Hoy he intervenido en el Parlamento Vasco para defender una idea clara: los derechos lingüísticos son derechos fundamentales, son derechos humanos, y no pueden situarse en un segundo plano ni jerarquizarse frente a otros.
He querido subrayar, en primer lugar, que comparto plenamente la intervención de parlamentario del PNV, Markel Olano y que existe una sintonía política positiva en torno a esta cuestión. Esa coincidencia debería servirnos para empezar a hacer las cosas con normalidad. Lo normal, en un Parlamento, no es registrar dos proposiciones de ley paralelas con el mismo objetivo, sino sentarnos antes, dialogar y consensuar una única propuesta compartida. Esa es la manera de fortalecer nuestras instituciones y de respetar a la ciudadanía.
Pero más allá de la forma, está el fondo. Este no es un debate entre euskaldunes y no euskaldunes. Los datos sociolingüísticos lo demuestran: en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, hay muchísimas personas que no saben euskera pero que defienden con firmeza su promoción y su presencia social. La sociedad vasca ha mostrado en los últimos 40 años, a través de la escuela y de las decisiones libres de las familias, que quiere más euskera, porque el euskera abre puertas y porque forma parte del pulso vital de este país.
La verdadera línea divisoria no está entre abertzales y no abertzales, sino entre demócratas y quienes tienen problemas con un principio básico de cualquier democracia: todos los derechos para todas las personas. Si después de más de cuatro décadas de aprobarse la Ley del Euskera, mis hijas de 6 y 10 años no pueden ser atendidas en euskera en Osakidetza, estamos ante un déficit democrático evidente.
La situación de minorización del euskera no es un fenómeno natural. Es el resultado de políticas que vienen de atrás, de una dictadura que prohibió nuestra lengua durante 40 años y, hoy en día, de los ataques de la extrema derecha. Por eso debemos responder con políticas públicas sólidas que garanticen que los derechos reconocidos por ley sean efectivos.
También debemos actualizar los consensos de 1982. Han pasado más de 40 años, la realidad sociolingüística ha cambiado, las nuevas generaciones viven en un contexto distinto y necesitamos acuerdos renovados. Y para ello planteo tres principios:
- Los derechos lingüísticos son derechos humanos, indivisibles y no jerarquizables.
- La igualdad real entre el euskera y el castellano como lenguas oficiales debe ser un principio fundamental.
- Debemos actuar con pragmatismo y empatía, garantizando los derechos sin dejar a nadie atrás.
Nuestra propuesta legislativa se inspira en el modelo gallego: blindar el sistema de perfiles lingüísticos en el empleo público. Resulta paradójico que lo que allí aplica con mayoría absoluta el Partido Popular, aquí genere tanta controversia.
En definitiva, se trata de hacer efectivo lo que la mayoría social de este país ya ha expresado: el euskera debe avanzar, porque es patrimonio de todos y porque garantiza igualdad. Ha llegado el momento de hacer las cosas con normalidad, con visión de futuro y con la certeza de que defender el euskera es defender la democracia.
