Hoy, hacerse rico ya no tiene tanto que ver con trabajar o producir cosas. La riqueza se acumula, sobre todo, por el simple hecho de tener propiedades que se revalorizan solas. Y el gran protagonista es la vivienda. Que la vivienda sea hoy el mayor depósito de riqueza del mundo —casi cuatro veces el tamaño de toda la economía global— no es un dato menor. Este cambio ha disparado la desigualdad y ha abierto una brecha social cada vez más profunda: los que ya tenían patrimonio lo ven crecer sin parar, mientras el resto se queda atrás.
La desigualdad se alimenta sola. En una economía que apenas crece pero donde el capital sigue dando grandes rentabilidades, quien ya tiene acumula más rápido que el conjunto de la sociedad. Así, controla cada vez más riqueza y, con ella, más poder. Como advierte el economista Thomas Piketty, esto nos puede llevar a niveles de desigualdad nunca vistos en pleno siglo XXI.
En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa los datos de vivienda son demoledores. La juventud se emancipa casi a los 30 años, mucho más tarde que en Europa. Los precios están por las nubes, con subidas superiores al 10% en el último año. Para alquilar algo decente, un joven asalariado tendría que ganar un 75% más; si tiene menos de 25 años, necesitaría duplicar su sueldo. Y para comprar, ni hablamos: haría falta más del doble de ingresos.
Desde la crisis de 2008, los sueldos han subido algo, pero los alquileres se los han comido casi por completo. Y aunque aquí hay menos paro juvenil que en Europa, los trabajos son más precarios y la temporalidad es casi siete puntos superior. Por eso, aunque haya trabajo, la emancipación se retrasa. Mientras, la lista de espera para una vivienda social no para de crecer. En solo ocho años se ha duplicado la diferencia entre quienes la necesitan y lo que realmente se ofrece.
Los datos hablan claro: cada vez más jóvenes ven imposible una vida autónoma pasados los 30. No es casualidad que, entre otras cosas, crezca el escepticismo hacia el sistema, que la natalidad caiga o que la extrema derecha gane terreno entre la juventud. La precariedad y la falta de acceso a la vivienda son gasolina para el malestar social. Y de ese descontento se alimentan proyectos autoritarios.
Nadie dice que la crisis de la vivienda sea fácil de solucionar. Pero la salida es conocida, y aquí tenemos recursos para ponerla en marcha: intervenir el alquiler, limitar los pisos turísticos, movilizar las viviendas vacías y, sobre todo, apostar a gran escala por un parque público de vivienda protegida, por tratarse de una infraestructura estratégica. Sin embargo, el Gobierno Vasco va en dirección contraria: la llamada Ley de Medidas Urgentes rebaja los estándares de vivienda pública y los presupuestos de 2026 vuelven a dejar pasar la oportunidad de invertir con decisión.
Se nos repite que bastará con aumentar la oferta para que bajen los precios. Pero es falso: si no se interviene el mercado, si no se actúa desde la demanda y si no se hace una apuesta pública masiva, el problema solo empeorará. Con esta política, el Gobierno Vasco no está solucionando la crisis: la está agravando.
