Toca ser radicalmente realistas

Atravesamos una coyuntura política y económica de marcado carácter extraordinario, no cabe duda. Recuerdo haber asistido a foros empresariales durante el año 2024 en los que se depositaban todas las esperanzas en que finalmente no se consumara la victoria de Donald Trump.

En los últimos meses, hemos leído y escuchado análisis entusiastas sobre los informes Draghi y Letta. La Unión Europea tenía un plan, solo se necesitaba una administración demócrata en EEUU durante los siguientes cinco años para establecer las bases de una Unión capaz de competir en un mundo multipolar. El futuro social y económico de nuestro país se proyectaba en la senda de los planteamientos recogidos en dichos informes.

Las previsiones económicas para el presente año eran moderadamente optimistas. Se decía que la actividad económica mundial no había mostrado síntomas de flaqueza, que la inflación proseguía la senda de desaceleración y que se asentaba la bajada de tipos.

Aunque alertando sobre la incertidumbre y con un ojo puesto en la crisis industrial de Alemania, se hacía una previsión de crecimiento del 2,1 % para este año, y se reafirmaba la buena salud de nuestra economía y mercado laboral sobre la base del crecimiento del comercio exterior y la previsión de reducción de la tasa de paro al 6,8 %.

Sin embargo, Donald Trump es presidente de EEUU y capitanea una internacional reaccionaria de la mano de una plutocracia tecnológica; Alemania y Francia se encuentran sumidas en sendas crisis políticas y la ultraderecha avanza en las encuestas en la mayoría de los países europeos. Trump es alguien imprevisible, pero a tenor de lo que hemos escuchado hasta ahora parece estar dispuesto a traspasar muchas líneas en política exterior más allá de la guerra comercial, con afecciones directas y determinantes para el presente y futuro de la economía europea.

Durante el debate presupuestario, hemos insistido en que la previsión de recaudación sobre la que descansan los presupuestos de 2025 nos parece cuestionable, excesivamente optimista, habida cuenta de que en 2024 no se ha cumplido la previsión de recaudación en el caso del IVA y tampoco en el caso del impuesto de sociedades en Araba, y teniendo en cuenta que la situación de la economía europea en este nuevo contexto geopolítico es de una fragilidad manifiesta.

En cualquier caso, más allá de las previsiones macroeconómicas, observamos un discurso institucional un tanto autocomplaciente, que rehúye realidades que se van consolidando, tratando de articular un mensaje económico tranquilizador, enfatizando continuamente la necesidad de huir de discursos catastrofistas. Algo así como un discurso placebo.

La encuesta que LKS Next, ISEA, la facultad de empresariales de MU y MIK han realizado a 119 directivos de empresas de la CAV, desprende un optimismo de cara al presente ejercicio que contrasta con algunas opiniones que hemos recibido por parte de agentes económicos en conversaciones privadas.

No ponemos en cuestión estas previsiones, cada sector industrial es diferente, cada empresa una realidad. La idea que pretendemos resaltar es que, en general, falta una conversación pública acorde a los retos económicos y sociales que afronta nuestro país en este mundo nuevo, y que eso requiere rigor analítico y valentía para afrontar un escenario político y económico extremadamente complejo y transformaciones de calado que no pueden esperar por más tiempo.

Quizá ha llegado la hora de ser radicalmente realistas: terminar con esa política placebo y tomar conciencia del momento histórico. Abandonar cualquier atisbo de autocomplacencia y armarnos de honestidad para pensar cómo va a afrontar Euskal Herria esta fase histórica.

Y si realmente vamos a hacer frente a esta coyuntura en toda su complejidad, nos vemos obligadas a empezar a establecer un suelo analítico a partir de evidencias científicas y lecturas económicas que miren más allá de los habituales indicadores macroeconómicos. Dos verdades parecen ineludibles:

La primera: Sin cuestionar el crecimiento como motor de progreso no hay camino hacia un mundo climáticamente seguro y libre de riesgos existenciales a nivel geopolítico. Hemos chocado contra los límites biofísicos del planeta. El IPCC es claro en su sexto informe con respecto a la emergencia climática. Pero más allá del calentamiento global, ya hemos excedido seis de los nueve límites planetarios. No cuestionar el crecimiento ilimitado es cabalgar hacia un planeta inhabitable en términos ecosistémicos, embarcarse en una carrera bélica por apropiarse de los recursos naturales cada vez más escasos y asumir costes económicos y humanos incalculables.

A la luz de la evidencia científica, parece cada vez más claro que necesitamos una nueva relación con el crecimiento: una en la que nos preguntemos qué necesita crecer, por qué y durante cuánto tiempo; una en la que cualquier crecimiento busque un mayor bienestar humano o la salud planetaria. Cabe mencionar al respecto el estudio “Beyond Growth. Pathways Towards Sustainable Prosperity in the EU” elaborado por el Parlamento europeo en 2023 y la reciente publicación de Orkestra titulada “El Desarrollo Territorial ante la Emergencia Climática”.

Pero, además, el progreso entendido como la consecución de cada vez mayores tasas de productividad que redundan en mejores puestos de trabajo y, por lo tanto, mayor bienestar material, presenta un problema añadido: Por vez primera desde la revolución industrial las innovaciones tecnológicas ya no producen los incrementos de productividad esperados, lo que cuestiona la idea de que la división del trabajo y la tecnología van a producir cada vez mejores empleos y en consecuencia la vida de la gente va a mejorar porque los trabajos cada vez van a ser mejores. El motor que históricamente ha empujado el progreso occidental empieza a fallar, con todo lo que ello significa.

Esta realidad dibuja una crisis civilizatoria ante la que nos sentimos abrumados, impotentes, y que, efectivamente, requiere de transformaciones globales que no están a nuestro alcance. Lo cual no nos exime de asumir nuestra pequeña parte de responsabilidad, por ejemplo, a la hora de concebir el desarrollo socioeconómico de nuestro país o evaluar las infraestructuras estratégicas en términos también climáticos.

Por ejemplo, ¿no deberían ser sometidas a este criterio determinadas apuestas muy ligadas a la turistificación como el Guggenheim de Urdaibai? ¿La neutralidad tecnológica que reivindica Josu Jon Imaz es una premisa válida? ¿La industria armamentística debe ser realmente una oportunidad de futuro? ¿El subfluvial de Lamiako es una infraestructura adecuada si según los informes de la propia Diputación acarreará un aumento del 30 % del tráfico motorizado? ¿Realmente en la era digital la cohesión nacional de nuestro país y su competitividad pasa por Ezkio Itsaso? ¿No deberíamos alinearnos con la soberanía digital apostando por un serie muy determinada de centros de datos con control público y priorizando por lo demás la industria manufacturera frente a centros de datos privados altamente intensivos energéticamente y extensivos en cuanto a generación de empleo?

La segunda verdad es que sin otra distribución de la riqueza no hay contrato social ni nada que se aproxime lo más mínimo a noción alguna de justicia global. Lo cierto es que Donald Trump no es más que un síntoma de un modelo económico fallido que no es capaz de garantizar prosperidad y seguridad a amplias capas de la sociedad.

En 2008, las élites políticas y económicas occidentales respondieron a la crisis económica-financiera pisando el acelerador neoliberal: financiarización de la economía, mayor desregulación de los mercados y la asunción del dogma de la austeridad fiscal expansiva, restando así poder político real a los estados y propiciando una concentración del poder oligárquico nunca antes conocida. En consecuencia, las desigualdades sociales y la pauperización de las condiciones de vida de las clases trabajadoras de rentas medias han generado una enorme desafección política poniendo en tela de juicio las democracias liberales, algo que la extrema derecha está sabiendo canalizar de forma exitosa. Esta es la responsabilidad de quienes durante décadas han sostenido y defendido las políticas neoliberales.

Nuevos factores como la transformación digital de los modelos de empresa amenazan con acrecentar la brecha de desigualdad haciendo que el peso que el trabajo humano tiene sobre el PIB en las economías automatizadas sea cada vez menor y eso se traduzca en una depauperización paulatina de las rentas medias.

A la vez que radicalmente pragmáticos

Una visión puramente pragmática en el sentido de plantear las políticas suficientes para articular un nuevo contrato social nos lleva a impugnar el neoliberalismo y plantear la necesidad de construir un consenso postneoliberal como primer escalón para afrontar la crisis civilizatoria.

Esa es la propuesta de la Declaración de Berlín auspiciada por el Forum New Economy que afirma lo siguiente: (i) El mercado por sí solo no detendrá el cambio climático ni conducirá a una distribución menos desigual de la riqueza; (ii) reducir los impuestos a las empresas y a los ricos como medio para estimular la inversión empresarial a corto plazo y beneficiar a la sociedad en general a largo plazo, el llamado efecto derrame, ha fracasado; (iii) debemos concebir el sector público como una entidad activa y dinámica (y ya no puramente regulativa o disciplinaria como en la era neoliberal) que subordine el funcionamiento del mercado a propósitos de interés público o social, proyectando para ello una dirección para el desarrollo económico y la innovación tecnológica de tal manera que instituciones y empresas sean co-creadoras de mercado, compartiendo riesgos pero también beneficios.

Cada vez más voces, sin militar necesariamente en tradiciones de izquierda o basar sus análisis en parámetros ideológicos, asumen la inevitabilidad de superar el paradigma neoliberal. ¿Qué es el propio Informe Draghi en última instancia sino la constatación del fracaso de las políticas neoliberales por parte, precisamente, de quienes las han pilotado en las últimas décadas, además de una llamada de desesperación?

Hoy, Europa se encuentra en una situación de extremada debilidad por falta de autonomía estratégica, amenazada por la extrema derecha y lejos de una visión conjunta para afrontar una crisis de corte existencial. El futuro de la Unión Europea no depende tanto de una estrategia de reindustrialización como de redefinir las bases del proyecto político que desde nuestro punto de vista bien podría fundamentarse en los principios recogidos en la Declaración de Berlín. Hoy, lamentablemente, no hay condiciones para ello.

No las hay, en primer lugar, porque se sigue sin salir de la inercia de un paradigma fracasado, como se demuestra, por ejemplo, con la vuelta de las reglas de estabilidad presupuestaria. El pacto fiscal entre PNV y PSE es, precisamente, buena muestra de ello, y queremos ser claros al respecto. Nuestra posición crítica con respecto al ajuste fiscal que se propone se fundamenta en cuatro principales cuestiones:

1. Se reconoce abiertamente que este ajuste fiscal va a suponer una merma en la recaudación. A la vez, se cuantifica en 1.000 millones de euros anuales la inversión pública necesaria para empujar la transformación socioproductiva, al tiempo que, según todas las prospecciones, el gasto público en sanidad y servicios sociales va a dispararse en los siguientes años como consecuencia del envejecimiento de la población. La pregunta es inmediata: ¿Cómo se va a sufragar la inversión productiva y el sostenimiento de los servicios públicos en los siguientes años? A no ser que se sea capaz de responder esta cuestión con meridiana claridad no se debiera validar una reforma fiscal que redujera los ingresos de la administración, máxime cuando la presión fiscal del CAV se encuentra cinco puntos por debajo de la presión fiscal media europea.
   
2. Desde 2007 existen diferentes tipos impositivos para las rentas de trabajo y las rentas de capital. La rentabilidad del capital ha ido ganando cada vez mayor peso frente a la rentabilidad del factor trabajo sobre la idea de que el capital es fruto del sacrificio y del ahorro y, por tanto, una entidad virtuosa que hay que retribuir generosamente. Si retribuyéramos al capital por lo que verdaderamente aporta (en algunos casos mucho porque asume riesgos) pero en otros poco, como en la inversión inmobiliaria o la tenencia de acciones cotizadas, se abriría un mundo de transformaciones. Solamente desde la reafirmación del paradigma neoliberal, ese que, a la luz de la experiencia histórica, ha llegado a poner en cuestión las democracias liberales en occidente, se puede sostener una reforma fiscal que no aproxime entre sí los tipos impositivos con los que se gravan el trabajo y el capital. Recomendamos al respecto la lectura del libro de Minouche Shafik “What we owe each other” (en especial el capítulo referido a la fiscalidad, cómo pagamos un nuevo contrato social), alguien muy poco sospechosa de congeniar con la izquierda. Por cierto, citada por Imanol Pradales en el discurso de investidura.
   
3. Con respecto al impuesto de sociedades, Euskal Herria debe ofrecer un marco estable, que dé certidumbre y seguridad a las empresas en el medio-largo plazo. En ese sentido, se trata de definir cuál es el modelo empresarial y por ende el modelo económico que queremos impulsar. En estos momentos existen dos visiones contrapuestas si atendemos los pronunciamientos públicos y privados de los diferentes agentes políticos y operadores económico-empresariales. La primera plantea una regulación blanda como la mejor estrategia para atraer inversión extranjera y favorecer el dinamismo económico. Se toma Madrid como referencia de modelo de fiscalidad.
   
   La segunda consiste en un enfoque que analiza las condiciones sociales e institucionales que requiere la inversión innovadora. Recomendamos al respecto la lectura del estudio “Rethinking Regional Atractiveness in the New Global Environment” de la OCDE que apuesta por una atractividad lejos de modelos tradicionales basados en incentivos fiscales y la desregulación.
   
   En el mismo sentido, traemos a colación las palabras de alguien poco sospechosa también de pertenecer a ningún partido de izquierda, Mariana Mazzucato: “Las inversiones de las empresas (sobre todo la inversión innovadora) están condicionadas, en gran medida, no por los impuestos, sino por la fortaleza de la base científica de una nación, su sistema de crédito y la calidad de su educación, y, por tanto, su capital humano. Los recortes de impuestos no generan más inversión en innovación, sino que se limitan a afectar a la distribución de la riqueza. Por la misma razón, las “zonas empresariales” que están centradas casi exclusivamente en los incentivos fiscales y una regulación más blanda, no son, en general, zonas de innovación. Sería mejor ahorrarse este dinero o invertirlo de manera adecuada en el sistema de conocimiento, que sí está comprobado que genera innovación. Por encima de todo es esencial que los legisladores sean precavidos ante empresas que se quejan de los “impuestos y la burocracia”, a pesar de que está claro que sus propias acciones globales reflejan una preferencia precisamente por las áreas en las que el Estado está invirtiendo.”
   
   

Creemos que esta segunda visión se acerca mucho más al modelo vasco que ha caracterizado históricamente el desarrollo socioeconómico de nuestro país apostando por el arraigo de las empresas y la creación de valor social más allá del valor económico. Por consiguiente, no podemos abalar ninguna reforma fiscal que no plantee una revisión en profundidad del impuesto de sociedades que defina con carácter estratégico un modelo económico-empresarial basado en la economía del conocimiento y que fomente un tejido productivo arraigado al territorio.
   
4. Este ajuste fiscal pactado entre PNV y PSE se justifica por los beneficios que supondría en cuanto a acceso a la vivienda para los y las jóvenes, la igualdad de género o la descarbonización de las empresas. Habría que recordar que los principales objetivos de todo sistema tributario son la recaudación y la redistribución de la riqueza, y que sólo adicionalmente puede ser útil para incentivar determinadas políticas públicas. Este ajuste es en gran medida un compendio de deducciones y, sin entrar a valorar técnicamente cada una de ellas (análisis que haremos público en las siguientes semanas), el argumentario que se emplea en su defensa es altamente significativo de hasta qué punto la ideología neoliberal sigue impregnando el discurso político para hablar de todo pero en realidad de poco o nada, como decía recientemente el catedrático emérito de la UPV Francisco Javier Caballero en un artículo publicado en Noticias de Navarra titulado “1025-2025: volvemos al feudalismo”.

Ya que, se sigue insistiendo en la idea del mercado como sistema de asignación de recursos cuasi-perfecto y que al sector público le corresponde arreglar las fallas del mismo. En política de vivienda, por ejemplo, es más que evidente que esto no es así: Cada vez es más el dinero público que se destina a prestaciones y deducciones y cada vez es más la gente que no puede afrontar el pago de un alquiler en el mercado libre, alimentándose una espiral insostenible también en términos económicos.

Lo explica Joseph Stiglitz, alguien que tampoco se ha destacado precisamente por su activismo de izquierdas: “La forma habitual en que los economistas abordan muchas de las cuestiones que estamos debatiendo es preguntarse: ¿En qué circunstancias los mercados por sí solos no conducen a la eficiencia económica? ¿Y cómo corregimos esas fallas del mercado? Ese enfoque da prioridad al mercado. Los mercados son la opción predeterminada, el lugar donde comenzamos y terminamos nuestro análisis, mientras que el papel del gobierno es arreglar las cosas. Ese es un enfoque útil, del que podemos sacar ideas, pero no estoy seguro de que sea necesariamente el enfoque correcto. Gran parte de mi trabajo, tanto en la teoría como en la práctica, de hecho se ha basado en este enfoque. Pero me he dado cuenta de que en muchos contextos, otros mecanismos institucionales no mercantiles, incluidos los gobiernos, han funcionado muy bien. De hecho, tan bien que me he convencido de que no necesariamente deberíamos dar prioridad a los mercados.”

En virtud de este análisis, es precisamente el pragmatismo, en el sentido de plantear las políticas suficientes para abordar los retos sociales y económicos que tenemos en frente, lo que nos lleva a no apoyar el ajuste fiscal propuesto por PNV y PSE.

La Tercera Transformación Nacional

El pragmatismo nos debe llevar a centrar nuestra mirada y nuestras energías en el país. Seamos honestos, las instituciones vascas no van a influir significativamente en la política europea en este momento de crisis política tan acusada de la Unión, en primer lugar porque no somos un estado. Hay que intensificar nuestra presencia internacional, qué duda cabe, pero sin sobrevalorar las posibilidades reales a nuestro alcance. De lo contrario estaríamos haciendo política placebo.

¿En qué parte de la realidad política y económica podemos afectar? ¿Qué parte de la realidad podemos alterar por muy pequeña que esta sea? ¿Qué es lo que sí está a nuestro alcance desde nuestra posición y escala en este mundo nuevo y ante una Europa sin hoja de ruta? Este debe ser el sistema de referencia de la acción política vasca. La mirada tiene que ser hacia dentro, para tratar de sacar lo mejor de este país en el peor de los escenarios posibles.

Hemos perdido mucho tiempo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones: este país podría haberse preparado de mejor manera para afrontar esta coyuntura histórica. Creo que es evidente en el ámbito de la energía, la educación, la sanidad o la política industrial.

¿Cómo describe el Informe Draghi el funcionamiento de la Unión Europea? Apunta que la falta de un enfoque político claro ha derivado en una excesiva carga regulatoria y un mercado único fragmentado. Critica, por ejemplo, que se establezcan objetivos comunes, pero que no se establezcan prioridades claras ni se adopten políticas conjuntas para alcanzar esas metas. A esto añade un segundo elemento que llama el desperdicio de recursos comunes. El tercer elemento que apunta es la falta de coordinación de las políticas fiscales y comerciales. En cuarto lugar, Draghi critica las normas de toma de decisiones: califica el sistema de hostil y complejo, y critica su lentitud y parcialidad, al dividir las decisiones por temas en las que interactúan multitud de actores. ¿Acaso no es esta foto un fiel reflejo de nuestra propia realidad institucional?

Y seguimos observando poca prospectiva estratégica y poca capacidad creativa. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos que deben traccionar el desarrollo de nuestro país? ¿Cuáles las misiones que deben guiar la construcción de la nación vasca en este siglo XXI? La mayoría de los proyectos considerados hoy estratégicos son o bien segundas partes o bien se sostienen sobre la inercia de un modelo de desarrollo muy cuestionado desde diferentes ópticas.

Somos firmes defensores de que necesitamos un proyecto de país bien cimentado como condición necesaria aunque no suficiente para hacer frente a esta coyuntura histórica. Y ese proyecto de país debe ser, inevitablemente, un proyecto compartido entre diferentes tradiciones políticas. Articular los consensos básicos sobre los procesos de transformación clave de cara a los siguientes veinticinco años puede ser la respuesta que este país dé a la crisis de la democracia liberal. La construcción de la nación vasca como estrategia ante la crisis civilizatoria: una tercera transformación nacional como la respuesta positiva como pueblo y sociedad a este momento histórico de gran inestabilidad política en el que nuestro país va a experimentar una enorme transformación social, económica y cultural como consecuencia de los cambios sociodemográficos, la disrupción tecnológica y la crisis ecológica.

Lo planteé en el pleno de investidura y lo reafirmo hoy aquí: desde nuestro punto de vista, ese proyecto de país se debe sostener sobre dos pilares fundamentales: El reconocimiento nacional del pueblo vasco sobre el que articular el nuevo autogobierno y la superación de las políticas neoliberales.

Definamos las bases del autogobierno del siglo XXI que nos sirva como palanca de una tercera transformación nacional, y definamos un programa transformador sobre la base de la ética comunitaria: todos los derechos para todas las personas y las mismas obligaciones para todas las personas. Es el momento de encender las luces largas. Identificamos siete grandes transformaciones que se deberían poner en marcha sin más dilación. Siete grandes retos en los que, desde nuestro punto de vista, nos jugamos la revitalización de nuestro metabolismo comunitario frente a la posibilidad real de un proceso decadente que en algunos ámbitos, a partir de cierto punto, puede ser irreversible. Hoy no vamos a profundizar en cada una de ellas por falta de tiempo, lo haremos en las siguientes semanas:

1. Modernización del sistema institucional. Ganar eficiencia, eficacia e inteligencia institucional mediante un proceso de modernización estructural de nuestro sistema institucional, valiéndonos de la inteligencia artificial para automatizar los procesos burocráticos.
   
2. Transformación educativa y el fortalecimiento del sistema de conocimiento. La disrupción tecnológica y los cambios sociodemográficos obligan a una gran transformación del sistema educativo. Sobre la base de nuestra red de ciencia y tecnología debemos dar un salto adelante, aumentando la inversión en investigación e innovación y avanzando hacia una mayor integración del sistema.
   
3. Nueva política lingüística y la articulación de un sistema comunicativo nacional. El euskara y la cultura vasca son elementos fundamentales de nuestra identidad nacional, elementos clave para el fortalecimiento de nuestro sentido comunitario que debe proyectarse en el ámbito comunicativo y audiovisual.
   
4. Política industrial emprendedora. Una política industrial proactiva basada en la colaboración público-privada equilibrada y responsable que persiga un tejido industrial de alto valor añadido, circular y arraigado al territorio.
   
5. Redefinición del ámbito sociosanitario. Repensar el sistema público de salud actuando sobre los determinantes de salud y articular sinergias con un sistema vasco de servicios sociales que transite hacia un sistema público-comunitario de cuidados.
   
6. Política de vivienda pública proactiva. Un amplio parque de vivienda protegido destinado al alquiler y la necesaria intervención en un mercado fuera de control.
   
7. Planificación territorial transicional. Planificar el territorio de forma minuciosa con el fin de acometer la transición energética, impulsar la soberanía alimentaria, proteger la biodiversidad, respetar los ciclos del agua y adaptar el territorio al cambio climático.

No nos valen pequeños cambios incrementales, es el momento de activar transformaciones exponenciales. Y esto requiere una clara conciencia del momento histórico, desprenderse de la ortodoxia liberal, un fuerte sentido comunitario y una cultura política capaz de anteponer la visión a largo plazo frente a la inmediatez y la política de regate corto. Aquí y ahora.