la óptica de un nuevo concepto de desarrollo las principales inversiones en infraestructuras que se están acometiendo en nuestro territorio, y aplicar una moratoria sobre aquellas que no demuestren una rentabilidad social y económica contrastada: ¿Es compatible este nuevo paradigma de desarrollo con la construcción de la Variante Sur Ferroviaria, el Tren de Alta Velocidad, el Guggenheim de Urdaibai o el subfluvial de Lamiako? ¿Acaso no estamos hipotecando el futuro con políticas de inversión más propias de un modelo de desarrollo que forzosamente debemos dejar atrás?
El papel del sector público
Se acabó el tiempo del neoliberalismo que defiende que la única política económica útil es bajar impuestos y privatizar servicios públicos. Las instituciones públicas deben asumir su responsabilidad garantizando la función pública y dando un nuevo rumbo al desarrollo socioeconómico. En efecto, más allá de la función reguladora y redistributiva (función en la que hay que profundizar), el sector público debe desempeñar un papel emprendedor, intervenir de forma proactiva dando sentido y orientación a la transformación, tanto en la economía como en cualquier ámbito de la organización social. Y las empresas vascas, más allá de generar valor económico, deben comprometerse con los retos sociales que afrontamos.
Para ello, se requiere redefinir el papel del sector público en la economía. Sigue imperando una visión sesgada (se ha corroborado una vez más en el debate sobre el impuesto a las empresas energéticas) según la cual el sector público es un agente que detrae riqueza o simplemente la distribuye, pero no puede ser innovador, creador de riqueza y asumidor de riesgos. Esta visión está dañando la posibilidad de construir una colaboración público-privada dinámica e interesante. Hacemos nuestras las palabras de Mariana Mazzucato, economista que ha adquirido un gran renombre en nuestros días: “El actual modelo capitalista deja al sector público el estúpido papel de arreglar los fallos del mercado, y esto ocurre, casi siempre, demasiado tarde y demasiado poco”. La función del sector público no es crear las condiciones de entorno para que posteriormente el capital privado “responda” a las necesidades sociales tal como ha explicado el PNV las modificaciones relativas al impuesto a las energéticas.
El sector público debe concebir una dirección para el cambio tecnológico e invertir en ello. En lugar de llevar a cabo intentos concretos de identificar y elegir a los triunfadores, proyectar una dirección para el desarrollo económico y tecnológico amplía el panorama de las oportunidades, lo cual exige que el sector público cree una red de agentes que estén dispuestos a aprovechar esta oportunidad a través de la colaboración público-privada. En ese sentido, el papel de los gobiernos debe ser proactivo, creando una moderna estrategia industrial que estimule el sector privado y que dé soluciones a los retos inmediatos y a los de largo plazo. El dilema no es cómo recuperar la producción y el consumo en la fase recesiva del ciclo económico, es decir, un Estado keynesiano corrigiendo los fallos del mercado, sino una política de innovación orientada por misiones en la que instituciones y empresas sean co-creadoras activas de mercado. En suma, cómo se interrelacionan instituciones públicas y privadas, compartiendo riesgos pero también beneficios.
La red clientelar que engrasa el funcionamiento de nuestro sistema institucional, pero cada vez sufre mayores ineficiencias, tiene poca visión estratégica, nulo afán innovador y recaba poco talento. Hay que desmontarla para dotarnos de una administración pública eficiente, estratégica y decente. Para ello, la izquierda debe abordar una reflexión entorno a la función pública, ya que, para que realmente el sector público pueda desempeñar una labor de liderazgo, necesitamos un administración eficaz y eficiente. Una administración que simplifique el funcionamiento burocrático, apueste por una capacitación continua de los y las trabajadoras públicas e incorpore mecanismos democráticos de rendición de cuentas. Este es un debate que, como plantea Pepe Mújica, es impostergable, ya que cualquier transformación de izquierda necesita un Estado de calidad.
Se requiere de una transformación del sector público en aras de dotarnos de una administración eficiente, estratégica y decente. En esa tarea, se deben incorporar las posibilidades que ofrece la digitalización, tanto para la transparencia y el buen gobierno como para el desarrollo de políticas públicas efectivas.
Una hoja de ruta: seis retos públicos
Se trata de identificar los principales retos que deben guiar el modelo vasco para afrontar este momento histórico, retos sobre los que definir las misiones en torno a las cuales articular nuestro potencial comunitario. Una hoja de ruta que sirva para generar sinergias y liberar nuestras capacidades como país. Porque los debates que afronta la sociedad vasca en este momento histórico transcienden por mucho los de una legislatura y tienen carácter estratégico y generacional.
1. Reforzar la soberanía estratégica
En este contexto histórico cobra especial relevancia el concepto de soberanía estratégica: disponer de la mayor autosuficiencia posible en los procesos socioeconómicos esenciales con el fin de ganar resiliencia ante fenómenos globales. Euskal Herria debe afrontar de forma urgente una reflexión estratégica: cómo avanzar en autosuficiencia alimentaria y en la gestión sostenible del ciclo del agua, y cómo arraigar nuestro tejido industrial al territorio y transformarlo para que se adapte a un nuevo paradigma económico.
La transición de una economía lineal impulsada por los combustibles fósiles a un nuevo modelo de economía digitalizada y circular que funcione con fuentes de energía renovables es una transformación del modelo económico sin precedentes, lleno de riesgos, pero también de grandes oportunidades que tenemos que acertar a aprovechar. Generar la energía que nuestra economía necesita es crucial para ganar en soberanía estratégica, a la vez que apostar por una industria orientada a la recuperación de materias primas críticas es una oportunidad para mejorar nuestra posición estratégica en el contexto europeo.
2. Transformar las estructuras de bienestar
La nueva realidad demográfica, los cambios que se están produciendo en el mercado laboral así como la incertidumbre económica que estamos viviendo, nos obligan a repensar nuestras estructuras de bienestar; garantizando un sistema sanitario público, transformando los servicios sociales hacia un sistema de cuidados público-comunitario, rediseñando las políticas de empleo, actualizando los mecanismos de protección social y tomando medidas estructurales para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda.
La pandemia ha dejado al descubierto unos sistemas sanitarios debilitados y con problemas estructurales para adaptarse a una situación excepcional. Lo que está en juego en estos momentos es si se ahondará en la dirección actual de claro retroceso en la prestación de un servicio de calidad (más que evidente en el caso de la atención primaria) o se retomará la apuesta por un sistema sanitario público de calidad con una atención primaria como base fundamental del propio sistema.
Este momento exige la redefinición de los servicios sociales, denominados el cuarto pilar del estado del bienestar. El sistema de servicios sociales que fue diseñado para una realidad sociodemográfica tan diferente a la actual requiere de una revisión estructural: una nueva conceptualización, que reconozca los trabajados de cuidado, los colectivice y los dignifique, sacando al ámbito de lo monetizado muchas tareas que hoy se desempeñan en las esferas invisibles de la economía, lo cual serviría, además, como fuente de generación de empleo y de dinamización de la economía, más aún en tiempos de crisis.
3. Hacer frente a la emergencia ecológica
La mitigación y adaptación al cambio climático es un enorme reto en sí mismo. Una auténtica metamorfosis de nuestra organización social que requiere una revolución cultural, una transformación socioeconómica sin precedentes en la historia moderna de la civilización occidental y nuevas formas de gobernanza para gestionar sus implicaciones a nivel social. Euskal Herria parte de una situación de vulnerabilidad estratégica con respecto a procesos clave de la transformación ecosocial, especialmente en lo que respecta a la producción de energía renovable y alimentos.
La transición energética, vector clave para hacer frente a la emergencia ecológica, debe ser la palanca de una transformación ecosocial que nos lleve a otros modos de producción y consumo, lo cual, a su vez, no es posible sin concebir un cambio cultural: otra forma de estar en el mundo. En ese sentido, la transición energética debe constituirse en una oportunidad que impulse y catalice una transformación ecosocial integral; un proceso social que, partiendo del status quo actual, permita transitar hacia una nueva organización social justa y adaptada a los límites biofísicos del planeta.
4. Renovar los sistemas de conocimiento
Es el momento de mirar con rigor a la educación vasca. Es mucho lo que se ha hecho, pero es también mucho lo que queda por hacer. La respuesta a los retos actuales y futuros exige: (i) considerar las aportaciones científicas aplicables al proceso educativo en cuanto a metodologías activas de aprendizaje; (ii) visionar un alumnado crítico como sujeto activo del aprendizaje, así como las familias y el profesorado que guían y acompañan al alumnado; (iii) construir una organización escolar de educación formal y no formal con centros empoderados que funcionen en interacción con el entorno sociocultural e institucional; (iv) implantar un nuevo modelo de gobernanza, corresponsable, cooperativo y descentralizado; y (v) garantizar un sistema educativo euskaldun e inclusivo.
El Sistema Universitario Vasco debe pivotar sobre una universidad pública de prestigio dotada de los suficientes recursos económicos para garantizar una función docente de calidad e inclusiva, y poder desarrollar lo que es uno de los pilares fundamentales de la universidad: la investigación. Sobre este pilar debemos construir, precisamente, el futuro de la universidad tanto en la enseñanza como en la transferencia del conocimiento y en la divulgación. Una universidad de calidad al servicio del desarrollo social, económico y cultural del país. Para ello hay que dotar de racionalidad sistémica al sistema universitario vasco, desarrollando la visión que recoge la Ley del Sistema Universitario Vasco de 2004. Y, por supuesto, es hora de tratar con dignidad a nuestros investigadores e investigadoras, especialmente a los y las jóvenes.
5. Reproducir nuestra identidad nacional
El neoliberalismo ha destruido vínculos comunitarios y mercantilizado lo colectivo, lo común; le sobran las redes asociativas, necesita al individuo solo ante el mercado, preso de lógicas consumistas. Tras el derrumbe de la utopía del libre mercado, nos encontramos con sociedades frágiles y fragmentadas. La consecuencia más profunda y duradera del neoliberalismo es, precisamente, que ha arrasado la sociedad civil y ha dejado sociedades consumistas e individualistas.
Por lo tanto, la identidad se ha convertido en una variable fundamental, ya que el desarraigo genera la necesidad de sentirse parte de una comunidad. Y si no conseguimos significar una comunidad abierta y solidaria, los nacionalismos reaccionarios se abrirán paso y ofrecerán seguridad por medio de una concepción de la comunidad excluyente. Sin duda alguna, en una época de desarraigo y crisis identitaria en la que el ansia de pertenencia se manifiesta con la misma fuerza que el ansia de seguridad material, la identidad comunitaria, el sentido de pertenencia a una comunidad abierta y solidaria, es el ingrediente base de cualquier proceso de transformación: cualquier propuesta transformadora tiene que estar muy atenta para entroncar con las creencias o memorias más enraizadas en el imaginario nacional.
Lorea Agirre e Idurre Eskisabel han señalado que el desarrollo de la lenguas y las culturas de los pueblos es una de las principales vías para poner freno a la ideología, a la subjetividad y al sistema neoliberal.
6. Crear un modelo de seguridad propio
La seguridad será, sin lugar a dudas, uno de los principales factores que determinará las tendencias sociales en este contexto. Percibimos falta de seguridad, detectamos peligros potenciales que pueden tener la capacidad de condicionar nuestras vidas cotidianas y nuestras proyecciones de futuro. Lo hemos vivido en primera persona con la covid-19, algo que pocos años atrás nos hubiera parecido una distopía remota. Precisamente, los factores que puedan amenazar nuestro bienestar y estabilidad serán numerosos en los próximos años. Muchos de ellos nuevos, inexistentes en las formas sociales que hemos conocido hasta ahora.
Es necesario diseñar un nuevo paradigma de seguridad para tener una visión integral de la seguridad humana, que responda a la interrelación de las complejidades y amenazas de los problemas de seguridad existentes. Y es que la dualización social, los efectos del cambio climático, las pandemias, los ataques cibernéticos, la inestabilidad de la situación económica y financiera, etcétera, desbordan el concepto tradicional de seguridad.
Al menos cinco dimensiones de la seguridad deben ser especialmente tenidas en cuenta en esta era: la personal (derivada de la violencia de base socioeconómica y/o machista), la comunitaria (derivada de tensiones étnicas y/o religiosas), la sanitaria y de cuidados (pandemias, alimentos inseguros, falta de acceso a la atención y cuidados sanitarios básicos), las derivadas de la emergencia climática (olas de calor, incendios, inundaciones, contaminaciones) y la ciberseguridad.
Una nueva distribución del trabajo y la riqueza
Afrontar con garantías estos seis retos de país requiere una nueva distribución de la riqueza y del trabajo. Es hora de constituir el Marco Vasco de Relaciones Laborales que permita a las instituciones vascas y agentes sociales (sindicatos y empresarios) poder definir en la escala vasca: 1/ Un “estatuto del trabajador” con consolidación de derechos laborales básicos de los trabajadores y trabajadoras en las relaciones capital-trabajo en los tres momentum más determinantes: contratación, determinación dinámica de las condiciones laborales y extinción laboral. 2/ Desarrollo de la negociación colectiva sin interferencia de marcos estatales en las condiciones laborales de las y los trabajadores vascos. 3/ Un Lanbide con capacidades propias y exclusivas en el diseño de políticas activas y pasivas y en las políticas de formación continua. 4/ Nuestra propia ley de libertad sindical, abordando, entre otras cosas, una nueva forma de valorizar la participación de los y las trabajadoras en las empresas.
Así mismo, se debe definir un Salario Mínimo Interprofesional acorde a nuestra realidad socioeconómica; apostar decididamente por la democratización de la empresa a través de la participación de los y las trabajadoras tanto en la gestión como en los resultados y en la propiedad; abordar de una vez por todas el debate sobre a una nueva fiscalidad más justa y progresiva y que nos acerque a la presión fiscal media de Europa; articular músculo financiero público o de carácter social y plantear la reducción de la jornada laboral de tal manera que revierta en un mejor reparto del trabajo de cuidados.
Dos palabras sobre la digitalización
Para abordar estos seis retos es necesario reflexionar en profundidad sobre cómo y por dónde debemos entender la digitalización. La digitalización está en boca de todos, pero miramos a la tecnología sin el sentido crítico necesario. La tecnología no es neutral y precisamente por eso hace falta una mirada profunda a favor de la soberanía tecnológica.
Vivimos en un mundo y una Euskal Herria cada vez más digitalizados. Desde el punto de vista de la gobernanza y a nivel económico, social y cultural, el reto tecnológico es global y, al mismo tiempo, requiere una estrategia digital local que ponga a la ciudadanía en el centro y que tenga la soberanía tecnológica como horizonte. Y es que la soberanía tecnológica se construye y requiere empoderamiento digital individual y colectivo. La estrategia digital debería incluir los siguientes aspectos:
Desarrollo de infraestructuras digitales: conexión, propiedad y soberanía de datos (qué decir del caso Euskaltel). La conexión a Internet de alta velocidad y el acceso a los servicios digitales debe garantizarse a lo largo y ancho del territorio, hasta el punto de que la conexión a Internet pueda ser declarada como un derecho universal. Además, siendo la nuestra una sociedad guiada por los datos, estos son un activo importante. Los principales y más extendidos procesos de recogida y uso de datos que se ofrecen en la actualidad son totalmente extractivistas: el carácter de este proceso de “datificación” es totalmente asimétrico y excluyente y se enmarca en un esquema de simple monetización. Sin embargo, la confianza ciudadana en los servicios digitales se construye, lo que fomenta la participación ciudadana. En ese sentido, los datos de la ciudadanía deberían utilizarse para reforzar la cohesión social y tomar decisiones basadas en evidencias, es decir, que el valor que generan los datos extraídos de la ciudadanía revierta en la sociedad que los genera. Por tanto, se debe construir un modelo de gobernanza de datos y una infraestructura pública de datos que responda a ello.
Administración electrónica: dentro de un modelo de digitalización orientado a la mejora de los servicios públicos, con la tecnología blockchain se pueden garantizar transacciones seguras y transparentes y asegurar que todos los procesos que usan inteligencia artificial han pasado una auditoría algorítmica. La administración pública es responsable de su soberanía tecnológica y para ello es imprescindible digitalizarla basándose en herramientas digitales libres, democráticas, abiertas, auditables y transparentes.
Empoderamiento digital de la ciudadanía: empoderarla como usuaria de herramientas digitales, para ejercer control sobre las herramientas que utilizan y para la toma de decisiones tácticas y estratégicas en el entorno digital. Huelga decir que el sistema educativo es la herramienta política más eficaz para garantizar el empoderamiento digital y que, con ello, es necesaria una formación digital al alcance de toda la ciudadanía. Asimismo, necesitamos personas y empresas/organizaciones con formación tecnológica avanzada que garanticen el conocimiento tecnológico local.
Ciberseguridad: como país, hay que garantizar la seguridad y la resistencia de los datos y sistemas digitales propios, con una estrategia e infraestructura integral de ciberseguridad. Esto responderá a la vigilancia de datos e infraestructuras de personas y de todo tipo de instituciones.
No son muchas las certezas que podemos dar a la sociedad vasca en un mundo globalizado sumido en el caos. Debemos ser honestos. Somos un pequeño velero en mitad de un océano enrabietado. Pretender dar soluciones simples a problemas complejos, o bien es caer en un ejercicio de cinismo irresponsable, o bien es deslizarse hacia agendas autoritarias regresivas. Lo que sí podemos hacer es tratar de articular una respuesta igualitaria y democrática a este momento histórico desde nuestro buen hacer como país. Reiteramos que, todos y cada uno de los retos a los que nos enfrentamos exigen soluciones pensadas desde nuestra intuición comunitaria y escala territorial. Tenemos la posibilidad de hacerlo y es nuestra responsabilidad intentarlo.
En Euskal Herria existen suficientes voluntades individuales y colectivas para hacer este camino. Hay que articularlas, organizarlas, y ponerlas en marcha. Hay que superar dinámicas fragmentadoras, supeditar intereses corporativos, tejer complicidades hasta ahora improbables y, sobre todo y, ante todo, rehuir de discursos en última instancia reaccionarios que sugieren abandonar toda esperanza en lo político y nos abocan a un pesimismo atroz. En definitiva, articular nuevas mayorías sociopolíticas capaces de operativizar mayorías sociológicas que ya existen en nuestro país.
Hay sectores dinámicos en la sociedad vasca cuya potencialidad comunitaria, por diversos motivos, no se libera en toda su magnitud en favor de una estrategia de transformación en la escala vasca. Lo cual apunta la necesidad de abordar una reflexión conjunta más allá de siglas y dinámicas electorales. Existe, por ejemplo, una comunidad científica vasca, un sindicalismo abertzale mayoritario, un movimiento cooperativista, un movimiento feminista, dinámicas culturales, movimientos juveniles, etc. Esa reflexión conjunta debería tratar de responder algunas de las siguientes cuestiones: ¿Qué tipo de condiciones se deben trabajar, cuáles son las dinámicas que se deben corregir y qué tipo de instrumentos se deben disponer para la activación de la capacidad comunitaria de la sociedad civil vasca en favor del proceso transformador en clave soberanista?
En segundo lugar, la Comunidad Autónoma Vasca resulta ser una anomalía en cuanto a política de alianzas y fórmulas de gobierno que devienen de ellas. Hoy, la alianza PNV-PSE es reactiva mucho más que proactiva e impide dar cauce a la pluralidad política de la sociedad vasca. Una alianza cerrada que atraviesa todas las escalas institucionales extendiéndose al ayuntamiento más recóndito de la geografía de estos tres territorios no puede responder más que a intereses partidistas. Frente a este tipo de pactos en cascada, el país necesita gobiernos con propósito en cada escala institucional. Gobernar para qué y cómo, estas son las cuestiones que es preciso formular. Es urgente pasar de alianzas reactivas y excluyentes que en muchas ocasiones resultan en acciones de gobierno de suma cero a un espacio cooperativo capaz de gestionar la pluralidad política del país en términos constructivos.
Ya que este país es mayoritariamente soberanista e igualmente progresista: existen mayorías que reclaman avances en términos sociales de carácter igualitarista y mayores cotas de autogobierno para profundizar en la construcción de una nación solidaria abierta a nuestro entorno y conectada a un contexto mundial absolutamente globalizado. Es por ello que el desarrollo social de este país se articula sobre dos ejes: el eje social (progresista-igualitarista) y el eje nacional (abertzale-soberanista); la pulsión social y nacional que traccionan la construcción comunitaria de nuestro país. Cuando se relativiza o menoscaba una de ellas el país no avanza según sus posibilidades, es como si caminásemos a la pata coja. Por lo tanto, cualquier fórmula de gobierno construida sobre la exclusión de uno de los ejes, cualquier fórmula de gobierno que renuncie a una de las dos pulsiones, será incapaz de satisfacer los anhelos de la sociedad vasca por cercenar su pluralidad política.
La gran innovación que se requiere en la política vasca de estos tres territorios consiste en articular un espacio cooperativo que impida que la derecha reaccionaria condicione la política vasca, incluya los dos ejes socialmente articuladores y permita que los partidos políticos dialoguen en torno al escenario al que queremos llevar este pueblo en el horizonte de una generación: un espacio de colaboración sobre los retos de este ciclo político y la manera de abordarlos junto a la sociedad civil vasca. Se trata de pasar de una mirada reducida y cortoplacista a otra más amplia y de largo alcance, cambiar de una política excesivamente condicionada por los intereses partidistas (la política convencional que tan acostumbradas nos tiene) a otra que anteponga un programa ambicioso de transformación capaz de situar a este país en el medio plazo en un escenario acorde a sus ambiciones y posibilidades.
Es evidente que los distintos partidos representamos opciones ideológicas distintas, y que la política consiste, básicamente, en la confrontación de ideas. No estamos proponiendo rehuir la dialéctica entre diferentes posiciones ideológicas, sino centrar el debate político en el modelo de país que pretendemos construir basándonos en el mandato democrático que emane de las urnas. Hasta la fecha, podemos decir que existen mayorías sociales tanto para plantear una agenda soberanista que posibilite avances cualitativos en la relación con el Estado como para desarrollar políticas públicas más progresistas e igualitaristas que las actuales.
Esto es una invitación a dejar atrás la política más convencional, atender el mandato democrático de la sociedad vasca y cooperar además de competir: salirnos de los códigos de la política convencional y plantear una política a la altura del momento histórico: la derecha reaccionaria avanza peligrosamente en la batalla cultural y en la representación institucional, la emergencia climática se acelera y el mundo avanza hacia nuevos paradigmas socioeconómicos. Somos un pueblo pequeño ante retos globales de dimensiones colosales: estamos obligados a cooperar además de competir. Hagamos un diagnóstico compartido sobre la situación del país al inicio de este nuevo ciclo político, dialoguemos sobre el modelo de país que reclama la sociedad vasca mediante mandato democrático y tratemos de acordar las líneas estratégicas para alcanzarlo: construyamos una agenda de país, sumemos voluntades más allá de intereses partidistas.
Y en segundo lugar abordemos la cuestión de la gobernabilidad. Este espacio cooperativo puede dar lugar a múltiples configuraciones a la hora de plantear la gobernabilidad. Desde nuestro punto de vista, es lógico plantear que es la fuerza mayoritaria la que está llamada a liderar los gobiernos y desde ahí plantear un programa basado en la agenda de país. La cooperación entre gobierno y oposición también se puede articular de diferentes maneras. La referencia de esta política cooperativa la tenemos en Nafarroa e Iruñea. La referencia de la política excluyente que debemos superar es lo que se ha hecho en Gipuzkoa, Gasteiz y Durango.
La crisis política pone en entredicho las democracias representativas occidentales. Vivimos tiempos de agotamiento de la política convencional. Además, la complejidad de los retos sociales actuales evidencia los límites de la acción institucional top-down. Resulta primordial activar nuevas formas de liderazgo capaces de articular fórmulas de cooperación entre agentes de la sociedad civil e instituciones, e impulsar nuevas institucionalidades de carácter comunitario.
Gobernanza cooperativa
A este respecto, se debe subrayar que cooperar no es exactamente lo mismo que colaborar. Cooperar supone construir espacios de interrelación no jerárquicos, acercarse a los niveles superiores en la escala de la participación política. Una cosa es dar parte a la sociedad de una decisión (y para ello escuchar, comunicar, consultar), otra cosa es disponer de medios para que la sociedad tome parte en las decisiones (abrir cauces de colaboración ciudadana en la gestión institucional) y otra hacer que la sociedad sea parte de las decisiones, en toda la dimensión de la gestión política (articular espacios de cooperación entre agentes de diferente naturaleza).
Es bastante evidente que retos urgentes que plantean dilemas de valores como los diferentes procesos relacionados con la transición ecológica (que de una manera u otra van a tener una afección territorial y van a implicar cambios en nuestros hábitos de vida) o la segregación social por motivo de clase y origen, no tienen gestión política posible si no es mediante la articulación, en primer lugar, de espacios deliberativos de naturaleza cooperativa que den pie a procesos de empoderamiento comunitario. El contexto histórico requiere de un avance cualitativo en democracia participativa e innovación social. Para ello, es necesario crear nuevas estructuras permanentes que se inserten en el sistema institucional existente y actúen como mecanismos independientes del gobierno y del parlamento. Existe suficiente experiencia en el contexto europeo para avanzar en este sentido.
Queremos volver a recalcar que no se debe caer en una visión idealista de la cooperación. Los consensos no caen del cielo. No se es comunidad, la comunidad se construye y se deconstruye permanentemente; el conflicto es inherente a la democratización. En ese sentido, se requiere de una nueva cultura política capaz de gestionar la participación política más allá de los límites de la democracia liberal, guiada por una clara visión de país que supedite agendas corporativas, y que, a la vez, asuma que la protesta y la movilización colectiva son, también, expresiones democráticas.
También nos es necesario ir más allá de los esquemas habituales de colaboración público-privada. Como decíamos al principio, nadie tiene el conocimiento necesario para afrontar por sí mismo los retos de la época, por lo que es imprescindible configurar ecosistemas de innovación abierta que combinen las tres dimensiones (económica, social y medioambiental) del desarrollo sostenible. Este es un nuevo enfoque sistémico, ya que para hacer frente a los retos sociales de la época no basta con una actuación basada en proyectos desconectados, sino que se necesita una interconexión de estrategias y acciones que se materialicen en formas colectivas de acción, alineando instituciones, agentes económicos, agentes del ámbito del conocimiento así como agentes de la sociedad civil a la lógica de una misión; y el liderazgo emprendedor de las instituciones públicas es clave en la construcción de estas interconexiones. Necesitamos, también, que el sindicalismo forme parte de este ecosistema, más allá de la clásica representación institucional.
El municipalismo tiene algo que decir
La política municipalista es un banco de pruebas en ese sentido. Los seis retos estratégicos mencionados anteriormente requieren de una estrategia de toma de poder, ya que cualquier estrategia soberanista pasa por disponer del mayor número de espacios de poder al servicio de un proceso de transformación en la escala vasca que vaya construyendo estatalidad; pero, a su vez, requiere de una segunda pata bottom-up que distribuya el poder mediante la generación de nuevas institucionalidades: la vía de la construcción comunitaria que entronca claramente con nuestra tradición municipalista.
De hecho, la escala local permite experimentar la hibridación entre administración y comunidad, siendo la escala ideal para trabajar la capacidad colectiva de cara a responder a problemas y retos comunes. También permite desarrollar modelos comunitarios de propiedad de recursos materiales, profundizando en modelos público-comunales que persigan el empoderamiento de personas y comunidades. Consideramos como estratégicos los siguientes ámbitos de trabajo: la organización de comunidades energéticas locales, tanto para el desarrollo de energías renovables como para la reducción del consumo energético; la puesta en marcha de consejos educativos municipales que planifiquen la oferta escolar, gestionen la matriculación y unifiquen y euskaldunicen la oferta extraescolar (extendiendo el modelo D al ocio infantil y juvenil); la puesta en marcha e integración de dinámicas culturales, ofreciendo un circuito nacional a la cultura vasca; la organización de estructuras comunitarias de cuidado; y la creación de estructuras comunitarias de apoyo solidario que garanticen las necesidades materiales básicas de la ciudadanía.
Hoy, probablemente, estemos ante un nuevo impulso comunitario que viene de la mano del municipalismo transformador. Falta tomar conciencia de lo que ya se está haciendo y del potencial del municipalismo en el proyecto soberanista. Organizar una comunidad energética local hoy tiene un valor político similar a lo que pudo tener en su día organizar una Ikastola, por ejemplo. El municipalismo debe ser catalizador de ese nuevo impulso comunitario al servicio de la transformación en clave soberanista.
Reto intergeneracional
Las decisiones que se tomen y no se tomen en los próximos años tendrán un impacto determinante en nuestro bienestar y en el de las futuras generaciones. Las niñas y niños que hoy dan sus primeros pasos llegarán a la mayoría de edad en 2040. Para entonces Euskal Herria se habrá transformado profundamente tanto en términos sociales, económicos y culturales. Es posible prepararse para el futuro por muy incierto que este sea, anticiparse a las situaciones es clave en este momento de cambio de era. Es hora de reaccionar, de activar una sólida visión estratégica: estamos llamados a imaginar cómo queremos que sea Euskal Herria en 2040 y ser protagonistas de los procesos de transformación que se deben poner en marcha a partir de hoy mismo.
Una labor necesariamente intergeneracional en la que cada cual está llamada a ocupar su lugar. Los y las jóvenes tienen la responsabilidad de abrir las puertas a un futuro de esperanza, las personas de mediana edad la oportunidad de ofrecer a este proceso de transformación los años más fecundos de sus vidas, las personas mayores la ocasión de luchar por el bienestar de las generaciones futuras. Especial atención merece el protagonismo de la juventud en el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas que condicionarán el futuro. Propuestas como la ley o el comisionado para el bienestar de las generaciones futuras resultan ser una buena referencia por las posibilidades que abren para la salvaguarda de los intereses de las generaciones futuras y la atenuación de los problemas vinculados con el cortoplacismo político.
Gobernanza feminista
Y en esta labor intergeneracional las mujeres deben ocupar el lugar que les corresponde. Una nueva generación de mujeres está asumiendo ya tareas de dirección y liderazgo en la práctica política e institucional. Un liderazgo reparador y transformador por cuanto que incorpora la necesaria perspectiva feminista al proceso soberanista. Sin embargo, más allá de la presencia de las mujeres en la primera línea de la política, incorporar la perspectiva feminista en las políticas públicas requiere de una institucionalidad efectiva tanto en los tres poderes públicos como en la profundización democrática que se pretenda mediante el empoderamiento ciudadano.
De hecho, hace tiempo que los planes de igualdad se sitúan en las políticas de igualdad como pilares relacionados con la gobernanza, bajo el nombre de “buen gobierno”. Nosotras creemos en el valor transformador de esta propuesta y creemos que el modelo de gobernanza también tiene que ser feminista, ya que consideramos que la atención debe ponerse dentro de las instituciones, en su estructura. Consiste en observar más las formas de hacer que lo que se hace. El proceso de democratización es, en general, otra mirada para definir prioridades; un cambio en los procedimientos de actuación y de trabajo que debería incidir en la transformación de las estructuras de toma de decisiones y en el sistema de valores.
Además, estos procesos democratizadores podrían dar lugar a un proceso de legitimación del sistema político, en un momento en el que hay una visión negativa de los partidos políticos e instituciones. Porque profundizar en la democracia representativa no sólo debería suponer la participación y el empoderamiento de la ciudadanía, sino que debería abrir el camino para construir corresponsabilidad y decisiones compartidas en la relación público-comunitaria de la que últimamente tanto hablamos. Todo esto permite no sólo el debate colectivo y, por tanto, el cambio de conciencia, sino también reinventar las formas de hacer política, reactivando los vínculos afectivos y la corresponsabilidad y construyendo otras formas de gestionar lo común.
Y eso, a su vez, permite articular y materializar la política en todos los ámbitos de la vida y a diferentes niveles: barrios, pueblos, territorio, etc. Un ejemplo puede ser la relación entre las instituciones municipales y las casas de las mujeres de estos municipios, que a veces son proyectos cogestionados con el movimiento feminista. Se crea un espacio cotidiano que permite tejer estrategias de resistencia y presión, a la vez que responde a las necesidades que tienen las mujeres aquí y ahora. No podemos olvidar que no sólo quien quiere participa, sino quien puede. Los tiempos de vida no se distribuyen del mismo modo por sexo, estatus migratorio o poder adquisitivo. Y si asumimos que la participación también la tenemos que hacer con ellas, las instituciones no sólo deben ser creativas para articular su participación, sino que deben asumir que sin mejorar las condiciones de vida materiales y el tiempo de las mujeres no será posible que, en algún momento, sus voces estén presentes como es debido.
En el ámbito institucional, cuando mencionamos la gobernanza feminista nos referimos a la puesta en marcha de una transversalidad radical. Hablamos de que la perspectiva de género esté presente en todas las acciones, áreas y programas, así como de poner en marcha procesos de empoderamiento para las mujeres. Esto supone un cambio de enfoque, puesto que el problema se sitúa más en la estructura que en las mujeres, es decir, en el sistema. Ya no son “temas de mujeres”. Para ello, entre otras cosas, habría que crear unidades de igualdad en todos los departamentos. Esto debería romper estructuras estancas, construyendo y gestionando proyectos compartidos entre diferentes departamentos. La transversalidad es una herramienta muy útil para poner en marcha políticas de igualdad, pero si no cuenta con un liderazgo político claro, con la implicación efectiva de todos los departamentos, y si los departamentos encargados de llevar a cabo los planes no se dotan de los presupuestos y personal suficientes, la transversalidad se convierte en una forma de blanquear el inmovilismo y también en el mejor aliado del discurso de lo “políticamente correcto”.
Igual que les sucede a los dispositivos electrónicos que manejamos cotidianamente, el sistema operativo de este país requiere de una actualización para poder desarrollar las políticas públicas que se requieren en siglo XXI, aplicar la visión sistémica fundamentada en ecosistemas abiertos para la innovación o implementar las estrategias de empoderamiento comunitario que necesitamos. Una narrativa que establezca las bases de una regeneración política que, lejos de significar un cambio de caras o un mero relevo generacional, suponga la puesta en marcha de un proceso de transformación social y nacional acorde a la magnitud de los retos que plantea este siglo XXI.
Es por ello, precisamente, por lo que demandamos el derecho a la libre decisión. Porque el debate no es qué es posible dentro de la constitución española, sino qué nivel de soberanía, qué nivel de autogobierno necesitamos para dar una respuesta positiva a esta nueva era. El debate en torno a la soberanía es un debate sobre qué se decide, dónde se decide y cómo se decide. Y nosotros y nosotras queremos la máxima capacidad de decisión para dar cauce a la voluntad de la sociedad vasca democráticamente expresada acerca de todos los procesos que afectan a nuestras vidas. Para ello, necesitamos nuevos estatus políticos, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la Comunidad Foral de Navarra, para hacer frente a los complejos retos que tenemos delante con las suficientes garantías y poder seguir avanzando como pueblo. Un sistema judicial propio o un Marco Vasco de Relaciones Laborales son herramientas para la profundización democrática en la escala vasca, ejemplos claros de un nuevo dimensionamiento de nuestro autogobierno.
Tal como se recoge en la propuesta «De la autonomía a la soberanía, bases para un nuevo estatus político» presentado en 2018, los nuevos estatus políticos deberían dotar a ambas comunidades de un fondo de poder con capacidad de decidir sobre todas aquellas cuestiones que afecten directamente a la sociedad vasca, de acuerdo al principio de proximidad; posibilitar la articulación institucional y/o funcional entre los territorios de Euskal Herria sobre un modelo confederal, de modo que cualquier espacio de acción común –institucional y/o competencial–, sea consecuencia de la libre voluntad de la ciudadanía de cada ámbito territorial; y arbitrar sistemas de garantías que aseguren una bilateralidad efectiva de tipo confederal con el estado español.
Porque renunciar a la soberanía es, entre otras cosas, renunciar al desarrollo de las políticas públicas que se requieren en este momento histórico. Precisamente, una de las grandes enseñanzas de la crisis desatada por la covid-19 es que la capacidad que tengamos de afrontar los retos de época, nuestra resiliencia comunitaria, dependerá, en gran medida, de dos factores fundamentales: actuar como comunidad y disponer de estructuras de estado eficaces; una comunidad abierta, viva, autoconsciente y comprometida, protegida por un Estado social y democrático.
No se trata de dar recetas, sino de tejer una agenda nacional. Debemos prepararnos para coliderar esta época de transformaciones y realizar una aportación transcendental a la renovación del proyecto nacional vasco en este momento histórico. Un proyecto nacional de libre adhesión, radicalmente democrático y basado en el desarrollo humano sostenible, que construya una comunidad cohesionada sobre los principios y valores de igualdad, justicia social y cuidado del medio natural.
EH Bildu es consciente de que es un instrumento imprescindible a tal fin, pero esto no se puede hacer solo desde una fuerza política, por muy amplia y diversa que esta sea, sino a través de nuevas mayorías sociopolíticas que deben expresarse de muchas maneras y en múltiples ámbitos. Mayorías sociopolíticas que actúen con una clara visión de país y se guíen por un pragmatismo transformador. Pragmatismo transformador entendido como radicalidad responsable, que analiza la raíz de los problemas como método para plantear soluciones posibles. Radicalidad responsable frente a la defensa impotente del actual estado de cosas que indefectiblemente nos aboca a un futuro sin esperanza. Un pragmatismo transformador que no rehúye el debate de las ideas, que confronta cuando es necesario, pero que al mismo tiempo es capaz de alcanzar acuerdos, de sumar fuerzas y voluntades, de habilitar espacios para el encuentro.
Hoy más que nunca lo importante es lo que nos une, y lo que nos une es mucho. Nos une nuestro país, la preocupación por su futuro. Y sí, necesitamos acuerdos de país sobre los principales retos que afrontamos, y es posible alcanzarlos. Los acuerdos no son un fin en sí mismo, sino el medio para avanzar en la construcción social y nacional de nuestro país; y cuando no se ponen límites al debate político, cuando se sitúa en el centro del mismo un profundo sentido de país y se dejan de lado los intereses partidistas cortoplacistas, los acuerdos políticos se convierten en palanca de procesos sociales más amplios. Tenemos la responsabilidad de estar a la altura que exige este momento histórico.
Se puede hacer mejor, se debe hacer mejor y vamos a hacerlo mejor. Porque, a pesar de todo, nos comprometemos a que las generaciones que hoy dan sus primeros pasos conozcan una sociedad, un país y un mundo mejor que el que a nosotros y nosotras nos ha tocado vivir. En palabras de Layla Martínez: ser ferozmente optimistas y radicalmente pragmáticos es nuestra única opción.
Pello Otxandiano nos ha dejado en las páginas que acabamos de leer ideas para el debate y la reflexión, ideas tan claras como profundas. Ideas bien estructuradas, reflejo de una sólida formación científica de una persona que conoce bien el sistema cartesiano. Pello ha querido ofrecernos su mirada.
La política es responsabilidad de las personas y yo la entiendo tan sólo desde la pasión. En el periodismo, profesión que vivo con verdadera pasión, mi propia mirada coincidía con las que estaban al otro lado de la pantalla, a veces cómplices, y otras no tanto. Es una profesión, pero también ha sido mucho más que eso: un lugar para construir este país. Porque cada cual, como digo a menudo, construimos este país cada día desde el lugar en que nos encontramos. En la calle, en casa, en la residencia de ancianos, en la escuela, en el supermercado, en la universidad, en la fábrica, en las instituciones… Y todas las miradas que surgen de esos lugares me han permitido ser eslabón y tener un asidero, tanto periodístico como político. De un modo diferente, evidentemente: en política no hay pantallas de por medio, ahora veo las miradas de la gente cara a cara, y quiero responder con fuerza a vuestros abrazos, y manifestar que no cejaré en mi empeño de decirle a este pueblo que se lo debo todo.
Hace ya muchos años el físico Pedro Miguel Etxenike me decía en una entrevista que la longitud de onda de la luz no termina de explicar la emoción que produce contemplar la puesta del sol en una hermosa tarde de verano; que la emoción que produce la música de Bach en el oyente no se entiende únicamente aprendiendo el movimiento armónico de las cuerdas del violonchelo. El propio Descartes, cuando propuso su famoso sistema de coordenadas, insistió en la necesidad de establecer un origen en un punto. El origen. Y ese origen se percibe con claridad, al menos yo lo he percibido con claridad, en este texto de Pello.
En la tarea de llevar a este país al lugar que necesita y se merece, todo se lo debemos a quienes han actuado sin resignarse antes que nosotras. Han superado retos más difíciles que los nuestros. Las campañas electorales no son fáciles; dar la vuelta a las previsiones difíciles y muchas veces interesadas y traer nuestra fuerza a un escenario de futuro próspero no es fácil; ver cómo te arruinan lo acordado tras meses de negociaciones no es agradable; por supuesto, el dolor nunca es agradable. Pero como decía Lauxeta, no es nada en comparación con lo que han pasado los que lo dieron todo por la amada libertad. Ahora estamos aquí por el trabajo, la resistencia, la pasión, el compromiso y la ilusión de nuestros predecesores. Estamos aquí porque nuestros predecesores también supieron dar respuestas a situaciones complejas.
Si hoy hemos llegado hasta aquí, si somos la primera fuerza política en cientos de pueblos de Euskal Herria, es porque lo hemos hecho entre todas las personas implicadas en ello, y por eso es imprescindible dar las gracias a todas ellas. Porque no nos hemos resignado, porque hemos sido capaces de encontrar coraje hasta en los momentos más difíciles, porque hemos acertado a dibujar sonrisas cómplices en nuestras caras, porque nos hemos protegido, porque nos hemos amado. Cuando en 2023 ganamos las elecciones en Gipuzkoa –superando también entonces previsiones interesadas– sentí una alegría inmensa, pero más allá de la alegría sentí la fuerza que demuestra este pueblo cada vez que se pone en marcha, y tal vez incluso más amor que fuerza –o ambas en igual medida–, el amor que gente –cercana o no– de toda Euskal Herria me han transmitido con besos y abrazos o guiños por correo electrónico. Nunca olvidaré los besos y abrazos que recibí aquella noche de celebración por parte de mi familia, a pesar de las muchas horas que les he robado.
Aquí se trata de trabajar en equipo. Eso de trabajar mano a mano, construyendo comunidad –pueblo, país–, es una lección que me regalaron mi padre y mi madre desde que nací. Y no se equivocaron. Las acciones diarias son las que nos hacen ser un pueblo. No estamos obligadas a responder sólo a esa llamada que se nos hace cada vez que hay elecciones. Estoy convencida de que para responder a los complejos retos de esta época que nos ha tocado vivir, estamos sabiendo crear otras formas de hacer y tendremos que seguir haciéndolo.
Todas esas cosas le he visto a Pello en estas líneas. En todas ellas he percibido el origen del que hablaba Descartes. Trabajo en equipo, comunidad, patria, amor. Cada vez que me lo han preguntado he respondido –blandiendo con fuerza ese testigo– que estamos aquí para responder a los retos del futuro. Para ayudar a construir los derechos, los deseos, las necesidades de este pueblo, la felicidad de esta sociedad. Porque este país se compone de gente libre, que quiere decidir y que está dispuesta a construir y a cuidar.
Reflejo de todo ello es lo que ha escrito Pello. Y también los retos que nos ha descrito. Una propuesta clara que da respuesta y esperanza a las pasiones de una amplia mayoría de la ciudadanía vasca. Si algo ha demostrado Euskal Herria a lo largo de la historia, si algo hemos demostrado la gente vasca, es que no queremos vivir bajo el yugo de nadie.
Por eso hoy os lo repito: lagunok, gurea Askatasuna da!
Maddalen Iriarte Okiñena
En este segundo apartado vamos a ir añadiendo miradas, tanto sobre diferentes áreas estratégicas de la construcción nacional como sobre diferentes temas que están en la conversación pública y creemos que hay que politizar. Estas miradas se desarrollarán en diferentes formatos: unas serán entrevistas, otras reflexiones breves o más largas y estructuradas. A continuación presentamos las tres primeras miradas sobre temas que hemos trabajado en los últimos meses: educación, normalización del euskera y política económica. Los que vengan después los haremos públicos en diferentes formatos digitales.
Se ha aprobado la ley de educación tras un proceso de casi tres años. ¿Cuál ha sido la esencia de este ejercicio?
Llevamos tiempo diciendo que este pueblo necesita consensos de país o pactos de Estado. No estamos bien. Muchos indicadores de desarrollo de Euskal Herria nos dan motivos para la preocupación. Un sólo dato: En 2021 la venta de libros en euskera cayó alrededor de un 10% y no hay explicación comercial alguna, es decir, ese descenso es consecuencia de un contexto: el sistema cultural vasco se está debilitando. Ciñéndonos a la educación, a la vista de la situación del sistema educativo y con la prospección de los próximos años, si no se lleva a cabo una transformación disruptiva, la situación será muy adversa.
Había dos opciones: Esperar a que EH Bildu gobierne por mayoría para hacer «nuestra” ley (como hacen en España, cambiando la ley cada seis u ocho años como consecuencia de la alternancia) o intentar hacer una ley fruto de un consenso de país. Y optamos por la segunda opción. Porque como este país no se puede gobernar por mayoría absoluta, estamos condenados a construir consensos en cuestiones fundamentales para la construcción de nuestro país. Nos hemos esforzado en ello, poniendo todas nuestras capacidades a su servicio. Por tanto, esta no era «nuestra” ley, sino una ley que podía dibujar un suelo común.
A los retos que el sistema educativo va a tener que afrontar en los próximos años no se puede responder sin el PNV y tampoco sin EH Bildu, como tampoco se puede poner en marcha una nueva política lingüística sin EH Bildu y sin el PNV. Es evidente que hace falta más gente pero, teniendo en cuenta la sociología de nuestro país, esos dos ejes son imprescindibles, nos guste o no. Por lo tanto, nuestro intento ha sido construir un consenso de país básico.
También ha habido quien ha señalado que no hay necesidad de una nueva ley…
Hay tres megafactores que atravesarán el sistema educativo de arriba abajo y que generarán una situación muy compleja: el descenso de la natalidad (se prevé que en los próximos diez años se pierda un tercio de los y las alumnas), el aumento de las migraciones (que puede aumentar la segregación y comporta un riesgo de fractura social) y la irrupción de la digitalización, que traerá importantes cambios en el ámbito del aprendizaje y la enseñanza. Hay motivos suficientes para acometer una gran transformación del sistema. Una transformación de ese calibre requiere un nuevo suelo legitimador, además de diseñar nuevas herramientas y estrategias.
Se podría decir que vamos tarde. Las dos legislaturas anteriores han sido años perdidos a la hora de diseñar nuevas herramientas y estrategias. Una vez más debemos dejarlo claro: El Gobierno liderado por Iñigo Urkullu durante las tres últimas legislaturas no ha sabido preparar el futuro. Ahora, las condiciones no son las óptimas para hacer las cosas con calma: las deficiencias que presenta la enseñanza del euskera, la competencia que genera la caída de la natalidad y las consecuencias de la segregación han tensionado mucho al propio sistema y a la comunidad educativa.
¿En qué momento se encuentra la educación vasca?
Creemos que es el momento de abrir una nueva fase. Los factores a los que nos enfrentamos y que ya hemos mencionado, así lo exigen. Perpetuar el status quo actual no es una opción. La pregunta es cuál es el paso adelante que podemos dar como país, qué tipo de consenso es posible en cuanto a la organización del sistema.
Hemos dicho que es el momento de institucionalizar y poner en marcha la hipótesis de la confluencia. Es decir, que es el momento de adquirir las mejores características de cada tradición educativa que tenemos en Euskal Herria y empezar a crear algo nuevo que nos permita dar el salto en calidad educativa, equidad y euskaldunización.
Euskal Herria es el marco: necesitamos una visión nacional en todos los ámbitos de la educación y es el momento de dar el salto en la cooperación entre los territorios vascos también en este ámbito. Y esta fase de la construcción tiene tres puntos cardinales: el triángulo de la construcción contemporánea del sistema educativo vasco (un triángulo que se representa invertido):
Primero: el desarrollo de los centros escolares auto-organizados. El punto de apoyo de la educación vasca radica en que la transformación se basa en apostar por un modelo de centro determinado, que es la base que necesitamos para poder llevar a cabo los diferentes aspectos de la transformación. ¿Qué entendemos por centro escolar auto-organizado? Le atribuimos tres características: 1/ tiene autonomía (capacidad suficiente para desarrollarse autónomamente) para desarrollar el liderazgo pedagógico, organizarse y gestionar la actividad educativa; 2/ tiene un proyecto educativo articulado y desarrollado mediante la participación de la comunidad; 3/ se vincula al valor público (o interés social) definido por ley. La transformación pedagógica que tanto necesitamos exige este modelo de centro.
Segundo: El euskera y la enseñanza-aprendizaje de las lenguas: enseñanza-aprendizaje de las lenguas que conduzca a la consecución de perfiles vascoparlantes plurilingües; didáctica de las lenguas que, en un contexto plurilingüe y multicultural, genere vascoparlantes plurilingües, que atienda a la situación de diglosia de nuestra lengua propia, el euskera.
Tercero: Combatir la segregación por clase social y origen. Dar un salto en la inclusión y la equidad, asumiendo la responsabilidad del sistema educativo respecto a la cohesión social.
Y aquí es donde aparecen los tres megafactores que condicionarán profundamente este proceso de transformación: el descenso de la natalidad, el aumento de las migraciones y la digitalización.
Vayamos por partes. Centros auto-organizados: ahondemos en ello, por favor.
Creemos que el debate público-privado que ha lastrado la educación vasca en el pasado debe convertirse en un debate en torno al modelo de centro. Sería un nuevo enfoque para debatir sobre el mismo tema, diríamos que más productivo desde el punto de vista de país.
Serían centros auto-organizados los centros que ofrezcan el Servicio Vasco de Educación. La pregunta es cómo crear las condiciones para que los centros puedan hacer un recorrido para ganar autonomía, posibilitar la participación comunitaria y unirse al valor público. Qué tipo de gobernanza del sistema necesitamos para ello y qué nuevas condiciones se deben dar.
Creemos que para lograrlo necesitamos una nueva gobernanza del sistema: tenemos que dar el salto de un sistema centralista y burocratizado a un sistema eficaz al servicio de los proyectos educativos de los centros; necesitamos nuevos mecanismos para avanzar en la equidad del sistema, dando más a quien más lo necesita; y tras definir por ley qué aporta valor público, quien no cumpla con su compromiso con el mismo, tendrá que perder el derecho a ofrecer el Servicio Vasco de Educación.
La esencia de esta Ley debía ser precisamente el establecimiento claro de esa nueva gobernanza del sistema.
¿No influye la titularidad?
Sabemos que este punto de apoyo tiene un difícil equilibrio. No vamos a decir que la titularidad no tenga influencia alguna. Sí que la tiene. Es innegable que la segregación se acumula en los centros públicos, por ejemplo, por razones estructurales. Y al mismo tiempo, son innegables las imposibilidades de esta administración educativa pública autonómica para llevar a cabo lo que exige la enseñanza del euskera y la transmisión de la cultura vasca, o para hacer posible la autonomía efectiva de los centros (el título quinto de la Ley de Escuela Pública no ha tenido desarrollo alguno en las tres últimas décadas).
Por tanto, hay que definir un nuevo campo de juego que hemos denominado Servicio Vasco de Educación, donde las reglas de juego sean claras y las administraciones se encarguen de hacerlas cumplir; y también hay que poner en marcha una nueva gobernanza del sistema.
Tanto los centros concertados como los públicos tienen un camino que recorrer para llegar a ser centros auto-organizados: Los centros concertados han de vincularse al valor público como no lo han hecho hasta ahora; y los centros públicos deben desarrollar una mayor autonomía –que no han hecho hasta ahora–, para asumir el liderazgo pedagógico, auto-organizarse y gestionar la actividad educativa.
Aquí hay una interpelación incómoda a la red concertada. Y no metemos a todos en el mismo saco. Sentimos cercano el proyecto del movimiento de las ikastolas, lo hemos dicho alto y claro, y no sentimos la necesidad de profundizar en razones. Pero creemos que debemos tener claro que es hora de transformar todo el sistema y no de profundizar en la autorreferencialidad. Es el momento de dar el salto, no es momento de resistir, porque si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora vamos a retroceder.
Por otro lado, me han interpelado a través de las redes sociales sobre la escuela pública Ondarreta de Andoain. Sí, conozco su situación. Y lo volvemos a decir: la titularidad es una característica estructural que supone que la segregación escolar se concentre en la escuela pública. Eso es un hecho. Otra cosa es decir que esta situación no se pueda corregir estableciendo y cumpliendo reglas claras de juego, o pensar que si todos los centros fueran públicos no existiría segregación.
Y aquí también hay una interpelación incómoda a la red pública. Creemos que la izquierda debe mantener una visión crítica con la administración. Y más aún, que la pérdida de visión crítica perjudica al proyecto de izquierdas. Tomemos a la izquierda que ha tenido responsabilidades de gobierno en el siglo XXI y se ha mantenido fiel a sus principios. Tomemos a Pepe Mujica, por ejemplo, y oigamos lo que dice sobre los obstáculos que el proceso transformador uruguayo ha encontrado en la administración. Es necesario reflexionar sin complejos sobre lo que dice Pepe Mujica en el tercer capítulo de «Semillas al viento», el libro entrevista publicado recientemente por Gara. Por otro lado, en ese mismo libro, en otro pasaje posterior, cita a Thomas Piketty para afirmar que tanto socialdemócratas como comunistas quedaron ahogados en la estatización y abandonaron los caminos de la cogestión y el cooperativismo, lo que ha dado lugar al problema de la burocratización, que ha lastrado los procesos de transformación.
Creemos que la consolidación del Servicio Vasco de Educación es el horizonte que podemos poner en el plazo de diez años, como país, en los tres territorios. Es decir, desarrollar centros auto-organizados y dar un salto hacia la equidad del sistema.
Pero, en esta transformación ¿no se encuentra la escuela pública en situación de desventaja?
Sí, y hace falta un plan estratégico para que la escuela pública se ponga en igualdad de condiciones en este proceso de transformación. Creemos que este plan requiere tres pilares: El primero es la transformación del propio sistema para que sea posible dar un salto en calidad, que cree las condiciones necesarias para que la escuela pública avance hacia la consecución de centros auto-organizados.
Dos de estas condiciones estructurales serían: la primera, acabar con la alta interinidad de los y las trabajadoras. La segunda, aumentar recursos para las nuevas necesidades escolares. En este sentido, el descenso de la natalidad es un factor favorable, ya que si hay menos alumnos y alumnas se podrá disponer de más recursos. En el acuerdo sindical suscrito con LAB e Interinoak se recoge el compromiso político de mantener el número de empleos, lo que permitiría disminuir ratios e identificar nuevas necesidades educativas. También se ha firmado el compromiso de rebajar la interinidad al 5%.
El segundo: una planificación estratégica contra la segregación, tasada en el tiempo, que debe desarrollarse en el marco de un amplio pacto de país. Y tercero: un ambicioso plan de inversiones en equipamientos e infraestructuras.
Vayamos al segundo vértice: el euskera y la enseñanza-aprendizaje de lenguas
El planteamiento que se realiza en el Título Cuarto de la Ley se basa en dos hechos: 1/ La realidad ha superado el sistema de modelos: hoy en día no se pueden distinguir ni centros educativos ni aulas según tres modelos (tenemos decenas de lenguas en nuestras escuelas y diversos perfiles lingüïsticos). 2/ El sistema de modelos es incapaz de cumplir los objetivos lingüísticos consensuados en el Acuerdo Educativo. Advirtamos que muchos alumnos y alumnas del modelo D tampoco alcanzan el nivel B2 al final de la escolaridad obligatoria. El propio paradigma de la enseñanza y aprendizaje de idiomas está fallando, es un problema estructural.
Como tenemos evidencia suficiente para hacer ambas afirmaciones, en el proyecto de ley se planteaba un nuevo paradigma para la enseñanza de las lenguas, que dejaba atrás el de los modelos lingüísticos. De hecho, existen varias razones para obviar el sistema de modelos:
-El sistema de modelos es bilingüe, no plurilingüe. No considera terceras lenguas como lenguas vehiculares, y aborda aisladamente la enseñanza y el aprendizaje de las dos lenguas. Actualmente vivimos en un contexto plurilingüe, digital e intercultural. Esto requiere replantear el tratamiento de las lenguas: hace falta un nuevo paradigma en el que se haga un tratamiento integral e integrado de las lenguas, diseñando e implementando de forma unitaria la enseñanza de las diferentes lenguas, con los mismos principios metodológicos y con las mismas perspectivas didácticas, teniendo siempre en cuenta que una de las tres lenguas, la que nos es propia, el euskera, está en situación de diglosia.
– Se diseñó en la época en que la tecnología era analógica. La digitalización crea nuevas oportunidades que se ven obstaculizadas por el paradigma de modelos para la enseñanza de idiomas.
– Las nuevas metodologías han cambiado radicalmente la actividad educativa. Los modelos lingüísticos datan de una época en la que la enseñanza consistía básicamente en seguir libros de texto sentado en un pupitre durante cinco horas. Actualmente, a menudo se trabaja por proyectos, utilizando metodologías activas y utilizando el espacio de otra manera. Esto ofrece nuevas oportunidades que el sistema de modelos para la enseñanza de idiomas impide.
– En los últimos 30 años la elección de los padres y madres ha sido clara: se ha optado, de forma natural, por una enseñanza centrada en el euskera. Existe un amplio consenso social a favor de una enseñanza que debe aportar el mayor conocimiento posible de ambas lenguas y, por tanto, superar el sistema de modelos.
Por otra parte, también desde el punto de vista de la inclusión, es urgente superar el sistema de modelos:
– El sistema de modelos es catalizador de la segregación, como bien ha explicado Eva Silván: Los modelos A y B concentran la mayoría del alumnado de procedencia extranjera.
– El Servicio Vasco de Educación tiene como objetivo unificar centros de distinta titularidad que, si queremos evitar una fractura social, deberán llegar a tener el mismo índice de complejidad asumiendo un compromiso claro en contra de la segregación (tal y como lo recoge la ley). Los modelos lingüísticos son un obstáculo evidente a la hora de implementar las políticas que requiere este objetivo (por ejemplo, la división del alumnado a través del doble listado).
Y por último, el mantenimiento del sistema de modelos es también una barrera a la nueva configuración del sistema: obstaculiza la confluencia, puesto que los modelos A y B se encuentran en gran medida en los centros privados y, en consecuencia, (el mantenimiento de modelos) establece una barrera estructural en el recorrido hacia el Servicio Vasco de Educación que conformarían los centros que serían iguales en derechos y obligaciones.
El debate en torno a los modelos es fundamentalmente el siguiente: si estamos de acuerdo con los objetivos, ¿qué debe determinar el tratamiento de las lenguas en los centros? ¿Los criterios pedagógicos dirigidos al cumplimiento de esos objetivos o los criterios ideológicos preestablecidos y propios de una minoría en este país?
El título cuarto del proyecto de ley requería varias correcciones y concreciones pero, en general, ahí estaban las claves. Pero después nos metieron en el debate de los modelos cuando deberíamos estar inmersos en otros debates. Por ejemplo, qué recursos necesitan los proyectos lingüísticos, qué dimensiones hay que trabajar a través de los proyectos lingüísticos, qué estrategias desarrollar, qué desarrollo le vamos a dar en los próximos diez años…
Ha sido una irresponsabilidad por parte del PSE politizar este tema de forma perversa, con la esperanza de conseguir algunos votos. Y también por parte del PNV por dar al PSE la oportunidad de hacerlo.
Y vayamos al tercer vértice y cerremos el triángulo: segregación.
En cuanto a la segregación, podríamos decir dos cosas:
Primera: Los dos vértices superiores del triángulo se encuentran a la misma altura (recordemos que el triángulo se representa de forma invertida), a la par. Esto quiere decir que tanto en contra de la segregación como a favor de la euskaldunización, si no damos el salto a la vez, retrocederemos en ambas cuestiones. Si en los próximos años la segregación aumenta como consecuencia del aumento de las migraciones, se producirá una fractura social en muchos municipios: una fractura social en nuestro país. Tendremos algunos colegios con proyectos lingüísticos punteros pero, fuera de la escuela, tendremos una fractura social que impedirá la construcción nacional. Y si no damos el salto en el uso y la enseñanza de las lenguas, además de retroceder en el uso del euskera y en la transmisión de la cultura vasca, los modelos lingüísticos serán catalizadores de la segregación.
Por lo tanto, no se trata de una cosa u otra. Porque ese esquema, además de retrógrado sería ineficaz. Son los dos, los dos a la vez: tenemos que dar el salto en los dos a la vez y sin perder más tiempo. Por ello, el mantenimiento de los modelos lingüísticos es, además de un daño al proceso de euskaldunización, un gran obstáculo para hacer frente a la segregación, que carga el progreso que necesitamos como pueblo desde el punto de vista de la cohesión social.
Hicimos una propuesta en la que lo que pensamos en nuestras enmiendas resulta muy interesante: el Índice de Complejidad Lingüística. Su objetivo es definir la complejidad sociolingüística de los centros para poder ofrecer posteriormente a cada centro los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo Educativo. Este índice permitiría definir una tipología de proyectos lingüísticos en función de las características sociolingüísticas y socioeconómicas de los centros, para dar más a quien más lo necesite a través de contratos programa.
Y segunda: ¿estamos preparados? ¿Somos realmente conscientes del reto que tenemos entre manos? ¿Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que corresponden a cada uno? Creemos que debemos responder con sinceridad intelectual y política a esta pregunta: ¿estamos dispuestos a emprender este camino con todo lo que conlleva, asumiendo que como país no tenemos otra alternativa? ¿Que más que recibir nos va a tocar dar y que no hay más remedio que actuar más proactivamente que reactivamente? ¿Estamos dispuestos a unirnos a un pacto de país contra la segregación si tenemos que evitar la fractura social?
¿Cuál es la nueva herramienta que debía aportar la Ley?
Entendemos que son siete los principales instrumentos a los que debía dar lugar la ley:
1. El Servicio Vasco de Educación, que debe integrar a los centros auto-organizados y establecer unas normas de juego limpias en la gobernanza del sistema. Aquí hay que hacer un planteamiento claro y la Ley exige mejoras sustanciales. El régimen del Servicio Vasco de Educación debe estar bien recogido (habrá que corregir o completar la Ley mediante el desarrollo reglamentario) y hay que responder a una pregunta: ¿qué ocurre con los derechos cuando se incumplen las obligaciones? Respuesta: en el caso de los centros concertados, pierden el concierto.
2. Consejos Educativos Municipales: en la gobernanza del sistema los ayuntamientos se convierten en agentes. Debemos tender a construir ecosistemas en los municipios y a anteponer la cooperación entre centros educativos a la competencia. Tanto la planificación como la matriculación de la oferta escolar requerirá la intervención de los ayuntamientos. También los esfuerzos por unir la educación no formal y la educación formal. Nos parece imprescindible, por ejemplo, unificar la oferta extraescolar y poner en marcha la colaboración entre los diferentes centros. Para ello, son estratégicos los Consejos Municipales de Educación.
3. Mecanismos para mejorar la equidad del sistema. Hay que dar más a quien más lo necesita. La descentralización, la apuesta por los centros auto-organizados, debe ser el camino para dar el salto en equidad y calidad. Esto no disminuye la responsabilidad del Gobierno, sino que la aumenta. El Departamento de Educación debe aportar a cada centro en la medida que necesite. Los contratos programas pueden ser un instrumento adecuado para ello si se utilizan correctamente.
4. Un nuevo enfoque de la evaluación del sistema que haga posible la experimentación y la innovación continua derivada del mismo.
5. Un nuevo marco y medidas estructurales para combatir la segregación e impulsar la enseñanza del euskera.
6. Vías de experimentación de las posibilidades de confluencia entre centros.
7. Hacer posible la cooperación con otros territorios vascos, situando en un claro marco nacional el desarrollo del sistema educativo vasco de los tres territorios para los próximos años.
Incluso si tuviéramos una buena ley, los megafactores que has mencionado de por medio, los próximos años se prevén muy complejos. ¿De qué manera afectará la caída de la natalidad y cómo gestionarla?
Como ya hemos señalado, el descenso de la natalidad es el primero de estos megafactores. Se prevé que en los próximos diez años el número de alumnos disminuya un treinta por ciento. Esto introduce una gran tensión en el sistema y aumenta la competencia, dificultando lógicas de cooperación.
Habrá que adaptar el mapa escolar y eso afectará a cada municipio. Hay que mantener el número de profesores, rebajando ratios y aportando recursos para nuevas necesidades educativas. Sin embargo, el mapa escolar debe adaptarse a esta nueva realidad demográfica.
De las tres redes educativas, Kristau Eskola es el eslabón más débil del sistema, el que más está sufriendo en la matriculación. Por lo tanto, se puede prever la siguiente evolución en términos generales: existe una tensión social a favor de la escuela pública que le garantiza su espacio; las Ikastolas se van a mantener porque tienen unas raíces sólidas; y hay una Escuela Cristiana de élite que tiene su público propio. En la nueva configuración del sistema tendrá que producirse un cambio de status, tal y como hemos señalado, habrá que dibujar un nuevo campo de juego, con nuevas reglas de juego, lo que, inevitablemente, afectaría a la planificación escolar. Pero, atendiendo únicamente a las tendencias actuales, creemos que las escuelas cristianas van a perder peso en el sistema y la escuela pública, va a ganar proporcionalmente.
En cualquier caso, será un proceso conflictivo si no se hace con una sólida visión de país. Exigirá que la planificación escolar se haga localmente, de forma compartida, y ello implicará realizar fuertes intervenciones comunitarias. El decreto de admisión de Cataluña, por ejemplo, ha abierto el camino para ello. El de aquí se ha quedado corto. El ejercicio de la planificación escolar hay que hacerlo pueblo a pueblo, barrio a barrio: queremos centros auto-organizados, de acuerdo, pero ¿de qué tipo y dónde? Fomentemos una lógica de cooperación entre los centros, venciendo la lógica competitiva.
Es fácil decirlo, pero es un proceso muy complejo. Instrumentos administrativos eficaces sí, pero sin un proceso popular, es decir, sin una fuerte participación de la comunidad educativa, nos viene una etapa conflictiva los próximos años. Por eso necesitamos una normativa clara y valiente, que dibuje un horizonte transformador y esperanzador. No es una opción detenerse a medio camino. Pero, además, habrá que activar las capacidades comunitarias. Lo hemos dicho muchas veces: el sindicato mayoritario en Kristau Eskola es ELA, el que mantiene la retórica más radical. Supongamos que ELA lleva a la negociación colectiva la puesta en marcha de medidas efectivas contra la segregación (son conocidas, están muy tasadas) en Kristau Eskola o el abandono de Santillana y Anaya a favor de Ikaselkar. ¿No tendría eso mayor capacidad material transformadora que cualquier medida administrativa?
Y queremos hacer una reflexión con respecto a este tema: en los últimos años hemos hablado del tema con mucha gente, con muchas personas de otras culturas políticas. Hay una cultura política que apenas ve nada entre la administración y la ciudadanía. Por eso exige a la administración todas las garantías. Otros, entre la administración y las personas, vemos un pueblo en permanente proceso de reconstrucción. Vemos una capacidad comunitaria y, consecuentemente, buscamos garantías no sólo en la administración. He puesto el ejemplo de ELA, pero podríamos hablar de nosotros mismos, del trabajo que puede hacer EH Bildu a través de los Consejos Municipales de Educación.
En algunas valoraciones que he escuchado no se pone en valor, por ejemplo, el lugar que esta ley atribuye a los ayuntamientos en la gobernanza del sistema. Ahí hay una clara política antineoliberal que fomenta la participación de la comunidad. De paso, diremos que ahí se ve, por ejemplo, la huella de EH Bildu en este proyecto de ley. El PNV, hace dos años, ni siquiera llegaba a oler esto.
¿Por qué se ha conseguido que la escuela infantil de Areta no cierre y no que se reduzca el servicio de algunos ambulatorios? En el caso de la escuela infantil de Areta, porque hay una comunidad adscrita a la prestación del servicio público, que además de objeto del servicio público también es sujeto del mismo. El desarrollo de la dimensión comunitaria de los centros educativos es una de las vías más eficaces para mantener un servicio público de calidad.
Los vértices del triángulo que has mencionado son, en estas condiciones, tres procesos realmente complejos. Una ley no basta para abordar tales desafíos…
Efectivamente, cada uno de estos tres procesos es muy complejo. Ni qué decir cuando hay que desarrollarlos a la vez. Lo primero que hay que decir, una vez más, es que no hemos sabido preparar el futuro, que hemos perdido mucho tiempo y que las condiciones actuales no son las mejores. Por eso precisamente necesitamos un proceso de país, porque si no se consigue alinear todas nuestras capacidades institucionales y comunitarias, el proceso no tendrá éxito en ninguno de los tres vértices, y los tres son necesarios. Necesitamos, por tanto, una normativa y un horizonte transformador compartido sólido.
Si el Pacto Educativo fue un campamento base, la Ley de Educación debía ser un campamento base avanzado. Insisto en que necesitamos una normativa valiente y clara y, asumiendo que necesitamos los consensos más amplios posibles, no olvidemos que esto no se puede hacer sin el PNV ni sin EH Bildu, porque este proceso va a atravesar comunidades de municipio en municipio.
Y por último, habiendo sido aprobada una Ley que no se considera suficiente, ¿para qué es adecuado el momento actual?
Creo que es momento de hacer balance. Todos y todas tenemos que extraer lecciones de este proceso, no sólo los partidos políticos, también los agentes educativos. Sería un error cerrar la carpeta, meterla en un cajón y seguir adelante como si todo esto no hubiera ocurrido. Porque en este proceso ha habido cosas interesantes e innovadoras; y también se han cometido errores y adoptado conductas que hay que corregir. Con todo, ha sido un proceso de experimentación que nos deja lecciones muy diversas de cara al futuro.
He leído alguna que otra valoración poniendo toda la carga del fracaso del proceso en los partidos políticos. Sabida es nuestra crítica hacia el PNV y el PSE, y no la voy a repetir aquí, pero hace falta una mirada más amplia. Este proceso se inició en una época de gran polarización en la comunidad educativa y se ha culminado con la misma situación de polarización. Si el consenso ha de ser sociopolítico, creo que los agentes educativos también deben llevar a cabo una seria reflexión. Si no somos capaces de anteponer la visión de país a los intereses corporativos (y esto vale para todos, tanto partidos como agentes) y de actuar con generosidad en ese sentido, no será posible alcanzar un consenso básico que pueda encauzar un proceso de país. Y, sinceramente, creo que no hay otra vía.
Podemos empezar a nivel municipal sin esperar a nada más: Los Consejos Educativos Municipales pueden ponerse en marcha. Veo tres prioridades: pensar de forma conjunta la oferta escolar en cada área de influencia; unificar la matriculación creando oficinas municipales para ello; y unificar y euskaldunizar la oferta extraescolar, extendiendo el modelo D al ocio infantil y juvenil.
Proceso de euskaldunización: ¿dónde estamos?
Hace años que desde el movimiento a favor del euskera se ve el proceso de euskaldunización dando vueltas en una rotonda. También se ha dicho que se encuentra en una situación de impasse. En general, todos somos conscientes de las dificultades que tenemos para avanzar, pero está costando elaborar un diagnóstico compartido y fijar el rumbo en consonancia.
Traeré a colación la ponencia presentada hace aproximadamente un año por Jon Sarasua, coordinador del proyecto Euskararen Gogoetagunea, que se está desarrollando con el amparo de Euskaltzaindia, porque creo que es un intento serio de construir una visión de futuro compartida. En dicha ponencia se hace una valoración del pasado, analizando qué es lo que ha alimentado el proceso de euskaldunización que comenzó en la década de los 60; se analiza la situación actual, completando un diagnóstico cualitativo; se formula una visión para una nueva etapa, con objetivos incluidos, y se dibuja una estructura de desarrollo; se completa una «estructura de reacción» (cuatro saltos y siete pasos) en función de ese desarrollo y se propone un pacto político que debería estar cerca en el tiempo, ya que no estamos, como se dice en la propia ponencia, en condiciones de perder otra década.
En cuanto a la trayectoria seguida hasta hoy y la situación actual del proceso de euskaldunización, se puede resumir su contenido de la siguiente manera: i. Lo que hemos hecho es impresionante; ii. No estamos bien, el euskera tiene cáncer. La botella pierde agua y tenemos una crisis de rumbo. Se identifican las siguientes luces rojas: debilitamiento de los “arnasguneak” (oasis lingüísticos), pérdida de referencialidad de la cultura vasca, declive de la televisión, fragmentación del consumo y estancamiento de la curva de uso del euskera.
Creo que este diagnóstico cualitativo concuerda perfectamente con lo que Iñaki Iurrebaso expone en su tesis. Iñaki ha sacado a la luz aspectos que hasta ahora habían permanecido en la sombra con nuevos indicadores. Diría que también ha corregido parcialmente el diagnóstico que se ha hecho en los últimos años para fundamentar varias de las iniciativas que se han propuesto: el problema no está sólo en el uso, o mejor dicho, hay que problematizar más la relación entre uso y conocimiento. Es decir, a qué llamamos conocimiento, o qué conocimiento es capaz de reflejar el uso y, en consecuencia, dónde y cómo se debe influir.
En la ponencia también se dibuja el mundo que viene: cambios sociales, cambio tecnológico y algunas incapacidades estructurales (división administrativa, falta de poder político y una compleja demolingüística). Con todo ello, se propone la siguiente síntesis operativa: con hacer lo que hemos hecho hasta ahora no vamos a avanzar, hace falta una reacción a gran escala. Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho hasta ahora.
Se plantea como objetivo conformar para los próximos 20 años un núcleo sólido y amplio de vascoparlantes completos, lo más sólido posible y lo más amplio posible, con una advertencia: actuemos con realismo político, guardando el equilibrio entre ambición y realismo. De acuerdo también con eso.
Se proponen cuatro saltos (educación, sistema comunicativo, ocio infantil y juvenil y el mundo laboral) y otros siete pasos (corpus, actividad cultural, administración, tecnología, euskaldunización de adultos, acogida lingüística de inmigrantes). Destacaría aquí que la perspectiva que se plantea es que toca revisar toda la política lingüística o, si se quiere, la necesidad de llevar a cabo una profunda reflexión sobre el todo (o casi todo). De hecho, casi todo ha cambiado en Euskal Herria y en la sociedad vasca en los últimos 40 años. En estas sociedades complejas, además, no se puede analizar nada de forma aislada, se necesita una visión holística a la hora de analizar cada ámbito de la política lingüística.
Se toma la imagen del árbol para ilustrar la estructura del desarrollo del euskera: las raíces alimentan el árbol (el relato popular que hay que reinventar, la activación social y el impulso institucional) y las ramas dibujan los desarrollos del euskera. Cada rama que se plantea en esa estructura de estrategia es un mundo, por supuesto, y considero que hay mucho de que hablar. Sólo la experiencia de gente experta en los sectores que atraviesa cada rama puede desentrañar los caminos. Pero el planteamiento general que se hace me parece correcto.
Y se trata de otros muchos temas. Por ejemplo, además de la política lingüística, se habla de la necesidad de una estrategia comunitaria, de generar un horizonte utópico, de actualizar y difundir el relato: de reanimar un movimiento popular. A este respecto, creo que la aportación más interesante de los últimos años la han hecho Lorea Agirre e Idurre Eskisabel (Trikua esnatu da).
El tronco
Me parece una visión de futuro sólida, creo que ahí hay mimbres para conformar consensos políticos. De cara a complementar el planteamiento y atendiendo a la imagen del árbol, añadiría que, además de las raíces y ramas, hay que definir el tronco del árbol. ¿Qué es lo que sostiene las ramas que alimentan las raíces y dónde tienen su punto de partida los desarrollos? Es decir, cuál es la base política de la estructura de desarrollo o el paradigma de la política lingüística.
El paradigma de la política lingüística que ha estado vigente desde la aprobación de la Ley del Euskera de la CAV de 1982 ha sido que existen dos grupos de hablantes en la sociedad vasca, vascoparlantes y castellanoparlantes, y a cada uno de ellos se le reconocen sus derechos lingüísticos. El objetivo de la política lingüística de este paradigma es garantizar a cada grupo de hablantes el derecho a ejercer su lengua en las principales funciones sociales. El salto político de aquella época fue que por primera vez se nos reconocieron derechos a los vascoparlantes (para aprender en euskera, para recibir información en euskera, para dirigirnos en euskera a la administración y usar el euskera en otras funciones sociales).
Y tras un recorrido de 40 años, ¿qué podemos decir? Que lo que hemos hecho es impresionante. Se ha hecho desde muchos sitios, de muchas maneras y por muchas vías. El impulso institucional ha sido decisivo y sin el aliento del movimiento popular no se hubiera podido lograr. El renacimiento tuvo lugar antes del moderno proceso de institucionalización y, posteriormente, la comunidad vascoparlante ha mantenido un sentido auto-organizativo en muchos ámbitos del desarrollo del euskera.
Y efectivamente, todos y todas deberíamos evitar que se aprovechen los debates sobre la situación actual del euskera para legitimar las elecciones que hicimos en el pasado. Y si así fuera, deberíamos dejar a un lado también los prejuicios, desactivar esa hipersensibilidad de percibir intentos de legitimar nuestras opciones en el pasado en cualquier opinión dada por los demás.
De hecho, se ha hecho mucho gracias a mucha gente que ha estado en diferentes aristas y trincheras. Dejémoslo ahí. Y gracias a ello tenemos un recorrido de largas décadas del que podemos extraer algunas lecciones compartidas: i. En cuanto al binomio conocimiento-uso, si no damos pasos en el desarrollo de las competencias lingüísticas y del sistema de motivación, la curva de uso no va a ir al alza, e incluso va a ser difícil evitar la tendencia descendente. ii. La ofensiva político-jurídica contra el euskera es estructural y ha llegado a cuestionar incluso los consensos de 1982. iii. El mundo ha cambiado radicalmente. Muchas de las políticas lingüísticas del siglo XX no nos sirven en el siglo XXI.
Política lingüística: ¿cómo estamos?
¿Dónde estamos en cuanto a la política lingüística se refiere? Creo que, atendiendo a la mejor sociolingüística de la que disponemos, teniendo en cuenta hacia dónde va el mundo y recogiendo la experiencia de las últimas décadas, podemos afirmar sin titubeos que éste es el momento de dar el salto en política lingüística y construir nuevos consensos políticos; y que no podemos permitirnos el lujo de perder otra década. En sintonía con la propuesta Batuz Aldatu de la Euskalgintzaren Kontseilua, la política lingüística que necesitamos en el siglo XXI debería caracterizarse por:
Objetivos de la política lingüística del siglo XXI:
Formar una comunidad hablante fuerte y amplia/un conjunto amplio y compacto de personas vascoparlantes plurilingües/un núcleo sólido y amplio de vascoparlantes completos. Para ello hace falta:
– Alcanzar la universalización del conocimiento en determinados territorios.
– Asegurar y estabilizar las funciones nucleares para poder elegir y utilizar cómodamente el euskera.
Fundamentos de la política lingüística del siglo XXI:
1. El euskera debe ser oficial en todo el territorio del euskera, y debe reconocerse a la ciudadanía vasca el derecho a expresarse en ambas lenguas en todas las funciones.
2. Además de reconocerles el derecho, se les debe garantizar ese derecho. Esto requiere, como bien explica Iñigo Urrutia, una política lingüística que no distinga a los grupos de hablantes, más orientada a la euskaldunización de los espacios que a la euskaldunización de los individuos, sin menoscabo de los derechos lingüísticos de todas las personas, pero de una manera más integrada. Éste sería el nuevo paradigma. Y éstos los ámbitos estratégicos: la administración, la educación, el ocio infantil y juvenil, el sistema de comunicación, el mundo laboral.
Hay que actuar con realismo político, partiendo de la realidad concreta de cada ámbito territorial: la política lingüística de unos ámbitos territoriales será más avanzada que la de otros. En este sentido, considero sugerente la idea de zonificación propuesta por Garikoitz Goikoetxea: zonifiquemos el territorio del euskera, no en cuanto a derechos lingüísticos pero sí en cuanto a planificación lingüística.
3. En algunas funciones hay que priorizar el euskera, teniendo en cuenta que en otras será minoritario. Más concretamente, en las funciones locales, el ocio infantil y juvenil y la actividad cultural.
4. Áreas que requieren especial atención: audiovisuales, tecnologías lingüísticas, planes de acogida de inmigrantes.
El objetivo en la CAV debería ser una política lingüística que asuma también las bases 2, 3 y 4 y una nueva Ley del Euskera que dé cobertura legal a la misma.
Euskalgintza: ¿Cómo estamos?
¿Y cómo está el movimiento a favor del euskera en un momento tan importante? Atendiendo a las encuestas sociolingüísticas, sabemos que una mayoría de la sociedad es partidaria del euskera en la Comunidad Autónoma Vasca. Es decir, que la opinión social a favor del euskera es sólida en los tres territorios. Prueba de ello es el auge del modelo D en las últimas décadas, porque lo han elegido las familias, y el declive de los modelos B y A.
Así como esto es cierto, no lo es menos que el discurso de la «imposición» encuentra fácil aceptación en diversos sectores de la sociedad. Creemos que el discurso de la imposición del euskera, que a veces parece estar en letargo, se está fortaleciendo: «vamos a necesitar inmigrantes en el mercado laboral y el euskera es un obstáculo»; «los perfiles lingüísticos son contrarios a los derechos laborales y hay que flexibilizarlos»; «los partidarios del euskera son contrarios a la inclusión y a la igualdad social o, al menos, priorizan uno frente al otro»; «el modelo D ha fracasado porque no tiene sentido ofrecerlo en entornos sociolingüísticos no vascoparlantes y, además, estamos perjudicando la trayectoria académica de los y las alumnas»; «los que plantean una nueva política lingüística están rompiendo los consensos básicos del autogobierno». Por lo tanto, la ofensiva no es sólo política y judicial: está tomando cuerpo una corriente social contraria a las políticas necesarias para que el euskera gane nuevos espacios, cuando el proceso de euskaldunización está en el punto al que nos hemos referido anteriormente.
En las últimas décadas, el movimiento a favor del euskera ha dado el salto desde la intuición y las dinámicas más o menos aisladas a la visión estratégica, a la estructuración, a la profesionalización, dando pasos notables y demostrando una solidez innegable. Pero, a su vez, en los últimos tiempos, el movimiento a favor del euskera ha decaído y se ha difuminado. En este momento es evidente la imposibilidad de hacer un discurso potente. Parece que se está produciendo una transición y que, aunque sea paulatinamente, el discurso y la praxis a favor del euskera se están adaptando al mundo actual con discursos renovados y adaptados.
Pero ya es hora de abrir una nueva fase: la actividad social e institucional por el euskera se ha desarrollado por separado en los últimos 40 años. Sí que se han dado proyectos de colaboración, pero han sido puntuales y parciales. De forma sistémica, nunca hemos definido un espacio seguro de experimentación y mantenido en el tiempo. Las condiciones sociales y políticas de este siglo XXI (individualización social, crisis de la democracia representativa, debilitamiento de los tejidos comunitarios, fragmentación de las identidades colectivas) y las características de este mundo venidero (antes citadas) hacen necesario un camino compartido: sólo mediante la puesta en marcha de dinámicas de colaboración efectivas capaces de liberar nuestro potencial comunitario como pueblo se puede pensar que es posible un avance cualitativo en el proceso de euskaldunización. El proceso de euskaldunización necesita un ecosistema cooperativo no conocido hasta ahora.
Creemos que en la cuestión de la política lingüística nos encontramos en un momento crucial. En los últimos años se está produciendo un proceso de involución que, como ya hemos señalado, tiene una dimensión política, judicial y social. Sobre los agentes políticos recae, sin duda, la principal responsabilidad de calibrar la situación, y tenemos el firme convencimiento de que el conocimiento y uso del euskera ayuda en la cohesión social y de que la política lingüística que nos convierta en hablantes de las tres lenguas es moderna, europea, favorable a la igualdad y que respeta los derechos lingüísticos de todas las personas. Frente a la involución, tenemos la necesidad de que aparezca un discurso político claro que defienda firmemente la gestión democrática de la pluralidad y que apueste por la existencia de una mayoría democrática sólida en la sociedad vasca. Esta política lingüística debe ser defendida con la evidencia sociolingüística y la mejor literatura científica en la mano, sin complejos, manifestando que el euskera necesita nuevas herramientas y recursos en el siglo XXI.
La posibilidad de un salto: Sobre la necesidad de reinventar el modelo D
Creemos que el primer salto a la nueva política lingüística debe intentarse en el ámbito de la educación, ya que existe un amplio consenso en la sociedad vasca sobre la opinión de que la escuela debe crear vascoparlantes plurilingües. Pero ello exige fijar un rumbo claro, el cual puede resumirse en: reinventar y generalizar el modelo D.
¿Por qué reinventar el modelo D? En el discurso público de algunos agentes educativos se acepta con demasiada facilidad que, dado que el modelo D se está generalizando considerablemente, vamos por el buen camino. Sin duda alguna, la generalización del modelo D es una victoria. Las familias, por libre elección, han optado por el modelo D. Los modelos A y B están en declive. Se está produciendo un claro proceso de sustitución en la Educación Primaria. No ocurre lo mismo en la ESO (aunque también aquí la tendencia es notable), en los Bachilleratos y en la Formación Profesional.
En la Educación Primaria, el modelo A es residual y el modelo B se ha fortificado en una de las redes educativas. Podemos decir que el modelo D se ha generalizado en gran medida. Pero esa victoria tiene su reverso. Por un lado, en la actualidad contamos con nuevos perfiles de hablantes en los centros de modelo D (H1, H2 y H3 juntos en los mismos centros educativos), lo cual tiene profundas consecuencias en cuanto a la enseñanza didáctica de las lenguas. Y es que, hoy día, el euskera es la lengua de enseñanza y aprendizaje de muchos alumnos que no tienen ningún contacto con el euskera fuera del aula. La escuela no les da (y no les puede dar, ella sola) suficiente competencia y motivación lingüística. En consecuencia, el euskera no es para ellos más que una lengua escolar (la que les impone el status quo). Y la suma de todo ello genera (puede) también una oposición hacia el euskera en buena parte del alumnado.
Por otro lado, el modelo D se ha generalizado pero, en muchos casos, se ha difuminado. Eso quiere decir que la presencia del euskera ha retrocedido tanto en las aulas (paisaje lingüístico, referencias culturales…) como en las relaciones informales de los centros escolares (en horario de patio, entre alumnado y profesorado, y también entre el personal docente). Es decir, algunos modelos D actuales se parecen demasiado al modelo B. Por lo tanto, no hay un único modelo D, hay muchos modelos D, dependiendo del entorno sociolingüístico y socioeconómico del centro.
Teniendo en cuenta esta situación, vemos una constatación: en general, el modelo D no euskalduniza lo suficiente. Es decir, no proporciona las competencias lingüísticas necesarias ni ofrece sistemas de motivación sólidos. La enseñanza del euskera y en euskera no es en modo alguno suficiente en el caso de una lengua en situación de diglosia en este contexto sociocultural (digitalización, diversidad cultural, globalización). Más aún, una enseñanza del euskera que no ofrezca las competencias y la motivación necesarias puede generar en el alumnado una pérdida de apego a la lengua y, en el peor de los casos, una oposición explícita.
No olvidemos que quienes se oponen a dar nuevos pasos cualitativos en el proceso de euskaldunización se remiten precisamente al «fracaso» del modelo D como punto de partida de legitimación de su discurso, para luego plantear un norte muy distinto: «El problema es que estamos ofreciendo el modelo D a alumnos que no tienen que estudiar en el modelo D. Si su entorno sociolingüístico no es vascoparlante, en la escuela no aprenderán euskera y, además, tendrán un perjuicio académico. Las familias están haciendo una elección equivocada. En lugar de matricularlas en el modelo D deberían matricular a sus criaturas en el B; ésa es la solución y no seguir profundizando en esa vía (más euskera), cometiendo un error aún mayor».
Como es sabido, nuestro norte es completamente distinto. Sólo la escuela no puede, por supuesto que no. Precisamente por eso necesitamos una visión holística de la política lingüística. Pero la escuela tiene que hacer todo lo que está en sus manos y si, según la evidencia científica, se establecieran suficientes recursos, un planteamiento adecuado no iría en detrimento del éxito académico de los alumnos que no tienen el euskera como primera lengua.
Para eso hay que reinventar el modelo D. ¿En qué sentido? Que la escuela aporte todo lo que pueda aportar para aprovechar de la manera más eficaz posible todas las herramientas a su alcance para ofrecer al alumnado las competencias lingüísticas y el sistema de motivación necesario. Un modelo que llega a los límites de la capacidad de la escuela para crear hablantes completos, eso es lo que llamamos modelo D+. Y esto tiene que traer muchos cambios: en la didáctica de las lenguas, en las estrategias sociolingüísticas a seguir en los espacios educativos, en las dimensiones a trabajar, en la formación del profesorado, en la fusión entre educación formal y no formal, etc.
El perfil de hablante que adquiere las competencias lingüísticas necesarias y el sistema de motivación es multidimensional. Además de la expresión lingüística y el corpus hay otros aspectos y capacidades que nos convierten en hablantes completos: la actitud hacia y el apego o compromiso para con la lengua, respeto a los hablantes, estatus de la lengua, motivación, etc. En el caso de las lenguas minorizadas, uno de los principales valores motivadores es precisamente la dimensión cultural. Para crear vascos plurilingües, además de la lengua, los alumnos deben interiorizar expresiones de la sociedad y la cultura vasca: hay que incidir en la transmisión del sistema cultural vasco.
Necesitamos un nuevo marco teórico y estratégico para el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas que abandone los modelos lingüísticos, basado en un tratamiento integrado e integral de las lenguas, que mire al contexto intercultural y que lleve a cabo la enseñanza de todas las lenguas sobre los mismos principios didácticos y bases metodológicas. Esto es lo que llamamos el marco plurilingüe centrado en el euskera y estas son sus características más importantes:
– La centralidad del euskera: Por las razones apuntadas, el euskera es el eje, con todo lo que eso significa. Por lo tanto, las tres son lenguas vehiculares, pero el euskera es la principal lengua vehicular. Y su presencia en la enseñanza se determina por criterios pedagógicos, incluyendo todos los ámbitos educativos y todos los recursos de aprendizaje.
– Perfiles de salida: El objetivo de los proyectos lingüísticos de los centros es que al final de la educación obligatoria el alumnado alcance el nivel B2 en las dos lenguas oficiales y el nivel B1 en una lengua extranjera. Por tanto, el tratamiento integral e integrado de las lenguas a realizar en los centros educativos responde a este objetivo.
– La enseñanza y el aprendizaje del euskera y el conocimiento y transmisión de la cultura vasca van de la mano, centrándose más en la comunicación simbólica, afectiva y cultural que en la mera adquisición funcional de la lengua. Además de para aprender y enseñar euskera, sirve para aportar una visión del mundo desde y para el euskera, incidiendo en el repertorio cultural del alumnado y en su visión histórica y social.
– Los proyectos lingüísticos son obligatorios para todos los centros que ofrecen el Servicio Público Educativo Vasco, es decir, para todos los centros que reciben dinero público. Consecuentemente, el marco plurilingüe centrado en el euskera constituye un modelo de aprendizaje generalizado en todo el Servicio Público Educativo Vasco.
– Evaluación: Los proyectos lingüísticos de los centros se evalúan atendiendo a la evolución del proceso de enseñanza de las lenguas y teniendo en cuenta los resultados orales y escritos. Es la Administración educativa la que determina cómo se ejecutará y la que aporta los recursos necesarios. En caso de incumplimiento de los objetivos, se implementan las correcciones necesarias.
– Los centros reciben los recursos necesarios para que los proyectos lingüísticos cumplan los objetivos marcados por la ley. Los centros que se encuentran en un entorno sociolingüístico y socioeconómico vulnerable reciben más recursos: quien más necesita, más recibe.
– Ambiente euskaldún en los centros escolares: Los centros que forman parte del Servicio Público Vasco de Educación quieren ser núcleos vitales funcionales. En los centros escolares el euskera es la lengua de comunicación habitual en todo tipo de relaciones.
– Con la simbiosis entre educación formal y no formal, pretende ofrecer opciones de ocio en euskera y planificar la normalización de nuestra lengua en el tiempo libre infantil y juvenil.
Respecto al desarrollo que prevemos a esta vía, creemos que en cuanto a la capacidad de crear hablantes completos, en los próximos diez años, esta vía debería conducir a la desaparición del modelo A, el paso de los modelos B a los D y el paso de los modelos D a los D+. Teniendo en cuenta las tendencias de matriculación de los últimos años, si existiera el necesario impulso político y social y una disposición de colaboración, creemos que este país sería capaz de llevar a cabo un proceso de transformación de este tipo. Resumiendo, el objetivo es reinventar y generalizar el modelo D.
Sin embargo, deberíamos tener claro que eso no es algo que se haga de un día para otro. No se trata de un salto que se puede dar por ley o por decreto. Será un proceso a realizar centro a centro (un centro, un proyecto lingüístico) y, tal y como se ha señalado, fruto de una colaboración estratégica de los diferentes agentes. Necesitamos una normativa apropiada que ofrezca seguridad jurídica, pero teniendo claro que las leyes, por sí mismas, no generan realidad social. Sin un proceso popular no habrá transformación. Lo que nos imaginamos es algo equivalente a los procesos transformadores más profundos que se han conocido en la historia moderna de este país. Y tenemos la convicción de que tenemos bases comunitarias suficientes para ello.
Una nueva fase
Si coincidimos en el diagnóstico sobre la situación del proceso de euskaldunización y tenemos un tímido consenso sobre la vía a seguir, no hay excusa para no empezar a construir estrategias compartidas. No puede haberla. Podríamos partir de esta premisa: las instituciones, por sí mismas, tienen una capacidad transformadora más limitada que nunca. En las condiciones políticas actuales no se puede pensar que un proceso social-comunitario como es la revitalización de la lengua pueda desarrollarse con la mera intervención de instituciones formales. Del mismo modo puede decirse que el movimiento popular o la sociedad civil organizada tiene el potencial más limitado de su historia en estas condiciones sociales. Por lo tanto, estamos condenados a diseñar y poner en marcha estrategias compartidas. Es el momento de iniciar una nueva fase de la Euskalgintza, el movimiento a favor del euskera.
Estamos hablando de poner en marcha procesos de experimentación seguros e iniciar mecanismos efectivos de cooperación. Sólo la sensación colectiva de que estamos en marcha en las vías contemporáneas del proceso de euskaldunización nos va a dar fuerzas para nadar contra corriente. Es el momento de activar esos compromisos.
En las siguientes líneas se pretende ofrecer una serie de apuntes sobre la promoción del tejido productivo vasco y la mejora de su posicionamiento estratégico. Se centra, por tanto, en lo que comúnmente suele denominarse política industrial. El objetivo es estimular un debate sobre las orientaciones de política económica en esta materia, con el afán de aportar elementos para un ensanchamiento y reorientación de la visión y de los márgenes de actuación desde lo público.
Necesidad de leer bien el momento económico
Es necesario leer bien el momento económico, porque creemos que en los últimos años no se ha sabido hacerlo. No se ha sabido leer el momento económico en el que nos encontrábamos y nos hemos dejado arrastrar por la corriente, la corriente neoliberal (ver apartado «Se ha gestionado la inercia»).
No se ha sabido leer el momento económico en el que nos encontrábamos y ha habido una apuesta por el fomento de grandes infraestructuras sin un adecuado análisis de su rendimiento social y económico. El resultado positivo coste-beneficio de algunas grandes infraestructuras ha sido negado desde el ámbito académico y profesional y el de otras está en entredicho (el Tren de Alta Velocidad, la Variante Sur Ferroviaria) y seguimos en la misma senda (Guggenheim Urdaibai, subfluvial) en un contexto económico donde las necesidades de inversión y gasto público para acometer las diversas transiciones y adecuar nuestras estructuras sociales a la nueva era van a ser muy elevadas. En esta situación, tal como se ha apuntado anteriormente, las administraciones públicas deben repensar las prioridades de actuación y la asignación de recursos sobre los principios del desarrollo humano sostenible, con un planteamiento decidido.
Francia ha aplicado esta misma lógica a la hora de retrasar la adaptación a la alta velocidad del tramo Burdeos-Hendaia a 2040: ahora no es prioritario; es decir, hay otras prioridades. En una sociedad y economía digital no se van a mover tanto las personas como los datos, la Y vasca no va a transportar mercancías y la conexión con Francia y la meseta se ha retrasado sine die. Además, no responde más que a una pequeña parte de las necesidades de movilidad de pasajeros, ya que más del 90 % es de carácter provincial o intercomarcal. Nos parecen suficientes elementos para aplicar aquí la misma lógica de actuación: hay otras prioridades.
No se puede seguir como si nada hubiera pasado, simplemente porque hay muchas cosas que están cambiando: avanzamos a una velocidad vertiginosa hacia una economía digital, un contexto de crisis climática y una economía descarbonizada. Quien en 2024 no es capaz de reevaluar las inversiones de un modelo de desarrollo que ya estamos dejando atrás, o bien no se ha hecho una mínima idea de la complejidad del momento, o bien se siente incapaz de afrontar esta gran transformación. La apuesta por el subfluvial de Lamiako es otro ejemplo evidente. Mientras París plantea acometer una reconversión urbanística para adaptar la ciudad al cambio climático, apostando por un cambio de paradigma en movilidad (fomentar vehículos no motorizados, liberar espacio para peatones, sacar los vehículos motorizados del centro de la ciudad) y la renaturalización del espacio urbano, la Diputación de Bizkaia plantea la construcción del subfluvial en Getxo asumiendo un aumento del tráfico de vehículos motorizados en la zona del orden del 30 %. Esto es simple y llanamente ir en dirección contraria al signo de los tiempos.
Por último, no hemos sabido leer el momento económico en el que nos encontrábamos y no nos hemos preparado para acometer la transición energética: En mayo de 2021 se aprueba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España que impide cualquier nueva exploración de yacimientos fósiles en suelo estatal. Hasta esa misma fecha el Gobierno Vasco sigue empeñado en explorar los pozos de gas de Subijana. Menos de tres años después los tres partidos hemos alcanzado un acuerdo para la desinversión de los activos públicos en el sector fósil que devendrá en la liquidación de Hidrocarburos de Euskadi.
En 2009 se aprueba por unanimidad un Proyecto No de Ley en el Parlamento Vasco instando al Gobierno Vasco a que redacte un nuevo Plan Territorial Sectorial (PTS) de la energía eólica. En 2024 no tenemos un PTS de las energías renovables aprobado, y ya se está tramitando más potencia, tanto en eólica como en fotovoltaica, que toda la que pretende ordenar el PTS en tramitación para los siguientes 20 años. Tenemos una situación de bloqueo en el ámbito de las energías renovables. No hemos sabido leer el momento económico y la transición energética que ya se estaba produciendo.
El balance no puede ser autocomplaciente
¿Cuál es la situación de la economía vasca? El análisis sobre la situación de la economía vasca no es catastrófico, ni mucho menos. Pero mucho nos tememos que se fuerza un análisis autocomplaciente que impide analizar con detenimiento lo que está ocurriendo en el hipocentro del terreno económico vasco.
Como siempre hay debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que hay que saber identificar. En la siguiente tabla apuntamos algunas de ellas:
Alejándonos de las evaluaciones simples en blanco y negro, lejos del pesimismo y de los espejismos, un análisis comparativo más profundo ayuda a determinar los vectores que deberían preocuparnos y servir para arrinconar autocomplacencias. A continuación, se recogen algunas características del tejido industrial de la C.A.V. en comparación con las regiones europeas (según datos de Eustat y de Eurostat basados en la clasificación NUTS-2):
– El PIB per cápita en Paridad de Poder Adquisitivo se ha incrementado en un 12,94 % desde 30.900 € a 34.900 € desde el año 2010 al año 2021. Dicho incremento se sitúa por debajo del incremento de la inflación (el IPC se incrementó en un 17 %). Entre las regiones europeas se produce una pérdida de 24 posiciones, pasando de la posición 47 a la posición 71.
– El peso de la industria y de los servicios ligados a la empresa (como las actividades profesionales, científicas, técnicas y auxiliares) se sitúa en torno a una horquilla de 32 y 36 % del valor añadido bruto entre los años 2000 y 2022. La industria manufacturera, no obstante, muestra una tendencia decreciente a lo largo de ese periodo, pasando de un 28,5 % en el año 2000 a un porcentaje del 22,2 % en el año 2022.
– El empleo industrial sobre el conjunto del empleo pierde casi 3 puntos entre el año 2008 y el año 2022, pasando de un porcentaje del 24 % al 21 %. Dentro del ranking de regiones europeas pierde 16 posiciones, pasando del puesto 66 al 82.
– La productividad aparente (medido como el PIB en términos de PPA generado por trabajador) se incrementa un 17 % (similar a la inflación medido por el IPC, y 9 puntos por encima del deflactor del PIB que aumentó un 8 % durante el periodo), pasando de 70.000 € a 81.900 €. En el ranking de regiones europeas se pierden 5 posiciones, pasando del puesto 38 al 43.
– En cuanto a la estructura industrial seis actividades abarcan el 82 % del valor añadido manufacturero de la CAV.: metalurgia y productos metálicos (27 %); energía eléctrica, gas, agua y saneamiento (14 %); fabricación de maquinaria y equipo (14 %); material de transporte (12 %); caucho, plásticos y otras no metálicas (9 %); y las industrias alimentarias y de bebidas (6 %). Atendiendo a la tipología del producto, la manufactura de la comunidad autonómica está concentrada en la producción de bienes intermedios y bienes de equipo, con una clara vocación exportadora. Esa especialización conlleva una mayor variabilidad en los índices de producción industrial a lo largo de los ciclos económicos en relación a los bienes de consumo, debido a la dependencia de las decisiones de inversión.
– A partir del año 2000 hay un estancamiento en la exportación de nivel tecnológico medio-alto y alto. En el periodo 1990-1999 hubo una reducción paulatina y constante de las exportaciones de nivel tecnológico bajo y medio-bajo, desde un 63 % hasta un 45 %. Pero esa tendencia se truncó con el cambio de siglo hasta alcanzar un 55 % en 2013 y hoy por hoy nos movemos en una horquilla del 44-47 %. No se consigue superar el umbral del 56 % de exportaciones de nivel tecnológico alto y medio-alto. Además, las exportaciones de nivel tecnológico alto llevan desde el año 2005 sin superar el 3 %.
– El empleo porcentual en sectores intensivos en tecnología y conocimiento gana un punto. No obstante, en el ranking de regiones europeas se pierden 11 puestos, pasando de la posición 73 a la posición 84.
– Una de las palancas más importantes para mejorar la productividad y generar mayor valor añadido, es la innovación. Referente al esfuerzo realizado en Investigación y Desarrollo, a partir del año 2010 el gasto en I+D se ha movido en una horquilla de 1,7 y 2,1 del PIB. Se debe señalar que entre los años 2012 y 2017 se ha vivido una reducción constante en el gasto en I+D, incluso en términos nominales. El gasto en el año 2021 ha sido de 1.647 millones de euros, un 2,11 % del PIB de la CAV. Nos situamos, por tanto, lejos de las regiones europeas más punteras. Hay 42 regiones que invierten más del 3 % del PIB y 19 regiones que invierten más del 4 % del PIB. La CAV se sitúa en la posición nº 71.
– Atendiendo al Regional Innovation Scoreboard (RIS), la CAV se califica como una región innovadora fuerte (rango del índice en ese grupo: 100-125, donde 100 es el índice medio de Europa-27). Dentro de este rango ha solido oscilar entre los subgrupos inferior y medio. El último dato disponible la sitúa, por un estrecho margen, con 109,77 puntos, en el subgrupo medio (el subgrupo medio va desde el índice 108,3 a 116,7).
– Mirando al detalle se constatan varios hechos: en el ranking de las 239 regiones europeas contempladas, desde el año 2016 la CAV se ha movido entre las posiciones 67 y 87, es decir, principalmente entre los tramos intermedios, y sin una clara tendencia hacia la mejora. Además, entre los 21 indicadores medidos, la CAV sólo se posiciona entre las primeras 50 regiones en cinco de ellos (Población con educación terciaria; Ventas de innovaciones nuevas para el mercado y nuevas para la empresa; Gastos en I+D sector empresarial; Empleo actividades intensivas en conocimiento; y Aprendizaje permanente). Los peores puestos (posiciones entre 172 y 133 para el caso de la CAV) se alcanzan en los siguientes conceptos: innovadores de procesos empresariales; innovadores de procesos de productos; empleo en PYME innovadoras; aplicaciones de diseño; gasto en innovación no I+D; gasto en I+D del sector público. Por lo tanto, cabe señalar que nos situamos en el grupo de las innovadoras fuertes por los pelos, y que presentamos deficiencias en los ámbitos de la innovación aplicada en la empresa y del esfuerzo público.
– El esfuerzo del sector público es claramente deficiente. Si observamos el gasto de I+D destinado por la administración, según datos del Eurostat de los últimos 8 años, la CAV se sitúa en la posición 121, con un gasto público de 0,15 % del PIB. De hecho, hay 35 regiones que destinan el triple.
– Lo anterior tiene reflejo en el gasto en I+D ejecutado por la educación superior, con un 0,39 % del PIB, nos posicionamos en el puesto 155. Ello en parte es reflejo de la evolución del presupuesto destinado por el Gobierno autonómico a financiar la UPV/EHU. Entre el año 2012 y el año 2023 la transferencia corriente realizada ha pasado de 308 millones de euros a 355, un incremento del 11,68 %, lo cual se sitúa muy por debajo del incremento de la inflación en ese periodo, un 21 %. Y también muy por debajo del aumento del presupuesto manejado por el Gobierno, un 37,71 %. De hecho, si se hubiera mantenido el peso de la financiación corriente de la UPV sobre el presupuesto, es decir, un 3,07 %, la transferencia del año 2023 hubiera sido mayor en casi 83 millones de euros.
En la siguiente tabla se recogen de manera sintética la evolución de las principales variables.
Y mientras estaba ocurriendo todo esto, aquí hemos seguido en la lógica del modelo de desarrollo caducado hace tiempo, cegados en gigantescas inversiones basadas en el cemento y el asfalto. Con las estadísticas de Eurostat en la mano, se puede mirar en qué posición nos encontramos respecto a los países más avanzados de Europa occidental. Resultados curiosos, por no decir alarmantes, se aprecian en la Comunidad Autónoma Vasca, no tanto en el caso de Nafarroa Garaia. El ejercicio lo hemos llevado a cabo con las características de la red de carreteras de las 206 regiones situadas en los Estados occidentales (Europa-15, Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia). Estos son los resultados:
– Teniendo en cuenta su superficie, la CAPV es la 17ª región con mayor número de km2 de autovías (incluidas autopistas). Si la media en Europa occidental es de 16 km de autovía/1000 Km2, en la CAPV es de 77 km. La estructura de nuestras autovías es equiparable a regiones urbanas de mayor densidad y menor superficie como Bremen, Rotterdam, Utrecht, Düsseldorf, Viena, Hamburgo, Berlín o Zúrich, que están por delante.
– El 12,86% de los kilómetros de carretera son autovías. Es la octava proporción más alta. La media de Europa Occidental es del 1,99%.
– Midiendo el número de autovías por habitante, la CAPV se situaría en el puesto 44. Pero esta medición no es muy acertada, puesto que es lógico que una región de gran superficie y dispersión urbana tome la delantera, como la comunidad de Castilla-León. Por el contrario, si medimos según la densidad de población para corregir este efecto, la CAPV se situaría en el puesto 24, nuevamente muy arriba.
– Si afinamos mejor nuestro estudio, y en vez de hacerlo con todas las regiones, lo comparamos con 36 regiones similares en superficie y número de habitantes, sin contar los núcleos metropolitanos, la conclusión es más esclarecedora. Es la cuarta región con más superficie de autovías. Es la primera en cuanto a proporción de autovías respecto al conjunto de la red, con diferencia respecto a la siguiente región. La cuarta con respecto a la población y la tercera con respecto a la densidad de población.
En resumen, comparando con las regiones occidentales de Europa, se puede concluir que tenemos una de las proporciones más altas de autovías y autopistas, medida en relación a superficies, redes de carreteras, población y densidad. Esta realidad debería provocar preguntas. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el coste de oportunidad de esta gigantesca inversión en asfalto? Si hubiéramos invertido en fomentar la innovación o en política industrial, ¿no estaríamos más arriba en índices de competitividad? Un último dato para la reflexión. Ha habido periodos donde sistemáticamente se ha destinado más inversiones a carreteras que a I+D. Por ejemplo, entre 2007 y 2014, las instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa destinaron 2.538 millones € a carreteras y 2.409 millones a innovación.
Por lo tanto, no es un buen análisis económico decir que ha bajado el desempleo y que ha subido el PIB, y que como consecuencia tenemos la mayor inversión social de la historia. Este es básicamente el relato económico del PNV. Incluso el hecho de presentar el dato del desempleo como se hace es una muestra de autocomplaciencia. Hoy, en nuestro entorno, efectivamente, estamos en una situación laboral que ronda técnicamente el pleno empleo. Pero, hoy, los mercados laborales se enfrentan a otros problemas, como la precariedad, la temporalidad y la calidad del empleo; el hecho de que la posesión de un puesto de trabajo no evita el riesgo de pobreza tal y como indican diversos agentes, desde Caritas al Gobierno Vasco; la debilidad a la hora de ofrecer trayectorias de estabilidad y promoción que permitan construir proyectos de vida a la juventud; los problemas de relevo por falta de trabajadores; o los cambios de patrones culturales con respecto al trabajo que ya se están manifestando en las empresas, por ejemplo.
En relación a la vertiente laboral del reto demográfico que afrontamos, se pueden realizar algunas estimaciones preocupantes. En Hego Euskal Herria hay 243.000 trabajadores/as mayores de 55 años que se jubilarán en la próxima década. Esa cohorte de edad en el año 2002 abarcaba 115.000 trabajadores/as. Por lo tanto, se ha duplicado. En el extremo opuesto hay 51.000 trabajadores/as de menos de 25 años; en 2002 había 105.000, es decir, ahora la mitad. Suponiendo que los niveles de inserción entre la juventud no varían, para el año 2030 habrán ingresado en el mercado laboral 166.000 trabajadores/as menores de 30 años. Eso implica que ingresaran en el mercado laboral 77.000 personas menos que las personas jubiladas en ese período. Añádase a ese déficit las dificultades generadas por la falta de concordancia entre las cualificaciones demandadas y las adquiridas.
De hecho, según ADECCO, en nuestro país ya faltan técnicos/as de mantenimiento, torneros/as, fresadores/as, carpinteros/as, ingenieros/as en robótica, facultativos/as sanitarios/as, carretilleros/as, delineantes mecánicos, técnicos/as de calderas, fontaneros/as, albañiles, electricistas, soldadores/as, ajustadores/as, mecánicos de coches, forjadores/as, pescaderos/as, carniceros/as, programadores, analistas de datos y expertos/as en ciberseguridad. Por otra parte, los datos de 2021 indican que el saldo de los y las jóvenes cualificadas que recibe la CAV después de restar los y las que se van a otra comunidad del Estado es negativo, y en comparación con el resto de las autonomías del Estado estamos en la mitad baja de la tabla. Conclusión: perdemos talento.
Entrando en el análisis de actividades concretas, hay dos sectores cuya evolución no nos puede llevar a una lectura autocomplaciente, nos referimos al sector tecnológico y al financiero. Durante los últimos años se ha visto cómo las empresas TIC vascas han ido pasando a manos (venta de las participaciones empresariales) extranjeras (de fuera de la CAV). Siendo un sector estratégico, no han existido políticas proactivas de retención y arraigo, de promoción y atracción de talento. Ejemplos:
– EUSKALTEL. Ejemplo paradigmático donde el Gobierno Vasco invierte en infraestructura de fibra (Euskalnet) para acabar privatizándola. Euskaltel nace en 1995 como clara iniciativa pública y con una finalidad social. Basta con ver cuál era su primer accionariado: 40 % del Gobierno Vasco, a través de la sociedad Euskalnet creada ‘ad hoc’, y 60 % de las cajas de ahorros vascas (Kutxabank). Se acaba vendiendo (privatizando) barato y ahora es 100 % privado (Masmóvil – Orange). Mientras, el estado español compra el 10 % de Telefónica para garantizar su control.
– Pérdida del poder de decisión y arraigo de las empresas del sector Tecnológico: IBERMATICA (-> Ayesa), Informática Euskadi (-> Accenture), Bilbomática (-> ALTIA)… han pasado de tener capital vasco a capital extranjero, sin políticas públicas de inversión y garantía de mantener el arraigo. Mientras, los instrumentos del Gobierno Vasco para invertir en empresas vascas no traccionan.
En el preciso momento que estaba llegando la denominada ‘Industria 4.0’, se ha dejado desestructurar el sector tecnológico vasco, renunciando la administración al papel de liderazgo necesario para mantener el arraigado sector tecnológico vasco. Más allá del marketing político, los datos sobre el grado de inserción de las tecnologías asociadas a la ‘Industria 4.0’ muestran significativas debilidades e insuficiencias. Según una encuesta realizada entre empresas vascas, sólo las tecnologías básicas asociadas a la informática e Internet tienen una difusión significativa: entre el 55 y el 47% de las empresas utilizan ciberseguridad, redes sociales, nube (cloud computing) y servicios de telefonía. La maquinaria automatizada, el Internet de las cosas y el M2M (machine to machine) la utilizan entre el 45 y el 36 % de las empresas. Por el contrario, entre las tecnologías más sofisticadas de la industria 4.0, el Big Data, la fabricación aditiva, la simulación y la robótica han tenido acceso en el 29-21 % de las empresas. En cambio, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los cibersistemas físicos y los gemelos digitales tan sólo en el 15-8 % de las empresas (Kamp, Martínez, Oyon & Vázquez, 2019: «Basque digital transformation in the global economy: industry 4.0 and backshoring reconfiguration of global value chains»).
En cuanto a los instrumentos financieros que actúan sobre el tejido productivo, cabe mencionar el recorrido modesto de las herramientas para procurar el arraigo empresarial y el debilitamiento del sistema bancario en cuanto a la promoción empresarial vasca.
El Gobierno Vasco creó en 2021 la sociedad pública «Finkatze Kapitala Finkatuz, SA». Su objetivo es adquirir participaciones financieras a largo plazo en grandes empresas (que no están en crisis, con un volumen de facturación superior a 100 millones de euros y un mínimo de 50 empleados) de sectores estratégicos (aeronáutica; alimentación; automoción; biociencias; contenidos digitales; ecoindustrias; energía; maquinaria; productos e instalaciones siderúrgicas; tecnologías electrónicas y de información; transportes, movilidad y logística) para mantener el arraigo empresarial y la tracción. El capital inicial ascendió a 160 millones de euros y tal y como se preveía ha alcanzado los 307 millones al final de la legislatura. No obstante, su intervención ha sido modesto, ya que tan solo ha utilizado el 34 % de su capital en tres empresas. A principios de 2024 cuenta con 104 millones en participaciones en el capital de tres empresas: CAF (3% del capital social, 17 millones de euros), Kaiku (7,31%, 6,6 millones de euros) e ITP Aero (6%, 80 millones de euros).
Además, en los últimos años, impulsada en parte por las normas establecidas por las autoridades bancarias europeas, Kutxabank ha debilitado su función de promoción y arraigo, ya que ha vendido sus participaciones en la propiedad de Euskaltel, Ibermática, NH Hoteles, Itínere, Enagas y Deoleo. Actualmente sigue teniendo las siguientes participaciones: Petronor (14%), CAF (14%), Ingeteam (16%) e Iberdrola (1,6%, aunque llegó a superar el 5%).
Reiteramos que la situación de la economía vasca no es, ni mucho menos, catastrófica, pero el balance no puede ser autocomplaciente. ¿Cómo describir en términos cualitativos la situación, con ánimo de ser ecuánimes y plantear un análisis adecuado desde el que pensar la política económica del futuro? Coincidimos con el análisis que formula Zedarriak en su primer informe de abril de 2022 (los datos que se presentan en dicho informe vienen a complementar los presentados en estas páginas), aunque discrepemos parcialmente con la lectura de las causas y profundamente con muchas de las políticas que plantea como solución. La situación de la economía vasca occidental es claramente de desplazamiento, si no se reacciona en el horizonte de una generación corremos el riesgo de entrar en fase de decadencia.
A la luz del análisis realizado hasta este punto, afirmamos sin ambages que el Gobierno Vasco ha renunciado a una política industrial proactiva y se ha dejado llevar por la corriente neoliberal. Incluso cuando las voces en Europa por un cambio de rumbo hacia una política industrial de mayor intervención del sector público y con un claro empuje direccional eran mainstream. Tal como apunta el informe «El retorno de la política industrial » de Future Policy Lab de mayo de 2023, «ahora sí hay preocupación por desarrollar capacidades industriales y hay acuerdo en que el Estado tiene que tener un papel más activo en la economía. La Comisión Europea, nada sospechosa de heterodoxia, expone en un documento reciente al respecto de la política industrial, que ‘(i) la producción en algunos sectores es más deseable que en otros y (…), por ello, (ii) los Gobiernos han de hacer un esfuerzo activo en direccionar la estructura productiva’. El nuevo consenso es claro: hay que volver a hacer política industrial. Lo muestran trabajos académicos, documentos de política pública e informes de toda procedencia. Hay pocos Gobiernos occidentales que en sus documentos oficiales y reformas legislativas no hagan apelaciones a la reindustrialización, la autonomía industrial, la soberanía productiva y otros términos semejantes.»
Hora de fijar modelo de desarrollo y política económica
Como hemos señalado, la posición de nuestra economía en Europa no es puntera, sino medio-alta. Por otro lado, la función pionera, planificadora, promotora y proactiva que debería desempeñar la administración pública se ha debilitado aún más en las dos últimas décadas. Esto fue muy evidente cuando se hicieron las convocatorias públicas de los fondos Next Generation: El Gobierno Vasco se dirigió a las empresas consultoras para poder definir una relación de proyectos estratégicos. Dicha relación se recogió en el documento Euskadi Next. En este documento es patente que no hay visiones conjuntas entre territorios históricos. Proyectos desconectados sí, pero no una lógica de misión: la relación de proyectos estratégicos es en gran medida una mezcla de proyectos propios de cada Diputación y de los ayuntamientos de las capitales.
Partiendo de estas dos constataciones, el tejido productivo vasco se enfrentará a varios retos en las próximas décadas. La capacidad para afrontar los retos estará condicionada, entre otras, por el nivel de instrumentos y competencias de la administración, pero también por la gobernanza e implicaciones entre dinámicas sociales e institucionales.
Los retos económicos son múltiples y variados, como por ejemplo, mejorar la dignidad y calidad de vida, mejorar los mercados laborales y la posición de los trabajadores en la distribución de la renta, reducir las desigualdades sociales y de género, consolidar los servicios públicos, afrontar el cambio climático, el reto del envejecimiento poblacional y los cuidados, asegurar la sostenibilidad del gasto público, reducir la financiarización de la economía, avanzar en la democratización del sistema económico, aumentar el nivel de soberanía o de autonomía alimentaria, y algunos más. A continuación, nos detenemos en tres grandes retos relacionados estrictamente con el tejido productivo:
– Las transformaciones que se están produciendo en el seno de la globalización, (provocadas en parte por las guerras comerciales y tecnológicas entre las distintas áreas geográficas, así como por los planes para reforzar la autonomía estratégica de las mismas) las innovaciones disruptivas, los desafíos climáticos y energéticos a nivel mundial y la transformación de las demandas de los consumidores y otros actores, transformarán las cadenas de valor tanto a nivel global como continental. El tejido productivo vasco, debido a las características que hemos expuesto (su especialización en bienes intermedios y de equipo y su alta apertura comercial, entre otras), deberá reinventar su posición a la luz de dichas transformaciones.
– Sustitución de fuentes de energía fósiles en una industria con un consumo energético alto. El punto de partida es complicado: el peso de las fuentes de energía renovables es bajo en Hego Euskal Herria (17%)
– La inversión de la pirámide poblacional que lleva décadas sedimentándose, en los próximos años vamos a asistir a una falta de trabajadores/as que permita cubrir la demanda de muchas empresas. No parece que la sustitución de trabajadores por procesos de automatización y robotización y el incremento de la productividad sean solución para paliar dicha falta de trabajadores/as.
Para hacer frente a dichos retos, la apuesta económica del presente pasa, inexorablemente, por una transformación de nuestro modelo económico e industrial. Tenemos que transitar de una economía lineal basada en los combustibles fósiles a una economía digitalizada y circular impulsada por las energías renovables, y, necesariamente, mucho más distributiva en cuanto a empleo y riqueza. Con todo lo que ello implica, especialmente en lo que a nuestro tejido industrial se refiere. Partiendo de una análisis riguroso y realista de nuestras debilidades y fortalezas, debemos decidir por qué sectores industriales apostamos y cuáles debemos restructurar, a la vez que diseñamos instrumentos para garantizar el arraigo de nuestra industria al territorio.
Para ello, el papel de la administración pública no se puede limitar a acompañar de forma acrítica al sector privado en sus apuestas estratégicas (caso de Petronor con los combustibles sintéticos), ni a participar en ecosistemas de emprendimiento en el que los fondos públicos no tienen un retorno acorde al riesgo asumido, ni a otorgar subvenciones para impulsar la I+D sin una estrategia de innovación clara. Mucho menos poner en marcha proyectos estratégicos para terminar vendiéndoselos al mejor postor a un precio de saldo. En un momento de grandes transformaciones como el que nos encontramos, hay que ir más allá, las administraciones publicas tiene que coliderar las grandes apuestas de futuro que direccionen la transformación de nuestro tejido económico e industrial.
Si hacemos un repaso histórico, las políticas industriales y de ciencia y tecnología y de innovación se han ido desplegando desde la década de 1990. En las primeras décadas supieron combinar un carácter reactivo haciendo frente a situaciones de restructuración y reconversión y un carácter proactivo impulsando instrumentos de planificación indicativa (SPRI, SODENA, asociaciones clústeres, planes de calidad, proyectos empresariales, plan de especialización inteligente, industria 4.0…) e infraestructuras tecnológicas (centros tecnológicos, red de ciencia y tecnología…).
No obstante, con el tiempo se ha impuesto una visión más liberal, de no intromisión desde lo público y de su carácter subsidiario; la colaboración público-privada se ha desequilibrado en favor de los intereses privados (como se vislumbra en los proyectos Next Generation); se ha perdido el impulso proactivo y, desde comienzo de milenio, no se ha impulsado ningún proyecto empresarial desde lo público; se funciona más en función del marketing político (mucho en el Plan de Industria 4.0, por ejemplo); los clústeres, salvo algunas excepciones, carecen de ambición y algunos son inoperativos; instrumentos para impulsar el arraigo empresarial se infrautilizan (caso de Finkatuz, S.A.); las instituciones bancarias parapúblicas (Kutxabank) debilitan su compromiso con el territorio y debilitan su vocación empresarial e industrial.
Colaboración público-privada, sí, pero una colaboración equilibrada y responsable. De hecho, en el modelo actual es la administración pública la que realiza las mayores inversiones en infraestructuras físicas y humanas de mayor coste fijo e incertidumbre; invierte en investigación básica; subvenciona inversiones que permiten a las empresas participar en el proceso de innovación; ayuda a poner en contacto a investigadores académicos con expertos de la industria; promueve y dinamiza consorcios de investigación y clústeres para que estas empresas compitan y trabajen conjuntamente; genera nuevos mercados y ofrece innovaciones con los cuales generar negocios s partir de su lanzamiento al mercado. Y, a pesar de ello, cabe preguntarse si se produce un retorno equitativo en términos de corresponsabilidad por el territorio, tal y como se está planteando desde el ámbito académico e institucional. Un desequilibrio en este ámbito resulta perjudicial para asentar un sistema de innovación equilibrado, sostenible en el tiempo e inclusivo.
Para avanzar hacia un sistema de colaboración público-privada equilibrado y responsable, además del sistema fiscal justo y progresivo, desde diversas instancias se están planteando mecanismos complementarios que permitan recaudar rentas equitativas procedentes directamente de los beneficios privatizados. Por ejemplo, establecer royaltys públicos a las innovaciones disruptivas aplicadas que se han financiado con dinero público; transparencia en las inversiones públicas en I+D y en las colaboraciones público-privadas; establecer condiciones en los préstamos y subvenciones públicas para, entre otras cosas, tener que devolver parte de la ayuda a partir de un determinado nivel de beneficio; participar en el capital de las empresas privadas que reciben ayudas; o actuar a través de bancos públicos de inversión y desarrollo.
Es más importante que nunca que el Gobierno Vasco recupere la ambición y la visión que sí tuvo en el pasado y que ha ido perdiendo con el tiempo, de forma muy acusada esta última década. Necesita desempeñar un rol tractor para poder direccionar las transformaciones económicas a realizar. En este sentido, la política económica e industrial no se puede diseñar en función de los intereses particulares de una determinada industria, tiene que atender al interés general a largo plazo, y tiene que dar lugar a apuestas compartidas entre las administraciones públicas y los agentes económicos e industriales. Para ello, necesitamos articular espacios de colaboración para compartir diagnóstico y definir las apuestas de futuro. Espacios donde el interés particular a corto plazo tiene que estar supeditado al interés general a largo plazo. A su vez, este espacio de colaboración ha de servir a las administraciones públicas para diseñar nuevos instrumentos de intervención que le permitan desarrollar el rol que le corresponde.
Para finalizar esbozamos algunas claves para una renovada política económica industrial:
1. Apostar por una política industrial emprendedora, cuyas bases presentamos en mayo de 2023. El mercado, como sistema de asignación de recursos, es sistemáticamente imperfecto, no sabe elegir los sectores que a largo plazo pueden aportar más bienestar al país. Por ello, el sector público debe intervenir, y no de manera puntual, sino de manera continuada: es necesario un empuje direccional que defina metas que han de orientar la dirección de la transformación productiva. ¿En qué consiste dicha intervención? En coordinar actores, en guardar coherencia de las políticas, en establecer criterios para seleccionar sectores con propósito; en impulsar la adecuación a las transformaciones productivas; y en promover la diversificación relacionada del tejido productivo en ramas de alto valor añadido, entre otros. Nos tenemos que dotar de una fuerte mirada estratégica, de mayor capacidad de prospectiva estratégica. ¿Dónde queremos situar la economía vasca en el año 2040? Hay que ser capaz de visionar ese escenario.
Una política industrial de este tipo debería comprender, por lo menos, las siguientes áreas (ver documento «Bases para una política industrial emprendedora»): (i) Mejorar el posicionamiento de las medianas y grandes empresas (>100 trabajadores); (ii) Mejorar el posicionamiento de las pequeñas y medianas empresas (<100 trabajadores); (iii) Mejorar y mantener los centros de decisión y la responsabilidad con el territorio; (iv) Afrontar el reto de la descarbonización de la industria vasca.
2. Articular un Marco Vasco de Relaciones Laborales que permita una mejor distribución del empleo y la riqueza generada, y la modernización de nuestro mercado laboral en un contexto de grandes transformaciones en el futuro del trabajo. Desarrollar la negociación colectiva sin interferencia de marcos estatales, diseñar la disminución de la jornada laboral, caminar hacia un sistema integral de prevención, protección y seguridad social, abordar la democratización de la empresa a través de la participación de los y las trabajadoras, etc. Esto se debe empezar a hacer mediante el desarrollo del Acuerdo Interprofesional de 2017.
La democratización de la empresa (fomento de la gestión avanzada, modelos inclusivos, implicación cooperativa…) es uno de los ejes que entendemos crucial en los siguientes años, también desde el punto de vista del posicionamiento de las empresas en el mercado. Resulta habitual observar cómo en relación a la mejora del rendimiento empresarial se suele olvidar o relegar a un segundo plano los aspectos vinculados a la dimensión organizativa de la producción y del trabajo. La evolución de la política industrial es muestra de ello, ya que los ejes sobre los que ha pivotado en distintas fases han sido formación, introducción de las TIC, calidad, internacionalización, innovación y, últimamente, la llamada Industria 4.0.
Sin embargo, se echan en falta actuaciones singulares que busquen mejoras en el ámbito de la organización interna de la empresa y de la gestión de los trabajadores. La organización de la producción y del trabajo constituye una dimensión clave que afecta al conjunto del desempeño y que presenta unos más que significativos márgenes de mejora. En el corto y medio plazo abre oportunidades de incrementos de productividad y de resultados importantes, y, además, dichas mejoras se retroalimentan con la capacidad de innovación dentro de la empresa. Hoy en día existen numerosas empresas que presentan grandes ineficiencias por una inadecuada organización de la producción y del trabajo. Ineficiencias organizativas que, si son solventadas, la experiencia enseña que pueden aportar incrementos considerables de productividad.
Las adecuaciones organizacionales requieren ser acompañadas de transformaciones en las relaciones internas con una clara orientación democrática e inclusiva, si no se quiere cometer el mismo error de décadas anteriores, consistente en tratar de implantar técnicas organizativas revolucionarias japonesas sin superar las relaciones laborales obsoletas de tipo taylorista y fordista.
Existen mimbres para esta gran transformación. En la vertiente puramente técnica contamos, por ejemplo, con el Modelo de Gestión Avanzado de Euskalit o el Plan Garaituz para pequeñas empresas que impulsó en 2014 de la Diputación de Gipuzkoa, las cuales afrontan mejoras clave en materia de comunicación, participación, autonomía, corresponsabilidad y estructuras salariales más igualitarias. En la vertiente más relacional, otro ejemplo lo constituye el nuevo modelo de empresa que impulsa la Asociación ‘Arizmendiarretaren Lagunak’, que apuesta por la participación de los trabajadores en la gestión, los beneficios y la propiedad, y que ha cosechado apoyos de la totalidad de las fuerzas políticas en los dos parlamentos autonómicos de nuestro país.
3. Apostar decididamente por la renovación de nuestro sistema de conocimiento: dotar al sistema universitario vasco de una racionalidad sistémica desarrollando la visión que contempló la Ley del Sistema Universitario Vasco; reforzar la red vasca de ciencia, tecnología e innovación y aumentar la inversión en I+D+i. Se van a tener que realizar mayores esfuerzos presupuestarios, sin duda. Los presupuestos públicos vascos destinan todavía recursos relativamente escasos a este objetivo. Y también que empresarios y sindicatos apuesten por un modelo de desarrollo basado en el valor añadido y, por lo tanto, en la tecnología y la innovación. Es, en definitiva, el conjunto de la sociedad y el conjunto de las estructuras sociales las que deben reposicionarse activamente ante este reto: apoyar una I+D+i de calidad y eficiente, y un sistema educativo y unas políticas de empleo ágiles y de calidad, que puedan responder a las necesidades de los y las jóvenes y de las empresas, y que sea capaz de preparar a las personas para su adaptación al cambio que supone la llegada de la industria 5.0.
4. Reforzar nuestro sistema financiero: desarrollo de instrumentos de intervención pública a través de los instrumentos que posee el Gobierno Vasco con el objetivo de avanzar en la creación de un sistema financiero público vasco que permita orientar el ahorro público hacia las necesidades sociales y la inversión productiva. En ese sentido, es importante el papel del Instituto Vasco de Finanzas (IVF) como entidad destinada a “reforzar los instrumentos de acción financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Desarrollar medidas financieras a favor de la economía productiva, en colaboración con las entidades financieras, para intensificar la capacidad financiera de las empresas vascas.”
Se debe reactivar y potenciar el Instituto Vasco de Finanzas y sus instrumentos, puestos al servicio de la trasformación de la industria vasca bajo parámetros claros de ESG (Environmetal, Social, Governance). Además, se podrían establecer las bases de nuevos mecanismos de financiación alternativos a los bancarios como puede ser el Mercado Alternativo Bursátil dirigido a capitalizar pequeñas y medianas empresas. Regular el crowdfunding para proyectos más pequeños (establecer mecanismos de apoyo, garantías…).
Otros instrumentos interesantes en este panorama del sector financiero público son las sociedades públicas de capital riesgo (urge reordenar el sector) o la constitución de una EPSV pública o una Agencia Pública de Rating.
Por último, queremos referirnos a Kutxabank. Es de sobra conocido el origen público y social de las cajas y, por tanto, de los fondos y activos en base a los cuales se constituyó el banco; y asimismo que las fundaciones bancarias, actuales titulares de la propiedad de la entidad, no garantizan en absoluto un control democrático de la misma. Es por ello que entendemos que, desde una actitud responsable y comprometida con el interés general de la ciudadanía vasca, se deben explorar todas las vías que permitan a las instituciones recuperar el control del que podría ser un instrumento financiero de gran potencial, para el impulso del desarrollo económico y social de nuestro pueblo.
Un segundo eje de actuación consistiría en incentivar determinados usos de los ahorros privados. Se trataría de implementar algunas medidas para el fomento del crédito dirigido a actividades productivas o estratégicas para el desarrollo del país, tales como: (i) modificar la normativa sobre EPSVs para potenciar una mayor inversión en proyectos industriales, empresariales; o de interés social; (ii) impulsar una política de cobertura de riesgos y alianzas con los bancos y cajas vascas, por ejemplo mediante convenios para fomentar los microcréditos o fortalecer el sistema de avales a empresas; (iii) establecer un coeficiente obligatorio de inversión en empresas productivas a los bancos, en función de sus pasivos; al respecto y para evitar efectos perversos y no deseados, se desarrollaría una legislación detallada y una supervisión estricta.
