El Gobierno Vasco vuelve a dar la espalda a la voluntad de miles de vascas y vascos que, a través de su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la mayoría sindical de este país, exigen un salario suficiente que dignifique las condiciones de vida.
En un contexto en el que la incertidumbre económica y la ruptura del contrato social forman parte del discurso de la mayoría de las fuerzas políticas, es un error que el PNV y el PSE no gobiernen en consecuencia. La precariedad laboral, junto con la emergencia habitacional, se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo de proyectos de vida de cada vez más personas, especialmente de la juventud vasca. Tal y como alertaba un informe remitido recientemente por el propio Gobierno Vasco, las y los jóvenes vascos ven retrasada su emancipación casi cuatro años respecto a la media europea.
Esta situación genera un malestar emocional que se asume en el discurso político pero cuyas causas no se abordan mediante políticas públicas. Persistir en las mismas políticas que nos han traído a esta situación no es una opción y no reconocer el ejercicio democrático que representa una Iniciativa Legislativa Popular constituye un grave error por parte de un Gobierno que dice querer acercar las instituciones a la calle. Esta actitud, además, alimenta la desconfianza, especialmente cuando se recurre a argumentos tramposos.
Porque, si el PNV fuese coherente con su propio argumento de “disponer de herramientas propias y no delegadas en materia socio-laboral”, debería haber renunciado a la transferencia de las prestaciones por desempleo, que calificó como “histórica” hace apenas un mes por cuanto que el Estado mantendrá la capacidad normativa con respecto, por ejemplo, a la posibilidad de modificación de los importes de las prestaciones. Es decir, que el argumento de que no debemos plantear un salario mínimo propio vía delegación de competencias sino ambicionar a la capacidad soberana de regular un marco vasco de relaciones laborales debería valer, de igual manera, para rechazar la transferencia de la prestación por desempleo fuera del marco de la gestión completa del régimen económico de la seguridad social que permitiera legislar sobre cuantías de las prestaciones contributivas y asistenciales, requisitos de acceso y duración o límites y porcentajes de las cotizaciones sociales. Lo mismo se podría decir, por ejemplo, con respecto al traspaso de la transferencia de la gestión de los aeropuertos.
Resulta, además, significativo el uso de este argumento cuando el proceso involutivo por parte del Estado que afecta medularmente al Estatuto de Gernika es más que evidente desde hace años en prácticamente todas nuestras competencias.
Por todo ello, creemos que se trata más de una excusa que de una razón de peso que se utilizará para reafirmar la capacidad de veto de Confebask. EH Bildu lo tiene claro: en coherencia con la demanda mayoritaria representada en el Parlamento Vasco, por la mayoría sindical y por la sociedad vasca, se puede y se debe tramitar la Iniciativa Legislativa Popular en favor de un Salario Mínimo Interprofesional acorde a nuestra realidad socioeconómica.
