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Propuesta de EH Bildu ante el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2027

En primer lugar, consideramos necesario señalar que una negociación presupuestaria orientada a alcanzar un acuerdo con la primera fuerza de la oposición, empatada en número de escaños con la primera fuerza parlamentaria, no puede iniciarse en noviembre. EH Bildu tuvo conocimiento del contenido del proyecto de presupuestos una vez que este fue presentado públicamente.

Una vez presentado, el proyecto presupuestario ofrece un margen de maniobra muy limitado. Evidentemente, su contenido responde tanto a la negociación previa entre los partidos que integran el Gobierno como a los equilibrios establecidos entre los distintos departamentos. Al mismo tiempo, la responsabilidad de EH Bildu ante el proyecto de presupuestos —en este caso de un gobierno que dispone de mayoría absoluta— es formular propuestas de calado, acordes con la dimensión de los retos que afronta nuestra sociedad.

En esta fase del procedimiento presupuestario, resulta especialmente difícil conciliar ambas circunstancias. Una negociación presupuestaria rigurosa debería comenzar en mayo, a partir de las directrices presupuestarias, con el objetivo de buscar puntos de encuentro entre las prioridades de las distintas partes.

En segundo lugar, sigue pendiente un debate de fondo que los partidos que conforman el Gobierno no han querido abordar: ¿de qué recursos públicos debemos disponer para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos ante los cambios sociodemográficos y, al mismo tiempo, acometer las transformaciones sociales, culturales y económicas necesarias? Los ingresos públicos crecen a un ritmo inferior al de las necesidades de gasto y, en 2027 ya no se contará con los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los denominados fondos europeos. En consecuencia, las nuevas prioridades presupuestarias que puedan plantearse deberán financiarse mediante reducciones de recursos en otros ámbitos.

Nos encontramos ante una cuestión estructural que exige un debate profundo y urgente. Las respuestas dependerán, naturalmente, del modelo social que se defienda. No obstante, existe un objetivo compartido: procurar la máxima eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Desde esa perspectiva, consideramos necesario abordar la elaboración de los presupuestos de las cuatro principales instituciones de esta parte del país —el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales— desde una visión conjunta. No se trata de impulsar una negociación única, sino de articular cuatro procesos de negociación simultáneos y coordinados. EH Bildu ha planteado esta propuesta durante los dos últimos años, sin que haya contado con la disposición favorable del PNV y del PSE. Tampoco este año ha sido posible avanzar en esa dirección, lo que, a nuestro juicio, constituye una nueva oportunidad perdida.

En este contexto, y tras conocer las valoraciones trasladadas por el Gobierno respecto al planteamiento inicial que EH Bildu presentó en la reunión celebrada el pasado 9 de noviembre, formulamos la siguiente propuesta de negociación:

Dado el limitado margen de maniobra que ofrece el proyecto presupuestario en la fase actual de su tramitación, EH Bildu plantea una propuesta que combina el realismo respecto al origen de los recursos públicos necesarios con la ambición de promover transformaciones estructurales que persigan cambios sistémicos mediante las políticas públicas. Con ese propósito, hemos decidido concentrar nuestra propuesta en una única prioridad estratégica: la vivienda.

La elección de esta prioridad responde a una realidad ampliamente constatada. Según el Sociómetro Vasco, la vivienda constituye la principal preocupación de la ciudadanía. No es casual: el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de erosión del contrato social, con profundas consecuencias sociales y económicas.

Por ello, EH Bildu propone:

1. Activar una senda de endeudamiento que permita financiar una promoción de vivienda pública asequible a gran escala durante los próximos diez años

La desaparición de los fondos europeos, las tensiones que soportan las cuentas públicas para mantener la estructura de gasto de los últimos ejercicios y las propias previsiones de crecimiento económico del Gobierno ponen de manifiesto que una política de promoción de vivienda pública a gran escala requiere recurrir al endeudamiento como instrumento de financiación. EH Bildu ya planteó esta necesidad durante el pasado ejercicio.

En el marco de la Comisión Mixta del Concierto Económico se alcanzó un acuerdo que permitió ampliar en 2.000 millones de euros el margen de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca. Asimismo, el pasado año el Parlamento Vasco aprobó con los votos de EH Bildu un proyecto de ley que activaba 1.000 millones de euros de deuda pública destinados a inversiones para la transformación industrial.

Consideramos que la gravedad de la crisis de acceso a la vivienda, uno de los principales problemas sociales y económicos a los que nos enfrentamos, justifica un esfuerzo de una dimensión equivalente para impulsar la promoción de vivienda pública. Según las proyecciones oficiales, la demanda de vivienda en la Comunidad Autónoma Vasca superará las 60.000 viviendas durante los próximos diez años. Incluso teniendo en cuenta la incorporación de viviendas del parque ya construido, las necesidades de nueva vivienda pública asequible serán superiores a las 10.000 unidades anunciadas por el Gobierno.

El Ejecutivo ha manifestado su intención de aportar 400 millones de euros al Fondo Social de Vivienda, una cantidad que, según sus previsiones, permitiría movilizar financiación adicional hasta alcanzar un volumen inversor de 2.000 millones de euros, considerado necesario para la construcción de esas 10.000 viviendas. Sin embargo, no se ha aclarado suficientemente cuál será la procedencia de los 400 millones comprometidos.

El proyecto de presupuestos para 2027 contempla una aportación de 20 millones de euros procedentes del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), correspondientes a los 1.000 millones de euros que el proyecto de Ley 5/2025 consignó para la transformación industrial. En la actualidad, el IVF dispone de algo más de 400 millones de euros correspondientes a los recursos de aquella dotación que todavía no han sido invertidos. No consideramos verosímil que una parte significativa de esos fondos pueda destinarse al Fondo Social de Vivienda durante los próximos años. Tampoco estimamos adecuado hacerlo, dado que se trata de recursos legalmente asignados a la transformación industrial.

Por todo ello, entendemos que, en las condiciones actuales, recurrir al endeudamiento resulta ineludible para planificar el desarrollo de una política de vivienda pública a la altura de las necesidades existentes. Existe margen para hacerlo y consideramos que su utilización está plenamente justificada. La activación de esta senda de endeudamiento deberá concretarse mediante un acuerdo político.

2. Incrementar en 100 millones de euros el presupuesto de VISESA para la promoción de vivienda pública en 2027

La segunda propuesta consiste en movilizar 100 millones de euros procedentes del endeudamiento para impulsar la promoción de vivienda pública durante el ejercicio 2027. Para determinar el alcance de esta actuación, resulta necesario evaluar la capacidad real de promoción de vivienda pública durante ese ejercicio: la disponibilidad de suelo, la capacidad operativa de VISESA y las posibilidades de ejecución de nuevas promociones.

Consideramos que el Gobierno Vasco debe habilitar los recursos públicos necesarios para aprovechar al máximo la capacidad de actuación existente en 2027. Durante los últimos años, VISESA ha promovido una media aproximada de 570 viviendas anuales. Sin embargo, en la década de 2000 llegó a promover 1.250 viviendas al año, lo que demuestra que es posible alcanzar niveles de actividad significativamente superiores a los actuales.

Por ello, a través de la aportación de los 100 millones, se elevaría hasta los 250 millones de euros el presupuesto de VISESA con el objetivo de iniciar la promoción de 1.200 viviendas en 2027. Sumadas a las actuaciones que desarrolle directamente el Gobierno Vasco mediante alojamientos dotacionales, esta cifra podría alcanzar un total de 1.500 viviendas. Estimamos que existe suelo disponible suficiente para avanzar hacia ese objetivo.

3. Destinar 100 millones de euros a la compra pública de vivienda para ampliar el parque público de alquiler asequible

La promoción de nueva vivienda pública debe complementarse con una política activa de adquisición de viviendas ya construidas, que permita incrementar el parque público de alquiler asequible y ofrecer respuestas a las necesidades habitacionales de la ciudadanía en plazos más reducidos. La compra pública de vivienda constituye un instrumento estratégico para ampliar el parque público sin depender exclusivamente de los plazos que requieren la disponibilidad de suelo, la tramitación urbanística y la construcción de nuevas promociones. Asimismo, permite intervenir directamente sobre el parque residencial existente y movilizar viviendas para destinarlas de forma permanente al alquiler público asequible.

Por ello, proponemos destinar 100 millones de euros en 2027 provenientes del endeudamiento a la adquisición pública de viviendas, priorizando las actuaciones en aquellos municipios y zonas donde las dificultades de acceso a la vivienda son especialmente acusadas. Esta dotación deberá permitir desarrollar una política de adquisiciones planificada, orientada tanto a la compra de viviendas individuales como a la adquisición de edificios completos o promociones residenciales, siempre que las condiciones económicas y las características de los inmuebles permitan su incorporación al parque público en términos adecuados.

Consideramos que esta línea de actuación debe concebirse como una política estructural y complementaria a la promoción de nueva vivienda, con el objetivo de incrementar de manera sostenida el patrimonio público residencial y reforzar la capacidad de las instituciones para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible. La combinación de la promoción de nueva vivienda pública y la adquisición de vivienda existente permitirá ampliar la capacidad de respuesta de las políticas públicas de vivienda, actuando tanto a corto como a medio y largo plazo.

4. Constituir una mesa técnica con participación de expertos designados por EH Bildu para acordar la arquitectura del Fondo Social de Vivienda

La tercera propuesta consiste en constituir una mesa técnica en la que participen expertos designados por EH Bildu, con el objetivo de acordar la arquitectura más adecuada del Fondo Social de Vivienda y garantizar que este instrumento permita impulsar de manera eficaz la promoción de vivienda pública asequible durante los próximos años.

EH Bildu fue el primer grupo parlamentario en plantear la necesidad de constituir un Fondo Social de Vivienda. Esta iniciativa fue trasladada inicialmente en el ámbito privado, antes de su presentación pública. Desde entonces, hemos desarrollado la propuesta Posible30K, con un grado de concreción suficiente para someterla a un proceso de contraste técnico y político con los partidos que integran el Gobierno. Hasta el momento, la respuesta ha sido negativa.

Esta posición resulta difícil de comprender si se tiene en cuenta que la promoción de vivienda pública debe desarrollarse sobre suelos que forman parte del patrimonio municipal y que EH Bildu es la primera fuerza municipalista del país. De hecho, son reiteradas las solicitudes dirigidas a EH Bildu para que facilite la cesión de suelo municipal al Gobierno Vasco, cosa que ya está haciendo. Entendemos que la colaboración interinstitucional necesaria para impulsar una política de promoción de vivienda pública asequible exige compartir y acordar el diseño de un instrumento estratégico de nueva creación como es el Fondo Social de Vivienda.

Este compromiso deberá concretarse mediante un acuerdo político.

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